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Política
Las causas judiciales cercan a Rato
En tres años, el exvicepresidente ha pasado de ser un respetado factótum financiero que dirigía el cuarto banco del país a un multiimputado sobre el que pende la amenaza de la cárcel por varios presuntos delitos
Alfonso Pérez Medina
- 06/11/2015
- Número 8
Rato, cuando era director gerente del Fondo Monetario Internacional. Aude Guerrucci / Contacto
El 20 de julio de 2011 Rodrigo de Rato y Figaredo (Madrid, 1949) brindaba en la Bolsa de Madrid para celebrar la salida a bolsa de Bankia, que debutó en el parqué después de que su presidente oficiara el tradicional toque de campana y se dejara fotografiar sonriente y con el pulgar en alto. El 16 de abril de 2015 ese mismo hombre era detenido e introducido en un coche por un agente del Servicio de Vigilancia Aduanera, que le empujó colocándole la mano en el cogote. En los 1.366 días que separan estas dos escenas el que fue vicepresidente del Gobierno de España con José María Aznar, ministro de Economía y Hacienda, director-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y doctor honoris causa por las universidades de Alicante y Rey Juan Carlos de Madrid ha sido expulsado de la élite financiera, dado de baja en el partido en el que militó durante más de 35 años e imputado en tres causas judiciales por delitos que sumarían decenas de años de cárcel.
El día del debut bursátil Rato calificó el proyecto de Bankia de “ambicioso, relevante y transformador” y se mostró convencido de que, con su “enorme potencial”, la entidad contribuiría a ejercer “un papel dinamizador de la economía española”. “Seguros de ello, hemos llegado hasta aquí con éxito y nos preparamos para exigirnos más, lo que sin duda tendrá reflejo en la acción”, proclamó.
La principal prueba con la que tendrá que lidiar la defensa del exvicepresidente, dirigida por el penalista Ignacio Ayala, de cara a un próximo juicio oral es el informe pericial elaborado por dos expertos independientes del Banco de España que concluye que “los estados financieros de BFA incluidos en el folleto de emisión no expresaban la imagen fiel de la entidad”.
Un año antes de que Rato brindara por la salida a bolsa de Bankia, el Congreso aprobó una reforma del Código Penal para perseguir a quienes, como “administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores, falsearan la información económica financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros con el propósito de captar inversores o depositantes”. La disposición, recogida en el artículo 282 bis, señala que “si el perjuicio causado fuera de notoria gravedad”, la pena a imponer sería de entre uno y seis años de prisión.
A la espera de que finalice la instrucción y el juez decida si dicta o no el auto de procesamiento, Rato depositó el 11 de junio pasado, junto con el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas, el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y el ex consejero delegado Francisco Verdú, una fianza solidaria de 22,7 millones de euros que serviría para cubrir las indemnizaciones que pudieran establecerse en la sentencia una vez que sea firme. La totalidad de la cuantía fue aportada por las aseguradoras Liberty y Torus. Los 11,36 millones restantes, hasta cubrir los 34,05 millones que fijó la Sala de lo Penal tras rebajar la fianza inicial de 800 millones que había impuesto el juez Andreu, los aportaron Bankia y BFA. A finales de octubre se rebajó en otros 541.192 euros por un error de cálculo.
El segundo frente judicial es una pieza separada del caso Bankia en la que se investiga el uso de las denominadas tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, los plásticos opacos al fisco que los directivos de estas entidades se asignaron y en los que cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. Los cargos pasaron inadvertidos para los órganos de control al asignarse a una cuenta llamada de quebrantos, en la que se contabilizaba el dinero de las tarjetas robadas a los usuarios. Rato fue imputado indiciariamente, junto a otros 77 exdirectivos de Caja Madrid, por administración desleal y apropiación indebida.
En su declaración ante el juez, el 16 de octubre de 2014, Rato aseguró que las tarjetas investigadas eran “transparentemente nítidas” y confesó su sorpresa cuando se enteró de que no habían sido objeto de una retención fiscal. “Si lo hubiera sabido, lo hubiera cambiado, no lo hubiera dejado así”, señaló. En esta causa tuvo que afrontar una fianza civil de tres millones de euros, correspondientes al periodo en el que presidió Caja Madrid y Bankia y muy inferior a los 16 millones que se asignó a su antecesor en el cargo, Miguel Blesa. La cubrió con un aval del Banco Sabadell.
Durante los dos años que permaneció al frente de las dos entidades, Rato cargó 44.217,47 euros a la tarjeta black de Caja Madrid y 54.837,12 a la de Bankia, aunque devolvió esta última cuantía antes de que estallara el escándalo. La documentación incorporada a la causa pone de relieve que Rato fue 17 veces al cajero entre el 22 de febrero de 2012, mes en el que comenzaron los rumores sobre la inestabilidad de Bankia, y el 5 de mayo de ese año, dos días antes de que se produjera su dimisión como presidente y su sustitución por José Ignacio Goirigolzarri. Los extractos bancarios también demuestran que cargó a su tarjeta black 1.849,23 euros entre el 23 y 26 de febrero de 2011 en cuatro pagos consecutivos que aparecen consignados con la referencia “clubs, salas de fiestas, pubs, discotecas y bares”. Los gastos cada noche rondaron los 460 euros.
Estos cargos se produjeron durante los días en que se anunció que Bankia sería el nombre del Sistema Institucional de Protección (SIP) de las siete cajas de ahorros que formaron la entidad y se produjo el nombramiento de 53 nuevos directivos que completaron los puestos clave de la Dirección General de Negocio. Unos días después, Rato apelaba a la necesidad de que Bankia saliera a bolsa.
El gasto más alto se produjo el 27 de marzo de 2011, cuando destinó 3.547,19 euros a la compra de bebidas alcohólicas. También empleó 2.439 euros de la caja en un tienda de antigüedades y objetos de arte, 2.086 euros en una agencia de viajes o 1.204 euros en una tienda de informática. Rato también utilizó este medio de pago para sufragar su propia cesta de la compra: 44,10 euros en Frutas Félix Vázquez (el 13 de marzo de 2010), 31,09 euros en el Mercadona de Villarejo de Salvanés (el 24 de julio de 2010) y 30,12 más en la carnicería Somio (el 17 de agosto de 2010).
Por orden de un juez de guardia, Rato permaneció detenido el pasado 16 de abril durante cuatro horas, el tiempo que necesitaron los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Hacienda, para registrar su domicilio y su despacho. Solo dos días antes trascendió que era uno de los 705 contribuyentes que estaban siendo investigados por blanqueo tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012.
Las pesquisas también han aflorado supuestas comisiones por valor de 835.000 euros que Rato habría cobrado, siendo presidente de Bankia, a dos centrales de medios (Zenith Media y Publicis) a las que se adjudicaron dos campañas publicitarias de la entidad en los años 2011 y 2012, por importe de 46 millones de euros. Una de esas campañas animaba a los inversores de cara a la salida a bolsa y la otra exaltaba los valores del banco.
En esta causa, en la que ya hay 11 personas imputadas —entre ellas su secretaria personal y su abogado—, Rato tuvo que entregar el pasaporte. Además, debe realizar comparecencias mensuales en el juzgado y tiene que afrontar una fianza de 18 millones de euros.
A estos tres procedimientos ya en curso podría sumarse un cuarto en el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, en el que recayó una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y su mano derecha, Ildefonso Sánchez Barcoj, por los sobresueldos presuntamente irregulares que la cúpula percibió entre 2007 y 2010, con un perjuicio para la entidad de 14,8 millones de euros. A esta iniciativa, interpuesta por los delitos de apropiación indebida y administración desleal, se adhirieron el pasado febrero Manos Limpias, que se querelló contra Blesa, Sánchez Barcoj y una decena de responsables de la caja, y UPyD, que dirigió también su acusación contra Rato.
“Rato y el resto de responsables del desfalco de las cajas de ahorro acabarán en prisión. Él era un eslabón de una cadena de decisiones políticas que se tomaron en los despachos de los políticos y que han provocado un escándalo financiero con repercusión en la economía nacional”, señala a AHORA Andrés Herzog, el abogado y actual portavoz nacional de Unión Progreso y Democracia (UPyD) que presentó una de las dos querellas que permitieron abrir la primera investigación contra el exministro. La otra fue interpuesta por un grupo de activistas próximos al 15-M que se hicieron llamar 15MpaRato.
Las navidades de 2012 pusieron por primera vez a Rodrigo Rato delante de un juez en condición de imputado. El 20 de diciembre el exministro cruzó la puerta de la Audiencia Nacional para aportar su visión sobre el proceso que culminó en la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas de ahorro en el grupo Bankia y su posterior salida a bolsa. Desde julio de ese año Rato está imputado, junto a los miembros del Consejo de Administración de Bankia que impulsaron aquella operación, por los delitos de falsificación de cuentas, administración
desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. El juez investiga si la entidad, que tuvo que ser nacionalizada en mayo de 2012 y rescatada con 22.424 millones de euros del erario público, presentó a sus inversores una contabilidad falsa o al menos maquillada en el proceso de salida al parqué, en el que ofreció 824,57 millones de acciones al precio de 3,75 euros cada una. Un año después, tras la intervención del Estado, su valor se desplomó un 75% y el precio del título se situó por debajo del euro. En su primer día en bolsa la entidad vendió acciones por valor de 3.092 millones de euros, de los que 1.800 fueron adquiridos por clientes minoritarios.La Justicia investiga a Rodrigo Rato por su gestión en Bankia y por si defraudó y blanqueó en sus empresas
El día del debut bursátil Rato calificó el proyecto de Bankia de “ambicioso, relevante y transformador” y se mostró convencido de que, con su “enorme potencial”, la entidad contribuiría a ejercer “un papel dinamizador de la economía española”. “Seguros de ello, hemos llegado hasta aquí con éxito y nos preparamos para exigirnos más, lo que sin duda tendrá reflejo en la acción”, proclamó.
Rato reparte culpas
Diecisiete meses después, ya con la condición procesal de imputado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, Rato repartió culpas para justificar el fracaso de sus expectativas. Aseguró que el gobierno de Zapatero forzó la salida a bolsa de la entidad y que el de Mariano Rajoy provocó la reformulación de sus cuentas, al haber aprobado en febrero de 2012 un decreto para sanear los activos inmobiliarios en el sector financiero que obligaba a los bancos a realizar mayores provisiones. Y para rematar apuntó a la auditora Deloitte, que, según su versión, nunca cuestionó la situación global del grupo y apenas planteó salvedades en relación con la matriz de Bankia, el Banco Financiero de Ahorros (BFA).La principal prueba con la que tendrá que lidiar la defensa del exvicepresidente, dirigida por el penalista Ignacio Ayala, de cara a un próximo juicio oral es el informe pericial elaborado por dos expertos independientes del Banco de España que concluye que “los estados financieros de BFA incluidos en el folleto de emisión no expresaban la imagen fiel de la entidad”.
Un año antes de que Rato brindara por la salida a bolsa de Bankia, el Congreso aprobó una reforma del Código Penal para perseguir a quienes, como “administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores, falsearan la información económica financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros con el propósito de captar inversores o depositantes”. La disposición, recogida en el artículo 282 bis, señala que “si el perjuicio causado fuera de notoria gravedad”, la pena a imponer sería de entre uno y seis años de prisión.
A la espera de que finalice la instrucción y el juez decida si dicta o no el auto de procesamiento, Rato depositó el 11 de junio pasado, junto con el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas, el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y el ex consejero delegado Francisco Verdú, una fianza solidaria de 22,7 millones de euros que serviría para cubrir las indemnizaciones que pudieran establecerse en la sentencia una vez que sea firme. La totalidad de la cuantía fue aportada por las aseguradoras Liberty y Torus. Los 11,36 millones restantes, hasta cubrir los 34,05 millones que fijó la Sala de lo Penal tras rebajar la fianza inicial de 800 millones que había impuesto el juez Andreu, los aportaron Bankia y BFA. A finales de octubre se rebajó en otros 541.192 euros por un error de cálculo.
El segundo frente judicial es una pieza separada del caso Bankia en la que se investiga el uso de las denominadas tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, los plásticos opacos al fisco que los directivos de estas entidades se asignaron y en los que cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. Los cargos pasaron inadvertidos para los órganos de control al asignarse a una cuenta llamada de quebrantos, en la que se contabilizaba el dinero de las tarjetas robadas a los usuarios. Rato fue imputado indiciariamente, junto a otros 77 exdirectivos de Caja Madrid, por administración desleal y apropiación indebida.
En su declaración ante el juez, el 16 de octubre de 2014, Rato aseguró que las tarjetas investigadas eran “transparentemente nítidas” y confesó su sorpresa cuando se enteró de que no habían sido objeto de una retención fiscal. “Si lo hubiera sabido, lo hubiera cambiado, no lo hubiera dejado así”, señaló. En esta causa tuvo que afrontar una fianza civil de tres millones de euros, correspondientes al periodo en el que presidió Caja Madrid y Bankia y muy inferior a los 16 millones que se asignó a su antecesor en el cargo, Miguel Blesa. La cubrió con un aval del Banco Sabadell.
Durante los dos años que permaneció al frente de las dos entidades, Rato cargó 44.217,47 euros a la tarjeta black de Caja Madrid y 54.837,12 a la de Bankia, aunque devolvió esta última cuantía antes de que estallara el escándalo. La documentación incorporada a la causa pone de relieve que Rato fue 17 veces al cajero entre el 22 de febrero de 2012, mes en el que comenzaron los rumores sobre la inestabilidad de Bankia, y el 5 de mayo de ese año, dos días antes de que se produjera su dimisión como presidente y su sustitución por José Ignacio Goirigolzarri. Los extractos bancarios también demuestran que cargó a su tarjeta black 1.849,23 euros entre el 23 y 26 de febrero de 2011 en cuatro pagos consecutivos que aparecen consignados con la referencia “clubs, salas de fiestas, pubs, discotecas y bares”. Los gastos cada noche rondaron los 460 euros.
Estos cargos se produjeron durante los días en que se anunció que Bankia sería el nombre del Sistema Institucional de Protección (SIP) de las siete cajas de ahorros que formaron la entidad y se produjo el nombramiento de 53 nuevos directivos que completaron los puestos clave de la Dirección General de Negocio. Unos días después, Rato apelaba a la necesidad de que Bankia saliera a bolsa.
El exvicepresidente del gobierno ha sido expulsado de la élite financiera y del partido en el que militó 35 años
El gasto más alto se produjo el 27 de marzo de 2011, cuando destinó 3.547,19 euros a la compra de bebidas alcohólicas. También empleó 2.439 euros de la caja en un tienda de antigüedades y objetos de arte, 2.086 euros en una agencia de viajes o 1.204 euros en una tienda de informática. Rato también utilizó este medio de pago para sufragar su propia cesta de la compra: 44,10 euros en Frutas Félix Vázquez (el 13 de marzo de 2010), 31,09 euros en el Mercadona de Villarejo de Salvanés (el 24 de julio de 2010) y 30,12 más en la carnicería Somio (el 17 de agosto de 2010).
El patrimonio oculto
La tercera causa judicial contra Rato está abierta en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, aunque también podría acabar en manos del juez Andreu. A la espera de que se pronuncie el Supremo, el magistrado Antonio Serrano-Arnal investiga los movimientos que pudo realizar el exvicepresidente para ocultar su patrimonio, que podrían ser constitutivos de cinco delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.Por orden de un juez de guardia, Rato permaneció detenido el pasado 16 de abril durante cuatro horas, el tiempo que necesitaron los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente del Ministerio de Hacienda, para registrar su domicilio y su despacho. Solo dos días antes trascendió que era uno de los 705 contribuyentes que estaban siendo investigados por blanqueo tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012.
Dinero en paraísos fiscales
La investigación ha descubierto que disponía de al menos 6,5 millones de euros de origen desconocido en una sociedad (Kradonara 2001) que controlaba a través de una mercantil radicada en el paraíso fiscal de Guernsey (Reino Unido). Según él, su dinero en el extranjero procede del patrimonio familiar.Las pesquisas también han aflorado supuestas comisiones por valor de 835.000 euros que Rato habría cobrado, siendo presidente de Bankia, a dos centrales de medios (Zenith Media y Publicis) a las que se adjudicaron dos campañas publicitarias de la entidad en los años 2011 y 2012, por importe de 46 millones de euros. Una de esas campañas animaba a los inversores de cara a la salida a bolsa y la otra exaltaba los valores del banco.
En esta causa, en la que ya hay 11 personas imputadas —entre ellas su secretaria personal y su abogado—, Rato tuvo que entregar el pasaporte. Además, debe realizar comparecencias mensuales en el juzgado y tiene que afrontar una fianza de 18 millones de euros.
A estos tres procedimientos ya en curso podría sumarse un cuarto en el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, en el que recayó una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y su mano derecha, Ildefonso Sánchez Barcoj, por los sobresueldos presuntamente irregulares que la cúpula percibió entre 2007 y 2010, con un perjuicio para la entidad de 14,8 millones de euros. A esta iniciativa, interpuesta por los delitos de apropiación indebida y administración desleal, se adhirieron el pasado febrero Manos Limpias, que se querelló contra Blesa, Sánchez Barcoj y una decena de responsables de la caja, y UPyD, que dirigió también su acusación contra Rato.