Newsletter
Si desea recibir periódicamente la newsletter de AHORA, introduzca aquí su correo electrónico:
Política
El malestar del que se alimenta el independentismo
Los soberanistas justifican la ruptura con España en la deficiente financiación y el freno del Gobierno a medidas de la Generalitat
Manel Manchón
- 25/09/2015
- Número 2
Una senyera gigante en una manifestación en Barcelona. Josep Lago / AFP / Getty Images
¿Qué les pasa a los catalanes? ¿Por qué un sector de la sociedad catalana se quiere ir? Son preguntas que se formulan muchos ciudadanos cuando observan la deriva de una parte de la política y de la sociedad catalanas empeñada en romper con España. Cuando el Tribunal Constitucional modificó el Estatut en 2010, el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, ya alertó de la creciente desafección con España. Pero ¿hay motivos para el independentismo?
Las razones las tiene Cataluña en su conjunto pero también el resto de comunidades que sufren un modelo de financiación autonómica que limita, precisamente, su autonomía, situación que se agravó con la crisis económica, que las ha dejado con un margen muy estrecho para actuar. Ahora el PP de Mariano Rajoy asegura que, si gana las elecciones, abordará el problema en la próxima legislatura.
Lo que ha ocurrido en Cataluña es que en los últimos años han confluido una serie de factores, hasta el punto de que CDC, ERC y algunas asociaciones ciudadanas quieren convertir las elecciones al Parlament de Cataluña del próximo domingo en un plebiscito sobre el proyecto independentista, al margen de lo que digan las leyes y el Gobierno español. Otra cosa será el día después y en qué condiciones y cómo podría el soberanismo llevar a la práctica su hoja de ruta si obtuviera la mayoría absoluta.
Según las distintas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el independentismo nunca había superado el 25% del apoyo de la población. Pero a partir de 2010 y, principalmente, de 2011 a 2013, el apoyo a un estado propio alcanza porcentajes cercanos al 45%.
Una de las coincidencias en Cataluña, entre expertos en derecho constitucional y representantes políticos, es que la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 sobre el Estatut representó un punto de inflexión. El Estatut había sido aprobado por el Parlament, por las Cortes y había sido votado y aprobado por los catalanes en referéndum. Aunque la participación no llegó al 50% del censo y el voto afirmativo fue del 36% de ese mismo censo, como han destacado Juan Arza y Pau Marí-Klose (Cataluña. El mito de la secesión, Almuzara, 2014). El recuerso lo habían presentado el PP y otras instituciones, como el Defensor del Pueblo.
Lo ha explicado con detalle Jordi Amat en el libro El llarg procés. Cultura i Política a la Catalunya contemporània (1937-2014) (Tusquets, 2015). Amat asegura a AHORA que “Pujol ha sido el muñidor de la actual Cataluña y nada se explica sin su lucha contra una idea de Cataluña, la de los intelectuales progresistas de raíz marxista, que no supo traducirse en las urnas”.
En la obra analiza esto de forma exhaustiva: “El actual desplazamiento del grueso del catalanismo hacia posiciones soberanistas se explica por factores de temporalidad diversa: desde el conflicto secular entre catalanismo y españolismo, que no se ha resuelto en un modelo de Estado que sea una traslación auténtica de la plurinacionalidad del país, hasta el reciente y calamitoso proceso estatutario. Pero lo más determinante, a mi juicio, han sido las dos décadas largas del nacionalismo gobernando la Generalitat —un liderazgo muy sólido— y los marcos mentales que, como hacen por activa o por pasiva todos los gobiernos, pudo implementar a un sector muy importante de la ciudadanía”.
Se trata de un cálculo a partir del llamado modelo del flujo monetario. Valora lo que gasta el Gobierno central en cada territorio y tiene en cuenta lo que ocurriría si Cataluña se quedara con todos los impuestos que sus ciudadanos pagan en la comunidad. El déficit fiscal de Cataluña en 2010 fue, con esa valoración, del 8,5% de su PIB, con esos 16.500 millones de euros apuntados. Con el otro modelo, el del cálculo de carga-beneficio, que tiene en cuenta las prestaciones del Estado para todos los ciudadanos, como los servicios del Ministerio de Defensa o de Exteriores, el déficit se reduce al 6%.
Otros investigadores —Ezequiel Uriel y Ramón Barberán— que solo trabajan con el modelo carga-beneficio reducen el déficit al 5%, homologable con otros territorios de renta similar en otros países como Alemania. El investigador Ángel de la Fuente
—una de las bestias negras del nacionalismo catalán, que le vincula a la creación de Ciutadans, el partido de Albert Rivera— sostiene que es lógico que los catalanes “estén irritados”, pero no por un maltrato fiscal sino por el caos que supone la financiación autonómica. Hay comunidades que reciben mucho más de lo que aportan, que se sitúan por encima de la media, mientras Cataluña se encuentra justo por debajo o en la misma media, dependiendo del año. Recuerda también que permanece la excepción del País Vasco y Navarra, cuya contribución a las finanzas del Estado es mucho menor.
Si Cataluña sufre con el modelo de financiación autonómica, en peor situación se encuentran la Comunidad Valenciana y Baleares. Para De la Fuente, además de vascos y navarros, la verdadera perversión se produce con los valencianos, que tienen un saldo fiscal negativo a pesar de tener una renta per cápita inferior a la media española. La Comunidad de Madrid también es una de las autonomías perjudicadas por el sistema, ya que presenta el mayor déficit fiscal.
A ese motivo económico se suma el relato de los soberanistas sobre el menosprecio del resto de España a la identidad catalana. Es una cuestión difícil de analizar, porque pertenece al terreno de los sentimientos. Pero hay un hecho que el movimiento secesionista ha sabido aprovechar: la decisión del Tribunal Supremo de obligar al Govern de la Generalitat a que el 25% de la enseñanza se haga en lengua castellana en las escuelas de Cataluña. De hecho, el Supremo actuó porque el Govern incumplió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que se instaba a implementar —con el porcentaje que se considerara adecuado— el castellano como lengua vehicular, junto con el catalán, en las escuelas.
El soberanismo vive como una ofensa esa judicialización de la lengua y entiende que solo el Parlament de Cataluña debe decidir sobre el modelo educativo y lingüístico. En esa cuestión existe un elevado consenso con otras sensibilidades políticas, aunque el auge de Ciutadans se debe en buena medida a que siempre ha batallado en ese terreno.
Por esa razón, las llamadas “terceras vías”, las que defienden el PSC, ahora Unió Democràtica y algunos colectivos en Cataluña, reclaman que el Estado ofrezca una alternativa política que pase por un blindaje de las competencias en materia de lengua y cultura, además de un reconocimiento de la nación catalana y de un modelo fiscal difrerente. Muchos piensan que esa podría ser la solución.
De esa cifra de 110.000 millones, un 37% se ha destinado a Cataluña y otro 25% a la Comunidad Valenciana —la segunda autonomía más beneficiada por los créditos del Estado—. Todo ello ha llegado procedente de tres fondos: el Fondo de Liquidez Autonómica, desde 2012; el Fondo de Facilidad Financiera, —solo en 2015— y los distintos planes de pago a proveedores, entre 2012, 2013 y 2014. Curiosamente, la única comunidad que no se adhirió a ninguno de esos instrumentos es el País Vasco. Y eso lo saben los independentistas, que sacan a colación el particular régimen de las comunidades forales. Eso duele al nacionalismo catalán aun admitiendo los excesos del pasado y el hecho de ser la comunidad más endeudada, con 65.000 millones de euros. El actual Govern de Artur Mas cogió esa deuda, en 2010, con 35.000 millones, y casi la ha doblado.
Las razones las tiene Cataluña en su conjunto pero también el resto de comunidades que sufren un modelo de financiación autonómica que limita, precisamente, su autonomía, situación que se agravó con la crisis económica, que las ha dejado con un margen muy estrecho para actuar. Ahora el PP de Mariano Rajoy asegura que, si gana las elecciones, abordará el problema en la próxima legislatura.
Lo que ha ocurrido en Cataluña es que en los últimos años han confluido una serie de factores, hasta el punto de que CDC, ERC y algunas asociaciones ciudadanas quieren convertir las elecciones al Parlament de Cataluña del próximo domingo en un plebiscito sobre el proyecto independentista, al margen de lo que digan las leyes y el Gobierno español. Otra cosa será el día después y en qué condiciones y cómo podría el soberanismo llevar a la práctica su hoja de ruta si obtuviera la mayoría absoluta.
Según las distintas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el independentismo nunca había superado el 25% del apoyo de la población. Pero a partir de 2010 y, principalmente, de 2011 a 2013, el apoyo a un estado propio alcanza porcentajes cercanos al 45%.
Los secesionistas incluyen en la lista de agravios “el menosprecio a la identidad catalana”
Una de las coincidencias en Cataluña, entre expertos en derecho constitucional y representantes políticos, es que la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 sobre el Estatut representó un punto de inflexión. El Estatut había sido aprobado por el Parlament, por las Cortes y había sido votado y aprobado por los catalanes en referéndum. Aunque la participación no llegó al 50% del censo y el voto afirmativo fue del 36% de ese mismo censo, como han destacado Juan Arza y Pau Marí-Klose (Cataluña. El mito de la secesión, Almuzara, 2014). El recuerso lo habían presentado el PP y otras instituciones, como el Defensor del Pueblo.
El caldo de cultivo
El fallo del Constitucional por sí solo no explicaría el auge del independentismo. Pero había un ambiente previo, porque el proyecto nacionalista que puso en marcha Jordi Pujol a partir de 1980, cuando accedió a la presidencia de la Generalitat, fue creando en Cataluña un caldo de cultivo en el que crecieron las nuevas generaciones del nacionalismo, que son las que aspiran al independentismo. Son esos jóvenes que, junto con los hijos de Pujol, protagonizaron actos reivindicativos durante los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 . Uno de ellos es Francesc Homs, conseller de Presidència, que ha admitido en privado que el proyecto independentista estaba programado para más adelante y que la masiva manifestación de la Diada de 2012 precipitó los acontecimientos.Lo ha explicado con detalle Jordi Amat en el libro El llarg procés. Cultura i Política a la Catalunya contemporània (1937-2014) (Tusquets, 2015). Amat asegura a AHORA que “Pujol ha sido el muñidor de la actual Cataluña y nada se explica sin su lucha contra una idea de Cataluña, la de los intelectuales progresistas de raíz marxista, que no supo traducirse en las urnas”.
En la obra analiza esto de forma exhaustiva: “El actual desplazamiento del grueso del catalanismo hacia posiciones soberanistas se explica por factores de temporalidad diversa: desde el conflicto secular entre catalanismo y españolismo, que no se ha resuelto en un modelo de Estado que sea una traslación auténtica de la plurinacionalidad del país, hasta el reciente y calamitoso proceso estatutario. Pero lo más determinante, a mi juicio, han sido las dos décadas largas del nacionalismo gobernando la Generalitat —un liderazgo muy sólido— y los marcos mentales que, como hacen por activa o por pasiva todos los gobiernos, pudo implementar a un sector muy importante de la ciudadanía”.
Balanzas fiscales
Curiosamente, uno de los motivos a los que se acoge con más fuerza el independentismo es el económico, el supuesto agravio en las balanzas fiscales entre las autonomías y el Gobierno central, y que es un ejercicio académico que nace de las filas de los socialistas catalanes. Son profesores de Hacienda Pública, desde Antoni Castells —luego conseller de Economía con los gobiernos tripartitos— a Núria Bosch —ahora una defensora del proyecto independentista— o el consejero del Banco de España Guillem López-Casasnovas los que defienden que Cataluña sufre un agravio que reclama un modelo fiscal diferente. A esos teóricos se acogen los independentistas, que repiten como un mantra que Cataluña tiene un déficit fiscal de unos 16.500 millones de euros, que con un estado propio se quedarían aquí.Se trata de un cálculo a partir del llamado modelo del flujo monetario. Valora lo que gasta el Gobierno central en cada territorio y tiene en cuenta lo que ocurriría si Cataluña se quedara con todos los impuestos que sus ciudadanos pagan en la comunidad. El déficit fiscal de Cataluña en 2010 fue, con esa valoración, del 8,5% de su PIB, con esos 16.500 millones de euros apuntados. Con el otro modelo, el del cálculo de carga-beneficio, que tiene en cuenta las prestaciones del Estado para todos los ciudadanos, como los servicios del Ministerio de Defensa o de Exteriores, el déficit se reduce al 6%.
Otros investigadores —Ezequiel Uriel y Ramón Barberán— que solo trabajan con el modelo carga-beneficio reducen el déficit al 5%, homologable con otros territorios de renta similar en otros países como Alemania. El investigador Ángel de la Fuente
—una de las bestias negras del nacionalismo catalán, que le vincula a la creación de Ciutadans, el partido de Albert Rivera— sostiene que es lógico que los catalanes “estén irritados”, pero no por un maltrato fiscal sino por el caos que supone la financiación autonómica. Hay comunidades que reciben mucho más de lo que aportan, que se sitúan por encima de la media, mientras Cataluña se encuentra justo por debajo o en la misma media, dependiendo del año. Recuerda también que permanece la excepción del País Vasco y Navarra, cuya contribución a las finanzas del Estado es mucho menor.
Mejorar la financiación
“Tales desviaciones nos alertan sobre la existencia de posibles situaciones de injusticia o privilegio que habría que investigar con cuidado y seguramente corregir. Algunas de estas excepciones les sientan como una patada en la espinilla a muchos catalanes. En ciertos casos se entiende, pero eso no les da patente de corso para inventarse las lacrimógenas historias sobre el expolio con las que buscan cabrear al personal para arrimar el ascua a su sardina.” Es la conclusión de De la Fuente en uno de los artículos publicados por el Instituto de Estudios Económicos.Si Cataluña sufre con el modelo de financiación autonómica, en peor situación se encuentran la Comunidad Valenciana y Baleares. Para De la Fuente, además de vascos y navarros, la verdadera perversión se produce con los valencianos, que tienen un saldo fiscal negativo a pesar de tener una renta per cápita inferior a la media española. La Comunidad de Madrid también es una de las autonomías perjudicadas por el sistema, ya que presenta el mayor déficit fiscal.
El régimen foral del País Vasco y Navarra es también motivo de irritación para los nacionalistas catalanes
A ese motivo económico se suma el relato de los soberanistas sobre el menosprecio del resto de España a la identidad catalana. Es una cuestión difícil de analizar, porque pertenece al terreno de los sentimientos. Pero hay un hecho que el movimiento secesionista ha sabido aprovechar: la decisión del Tribunal Supremo de obligar al Govern de la Generalitat a que el 25% de la enseñanza se haga en lengua castellana en las escuelas de Cataluña. De hecho, el Supremo actuó porque el Govern incumplió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que se instaba a implementar —con el porcentaje que se considerara adecuado— el castellano como lengua vehicular, junto con el catalán, en las escuelas.
El soberanismo vive como una ofensa esa judicialización de la lengua y entiende que solo el Parlament de Cataluña debe decidir sobre el modelo educativo y lingüístico. En esa cuestión existe un elevado consenso con otras sensibilidades políticas, aunque el auge de Ciutadans se debe en buena medida a que siempre ha batallado en ese terreno.
Por esa razón, las llamadas “terceras vías”, las que defienden el PSC, ahora Unió Democràtica y algunos colectivos en Cataluña, reclaman que el Estado ofrezca una alternativa política que pase por un blindaje de las competencias en materia de lengua y cultura, además de un reconocimiento de la nación catalana y de un modelo fiscal difrerente. Muchos piensan que esa podría ser la solución.
Gobernar en tiempos de crisis
La crisis económica, a pesar de los argumentos que defiende Amat, ofreció más motivos al independentismo. Se extendió la sensación de que hay muchas limitaciones para gobernar una autonomía, que no tiene competencias suficientes en muchos ámbitos. Y es que el Gobierno central ha aprovechado la crisis para atar en corto a las comunidades, fiscalizando todas sus facturas. No solo a Cataluña, pero esta se ha sentido herida en su orgullo porque cree que lamina su autogobierno. A finales de 2015 las cifras serán próximas a estas: casi 110.000 millones de euros en préstamos del Tesoro al conjunto de las autonomías. Ese monto lo ha obtenido el Estado de los mercados internacionales, a los que los gobiernos autonómicos ya no pueden acudir. El último viaje del conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, para auscultar el mercado con inversores en Nueva York lo hizo en abril de 2013, y no consiguió nada tangible que traer de regreso a Barcelona.De esa cifra de 110.000 millones, un 37% se ha destinado a Cataluña y otro 25% a la Comunidad Valenciana —la segunda autonomía más beneficiada por los créditos del Estado—. Todo ello ha llegado procedente de tres fondos: el Fondo de Liquidez Autonómica, desde 2012; el Fondo de Facilidad Financiera, —solo en 2015— y los distintos planes de pago a proveedores, entre 2012, 2013 y 2014. Curiosamente, la única comunidad que no se adhirió a ninguno de esos instrumentos es el País Vasco. Y eso lo saben los independentistas, que sacan a colación el particular régimen de las comunidades forales. Eso duele al nacionalismo catalán aun admitiendo los excesos del pasado y el hecho de ser la comunidad más endeudada, con 65.000 millones de euros. El actual Govern de Artur Mas cogió esa deuda, en 2010, con 35.000 millones, y casi la ha doblado.
Ahogar las autonomías
Manel Manchón
Quien sostiene que el Ejecutivo del PP ha querido ahogar a las comunidades aprovechando la crisis económica no es solamente el Gobierno catalán. Son investigadores de Fedea, como José Ignacio Conde, de la Universidad Complutense, o Juan Rubio Ramírez, de la Universidad de Duke (Estados Unidos). El Gobierno no repartió de forma equitativa los objetivos de déficit entre la Administración central y las autonomías, al contrario, colocó el mayor peso de los recortes en estas últimas. Y tampoco buscó una negociación directa en 2011 y, principalmente en 2012 para que Cataluña, que representa el 19% del PIB español, tuviera algún margen económico. El Ejecutivo que dirige Rajoy no tuvo tampoco mano izquierda en otros asuntos: Mas quiso aumentar sus ingresos con el recargo de un euro a las recetas farmacéuticas. La tasa se aplicó entre junio de 2012 y enero de 2013. Pero se declaró inconstitucional en mayo de 2014, al entender el Alto Tribunal que “la financiación sanitaria es competencia básica del Estado”. El decreto contra la pobreza energética, que buscaba paliar la situación de entre 100.000 y 300.000 catalanes, también fue paralizado por el Gobierno. Todas estas actuaciones sirven de excusa al independentismo para acusar al PP de recentralización y apostar por un estado propio. “Se llevan los recursos de los catalanes, se vulnera la identidad catalana, no se deja implementar acciones contra la crisis, por tanto, España no conviene”, dicen. Esos problemas, no obstante, son compartidos por otras comunidades.
Quien sostiene que el Ejecutivo del PP ha querido ahogar a las comunidades aprovechando la crisis económica no es solamente el Gobierno catalán. Son investigadores de Fedea, como José Ignacio Conde, de la Universidad Complutense, o Juan Rubio Ramírez, de la Universidad de Duke (Estados Unidos). El Gobierno no repartió de forma equitativa los objetivos de déficit entre la Administración central y las autonomías, al contrario, colocó el mayor peso de los recortes en estas últimas. Y tampoco buscó una negociación directa en 2011 y, principalmente en 2012 para que Cataluña, que representa el 19% del PIB español, tuviera algún margen económico. El Ejecutivo que dirige Rajoy no tuvo tampoco mano izquierda en otros asuntos: Mas quiso aumentar sus ingresos con el recargo de un euro a las recetas farmacéuticas. La tasa se aplicó entre junio de 2012 y enero de 2013. Pero se declaró inconstitucional en mayo de 2014, al entender el Alto Tribunal que “la financiación sanitaria es competencia básica del Estado”. El decreto contra la pobreza energética, que buscaba paliar la situación de entre 100.000 y 300.000 catalanes, también fue paralizado por el Gobierno. Todas estas actuaciones sirven de excusa al independentismo para acusar al PP de recentralización y apostar por un estado propio. “Se llevan los recursos de los catalanes, se vulnera la identidad catalana, no se deja implementar acciones contra la crisis, por tanto, España no conviene”, dicen. Esos problemas, no obstante, son compartidos por otras comunidades.