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Internacional
La sangrienta guerra secreta de Turquía
La guerrilla kurda del PKK traslada a las ciudades un conflicto armado que antes era eminentemente rural, con atentados diarios y 226 muertos en 11 meses
Daniel Iriarte
- 24/06/2016
- Número 39
Manifestantes huyen de los gases lacrimógenos durante los enfrentamientos entre las fuerzas turcas y el pueblo kurdo en Diyarbakir. ILYAS AKENGIN / AFP
El AKP ha lanzado un asalto sangriento y total contra el pueblo. Está intentando aplastar a toda la oposición mediante el terrorismo de Estado, los asesinatos callejeros, las masacres y los arrestos en masa.” Las cuatro figuras de uniforme que se sientan a la mesa no cubren su rostro: ya son conocidos por las autoridades. Sí lo hacen, en cambio, los militantes armados detrás de ellos, algunos con el pushi (el pañuelo kurdo tradicional de Oriente Medio), otros con capuchas rojas.
Los primeros pertenecen a la guerrilla kurda del PKK, los otros a alguna organización de extrema izquierda. Denuncian “la alianza fascista y sanguinaria” entre el gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Recep Tayyip Erdogan y el aparato de seguridad turco, que “trabaja para instalar una dictadura monopartidista apoyada por las fuerzas reaccionarias y fascistas, tradicionales y modernas, del sistema opresivo de la República de Turquía”.
Erdogan prepara una ley que apunta a un escenario cada vez más parecido a una ocupación militar
La escena tuvo lugar el pasado marzo. Una coalición de 10 grupos armados llamada Movimiento Revolucionario Unido de los Pueblos (HBDH, por sus siglas en turco) declaraba abiertamente la guerra al Gobierno de Erdogan. Los lideraba el PKK, una organización con más de tres décadas de experiencia de combate contra el Estado turco, pero a ella se adherían otras formaciones veteranas como el Partido Comunista Marxista-Leninista de Turquía (TKP/ML), los Cuarteles Revolucionarios o el Frente-Partido de Liberación de Turquía (THKP-C).
En realidad, no es que haya habido un antes y un después de esta proclamación. Desde hace casi un año, las operaciones terroristas en Turquía suceden casi a diario. Algunas llegan a los medios internacionales: los dos coches bomba de Ankara en febrero y marzo; los dos suicidas de Estambul, obra de Estado Islámico —en realidad, parte del mismo e intrincado conflicto—, o el explosivo accionado por control remoto contra un autobús de policía en esa misma ciudad, a principios de este mes, que dejó 11 muertos y 36 heridos. Este último fue el séptimo gran atentado en un plazo de 11 meses. El total de víctimas mortales asciende a 226. Y sin embargo, otros muchos incidentes (vehículos bomba contra cuarteles militares en las regiones kurdas del sureste, tiroteos contra comisarías en la región mediterránea, bombas trampa en las carreteras detonadas al paso de las fuerzas de seguridad) han pasado desapercibidos fuera del país, pero tienen lugar con una frecuencia apabullante. Esta misma semana la policía desactivó un minibus cargado con una tonelada de explosivos en la ciudad kurda de Diyarbakir.
Esto se debe, en parte, a la estrategia del PKK de trasladar a las ciudades un conflicto armado que hasta fechas recientes había sido eminentemente rural. La creación del HDBH, además de tener importancia simbólica, apunta a la creciente voluntad de estos grupos de llevar la guerra a las ciudades del oeste del país, donde no deja de crecer el malestar: ya se han producido varios episodios de linchamientos y quema de negocios de kurdos a manos de ultranacionalistas turcos.
Diputados sin inmunidad
Es, además, la pescadilla que se muerde la cola. A medida que el conflicto se afianza, el autoritarismo del régimen de Erdogan se hace más pronunciado. A finales de mayo, el Parlamento turco retiró la inmunidad a 138 diputados de la oposición, la mayoría del partido kurdo HDP, para que puedan ser juzgados por crímenes como los “insultos al jefe de Estado” o la “propaganda terrorista”, dos delitos muy utilizados por las autoridades turcas para perseguir a las figuras disidentes.
El Gobierno de Ankara prepara, además, una nueva ley que expandirá los poderes del Ejército para que este pueda operar normalmente en zonas urbanas, y no solo en las fronteras o el campo, como hasta ahora. Las fuerzas armadas también podrán realizar registros de residencias y negocios sin necesidad de una orden judicial, lo que apunta a un escenario que cada vez parece menos el de una operación antiterrorista convencional y más el de una ocupación militar como la de EE.UU. en Irak.
“Si se aprueba esta ley y la seguridad se convierte en prioridad, el Gobierno perderá los corazones y mentes de la gente en las áreas afectadas. Por desgracia, Ankara todavía mide el éxito a la hora de combatir el terror a partir del número de terroristas neutralizados”, afirma el analista de seguridad Metin Gurcan. “Ahora mismo, Ankara está enrocada en el éxito militar porque cree que necesita de-
sesperadamente esta victoria para su consumo doméstico”, apunta este exmilitar. En otras palabras, el AKP insiste en una política de mano dura que es bien recibida por gran parte de la población, justo en un momento en el que la popularidad de Erdogan corre el riesgo de resultar erosionada ante el deterioro de la situación económica.
El aumento de la tensión, de hecho, ha sido parte de la estrategia de Erdogan para mantenerse en el poder. La actual fase del conflicto tiene una fecha clara de inicio: el verano de 2015. En las elecciones de junio de aquel año, el AKP perdió la mayoría absoluta de la que venía disfrutando desde hacía más de una década debido a la irrupción en el Parlamento de un nuevo partido de base principalmente kurda, el HDP, que obtuvo 80 diputados. En esos momentos, además, el Gobierno de Ankara se encontraba bajo una intensa presión estadounidense para que actuase contra las redes de Estado Islámico en Turquía, cada vez más extensas y eficaces.
Göksel: “Dáesh es el mayor beneficiario de la violencia. Turquía y PKK deben volver a las conversaciones de paz”
La solución de Erdogan fue maquiavélica: decretó una “guerra total contra el terrorismo” y ordenó a las fuerzas de seguridad que actuasen al mismo tiempo contra todas las organizaciones armadas del país, no solo Dáesh, sino también el PKK, el Frente-Partido Revolucionario de Liberación Popular (DHKP-C) y otras. Las autoridades turcas ponían así fin a las conversaciones de paz que Turquía mantenía con la guerrilla kurda desde hacía más de dos años, asumiendo que una vuelta a la violencia le restaría apoyos al HDP si se repetían las elecciones. Así fue: en los comicios de noviembre de ese año, el HDP estuvo a punto de quedar fuera del Parlamento, mientras el AKP recuperó la mayoría absoluta a costa de provocar lo que, a todas luces, ya solo cabe calificar de guerra a tres o cuatro bandas, en la que también participan los yihadistas.
“Amenazas creíbles”
“El mayor beneficiario del regreso a la violencia es el llamado Estado Islámico”, sostiene Nigar Göksel, analista de International Crisis Group. “La trágica paradoja es que los esfuerzos previos de paz nacieron del convencimiento entre los líderes de ambos bandos de que no podía haber un ganador de la confrontación militar. Turquía y el PKK deben volver urgentemente a las conversaciones de paz”, asegura.
Pero incluso si se llegase a una nueva negociación con la guerrilla kurda, es improbable que la violencia desaparezca totalmente. El mencionado DHKP-C no forma parte del Movimiento Revolucionario Unido de los Pueblos, pero aun así es una de las organizaciones más activas en el país, responsable de numerosas emboscadas y tiroteos contra agentes de policía en Estambul y otras áreas urbanas. La situación está llegando al punto de que a finales de marzo EE.UU. evacuó del país a todos los familiares de su personal diplomático y militar. Naciones tan dispares como Irán, Alemania, Australia o Israel han advertido a sus ciudadanos de “amenazas creíbles” en Turquía.
Mientras tanto, el Gobierno turco no parece estar dispuesto a aflojar la presión. Esta misma semana ha ordenado la detención de tres figuras prominentes que habían protestado contra el cierre de una publicación kurda, entre ellos Erol Önderoglu, el representante de Reporteros Sin Fronteras en Turquía. Un peligroso salto adelante en la persecución de los críticos que en el fondo solo tiene un objetivo: asegurar que los poderes del presidente Erdogan sean cada vez más absolutos.