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Política
Un negocio llamado Nóos
Por primera vez en la historia una integrante de la familia real, la infanta Cristina, se sentará en el banquillo de los acusados
Alfonso Pérez Medina
- 08/01/2016
Iñaki Urdangarin. montserrat T. Díez / EFE
Septiembre de 2003. Fin del verano en Mallorca. El yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y mito del balonmano español hasta su retirada tres años atrás, recibe en el palacio de Marivent a otro exdeportista de élite, el regatista José Luis “Pepote” Ballester. Ambos son amigos desde 1985, cuando se conocieron en la residencia Blume para atletas de Barcelona, y juntos defendieron a España en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Urdangarin y sus compañeros de selección se colgaron al cuello la medalla de bronce tras derrotar a Francia por dos goles de diferencia. Ballester logró el oro con Fernando León al ser los más rápidos en la clase Tornado de vela. Ese encuentro entre medallistas olímpicos, acreditado por la Fiscalía Anticorrupción y detallado por “Pepote” en sus declaraciones como arrepentido ante el juez José Castro, es el inicio de la actividad profesional del grupo Nóos, el entramado societario que el campeón de balonmano pergeñó para hacerse rico y de cuya actividad deberá responder a partir del 11 de enero, junto a su esposa, ante un tribunal que les podría condenar, respectivamente, a penas máximas de hasta 26 y 8 años de cárcel.
A la reunión de Marivent también acudió el entonces presidente de Baleares, Jaume Matas, que acompañó a Ballester, director general de Deportes del gobierno autonómico, por la relevancia de su interlocutor. Urdangarin quería que las Islas Baleares patrocinaran al equipo ciclista Banesto, que atravesaba en aquel entonces una difícil situación económica tras el anuncio del banco de retirar su patrocinio. El yerno del rey les propuso firmar un convenio que incluía contratar sin concurso previo a la empresa Nóos Consultoría Estratégica, que había montado junto a su exprofesor en ESADE y entonces socio, Diego Torres. La sociedad crearía un gabinete de prensa para el equipo, se encargaría de la organización de actos y elaboraría material promocional y una página web. Los dos políticos aceptaron.
A resultas del contrato con el equipo ciclista, que dirigían José Miguel Echávarri y Eusebio Unzue, que pasó a llamarse Illes Balears-Banesto y después Illes Balears a secas, la empresa de Urdangarin y Torres se hizo con 54.520 euros de los presupuestos públicos para el seguimiento de la repercusión del
En el caso de la factura por la repercusión del patrocinio, el fiscal Pedro Horrach llega a hablar de “farsa” en el escrito provisional de acusación del caso Nóos y aporta un dato: el presupuesto de la empresa a la que se subcontrató el seguimiento de noticias fue enviado el 13 de enero de 2004 y la fundación pública que lo subvencionó aprobó el gasto en una reunión que fue fechada el día anterior.
La infanta Cristina lo hará en contra del criterio de la Fiscalía, que la considera partícipe a título lucrativo de los beneficios de 837.683 euros que la sociedad
Aizoon, que compartía con su marido, obtuvo presuntamente de forma ilícita. A pesar de que el juez Castro llegó a imputar a la hermana del rey Felipe por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos, la Audiencia de Palma únicamente la juzgará como cooperadora necesaria en dos delitos de fraude fiscal que habría cometido su marido en los ejercicios de 2007 y 2008 y de los que solo le acusa la acción popular de Manos Limpias.
En las cuestiones previas del juicio, el tribunal, formado por las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Nobelda, deberá decidir si aparta a la infanta del banquillo de los acusados en aplicación de la denominada doctrina Botín, establecida por el Supremo en 2007 y que impide juzgar por un delito que tiene perjudicado directo cuando no acusan ni la Fiscalía ni la víctima directa, en este caso la Hacienda Pública, representada por la Abogacía del Estado. En 2008 el Alto Tribunal matizó esta posición con la doctrina Atutxa, que avala la acción en solitario de la acusación popular cuando se perjudica el interés general.
Las magistradas tendrán que determinar, por tanto, si el delito contra la Hacienda Pública afecta a los intereses generales, como entendió el juez Castro, o al organismo tributario como acusación particular, como sostiene la defensa de la Infanta.
Durante el juicio, programado hasta el 30 de junio en las dependencias que la Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP) tiene en el polígono Son Rossinyol de Palma, se medirán las distintas estrategias de los acusados. Como avanzaron en sus escritos de defensa, la infanta jugará su baza de la doctrina Botín y, en caso de que finalmente tenga que ser juzgada, alegará que desconocía las actividades de su marido. Urdangarin, por su parte, descargará la responsabilidad en los políticos que autorizaron los gastos y Torres solicitará la nulidad de la instrucción y defenderá que las actividades de Nóos eran toleradas por la Casa Real.
Sin embargo, la asociación y sus empresas satélites pusieron en marcha un lucrativo negocio que, según un informe de Hacienda, les proporcionó una cartera de 103 clientes públicos y privados que desembolsaron 16 millones de euros de 2002 a 2010. Entre 2004 y 2007, en el trienio de esplendor y derroche que vivió España en la antesala de la crisis económica, la sociedad facturó 5,8 millones de euros provenientes de fondos públicos que fueron aportados por los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana y los ayuntamientos de Valencia y Madrid, según detalla el escrito del Ministerio Público.
En 2005 el Instituto Nóos recogió el testigo de la consultoría estratégica y organizó entre los días 22 y 24 de noviembre un congreso denominado Illes Balears Forum, concebido como “una cumbre mundial de dirigentes políticos, representantes deportivos, empresarios e intelectuales reunidos para reflexionar
Para su puesta en marcha, la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), ambos dependientes del gobierno de las islas, donaron 1,2 millones de euros a Nóos para la organización del primer certamen, celebrado en 2005, y algo más de un millón para la segunda edición, que tuvo lugar al año siguiente. En el primer evento, según el fiscal, se desviaron irregularmente 736.726 euros y en el segundo, 618.274.
El fiscal también considera irregulares los tres pagos de 1.044.000 euros que se abonaron, como concepto de “canon”, por cada una de las tres ediciones de la “cumbre internacional sobre ciudades y deporte” Valencia Summit, que adjudicaron la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), dependiente de la Generalitat valenciana, y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, participada por el Ayuntamiento de Valencia.
Los congresos, que en el mayor de los casos apenas costaron a los organizadores 160.000 euros, se celebraron después de que Urdangarin expusiera el proyecto personalmente al entonces presidente regional, Francisco Camps, y a la alcaldesa, Rita Barberá, a los que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que les investigó por su condición de diputados aforados, exoneró de responsabilidad penal. Según Torres, uno de esos encuentros preparatorios se produjo en el palacio de la Zarzuela.
A estos gastos hay que añadir los 382.203 euros que el gobierno de Camps pagó a Nóos por la preparación de la candidatura de los primeros Juegos Europeos, que nunca se llegaron a celebrar. El 27 de septiembre de 2005, desde la tribuna de las Cortes Valencianas, el expresidente vaticinó que en el evento, “inédito a escala europea”, concurrirían 35 países y que su gobierno había previsto unas inversiones de más de 400 millones de euros en instalaciones deportivas en Alicante, Castellón y Valencia. De haberse realizado, los juegos habrían supuesto al Instituto Nóos unos ingresos de seis millones de euros en 2006 y 2007. Nada de lo anunciado por Camps se llevó a la práctica.
En 2007, presionado por el asesor jurídico del rey Juan Carlos, José Manuel Romero, conde de Fontao, que actuó alertado por los “rumores sobre las actividades inconvenientes” de Nóos, Urdangarin simuló la salida del Instituto y vendió sus acciones, según el fiscal Horrach. Sin embargo, el entramado continuó funcionando y los socios ordenaron la constitución de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, que recibió pagos por valor de 114.000 euros de la Fundación Madrid 16, impulsada por el Ayuntamiento de la capital que entonces dirigía Alberto Ruiz-Gallardón. El gasto se justificaba en la realización de labores de asesoría y lobby para influir en los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) a fin de que eligieran a la capital como sede de los Juegos Olímpicos de 2016, que finalmente se celebrarán en Río de Janeiro.
Para desviar los fondos, obtenidos gracias a “unos precios totalmente desproporcionados para los servicios que prestaba a la Administración pública”, el Instituto Nóos creó, según la acusación pública, un entramado societario mediante el que se simulaban “la contratación de servicios ficticios” y que incluía una sociedad pantalla en el paraíso fiscal de Belice.
Entre las mercantiles del grupo se encontraba Aizoon, propiedad al 50% de Urdangarin y la infanta, que llegó a inscribir al jardinero o la empleada del hogar del matrimonio como trabajadores simulados de la compañía para defraudar a Hacienda en el Impuesto de Sociedades. A esta empresa, según la instrucción judicial, los entonces duques de Palma cargaron 72 muebles de lujo, entre ellos dos sofás por valor de 10.143 euros, 10 sillas de piel de 9.550 euros, un mueble-bar por 6.298 o dos cortinas de estilo japonés que les costaron 5.580 euros.
Otra empresa instrumental del entramado, Shirimiasu S.L., cobró a Nóos una factura de 34.800 euros para escoger al director del proyecto de los Juegos Europeos a pesar de que el elegido, Isidre Rigau, fue propuesto por Urdangarin sin proceso de selección alguno.
Para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados, el tribunal escuchará a un total de 363 testigos, entre los que figuran dos exjefes de la Casa Real (Alberto Aza y Fernando Almansa), un exvicepresidente del Gobierno (el ahora multiimputado Rodrigo Rato) y un exministro de Justicia (Alberto Ruiz-Gallardón). También comparecerán con la obligación de decir la verdad los populares Francisco Camps, Rita Barberá, Esteban González Pons, Ana Botella y Manuel Cobo y los socialistas Jaime Lissavetzky y Marina Geli. Unos y otros tuvieron que tratar con el campeón de balonmano que, a pesar del paraguas de la familia real, se empeñó en hacerse rico.
A la reunión de Marivent también acudió el entonces presidente de Baleares, Jaume Matas, que acompañó a Ballester, director general de Deportes del gobierno autonómico, por la relevancia de su interlocutor. Urdangarin quería que las Islas Baleares patrocinaran al equipo ciclista Banesto, que atravesaba en aquel entonces una difícil situación económica tras el anuncio del banco de retirar su patrocinio. El yerno del rey les propuso firmar un convenio que incluía contratar sin concurso previo a la empresa Nóos Consultoría Estratégica, que había montado junto a su exprofesor en ESADE y entonces socio, Diego Torres. La sociedad crearía un gabinete de prensa para el equipo, se encargaría de la organización de actos y elaboraría material promocional y una página web. Los dos políticos aceptaron.
A resultas del contrato con el equipo ciclista, que dirigían José Miguel Echávarri y Eusebio Unzue, que pasó a llamarse Illes Balears-Banesto y después Illes Balears a secas, la empresa de Urdangarin y Torres se hizo con 54.520 euros de los presupuestos públicos para el seguimiento de la repercusión del
patrocinio, 174.000 para la puesta en marcha de una “oficina del proyecto” y 116.566 para la elaboración de material promocional del conjunto, entonces liderado por los ciclistas Paco Mancebo y Alejandro Valverde.La infanta solo será juzgada como presunta colaboradora necesaria en dos delitos de fraude fiscal
En el caso de la factura por la repercusión del patrocinio, el fiscal Pedro Horrach llega a hablar de “farsa” en el escrito provisional de acusación del caso Nóos y aporta un dato: el presupuesto de la empresa a la que se subcontrató el seguimiento de noticias fue enviado el 13 de enero de 2004 y la fundación pública que lo subvencionó aprobó el gasto en una reunión que fue fechada el día anterior.
Doctrina Botín para la infanta
Urdangarin y Torres, enfrentados durante los cinco años de instrucción por la constante filtración de correos por parte del segundo que pretendían implicar a la Casa Real en las actividades del Instituto Nóos, se sentarán en el banquillo de los acusados junto a sus esposas, otros familiares y los políticos que autorizaron los dispendios. En total 18 procesados que se enfrentan en conjunto a penas de 200 años de cárcel.La infanta Cristina lo hará en contra del criterio de la Fiscalía, que la considera partícipe a título lucrativo de los beneficios de 837.683 euros que la sociedad
Aizoon, que compartía con su marido, obtuvo presuntamente de forma ilícita. A pesar de que el juez Castro llegó a imputar a la hermana del rey Felipe por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos, la Audiencia de Palma únicamente la juzgará como cooperadora necesaria en dos delitos de fraude fiscal que habría cometido su marido en los ejercicios de 2007 y 2008 y de los que solo le acusa la acción popular de Manos Limpias.
En las cuestiones previas del juicio, el tribunal, formado por las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Nobelda, deberá decidir si aparta a la infanta del banquillo de los acusados en aplicación de la denominada doctrina Botín, establecida por el Supremo en 2007 y que impide juzgar por un delito que tiene perjudicado directo cuando no acusan ni la Fiscalía ni la víctima directa, en este caso la Hacienda Pública, representada por la Abogacía del Estado. En 2008 el Alto Tribunal matizó esta posición con la doctrina Atutxa, que avala la acción en solitario de la acusación popular cuando se perjudica el interés general.
Las magistradas tendrán que determinar, por tanto, si el delito contra la Hacienda Pública afecta a los intereses generales, como entendió el juez Castro, o al organismo tributario como acusación particular, como sostiene la defensa de la Infanta.
Durante el juicio, programado hasta el 30 de junio en las dependencias que la Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP) tiene en el polígono Son Rossinyol de Palma, se medirán las distintas estrategias de los acusados. Como avanzaron en sus escritos de defensa, la infanta jugará su baza de la doctrina Botín y, en caso de que finalmente tenga que ser juzgada, alegará que desconocía las actividades de su marido. Urdangarin, por su parte, descargará la responsabilidad en los políticos que autorizaron los gastos y Torres solicitará la nulidad de la instrucción y defenderá que las actividades de Nóos eran toleradas por la Casa Real.
Vendedores de humo
El Instituto Nóos, que en palabras del fiscal Horrach se dedicaba a “vender humo”, se creó el 5 de abril de 1999 como una “entidad sin ánimo de lucro” que, con un capital inicial de 100.000 pesetas, tenía el objetivo de realizar “investigaciones de interés general” para implantar “estrategias de patrocinio, mecenazgo y responsabilidad social”.Sin embargo, la asociación y sus empresas satélites pusieron en marcha un lucrativo negocio que, según un informe de Hacienda, les proporcionó una cartera de 103 clientes públicos y privados que desembolsaron 16 millones de euros de 2002 a 2010. Entre 2004 y 2007, en el trienio de esplendor y derroche que vivió España en la antesala de la crisis económica, la sociedad facturó 5,8 millones de euros provenientes de fondos públicos que fueron aportados por los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana y los ayuntamientos de Valencia y Madrid, según detalla el escrito del Ministerio Público.
En 2005 el Instituto Nóos recogió el testigo de la consultoría estratégica y organizó entre los días 22 y 24 de noviembre un congreso denominado Illes Balears Forum, concebido como “una cumbre mundial de dirigentes políticos, representantes deportivos, empresarios e intelectuales reunidos para reflexionar
sobre los grandes eventos deportivos y ver cómo el deporte puede ser aprovechado por los distintos territorios para fomentar la industria del turismo”.La Audiencia de Palma sentenciará sobre el entramado societario que Urdangarin montó para hacerse rico
Para su puesta en marcha, la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), ambos dependientes del gobierno de las islas, donaron 1,2 millones de euros a Nóos para la organización del primer certamen, celebrado en 2005, y algo más de un millón para la segunda edición, que tuvo lugar al año siguiente. En el primer evento, según el fiscal, se desviaron irregularmente 736.726 euros y en el segundo, 618.274.
El fiscal también considera irregulares los tres pagos de 1.044.000 euros que se abonaron, como concepto de “canon”, por cada una de las tres ediciones de la “cumbre internacional sobre ciudades y deporte” Valencia Summit, que adjudicaron la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), dependiente de la Generalitat valenciana, y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, participada por el Ayuntamiento de Valencia.
Los congresos, que en el mayor de los casos apenas costaron a los organizadores 160.000 euros, se celebraron después de que Urdangarin expusiera el proyecto personalmente al entonces presidente regional, Francisco Camps, y a la alcaldesa, Rita Barberá, a los que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que les investigó por su condición de diputados aforados, exoneró de responsabilidad penal. Según Torres, uno de esos encuentros preparatorios se produjo en el palacio de la Zarzuela.
A estos gastos hay que añadir los 382.203 euros que el gobierno de Camps pagó a Nóos por la preparación de la candidatura de los primeros Juegos Europeos, que nunca se llegaron a celebrar. El 27 de septiembre de 2005, desde la tribuna de las Cortes Valencianas, el expresidente vaticinó que en el evento, “inédito a escala europea”, concurrirían 35 países y que su gobierno había previsto unas inversiones de más de 400 millones de euros en instalaciones deportivas en Alicante, Castellón y Valencia. De haberse realizado, los juegos habrían supuesto al Instituto Nóos unos ingresos de seis millones de euros en 2006 y 2007. Nada de lo anunciado por Camps se llevó a la práctica.
En 2007, presionado por el asesor jurídico del rey Juan Carlos, José Manuel Romero, conde de Fontao, que actuó alertado por los “rumores sobre las actividades inconvenientes” de Nóos, Urdangarin simuló la salida del Instituto y vendió sus acciones, según el fiscal Horrach. Sin embargo, el entramado continuó funcionando y los socios ordenaron la constitución de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, que recibió pagos por valor de 114.000 euros de la Fundación Madrid 16, impulsada por el Ayuntamiento de la capital que entonces dirigía Alberto Ruiz-Gallardón. El gasto se justificaba en la realización de labores de asesoría y lobby para influir en los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) a fin de que eligieran a la capital como sede de los Juegos Olímpicos de 2016, que finalmente se celebrarán en Río de Janeiro.
Sin seguimiento ni control
Todos estos contratos se adjudicaron, según la Fiscalía Anticorrupción, mediante la figura “fraudulenta” del convenio de colaboración y sin la apertura del “expediente o procedimiento administrativo” correspondiente. Tampoco se justificó “la utilidad o interés público” de los acuerdos ni se comprobó si los servicios prestados se ajustaban al “precio de mercado”. Nadie se preocupó de realizar un seguimiento de los mismos. Para el congreso balear de 2005, por ejemplo, se destinaron 120.000 euros a “honorarios de los ponentes”, aunque solo se aportaron facturas para tres de ellos por poco más de 15.000 euros. Los contratos constituyen “un atentado frontal a los principios básicos que deben regir el uso de fondos públicos”, asegura el fiscal Horrach.Para desviar los fondos, obtenidos gracias a “unos precios totalmente desproporcionados para los servicios que prestaba a la Administración pública”, el Instituto Nóos creó, según la acusación pública, un entramado societario mediante el que se simulaban “la contratación de servicios ficticios” y que incluía una sociedad pantalla en el paraíso fiscal de Belice.
Entre las mercantiles del grupo se encontraba Aizoon, propiedad al 50% de Urdangarin y la infanta, que llegó a inscribir al jardinero o la empleada del hogar del matrimonio como trabajadores simulados de la compañía para defraudar a Hacienda en el Impuesto de Sociedades. A esta empresa, según la instrucción judicial, los entonces duques de Palma cargaron 72 muebles de lujo, entre ellos dos sofás por valor de 10.143 euros, 10 sillas de piel de 9.550 euros, un mueble-bar por 6.298 o dos cortinas de estilo japonés que les costaron 5.580 euros.
Otra empresa instrumental del entramado, Shirimiasu S.L., cobró a Nóos una factura de 34.800 euros para escoger al director del proyecto de los Juegos Europeos a pesar de que el elegido, Isidre Rigau, fue propuesto por Urdangarin sin proceso de selección alguno.
Para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados, el tribunal escuchará a un total de 363 testigos, entre los que figuran dos exjefes de la Casa Real (Alberto Aza y Fernando Almansa), un exvicepresidente del Gobierno (el ahora multiimputado Rodrigo Rato) y un exministro de Justicia (Alberto Ruiz-Gallardón). También comparecerán con la obligación de decir la verdad los populares Francisco Camps, Rita Barberá, Esteban González Pons, Ana Botella y Manuel Cobo y los socialistas Jaime Lissavetzky y Marina Geli. Unos y otros tuvieron que tratar con el campeón de balonmano que, a pesar del paraguas de la familia real, se empeñó en hacerse rico.