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Opinión
El sueño de la nación agrava las tensiones
Joaquín Almunia
- 25/09/2015
- Número 2
Álvaro Valiño
El Roto daba en el clavo cuando nos advertía hace unos días en su viñeta de El País de que “El sueño de la nación produce monstruos”, en clara alusión a la situación catalana. Nos guste más o menos, todos pertenecemos a una nación, e incluso algunos nos sentimos cómodos con varias identidades superpuestas. Pero por relevantes que sean la lengua, la cultura, las tradiciones y la historia —que sin duda lo son—, no hay que utilizarlas para la discriminación de quienes no comparten los mismos sentimientos identitarios. Vivimos en una sociedad en la que los movimientos migratorios, forzados por las guerras y la miseria, o los desplazamientos voluntarios no son la excepción sino la regla. Con independencia de cuál sea la causa que las haya originado, la articulación de la diversidad y la complejidad de una sociedad moderna en torno a los valores democráticos y a sus instituciones representativas requieren de la política. Y eso es lo que se echa en falta en la situación de Cataluña cuando se aproxima el 27-S. Los nacionalistas, en el Gobierno de la Generalitat y en el Gobierno español, se han dejado llevar durante demasiado tiempo por las emociones patrióticas y los agravios, renunciando a utilizar la política para dirimir sus diferencias. La campaña electoral, como era de esperar, está exacerbando las emociones y tensionando el debate.
Artur Mas se ha enrocado y ha decidido ignorar a los millones de catalanes que no comparten sus planteamientos. Su pretensión de hablar en nombre de toda Cataluña le exonera de analizar lo que vayan a decir en las urnas del 27-S una buena parte de los catalanes. Incluso se siente legitimado “por el pueblo de Cataluña” para actuar fuera del marco de la legalidad. A su vez, el Gobierno central y el PP no pueden pretender, como han hecho hasta ahora, que los problemas se solucionan y sus consecuencias se desvanecen con el simple recurso a la legalidad vigente y el paso del tiempo. Para Rajoy es como si el respeto al Estado de derecho tuviese como recompensa ahorrarse el debate político. Su decisión es no hacer nada y esperar que escampe.
Asistimos pues a la confrontación de dos enfoques antagónicos, que se han autoalimentado en los últimos años. Unos y otros pretenden hacer tabla rasa de la opinión de quienes no comparten sus posturas respectivas, lo que les lleva a negar la mera posibilidad de diálogo para tratar de entender las razones de los demás y explorar terrenos de encuentro. La ley esgrimida por Rajoy y la soberanía utilizada por Mas pierden así su sentido originario y se convierten en herramientas inservibles para la búsqueda de soluciones. La utilización abusiva de conceptos tan cruciales para organizar la convivencia solo puede conducir a elevar la tensión y ahondar en las diferencias. La fractura entre Cataluña y el resto de España, y en el interior de Cataluña, se hace cada vez mayor.
Lo que suceda el domingo tendrá consecuencias muy importantes, aunque espero que no definitivas, para dilucidar hacia dónde va a evolucionar una situación cada vez más emponzoñada. El punto de partida del envenenamiento de las relaciones entre los soberanistas catalanes y los nacionalistas españoles fue la puesta en cuestión del Estatut ante el Tribunal Constitucional por parte del PP. La sentencia del TC y la subsiguiente huida hacia delante emprendida por Artur Mas, dispuesto a todo con tal de no dejarse arrollar por los manifestantes, hicieron más profundo el conflicto. Las elecciones próximas abren una nueva etapa, plagada de riesgos. Pero también son una oportunidad magnífica para empezar a deshacer entuertos.
No existe ningún precedente de elecciones plebiscitarias en los sistemas democráticos. Ni conozco en nuestro entorno a ningún líder político que se plantee tomar a beneficio de inventario el marco jurídico-constitucional que legitima su representatividad. Tampoco encuentro ningún ejemplo de indolencia política como el mostrado por Rajoy y su Gobierno. Y no es habitual que un partido, aunque disponga de mayoría, pretenda apropiarse en exclusiva de la Constitución de todos.
Entre las posiciones de Mas y de Rajoy —ambos con pretensiones de monopolizar la verdad— hay un vacío que necesita ser ocupado cuanto antes por el diálogo político, representando la voz de millones de ciudadanos catalanes y del resto de España que nos negamos a tirar la toalla y a asistir impotentes a la confrontación y a la cristalización de posturas irreconciliables. Hasta ahora ha sido casi imposible ocupar ese terreno. Quien lo ha intentado ha recibido inmediatamente los improperios y descalificaciones desde ambos extremos. Han predominado las voces partidarias de la polarización. Tras las elecciones es de desear que cambie el panorama, a pesar del lenguaje mitinero de la campaña.
El valor del voto libre y secreto estriba en que el ruido exterior no puede impedir que se exprese por igual en las urnas la voz de todos los ciudadanos, no solo la de quienes más gritan. A pesar de la confusión en torno a su carácter plebiscitario, el 27-S va a permitir que se midan los verdaderos apoyos con que cuentan quienes quieren encontrar salidas en vez de cerrar todas las puertas.
Si los resultados del próximo domingo diesen una mayoría de escaños a Junts pel Sí, se nos anuncia la apertura de un proceso que conduciría a la independencia de Cataluña. Coincido con quienes anticipan que ese camino no conduciría a ninguna parte, generando más conflictos, más desgarros y una inmensa frustración. No solo por estar privado de base legal alguna, sino por el rechazo de una parte importante de la propia sociedad catalana, del resto de la sociedad española, de los gobiernos europeos y de las instituciones de la UE. Los destrozos generados, en el plano ciudadano, social, económico e institucional serían incalculables. La recomposición del clima de convivencia llevaría tiempo y exigiría enormes esfuerzos de todas las partes. Me resisto a creer que cualquier candidato independentista con una mínima capacidad de raciocinio se crea en privado el panorama idílico que promete en sus mítines para animar a sus electores a sumarse a un triple salto mortal sin red. En suma, el camino hacia la independencia sería interrumpido más pronto que tarde, y probablemente con el apoyo de una parte de quienes lo apoyaron inicialmente.
La alternativa, es decir, el fracaso de los promotores del procés empezando por su derrota en las elecciones del domingo, permitiría evitar ese escenario. Ojalá sea así. Pero que nadie se llame a engaño: ahí no se acaba la tarea. Más bien empieza un arduo trabajo político para recomponer lo mucho que se ha roto en estos años. El desencuentro social y ciudadano no va a esfumarse si, como consecuencia de su derrota, Artur Mas abandona la política y sus socios y aliados intentan repartir las responsabilidades de su fracaso. Quedará pendiente, aunque en condiciones distintas, el debate político sobre el futuro de las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Habrá que suturar las heridas causadas en el interior de la sociedad catalana. Sin olvidar, por supuesto, la necesidad de abordar reformas que abarquen a todo el país, cuya necesidad es cada vez más patente.
Tres meses después de conocer el resultado de las elecciones catalanas habremos votado en el conjunto de España. Si las encuestas no engañan, el próximo Congreso de los Diputados no va a disponer de ninguna mayoría clara y quien pueda formar gobierno estará obligado a sentarse a la mesa con los representantes de fuerzas políticas muy distintas y con planteamientos muy alejados sobre aspectos centrales de la agenda política. Así que gobierne quien gobierne tras las elecciones de diciembre va a tener que desplegar durante los próximos años una dosis extraordinaria de flexibilidad y de capacidad para alcanzar acuerdos. Algo de lo que la política española ha prescindido durante la legislatura que ahora se acaba. Acuerdos que ojalá sean posibles con quienes desde Cataluña quieran negociar sobre educación, lengua, financiación y reparto competencial. Porque muchos de los que no van a apoyar a los soberanistas el día 27 también rechazan los intentos “de Madrid” de recortar la autonomía catalana en las escuelas, el recelo hacia el derecho de los catalanes a preservar su propia lengua o la resistencia a analizar con rigor las demandas de una mejor financiación de la administración autonómica.
También van a ser necesarios acuerdos sobre la modernización de nuestras instituciones, sobre la recuperación de unos servicios públicos machacados por los recortes que han sufrido durante la crisis, sobre la reducción de las desigualdades, sobre la reorientación de nuestra economía hacia un patrón de crecimiento más solvente y sostenible. La solución de los problemas acumulados en la relación entre Cataluña y el conjunto de España va a estar por lo tanto ligada a la manera en la que se aborde la agenda pendiente para el conjunto de nuestro país. Y viceversa. Para lo cual es deseable que los votantes apoyen en las urnas a quienes no se consideran propietarios exclusivos de “lo catalán” o de “lo español”.
Artur Mas se ha enrocado y ha decidido ignorar a los millones de catalanes que no comparten sus planteamientos. Su pretensión de hablar en nombre de toda Cataluña le exonera de analizar lo que vayan a decir en las urnas del 27-S una buena parte de los catalanes. Incluso se siente legitimado “por el pueblo de Cataluña” para actuar fuera del marco de la legalidad. A su vez, el Gobierno central y el PP no pueden pretender, como han hecho hasta ahora, que los problemas se solucionan y sus consecuencias se desvanecen con el simple recurso a la legalidad vigente y el paso del tiempo. Para Rajoy es como si el respeto al Estado de derecho tuviese como recompensa ahorrarse el debate político. Su decisión es no hacer nada y esperar que escampe.
Los nacionalistas en los gobiernos catalán y español se han dejado llevar por emociones patrióticas y agravios
Asistimos pues a la confrontación de dos enfoques antagónicos, que se han autoalimentado en los últimos años. Unos y otros pretenden hacer tabla rasa de la opinión de quienes no comparten sus posturas respectivas, lo que les lleva a negar la mera posibilidad de diálogo para tratar de entender las razones de los demás y explorar terrenos de encuentro. La ley esgrimida por Rajoy y la soberanía utilizada por Mas pierden así su sentido originario y se convierten en herramientas inservibles para la búsqueda de soluciones. La utilización abusiva de conceptos tan cruciales para organizar la convivencia solo puede conducir a elevar la tensión y ahondar en las diferencias. La fractura entre Cataluña y el resto de España, y en el interior de Cataluña, se hace cada vez mayor.
Lo que suceda el domingo tendrá consecuencias muy importantes, aunque espero que no definitivas, para dilucidar hacia dónde va a evolucionar una situación cada vez más emponzoñada. El punto de partida del envenenamiento de las relaciones entre los soberanistas catalanes y los nacionalistas españoles fue la puesta en cuestión del Estatut ante el Tribunal Constitucional por parte del PP. La sentencia del TC y la subsiguiente huida hacia delante emprendida por Artur Mas, dispuesto a todo con tal de no dejarse arrollar por los manifestantes, hicieron más profundo el conflicto. Las elecciones próximas abren una nueva etapa, plagada de riesgos. Pero también son una oportunidad magnífica para empezar a deshacer entuertos.
No existe ningún precedente de elecciones plebiscitarias en los sistemas democráticos. Ni conozco en nuestro entorno a ningún líder político que se plantee tomar a beneficio de inventario el marco jurídico-constitucional que legitima su representatividad. Tampoco encuentro ningún ejemplo de indolencia política como el mostrado por Rajoy y su Gobierno. Y no es habitual que un partido, aunque disponga de mayoría, pretenda apropiarse en exclusiva de la Constitución de todos.
Entre las posiciones de Mas y de Rajoy —ambos con pretensiones de monopolizar la verdad— hay un vacío que necesita ser ocupado cuanto antes por el diálogo político, representando la voz de millones de ciudadanos catalanes y del resto de España que nos negamos a tirar la toalla y a asistir impotentes a la confrontación y a la cristalización de posturas irreconciliables. Hasta ahora ha sido casi imposible ocupar ese terreno. Quien lo ha intentado ha recibido inmediatamente los improperios y descalificaciones desde ambos extremos. Han predominado las voces partidarias de la polarización. Tras las elecciones es de desear que cambie el panorama, a pesar del lenguaje mitinero de la campaña.
El valor del voto libre y secreto estriba en que el ruido exterior no puede impedir que se exprese por igual en las urnas la voz de todos los ciudadanos, no solo la de quienes más gritan. A pesar de la confusión en torno a su carácter plebiscitario, el 27-S va a permitir que se midan los verdaderos apoyos con que cuentan quienes quieren encontrar salidas en vez de cerrar todas las puertas.
Quien gobierne tras las generales tendrá que desplegar toda su capacidad para alcanzar acuerdos
Si los resultados del próximo domingo diesen una mayoría de escaños a Junts pel Sí, se nos anuncia la apertura de un proceso que conduciría a la independencia de Cataluña. Coincido con quienes anticipan que ese camino no conduciría a ninguna parte, generando más conflictos, más desgarros y una inmensa frustración. No solo por estar privado de base legal alguna, sino por el rechazo de una parte importante de la propia sociedad catalana, del resto de la sociedad española, de los gobiernos europeos y de las instituciones de la UE. Los destrozos generados, en el plano ciudadano, social, económico e institucional serían incalculables. La recomposición del clima de convivencia llevaría tiempo y exigiría enormes esfuerzos de todas las partes. Me resisto a creer que cualquier candidato independentista con una mínima capacidad de raciocinio se crea en privado el panorama idílico que promete en sus mítines para animar a sus electores a sumarse a un triple salto mortal sin red. En suma, el camino hacia la independencia sería interrumpido más pronto que tarde, y probablemente con el apoyo de una parte de quienes lo apoyaron inicialmente.
La alternativa, es decir, el fracaso de los promotores del procés empezando por su derrota en las elecciones del domingo, permitiría evitar ese escenario. Ojalá sea así. Pero que nadie se llame a engaño: ahí no se acaba la tarea. Más bien empieza un arduo trabajo político para recomponer lo mucho que se ha roto en estos años. El desencuentro social y ciudadano no va a esfumarse si, como consecuencia de su derrota, Artur Mas abandona la política y sus socios y aliados intentan repartir las responsabilidades de su fracaso. Quedará pendiente, aunque en condiciones distintas, el debate político sobre el futuro de las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Habrá que suturar las heridas causadas en el interior de la sociedad catalana. Sin olvidar, por supuesto, la necesidad de abordar reformas que abarquen a todo el país, cuya necesidad es cada vez más patente.
Tres meses después de conocer el resultado de las elecciones catalanas habremos votado en el conjunto de España. Si las encuestas no engañan, el próximo Congreso de los Diputados no va a disponer de ninguna mayoría clara y quien pueda formar gobierno estará obligado a sentarse a la mesa con los representantes de fuerzas políticas muy distintas y con planteamientos muy alejados sobre aspectos centrales de la agenda política. Así que gobierne quien gobierne tras las elecciones de diciembre va a tener que desplegar durante los próximos años una dosis extraordinaria de flexibilidad y de capacidad para alcanzar acuerdos. Algo de lo que la política española ha prescindido durante la legislatura que ahora se acaba. Acuerdos que ojalá sean posibles con quienes desde Cataluña quieran negociar sobre educación, lengua, financiación y reparto competencial. Porque muchos de los que no van a apoyar a los soberanistas el día 27 también rechazan los intentos “de Madrid” de recortar la autonomía catalana en las escuelas, el recelo hacia el derecho de los catalanes a preservar su propia lengua o la resistencia a analizar con rigor las demandas de una mejor financiación de la administración autonómica.
También van a ser necesarios acuerdos sobre la modernización de nuestras instituciones, sobre la recuperación de unos servicios públicos machacados por los recortes que han sufrido durante la crisis, sobre la reducción de las desigualdades, sobre la reorientación de nuestra economía hacia un patrón de crecimiento más solvente y sostenible. La solución de los problemas acumulados en la relación entre Cataluña y el conjunto de España va a estar por lo tanto ligada a la manera en la que se aborde la agenda pendiente para el conjunto de nuestro país. Y viceversa. Para lo cual es deseable que los votantes apoyen en las urnas a quienes no se consideran propietarios exclusivos de “lo catalán” o de “lo español”.