Algo ha cambiado tras las elecciones catalanas del 27-S y no solo en Cataluña. Dirigentes políticos españoles, representantes de ámbitos económicos y un puñado de analistas políticos sostienen ahora que hay que dialogar y que no se puede abandonar al 47,8% de catalanes que han votado por la independencia. Y lo dicen después de años de afirmar, algunos de ellos, que nada se podía hacer porque nada contentaría a quienes quieren romper con España. En este momento, sin embargo, desde Cataluña llegan mensajes de que parte de los políticos que se presentaban en la candidatura de Junts pel Sí —CDC, ERC y asociaciones civiles— “se mueren por negociar”. Pero nadie cree que en vísperas de las elecciones generales el presidente Mariano Rajoy tenga intención de sentarse a hablar de nada. Por el contrario, los partidos de la oposición y los citados analistas políticos piensan que querrá utilizar el conflicto catalán para arrancar votos en el resto de España.
De hecho, parece haber coincidencia en que Rajoy es el perdedor de las elecciones del domingo. No solo por el pésimo resultado del PP —solo 12.059 votos más que la CUP—, sino porque el presidente no ha sido capaz en los cuatro años que lleva al frente del Gobierno de frenar el desafío secesionista, el mayor problema político e institucional de España desde la transición a la democracia. Hasta el expresidente José María Aznar se lo ha reprochado.
“Rajoy se tiene que ir”
“Artur Mas está amortizado y a lo mejor no repite como presidente de la Generalitat, pero Rajoy también se tiene que ir porque ha demostrado su incapacidad para afrontar el conflicto catalán y, lejos de reconducirlo, con su inmovilismo lo ha agravado”, asegura un miembro de la ejecutiva federal del PSOE, pero con palabras más o menos parecidas lo dicen también responsables de Podemos, IU y Ciudadanos y se comenta en círculos empresariales.
Parece haber coincidencia en que Rajoy es el perdedor de las elecciones del pasado domingo
Estos últimos recriminan al presidente que desoyera todas las recomendaciones que le hicieron desde Cataluña y desde el resto de España para que se sentase a dialogar con Mas, con los sectores del nacionalismo moderado que no quieren la independencia y con el resto de fuerzas políticas para buscar alternativas que podrían haber evitado llegar a esta situación. Especialmente porque aunque ha habido un esfuerzo por interpretar los resultados del 27-S en positivo, la mayoría absoluta que suman Junts pel Sí y la CUP les asusta.
Por eso, ahora que vuelven a resurgir las peticiones de diálogo, la posibilidad de alcanzar acuerdos se ve más complicada. Y no solo hay críticas para Rajoy. También para “la burguesía catalana que ha abonado el
procés invocando fantasmas que ahora va a tener muy difícil retirar, porque en el ámbito del independentismo se ha introducido mucha radicalización: está la CUP, está Esquerra... No se puede sacar al genio de la botella cuando te conviene y después volverlo a meter”, sostiene un veterano socialista catalán.
El calendario político español tampoco favorece la posibilidad de entablar un diálogo de inmediato. La convocatoria de elecciones generales para el 20 de diciembre aboca a un escenario intranquilizador. “Estos tendrán formado el gobierno en noviembre y desde el Parlament de Catalunya empezarán a adoptar medidas para avanzar en su hoja de ruta, mientras que en Madrid no habrá interlocutor, porque estarán convocadas las elecciones y las cámaras estarán disueltas y el Gobierno en funciones”, insiste.
El Parlament y el Gobierno catalán estarán adoptando decisiones un mes antes de los comicios generales y hasta un par de meses después sin que esté constituido aún el nuevo gobierno español. Y cunde la idea de que mientras tanto Rajoy se va a limitar a “enviar a Cataluña un ejército de abogados del Estado y de fiscales y a utilizar al Tribunal Constitucional” para responder a la hoja de ruta secesionista, lo que tampoco aporta mucha tranquilidad a los partidarios de la solución negociada.
La reforma de la Constitución llevará años y la agenda política no propicia pactos con Cataluña
A lo que se añade la idea generalizada de que, si se confirman los vaticinios de las encuestas, las elecciones de diciembre pueden desembocar en “un resultado endiablado” que retrase la formación del gobierno porque quien vaya a ser presidente tendrá que fraguar pactos a varias bandas.
La decisión de Rajoy de apurar la legislatura le habría otorgado al independentismo cinco meses de ventaja sin contrapeso en Madrid. Por esa razón se extiende la idea de que el presidente no debería haber esperado tanto para conovocar las elecciones, acortando al máximo el plazo hasta la configuración del nuevo gobierno.
La urgencia vendría dada por la necesidad de que cuanto antes haya un interlocutor en el Gobierno de España al desafío independentista, pero también porque quienes defienden que hay que sentarse a hablar y que la solución podría estar en una reforma constitucional son conscientes de que ese será un proceso largo y espinoso que llevará años. Saben también que para conseguir un consenso amplio sobre esa reforma habrá que ir dando pasos, enviando mensajes conciliadores también a los catalanes nacionalistas pero no independentistas —aunque a lo mejor han votado a Junts pel Sí— para atraerles a una solución constitucional.
No solo el camino de la reforma de la Carta Magna se presenta complicado, también el simple desarrollo de la agenda política. Un presidente autonómico socialista recuerda que la primera cuestión importante que tiene que afrontar el próximo gobierno es la reforma del sistema de financiación autonómica, porque está agotado y caducado. Pero apunta también que “va a ser imposible contentar a Cataluña porque todas las comunidades están muy agobiadas, ahogadas económicamente —la Comunidad Valenciana no aguanta más, precisa— y apenas se recauda más dinero, así que no habrá más recursos para repartir”.
Consenso territorial
A su juicio, esa negociación, lejos de suavizar la situación con Cataluña, podría agravarla, ya que verá frustradas sus expectativas. Contentarla será incluso más difícil que ahora porque el gobierno catalán estará formado y apoyado por partidos radicales como la CUP y ERC, que no se sentirán satisfechos con nada. Teme, de hecho, que esa negociación pueda ser una nueva excusa para argumentar: “Dicen que lo quieren arreglar pero mira lo que nos dan”. Esta puede ser la primera prueba de cómo se afronta desde el Estado el problema con Cataluña y de si tiene visos de resolverse.
En esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido con la Constitución de 1978, la reforma necesitará el consenso de las fuerzas políticas pero también de los territorios. No solo de las nacionalidades históricas: será imprescindible contar con el apoyo del resto de las comunidades, en particular de Andalucía.