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Política
TV3: «La nostra», pero no la de todos
Francesc Arroyo
- 25/09/2015
- Número 2
Mikel Jaso
CiU, la coalición desde 1978 entre Convergència y Unió, se rompió a mediados del pasado junio. La ruptura tuvo, además de las consecuencias obvias en el campo político, una derivada inmediata, un terremoto en los medios de comunicación de la Generalitat: TV3 y Catalunya Ràdio. Los medios son gobernados desde la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMM). Su consejo estaba formado por seis personas: Josep Vilar (PSC), Armand Querol (PP), Antoni Pemán (Unió), Núria Llorach (CDC) y Brauli Duart (CDC), el presidente con voto de calidad solo en caso de empate. El sexto miembro, Xavier Guitart (PSC), había dimitido en septiembre de 2013, pero como CiU tenía garantizada la mayoría, no se consideró necesario sustituirlo. Hasta lo de Unió. En la medida en que Pemán se mantenía fiel al partido de Duran i Lleida, Artur Mas temió que las cosas pudieran complicarse, porque si a algo no estaba dispuesto a renunciar era al control de la televisión y la radio públicas.
El control estaba garantizado gracias a la fidelidad de los responsables de los informativos (Jaume Peral, en TV3 y Francesc Cano, en Catalunya Ràdio), pero cabía que la emisora radiofónica se decantase porque su director, Félix Riera, era también de Unió. Brauli Duart le exigió la renuncia. Riera se negó y Duart le anunció que, en breve, sería destituido. Como haría falta la mayoría en el consejo, en apenas 72 horas se procedió a nombrar un sustituto al dimitido Guitart, a pesar de que esos nombramientos dependen del Parlamento catalán, que estaba a punto de ser disuelto. La elegida fue Rita Marzoa, periodista de Catalunya Ràdio y cercana a ERC. Con ella, el consejo recuperaba la paridad y el voto de calidad del presidente decidía. Nombrada Marzoa, Riera fue destituido. Ni siquiera se ha considerado oportuno nombrar a un sustituto.
La voluntad de control no es novedad (ni exclusiva de CDC). Una leyenda sostiene que Jordi Pujol confesaba en privado que prefería quedarse sin competencias a perder el control de los medios de comunicación. De hecho, las emisoras públicas habían tenido siempre un sesgo nacionalista. Pero hasta hace poco se habían limitado a estimular el sentimiento nacionalcatalanista, procurando no ser del todo gubernamentales salvo en caso de necesidad.
Y casos ha habido. En el verano de 1998, Carles Francino, que presentaba el telediario de TV3, se negó una noche a hacerlo por el tratamiento que le imponían respecto a la destitución del director del Teatro Nacional, Josep Maria Flotats, enfrentado al que era consejero de Cultura, Joan Maria Pujals. Por la misma época fue despedida la entonces corresponsal en París, Montserrat Casals (recientemente fallecida), tras discutir que fuera noticia la mera presencia de Jordi Pujol en la capital francesa. Así lo explicó ella misma: “En Catalunya Ràdio, el criterio de selección de noticias funciona de manera proporcional a su dependencia de los cargos políticos. El presidente de la Generalitat o cualquier consejero atraviesa los Pirineos y la corresponsalía se convierte en sección de ecos de sociedad”. También fue despedida la escritora Cristina Peri-Rossi por no utilizar el catalán en sus colaboraciones. Llevaba dos años colaborando y, como argumentó en su momento, la contrataron por lo que decía, no por el idioma empleado, entre otros motivos, porque es argentina y castellanohablante toda su vida. Y en un sentido más doméstico, un redactor de El País explica que fue testigo de cómo Pere Macias, hoy diputado y aquel día consejero en uno de los gobiernos de Jordi Pujol, dictaba a la redactora de Catalunya Ràdio la pregunta que debía hacerle. Se la hizo.
La imposición de la Junta Electoral a TV3 fue recibida con severas críticas por los organizadores de la manifestación. El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, pidió a los catalanes que boicotearan TV3, tras calificar la decisión de la junta como “sin precedentes”. Una petición que sublevó a los antiguos socios de CDC. Ramon Espadaler, cabeza de lista de Unió, aprovechó una entrevista en la cadena pública: “Hemos oído la voz de Jordi Sánchez diciendo a los ciudadanos qué televisiones pueden ver y cuáles no. Estamos bastantes hartos de esta situación. Lamentamos que en este país se empiece a dictar cómo, cuándo y qué podemos mirar”. Una actitud también sin precedentes porque casi nada tiene precedentes y menos aún que quienes consideran TV3 como la suya (“la nostra” es uno de sus lemas) prefieran hundirla a mantener ciertos equilibrios. La prefieren antes muerta que neutral.
Los excesos con la Diada vienen de lejos. El pasado año y con motivo de la manifestación del 11 de septiembre, algunos periodistas de TV3 hicieron público un comunicado en el que señalaban: “Es posible que haya una mayoría proconsulta o proindependencia en la redacción, pero como profesionales no podemos engañar a los ciudadanos dándoles propaganda en lugar de información”. Y seguía: “Ninguna causa merece que echemos a la basura la imparcialidad y la neutralidad que nos han caracterizado como profesionales de la información y a la que estamos obligados como medio público”. El comunicado criticaba algo que se ha hecho crónico: “la reiteración de informaciones” sobre la manifestación “explicando cómo llegar, indicando los tramos que faltaban por llenar, entrevistando por enésima vez a los organizadores con llamamientos descarados a la participación”.
Desde entonces, la cosa ha ido a más. Este año, El Confidencial hizo público, días antes del 11 de septiembre, un documento en el que la ANC daba instrucciones a la dirección de TV3 sobre la forma de retransmitir la manifestación que ellos habían convocado. Pero ya antes se había iniciado la deriva. Tras convocar la consulta del 9 de noviembre, Mas pidió a los medios públicos que ayudaran a que fuera un éxito y luego intentó imponer a los privados que emitieran publicidad llamando a votar. Los que se negaron fueron expedientados.
El pasado mes de mayo, un programa de debate de TV3 organizó una mesa redonda sobre las consecuencias de la independencia. Todos los invitados era independentistas. Unos días después, Artur Mas era obsequiosamente entrevistado en la cadena. El 3 de agosto el presidente del Gobierno catalán firmó el decreto de convocatoria de las elecciones del 27 de septiembre. El acto, a las 21.00 horas, fue retransmitido en directo por TV3, con discurso de Mas incluido.
El Sindicato de Periodistas de Cataluña, recogiendo el sentir de sus afiliados en la cadena, hacía público un comunicado en el que califica el hecho de “grave error”. El comunicado relataba que a mediodía el informativo había explicado que no se conocían los detalles de la firma, mientras se estaban instalando las cámaras para la emisión de la noche. El sindicato (mayoritario en la redacción) lamentaba también que, a continuación, se hubiera ofrecido una entrevista con Oriol Junqueras, presentándolo como “jefe de la oposición”, cuando ya era público y notorio que formaba parte de la misma candidatura que Mas. Hechos así hacen que “TV3 haga el ridículo” y son “un motivo de desprestigio para sus profesionales”. El sindicato cuestionaba los bloques electorales, pero añadía: “Los informadores de TV3 y del resto de medios públicos no tendremos legitimidad plena en la crítica contra los bloques si no aseguramos a la vez unos criterios profesionales”.
Joan Ferran, exdiputado en el Parlamento catalán por el PSC, se refirió hace unos años a las emisoras del Gobierno catalán como una “crosta nacionalista”. La palabra catalana “crosta” tiene diversos significados: es la corteza del pan, pero también las postillas que se forman en las heridas e incluso la capa que oculta algo. En su opinión, las emisoras dependientes de la Generalitat ocultaban toscamente un fondo de adoctrinamiento nacional bajo una capa de supuesta objetividad. Ferran hizo esta denuncia cuando gobernaba el tripartito con un presidente, Pasqual Maragall, de su propio partido. “Maragall, primero, y Montilla, más tarde, cometieron el grave error de permitir que los medios de comunicación públicos quedaran en manos de ERC y lo que ocurrió es que acentuaron su carácter de propagandistas nacionalistas. Al principio se trataba de un mensaje subliminal —dice—, pero ahora se ha convertido ya en un instrumento de propaganda independentista. Sin tapujos”, sostiene hoy.
Antes se barría para casa, pero con cierto disimulo. Ahora ya no es necesario. Así se pudo abrir el informativo del pasado 18 de septiembre con una curiosa versión del comunicado de la banca anunciando que se instalaría fuera de Cataluña en caso de proclamación unilateral de independencia. Lo que dijo el locutor fue algo muy diferente: que reducirían el número de oficinas. Al menos, dio la noticia. Una de las quejas más llamativas de los redactores de la CCMM es que ni TV3 ni Catalunya Ràdio han emitido especial alguno sobre uno de los casos más comentados en Cataluña y España en el último año: el fraude confeso de Jordi Pujol y los negocios de su familia.
Y no será por falta de medios. La televisión tiene una excelente plantilla de profesionales, de la que se han nutrido muchas otras cadenas de toda España, desde el ya citado caso de Carles Francino hasta Ramon Pellicer o Susanna Griso y Andreu Buenafuente. Pero contrata también con diversas productoras, muchas de ellas, denuncia la oposición, vinculadas a propagandistas de la secesión. Entre ellos, Toni Soler (que fue también comisario del tricentenario del 11 de septiembre), Antoni Bassas o Miquel Calzada (Mikimoto). Una de ellas, Triacom, que produce un programa-concurso de emisión diaria, ha sido investigada por la Fiscalía por el supuesto delito de generar facturas falsas para financiar a Convergència a través del presidente de la Diputación de Lleida. Triacom, vinculada a Mediapro, es administrada por Oriol Carbó, exgerente de TV3 y Catalunya Ràdio a quien la Agencia Tributaria atribuyó el ingreso de dinero sin justificar en las cuentas de Anna Vidal y Sandra Buenvarón, esposas de Oriol Pujol y David Madí.
En las tertulias, la ocupación independentista es generalizada. El portal Media.cat, afín al secesionismo, ha calculado que el 63% de los tertulianos de la emisoras públicas catalanas son independentistas y solo el 30% son contrarios a la independencia. No pocos de estos últimos son opinadores cercanos al PP, partidarios de “plantar cara”, uno de los lemas del partido conservador en estas elecciones. Es decir, sirven para azuzar la polémica desde las posiciones más extremas.
En esta línea, nadie se ha extrañado de que la emisora Catalunya Ràdio se apresurara a fichar como tertuliana a Karmele Marchante, habitual de programas como Sálvame, apenas unas horas después de haber anunciado su simpatía por Artur Mas.
Lo que ha cambiado en los últimos tiempos, para decirlo con palabras de Joan Ferran, es que se ha pasado de las actuaciones inconscientes a la conciencia plena. Quizás quien mejor ha sintetizado el espíritu de los mandos de las emisoras sea uno de los redactores de su sección de deportes, Xavier Valls, quien, tras el registro de la sede de CDC por orden judicial, escribió en Twitter: “Las alcantarillas del Estado y la brunete mediática on fire. Estos son los tanques del siglo XXI. Preparémonos. La guerra ha comenzado”.
El control estaba garantizado gracias a la fidelidad de los responsables de los informativos (Jaume Peral, en TV3 y Francesc Cano, en Catalunya Ràdio), pero cabía que la emisora radiofónica se decantase porque su director, Félix Riera, era también de Unió. Brauli Duart le exigió la renuncia. Riera se negó y Duart le anunció que, en breve, sería destituido. Como haría falta la mayoría en el consejo, en apenas 72 horas se procedió a nombrar un sustituto al dimitido Guitart, a pesar de que esos nombramientos dependen del Parlamento catalán, que estaba a punto de ser disuelto. La elegida fue Rita Marzoa, periodista de Catalunya Ràdio y cercana a ERC. Con ella, el consejo recuperaba la paridad y el voto de calidad del presidente decidía. Nombrada Marzoa, Riera fue destituido. Ni siquiera se ha considerado oportuno nombrar a un sustituto.
La voluntad de control no es novedad (ni exclusiva de CDC). Una leyenda sostiene que Jordi Pujol confesaba en privado que prefería quedarse sin competencias a perder el control de los medios de comunicación. De hecho, las emisoras públicas habían tenido siempre un sesgo nacionalista. Pero hasta hace poco se habían limitado a estimular el sentimiento nacionalcatalanista, procurando no ser del todo gubernamentales salvo en caso de necesidad.
Y casos ha habido. En el verano de 1998, Carles Francino, que presentaba el telediario de TV3, se negó una noche a hacerlo por el tratamiento que le imponían respecto a la destitución del director del Teatro Nacional, Josep Maria Flotats, enfrentado al que era consejero de Cultura, Joan Maria Pujals. Por la misma época fue despedida la entonces corresponsal en París, Montserrat Casals (recientemente fallecida), tras discutir que fuera noticia la mera presencia de Jordi Pujol en la capital francesa. Así lo explicó ella misma: “En Catalunya Ràdio, el criterio de selección de noticias funciona de manera proporcional a su dependencia de los cargos políticos. El presidente de la Generalitat o cualquier consejero atraviesa los Pirineos y la corresponsalía se convierte en sección de ecos de sociedad”. También fue despedida la escritora Cristina Peri-Rossi por no utilizar el catalán en sus colaboraciones. Llevaba dos años colaborando y, como argumentó en su momento, la contrataron por lo que decía, no por el idioma empleado, entre otros motivos, porque es argentina y castellanohablante toda su vida. Y en un sentido más doméstico, un redactor de El País explica que fue testigo de cómo Pere Macias, hoy diputado y aquel día consejero en uno de los gobiernos de Jordi Pujol, dictaba a la redactora de Catalunya Ràdio la pregunta que debía hacerle. Se la hizo.
Ahora peor
Pero nada de esto es comparable a lo ocurrido en las últimas semanas. El punto culminante fue la retransmisión simultánea y en directo por TV3 y Canal 324 (dedicado a informativos) de la marcha del 11 de septiembre. La Junta Electoral Central consideró la manifestación un acto electoral de la candidatura Junts pel Sí, en la que figuran Artur Mas y Oriol Junqueras. Dado que la ley que impone a las emisoras públicas bloques electorales proporcionales está vigente, la Junta reclamó a TV3 un tratamiento compensatorio para el resto de candidaturas. La respuesta de la cadena fue sugerir entrevistas con sus dirigentes. Todos los partidos lo rechazaron y TV3, que había liberado la franja horaria para ello, acabó por emitir una película, El patriota, sobre la independencia de Estados Unidos. El constitucionalista Francesc de Carreras resumía así el contenido del filme: “La película traza enseguida dos bandos irreconciliables: unos representan la maldad absoluta (los británicos) y otros la bondad angelical (los colonos). Los buenos quieren pactar, los malos no; el arma de los buenos es la astucia, la de los malos la violencia. El destino de los colonos es, de forma ineluctable, la independencia. Los malos no tienen ideal alguno, solo se mueven por venganza, odio y mezquinos intereses personales”. Al final se emitieron diversos actos de los partidos sin la presencia explicativa de periodistas de la cadena.La imposición de la Junta Electoral a TV3 fue recibida con severas críticas por los organizadores de la manifestación. El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, pidió a los catalanes que boicotearan TV3, tras calificar la decisión de la junta como “sin precedentes”. Una petición que sublevó a los antiguos socios de CDC. Ramon Espadaler, cabeza de lista de Unió, aprovechó una entrevista en la cadena pública: “Hemos oído la voz de Jordi Sánchez diciendo a los ciudadanos qué televisiones pueden ver y cuáles no. Estamos bastantes hartos de esta situación. Lamentamos que en este país se empiece a dictar cómo, cuándo y qué podemos mirar”. Una actitud también sin precedentes porque casi nada tiene precedentes y menos aún que quienes consideran TV3 como la suya (“la nostra” es uno de sus lemas) prefieran hundirla a mantener ciertos equilibrios. La prefieren antes muerta que neutral.
Los excesos con la Diada vienen de lejos. El pasado año y con motivo de la manifestación del 11 de septiembre, algunos periodistas de TV3 hicieron público un comunicado en el que señalaban: “Es posible que haya una mayoría proconsulta o proindependencia en la redacción, pero como profesionales no podemos engañar a los ciudadanos dándoles propaganda en lugar de información”. Y seguía: “Ninguna causa merece que echemos a la basura la imparcialidad y la neutralidad que nos han caracterizado como profesionales de la información y a la que estamos obligados como medio público”. El comunicado criticaba algo que se ha hecho crónico: “la reiteración de informaciones” sobre la manifestación “explicando cómo llegar, indicando los tramos que faltaban por llenar, entrevistando por enésima vez a los organizadores con llamamientos descarados a la participación”.
Desde entonces, la cosa ha ido a más. Este año, El Confidencial hizo público, días antes del 11 de septiembre, un documento en el que la ANC daba instrucciones a la dirección de TV3 sobre la forma de retransmitir la manifestación que ellos habían convocado. Pero ya antes se había iniciado la deriva. Tras convocar la consulta del 9 de noviembre, Mas pidió a los medios públicos que ayudaran a que fuera un éxito y luego intentó imponer a los privados que emitieran publicidad llamando a votar. Los que se negaron fueron expedientados.
No encontró expertos serios
No menos llamativa fue la emisión de los documentales Hola, Europa! y L’endemà (El día siguiente). En el primero se recogían las opiniones de 31 personas, todas favorables a la independencia. El segundo explicaba cómo sería una Cataluña independiente y, según su directora, Isona Passola, cojeaba porque no encontró expertos serios que pudieran dar opiniones contrarias a la secesión. Cuando apareció uno, Josep Borrell, fue vetado. Debía ser entrevistado el pasado 10 de septiembre, pero se suprimió la entrevista con el argumento de la proximidad de la campaña.El pasado mes de mayo, un programa de debate de TV3 organizó una mesa redonda sobre las consecuencias de la independencia. Todos los invitados era independentistas. Unos días después, Artur Mas era obsequiosamente entrevistado en la cadena. El 3 de agosto el presidente del Gobierno catalán firmó el decreto de convocatoria de las elecciones del 27 de septiembre. El acto, a las 21.00 horas, fue retransmitido en directo por TV3, con discurso de Mas incluido.
El Sindicato de Periodistas de Cataluña, recogiendo el sentir de sus afiliados en la cadena, hacía público un comunicado en el que califica el hecho de “grave error”. El comunicado relataba que a mediodía el informativo había explicado que no se conocían los detalles de la firma, mientras se estaban instalando las cámaras para la emisión de la noche. El sindicato (mayoritario en la redacción) lamentaba también que, a continuación, se hubiera ofrecido una entrevista con Oriol Junqueras, presentándolo como “jefe de la oposición”, cuando ya era público y notorio que formaba parte de la misma candidatura que Mas. Hechos así hacen que “TV3 haga el ridículo” y son “un motivo de desprestigio para sus profesionales”. El sindicato cuestionaba los bloques electorales, pero añadía: “Los informadores de TV3 y del resto de medios públicos no tendremos legitimidad plena en la crítica contra los bloques si no aseguramos a la vez unos criterios profesionales”.
Joan Ferran, exdiputado en el Parlamento catalán por el PSC, se refirió hace unos años a las emisoras del Gobierno catalán como una “crosta nacionalista”. La palabra catalana “crosta” tiene diversos significados: es la corteza del pan, pero también las postillas que se forman en las heridas e incluso la capa que oculta algo. En su opinión, las emisoras dependientes de la Generalitat ocultaban toscamente un fondo de adoctrinamiento nacional bajo una capa de supuesta objetividad. Ferran hizo esta denuncia cuando gobernaba el tripartito con un presidente, Pasqual Maragall, de su propio partido. “Maragall, primero, y Montilla, más tarde, cometieron el grave error de permitir que los medios de comunicación públicos quedaran en manos de ERC y lo que ocurrió es que acentuaron su carácter de propagandistas nacionalistas. Al principio se trataba de un mensaje subliminal —dice—, pero ahora se ha convertido ya en un instrumento de propaganda independentista. Sin tapujos”, sostiene hoy.
Antes se barría para casa, pero con cierto disimulo. Ahora ya no es necesario. Así se pudo abrir el informativo del pasado 18 de septiembre con una curiosa versión del comunicado de la banca anunciando que se instalaría fuera de Cataluña en caso de proclamación unilateral de independencia. Lo que dijo el locutor fue algo muy diferente: que reducirían el número de oficinas. Al menos, dio la noticia. Una de las quejas más llamativas de los redactores de la CCMM es que ni TV3 ni Catalunya Ràdio han emitido especial alguno sobre uno de los casos más comentados en Cataluña y España en el último año: el fraude confeso de Jordi Pujol y los negocios de su familia.
Y no será por falta de medios. La televisión tiene una excelente plantilla de profesionales, de la que se han nutrido muchas otras cadenas de toda España, desde el ya citado caso de Carles Francino hasta Ramon Pellicer o Susanna Griso y Andreu Buenafuente. Pero contrata también con diversas productoras, muchas de ellas, denuncia la oposición, vinculadas a propagandistas de la secesión. Entre ellos, Toni Soler (que fue también comisario del tricentenario del 11 de septiembre), Antoni Bassas o Miquel Calzada (Mikimoto). Una de ellas, Triacom, que produce un programa-concurso de emisión diaria, ha sido investigada por la Fiscalía por el supuesto delito de generar facturas falsas para financiar a Convergència a través del presidente de la Diputación de Lleida. Triacom, vinculada a Mediapro, es administrada por Oriol Carbó, exgerente de TV3 y Catalunya Ràdio a quien la Agencia Tributaria atribuyó el ingreso de dinero sin justificar en las cuentas de Anna Vidal y Sandra Buenvarón, esposas de Oriol Pujol y David Madí.
En las tertulias, la ocupación independentista es generalizada. El portal Media.cat, afín al secesionismo, ha calculado que el 63% de los tertulianos de la emisoras públicas catalanas son independentistas y solo el 30% son contrarios a la independencia. No pocos de estos últimos son opinadores cercanos al PP, partidarios de “plantar cara”, uno de los lemas del partido conservador en estas elecciones. Es decir, sirven para azuzar la polémica desde las posiciones más extremas.
En esta línea, nadie se ha extrañado de que la emisora Catalunya Ràdio se apresurara a fichar como tertuliana a Karmele Marchante, habitual de programas como Sálvame, apenas unas horas después de haber anunciado su simpatía por Artur Mas.
Lo que ha cambiado en los últimos tiempos, para decirlo con palabras de Joan Ferran, es que se ha pasado de las actuaciones inconscientes a la conciencia plena. Quizás quien mejor ha sintetizado el espíritu de los mandos de las emisoras sea uno de los redactores de su sección de deportes, Xavier Valls, quien, tras el registro de la sede de CDC por orden judicial, escribió en Twitter: “Las alcantarillas del Estado y la brunete mediática on fire. Estos son los tanques del siglo XXI. Preparémonos. La guerra ha comenzado”.