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Opinión
Independencia para convencidos
El resultado de las elecciones que se celebran este domingo en Cataluña quedó sentenciado en el mismo momento en que el president Mas las convocó concediéndoles un anómalo carácter plebiscitario: sea cual sea el vencedor, Cataluña tiene por delante el desgobierno. Junts pel Sí se ha articulado como un improvisado vehículo electoral para proclamar la independencia, de manera que, salvo ese objetivo, carece de candidato y de programa capaz de aglutinar la heterogeneidad política, ideológica y profesional de quienes integran sus listas. Solo en la hipótesis de obtener una mayoría absoluta tendría Mas alguna posibilidad de permanecer al frente del Ejecutivo catalán, y, aun así, para desarrollar un programa inexistente, como si en el anunciado plazo de año y medio hasta una eventual declaración unilateral de independencia los ciudadanos de Cataluña no tuvieran nada que esperar de las instituciones de autogobierno que han renovado con su voto. Entre las fuerzas que se oponen a la independencia tampoco es posible entrever una mayoría alternativa, debido a la fragmentación ideológica y política.
La ligereza con la que un presidente de la Generalitat ha manipulado la arquitectura institucional y procedimental del Estado democrático y de derecho del que forma parte hace de él y de sus correligionarios los principales responsables de colocar a los ciudadanos de Cataluña ante el desgarrador dilema que deberán resolver este domingo: el de elegir entre un desgobierno que solo sea desgobierno y un desgobierno que, además, sirva de excusa para que una parte de Cataluña imponga por vías de hecho su voluntad de independencia a la otra parte. Esta es la implacable realidad a la que los dirigentes de Junts pel Sí pretenden cerrar los ojos, exigiendo que los demás, dentro y fuera de Cataluña, también los cierren. Dentro, fomentando el equívoco de que la soberanía y las fronteras pueden representar una solución para los problemas que Cataluña comparte con el resto de los países desarrollados, como el desempleo y el endeudamiento, además de la corrupción y la colusión de intereses entre poderes. Fuera, invocando un derecho a la secesión que el orden jurídico internacional no reconoce y contando con una condescendencia política de la Unión Europea que los gobiernos no aceptan y los tratados desmienten.
A lo largo de la campaña electoral han sido diversas las organizaciones de la sociedad civil catalana que han expresado su rechazo a los procedimientos por los que Junts pel Sí se propone, si gana, declarar la independencia. De entrada, los dirigentes de la lista independentista daban por descontado que habrían de declararla contra el criterio de un elevado número de ciudadanos, que no los votaría. Ahora saben, además, que habrán de hacerlo contra el de sectores relevantes del mundo financiero, intelectual y empresarial. La displicencia con la que Junts pel Sí ha respondido a estos grupos y organizaciones es preocupante por cuanto parece demostrar escaso respeto hacia la discrepancia y la deliberación por parte de quienes aspiran, no a formar un gobierno, sino a fundar un estado. Pero más preocupante resulta aún que consideren democráticamente aceptable declarar una independencia solo para convencidos.
La ligereza con la que un presidente de la Generalitat ha manipulado la arquitectura institucional y procedimental del Estado democrático y de derecho del que forma parte hace de él y de sus correligionarios los principales responsables de colocar a los ciudadanos de Cataluña ante el desgarrador dilema que deberán resolver este domingo: el de elegir entre un desgobierno que solo sea desgobierno y un desgobierno que, además, sirva de excusa para que una parte de Cataluña imponga por vías de hecho su voluntad de independencia a la otra parte. Esta es la implacable realidad a la que los dirigentes de Junts pel Sí pretenden cerrar los ojos, exigiendo que los demás, dentro y fuera de Cataluña, también los cierren. Dentro, fomentando el equívoco de que la soberanía y las fronteras pueden representar una solución para los problemas que Cataluña comparte con el resto de los países desarrollados, como el desempleo y el endeudamiento, además de la corrupción y la colusión de intereses entre poderes. Fuera, invocando un derecho a la secesión que el orden jurídico internacional no reconoce y contando con una condescendencia política de la Unión Europea que los gobiernos no aceptan y los tratados desmienten.
A lo largo de la campaña electoral han sido diversas las organizaciones de la sociedad civil catalana que han expresado su rechazo a los procedimientos por los que Junts pel Sí se propone, si gana, declarar la independencia. De entrada, los dirigentes de la lista independentista daban por descontado que habrían de declararla contra el criterio de un elevado número de ciudadanos, que no los votaría. Ahora saben, además, que habrán de hacerlo contra el de sectores relevantes del mundo financiero, intelectual y empresarial. La displicencia con la que Junts pel Sí ha respondido a estos grupos y organizaciones es preocupante por cuanto parece demostrar escaso respeto hacia la discrepancia y la deliberación por parte de quienes aspiran, no a formar un gobierno, sino a fundar un estado. Pero más preocupante resulta aún que consideren democráticamente aceptable declarar una independencia solo para convencidos.