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Política
El Gobierno concede seis canales de televisión a dos meses de las elecciones
El reparto preelectoral de las licencias televisivas se ha realizado de acuerdo a un concurso oscuro y sin garantías de independencia
Juan Luis Gallego
- 23/10/2015
- Número 6
Plató de televisión. ISTOCK
Entre el 1 y el 4 de diciembre de 2014, delegaciones de varias organizaciones internacionales encargadas de velar por la libertad de prensa visitaron España. Tras mantener más de 30 reuniones con representantes de los medios de comunicación, la sociedad civil y el Gobierno, vertieron sus conclusiones en un informe editado por el Instituto Internacional de la Prensa en el que, entre los “desafíos” para la libertad de prensa en España, considera “insuficientes” las “garantías de independencia en la regulación y otorgamiento de licencias para la radiodifusión. En contraste con la normativa europea —explica el informe— España carece de un organismo regulador independiente de carácter nacional y especializado en la radiodifusión, a pesar de contar con una ley aprobada en 2010 que prevé, precisamente, la constitución de dicho órgano (…). Las licencias para la radiodifusión —concluye en su denuncia— son asignadas directamente por el Gobierno”.
Es lo que acaba de hacer el Gobierno: conceder seis nuevas licencias de televisión —tres de alta definición y otras tres estándar— tras un oscuro concurso cuyo resultado solo ha satisfecho a los elegidos. Como siempre. Porque el modelo no lo ha inventado, ni mucho menos, el PP. Basada en la discrecionalidad, la concesión de canales de televisión lleva suscitando críticas y provocando las mismas sospechas de parcialidad desde que las privadas recalaron en España y pusieron fin al monopolio de RTVE, allá por 1990. Sin embargo, que la decisión tomada ahora se produzca a dos meses de las elecciones generales —previstas para el 20 de diciembre—, con la precampaña ya en marcha, ha agravado los ataques de quienes consideran que se ha convertido en un arma para tapar bocas y premiar adhesiones.
De que el panorama televisivo resultante de esta concesión será más agradable para el PP no caben dudas. Los agraciados son los dos grandes grupos televisivos, Mediaset (propietaria de Cuatro y Tele 5) y Atresmedia (dueña de Antena 3 TV y La Sexta); Real Madrid TV, del presidente del club blanco y magnate de la construcción Florentino Pérez; 13 TV, de la Cadena Cope, propiedad de la Conferencia Episcopal; el grupo de comunicación y contenidos audiovisuales Secuoya, que entre otros proyectos gestiona la televisión pública de Murcia, comunidad gobernada por el PP, y Radio Blanca (Kiss Media), del empresario Blas Herrero. Los tres primeros se llevan los canales de alta definición; los otros tres, los de calidad estándar. Fuera han quedado el grupo Prisa (propietaria de El País y la Cadena Ser), que ha denunciado la adjudicación ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y está dispuesta a llegar hasta el Tribunal Supremo y la Comisión Europea; Vocento (con el diario ABC como su principal bandera), que está valorando los pasos a seguir, y el Corte Inglés.
Blas Herrero, el dueño de Radio Blanca —que engloba Kiss TV y las emisoras Kiss FM y Hit FM— es un empresario asturiano bien relacionado políticamente, con contactos de uno y otro signo, que ha tenido entre sus asesores de negocio a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, a quien estuvo pagando 12.000 euros al mes por sus servicios, según El Confidencial. PR Noticias publicó que en 2014 Kiss FM perdió 1,3 millones de euros. La misma versatilidad en sus contactos podría atribuírsele a Florentino Pérez, pero la relación de su empresa ACS con algunas administraciones del PP es, o lo ha sido en el caso de Madrid, especialmente fluida.
El grupo de comunicación Secuoya, por su parte, tuvo durante tres años, hasta febrero de 2014, a Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz de los gobiernos de José María Aznar, en su consejo de administración. Aunque entre su amplia cartera de clientes, detallada en su página web, se encuentran televisiones de todos los colores, a principios de 2015 resultó adjudicataria de un suculento contrato para gestionar la televisión pública murciana, comunidad gobernada por el PP, durante los próximos tres años, prorrogables otros tres, por un total de 60 millones de euros.
Otra certeza se desprende del resultado del concurso: la reafirmación del poder de Mediaset y Atresmedia en el panorama televisivo español. Sus dos nuevos canales se sumarán a los 11 que ya explotan en total: Telecinco, Cuatro, FDF, Boing, Divinity y Energy en el primer caso, y Antena 3, La Sexta, Neox, Nova y Mega en el segundo. Ambos grupos acaparan casi el 60% de la audiencia y, lo que es peor para la competencia, más del 80% de la inversión publicitaria en el sector. Bien es cierto que ambos fueron especialmente damnificados por la decisión del Tribunal Supremo de anular concesiones ordenadas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sentencia que el PP ejecutó en 2014 obligando a cerrar Nitro, Xplora, laSexta3, La Siete y Nueve, además de canales de teletienda y de pago.
Esta concentración es uno de los argumentos principales utilizados por Prisa para oponerse a las concesiones, que ha pedido que se suspenda cautelarmente la adjudicación hasta que se resuelvan sus alegaciones. A su juicio, otorgar más canales a Mediaset y Atresmedia crearía “un riesgo de abuso de posición dominante” e iría en contra no solo de diversas directivas y tratados de la Unión Europea, sino también de las propias bases del concurso, que abogan por la competencia y el pluralismo. Estas mismas bases, añade, descalificarían también al canal concedido al Real Madrid.
Precisamente, esta fue la única cuestión a la que se tuvo que enfrentar el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el pasado 16 de octubre en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que anunció las adjudicaciones: “¿Un canal de televisión de ámbito estatal para un club de fútbol?”, le preguntaron. El ministro contestó que las condiciones del concurso —convocado el 18 de abril— han sido “exactamente las mismas” para los licitadores y que “a todos se les ha valorado de acuerdo con los mismos criterios”. Y se defendió de las críticas: la discrecionalidad del Consejo de Ministros en este ámbito “es cero”, dijo, “porque esto viene directamente así de la mesa técnica y es muy bueno que esto sea así”.
Lo que pasa es que los componentes de esa mesa, nueve en total, son casi en su totalidad altos cargos del ministerio. Presidida por el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, incluye en su composición al secretario general técnico del ministerio, al director general de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y al director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, además de a otros tres subdirectores generales del ministerio y un abogado del Estado y un interventor adscritos ambos al ministerio. Es decir, se disfrace como se quiera, es el Ministerio el que decide y, por tanto, el Gobierno. Y lo hace, además, mediante unos baremos más que abiertos a la subjetividad y que permiten evaluar, por ejemplo, entre 0 y 150 en qué medida un solicitante contribuirá a la “expresión libre y pluralista de ideas y corrientes de opinión”, entre 0 y 120 si satisfará o no “las diversas demandas e intereses plurales de los ciudadanos” y entre 0 y 90 su programación, además de otros aspectos como su estrategia corporativa, su propuesta técnica o su viabilidad económica.
Paco Audije, periodista y miembro del Comité Director de la Federación Europea de Periodistas (FEP o EPJ en sus siglas en inglés), formó parte de las delegaciones que visitaron España para evaluar el estado de la libertad de prensa. En declaraciones a AHORA se mostró partidario de que en la adjudicación de licencias de televisión primen, sobre todo, “criterios técnicos y sociales”, dejando en un segundo plano los económicos, y “dejen de ser un premio para grupos próximos al gobierno de turno”. Destacó, además, el “agravante” que supone que en este caso se produzca en plena campaña electoral, “lo que ilustra el carácter nefasto” de esta concesión.
En esta ocasión el pliego del concurso parece poner trabas a la posibilidad de que el adjudicatario alquile la licencia a un tercero, al afirmar que está obligado a “prestar directamente el servicio objeto de la licencia”. Es este, de hecho, uno de los aspectos que, según diversos análisis, podría haber dañado las aspiraciones de Prisa, que ya fue beneficiada en su día con una licencia, la que permitió la aparición de Cuatro, y que la vendió. Desde el grupo han renunciado a contestar a este argumento, remitiéndose como postura oficial al comunicado en el que se anunciaba la presentación de alegaciones y a las recientes manifestaciones realizadas por el presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, en un acto del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en el que criticó la “injerencia totalmente abusiva” que han practicado y practican los diferentes gobiernos españoles en el mercado de la televisión y calificó de “desaguisado máximo” adjudicar licencias de televisión en campaña electoral.
Fuentes de Vocento, grupo al que se ha acusado también de no explotar directamente las dos licencias que ya tienen, explican que su situación es diferente a la de Prisa. La realidad es que las licencias pertenecen a Net TV, sociedad de la que Vocento tiene algo más del 50% y en la que Disney e Intereconomía se reparten el resto. Disney opera uno de esos dos canales, Disney Channel, y en el otro, Paramount Channel es un simple gestor de contenidos. No hay por tanto alquiler a terceros, afirman.
A su juicio, el reparto del espectro de la TDT decidido por el Gobierno vuelve a ignorar a este tipo de medios, pese a que la Ley General de Comunicación Audiovisual obliga a las administraciones públicas a garantizar la “disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario” para la prestación de sus servicios. Paco Audije, de la Federación Europea de Periodistas, defiende que la regulación del sector no favorezca solo a los grandes grupos económicos y priorice los criterios sociales dando así cabida a este tipo de medios.
No parece que las cosas vayan a ir por ahí. Eldiario.es desveló la semana pasada la existencia de un informe interno de Industria en el que se propone acabar con este tipo de televisiones y radios comunitarias y, aunque se advierte del rechazo que provocaría en los partidos de “extrema izquierda”, se adelanta la excusa técnica: “Escasez de frecuencia y posibilidades internet y medios digitales” (sic). En definitiva, que como explicaba el ministerio en la convocatoria del concurso para adjudicar los seis canales de TDT, el dominio público radioeléctrico es un “recurso escaso”. Pero, a tenor de lo visto, unos caben mejor que otros.
Es lo que acaba de hacer el Gobierno: conceder seis nuevas licencias de televisión —tres de alta definición y otras tres estándar— tras un oscuro concurso cuyo resultado solo ha satisfecho a los elegidos. Como siempre. Porque el modelo no lo ha inventado, ni mucho menos, el PP. Basada en la discrecionalidad, la concesión de canales de televisión lleva suscitando críticas y provocando las mismas sospechas de parcialidad desde que las privadas recalaron en España y pusieron fin al monopolio de RTVE, allá por 1990. Sin embargo, que la decisión tomada ahora se produzca a dos meses de las elecciones generales —previstas para el 20 de diciembre—, con la precampaña ya en marcha, ha agravado los ataques de quienes consideran que se ha convertido en un arma para tapar bocas y premiar adhesiones.
Mediaset y Atresmedia acaparan el 60% de la audiencia y el 80% de la inversión publicitaria en el sector audiovisual
De que el panorama televisivo resultante de esta concesión será más agradable para el PP no caben dudas. Los agraciados son los dos grandes grupos televisivos, Mediaset (propietaria de Cuatro y Tele 5) y Atresmedia (dueña de Antena 3 TV y La Sexta); Real Madrid TV, del presidente del club blanco y magnate de la construcción Florentino Pérez; 13 TV, de la Cadena Cope, propiedad de la Conferencia Episcopal; el grupo de comunicación y contenidos audiovisuales Secuoya, que entre otros proyectos gestiona la televisión pública de Murcia, comunidad gobernada por el PP, y Radio Blanca (Kiss Media), del empresario Blas Herrero. Los tres primeros se llevan los canales de alta definición; los otros tres, los de calidad estándar. Fuera han quedado el grupo Prisa (propietaria de El País y la Cadena Ser), que ha denunciado la adjudicación ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y está dispuesta a llegar hasta el Tribunal Supremo y la Comisión Europea; Vocento (con el diario ABC como su principal bandera), que está valorando los pasos a seguir, y el Corte Inglés.
Medios afines
La afinidad de cuatro de los adjudicatarios al partido del Gobierno parece evidente. Indiscutible en el caso de 13 TV. Este canal, que tiene en su programación tertulias como El Cascabel, presentada por Antonio Jiménez, y Más claro agua, con Isabel Durán, y un informativo, Al día, conducido por Alfredo Urdaci, ataca a todo lo que se mueva a la izquierda del PP con la misma vehemencia con la que defiende sus políticas. La concesión de un canal propio de ámbito nacional a esta cadena católica puede tener efectos similares a los de un milagro: hasta ahora emitía a través de una licencia propiedad de Unidad Editorial (dueña, entre otros medios, del diario El Mundo) que los obispos tienen alquilada por una cantidad que algunos medios cifran entre 2 y 2,3 millones de euros anuales y que a partir de ahora se ahorrarán, una forma de paliar unas pérdidas que, según PR noticias, superan los 34 millones de euros en los últimos tres años.Blas Herrero, el dueño de Radio Blanca —que engloba Kiss TV y las emisoras Kiss FM y Hit FM— es un empresario asturiano bien relacionado políticamente, con contactos de uno y otro signo, que ha tenido entre sus asesores de negocio a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, a quien estuvo pagando 12.000 euros al mes por sus servicios, según El Confidencial. PR Noticias publicó que en 2014 Kiss FM perdió 1,3 millones de euros. La misma versatilidad en sus contactos podría atribuírsele a Florentino Pérez, pero la relación de su empresa ACS con algunas administraciones del PP es, o lo ha sido en el caso de Madrid, especialmente fluida.
El grupo de comunicación Secuoya, por su parte, tuvo durante tres años, hasta febrero de 2014, a Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz de los gobiernos de José María Aznar, en su consejo de administración. Aunque entre su amplia cartera de clientes, detallada en su página web, se encuentran televisiones de todos los colores, a principios de 2015 resultó adjudicataria de un suculento contrato para gestionar la televisión pública murciana, comunidad gobernada por el PP, durante los próximos tres años, prorrogables otros tres, por un total de 60 millones de euros.
Otra certeza se desprende del resultado del concurso: la reafirmación del poder de Mediaset y Atresmedia en el panorama televisivo español. Sus dos nuevos canales se sumarán a los 11 que ya explotan en total: Telecinco, Cuatro, FDF, Boing, Divinity y Energy en el primer caso, y Antena 3, La Sexta, Neox, Nova y Mega en el segundo. Ambos grupos acaparan casi el 60% de la audiencia y, lo que es peor para la competencia, más del 80% de la inversión publicitaria en el sector. Bien es cierto que ambos fueron especialmente damnificados por la decisión del Tribunal Supremo de anular concesiones ordenadas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sentencia que el PP ejecutó en 2014 obligando a cerrar Nitro, Xplora, laSexta3, La Siete y Nueve, además de canales de teletienda y de pago.
Esta concentración es uno de los argumentos principales utilizados por Prisa para oponerse a las concesiones, que ha pedido que se suspenda cautelarmente la adjudicación hasta que se resuelvan sus alegaciones. A su juicio, otorgar más canales a Mediaset y Atresmedia crearía “un riesgo de abuso de posición dominante” e iría en contra no solo de diversas directivas y tratados de la Unión Europea, sino también de las propias bases del concurso, que abogan por la competencia y el pluralismo. Estas mismas bases, añade, descalificarían también al canal concedido al Real Madrid.
Precisamente, esta fue la única cuestión a la que se tuvo que enfrentar el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el pasado 16 de octubre en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que anunció las adjudicaciones: “¿Un canal de televisión de ámbito estatal para un club de fútbol?”, le preguntaron. El ministro contestó que las condiciones del concurso —convocado el 18 de abril— han sido “exactamente las mismas” para los licitadores y que “a todos se les ha valorado de acuerdo con los mismos criterios”. Y se defendió de las críticas: la discrecionalidad del Consejo de Ministros en este ámbito “es cero”, dijo, “porque esto viene directamente así de la mesa técnica y es muy bueno que esto sea así”.
Lo que pasa es que los componentes de esa mesa, nueve en total, son casi en su totalidad altos cargos del ministerio. Presidida por el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, incluye en su composición al secretario general técnico del ministerio, al director general de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y al director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, además de a otros tres subdirectores generales del ministerio y un abogado del Estado y un interventor adscritos ambos al ministerio. Es decir, se disfrace como se quiera, es el Ministerio el que decide y, por tanto, el Gobierno. Y lo hace, además, mediante unos baremos más que abiertos a la subjetividad y que permiten evaluar, por ejemplo, entre 0 y 150 en qué medida un solicitante contribuirá a la “expresión libre y pluralista de ideas y corrientes de opinión”, entre 0 y 120 si satisfará o no “las diversas demandas e intereses plurales de los ciudadanos” y entre 0 y 90 su programación, además de otros aspectos como su estrategia corporativa, su propuesta técnica o su viabilidad económica.
Paco Audije, periodista y miembro del Comité Director de la Federación Europea de Periodistas (FEP o EPJ en sus siglas en inglés), formó parte de las delegaciones que visitaron España para evaluar el estado de la libertad de prensa. En declaraciones a AHORA se mostró partidario de que en la adjudicación de licencias de televisión primen, sobre todo, “criterios técnicos y sociales”, dejando en un segundo plano los económicos, y “dejen de ser un premio para grupos próximos al gobierno de turno”. Destacó, además, el “agravante” que supone que en este caso se produzca en plena campaña electoral, “lo que ilustra el carácter nefasto” de esta concesión.
Cuatro de los beneficiarios del reparto discrecional de canales son afines ideológicamente al PP
En esta ocasión el pliego del concurso parece poner trabas a la posibilidad de que el adjudicatario alquile la licencia a un tercero, al afirmar que está obligado a “prestar directamente el servicio objeto de la licencia”. Es este, de hecho, uno de los aspectos que, según diversos análisis, podría haber dañado las aspiraciones de Prisa, que ya fue beneficiada en su día con una licencia, la que permitió la aparición de Cuatro, y que la vendió. Desde el grupo han renunciado a contestar a este argumento, remitiéndose como postura oficial al comunicado en el que se anunciaba la presentación de alegaciones y a las recientes manifestaciones realizadas por el presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, en un acto del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en el que criticó la “injerencia totalmente abusiva” que han practicado y practican los diferentes gobiernos españoles en el mercado de la televisión y calificó de “desaguisado máximo” adjudicar licencias de televisión en campaña electoral.
Fuentes de Vocento, grupo al que se ha acusado también de no explotar directamente las dos licencias que ya tienen, explican que su situación es diferente a la de Prisa. La realidad es que las licencias pertenecen a Net TV, sociedad de la que Vocento tiene algo más del 50% y en la que Disney e Intereconomía se reparten el resto. Disney opera uno de esos dos canales, Disney Channel, y en el otro, Paramount Channel es un simple gestor de contenidos. No hay por tanto alquiler a terceros, afirman.
Escaso dominio público
Esta batalla de grandes empresas, cifras millonarias y movimientos estratégicos se ha cobrado también daños colaterales. Los llamados medios comunitarios, como se denomina a los impulsados por organizaciones sociales, asociaciones o movimientos vecinales sin ánimo de lucro y centrados en el servicio y la participación ciudadanas, ni siquiera han sido tenidos en cuenta. De hecho, la Red de Medios Comunitarios (ReMC), junto a la catalana RTV Cardedeu y la madrileña TeleK —en la que Pablo Iglesias inició el programa La Tuerka antes de dar el salto a la política de la mano de Podemos—, ya presentó en su día un recurso contra la convocatoria del concurso por entender que sus bases son “discriminatorias y excluyen a las televisiones comunitarias”.A su juicio, el reparto del espectro de la TDT decidido por el Gobierno vuelve a ignorar a este tipo de medios, pese a que la Ley General de Comunicación Audiovisual obliga a las administraciones públicas a garantizar la “disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario” para la prestación de sus servicios. Paco Audije, de la Federación Europea de Periodistas, defiende que la regulación del sector no favorezca solo a los grandes grupos económicos y priorice los criterios sociales dando así cabida a este tipo de medios.
No parece que las cosas vayan a ir por ahí. Eldiario.es desveló la semana pasada la existencia de un informe interno de Industria en el que se propone acabar con este tipo de televisiones y radios comunitarias y, aunque se advierte del rechazo que provocaría en los partidos de “extrema izquierda”, se adelanta la excusa técnica: “Escasez de frecuencia y posibilidades internet y medios digitales” (sic). En definitiva, que como explicaba el ministerio en la convocatoria del concurso para adjudicar los seis canales de TDT, el dominio público radioeléctrico es un “recurso escaso”. Pero, a tenor de lo visto, unos caben mejor que otros.