La operación Hades que llevó el martes al registro de los domicilios y empresas de la familia Pujol y de varios empresarios tiene entidad propia y una dimensión casi de escándalo, por la relevancia política de Jordi Pujol y porque apunta a un entramado político-empresarial para el enriquecimiento de unos y otros, con concesiones amañadas y comisiones que iban tanto al partido, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), como a bolsillos privados. Es uno más de los casos judiciales que atenazan a Convergència. Pero el que señala más directamente al corazón del partido, incluyendo el periodo en el que Artur Mas había sustituido a Pujol en la presidencia, es la llamada operación Petrum, la del cobro de comisiones.
Todo empezó en 2012. Montserrat Gasull, entonces concejal, de ERC en Torredembarra (Tarragona), denunció en el juzgado al alcalde Daniel Massaguer (CiU) por otorgar contratos sin control. Esto llevó al registro del Ayuntamiento y de la sede de la empresa Teyco, y de ahí al registro de la sede de Convergència y de la de su fundación, CatDem, el pasado verano. La tercera fase empezó hace unos días, con un segundo registro de la sede de CDC y la detención de su tesorero, Albert Viloca, para quien el juez ha decretado prisión provisional sin fianza. También fue registrada la sede de Infraestructures, principal empresa pública de la Generalitat, adjudicataria de obras. Su director, Joan Antoni Rossell, pidió a un conocido que guardara unas cajas con documentos, pero este decidió entregarlas a la Guardia Civil, que ha empezado a analizarlos.
El hilo conductor de la historia es la familia Sumarroca, propietaria de la empresa Teyco. En ella encontró el juez muchos documentos que la vinculaban al supuesto pago de comisiones a CDC cuando ordenó un registro buscando papeles sobre un aparcamiento en Torredembarra. Había material sobre ese y sobre otros 14 municipios, todos gobernados por CiU. En la segunda fase la Guardia Civil encontró material que implicaba al actual tesorero de CDC, papeles que habían pasado por una trituradora, pero que fueron reconstruidos por la Guardia Civil. Hasta entonces las investigaciones se centraban en periodos en los que el jefe del partido era Pujol. Ahora también a la última etapa, cuando el responsable es Artur Mas. Creen los investigadores que el mecanismo era casi siempre el mismo: se convocaba un concurso, el tesorero de CDC y CatDem se reunía con las empresas concursantes y una de ellas hacía una donación a la fundación y ganaba el concurso. Esta donación representaba un porcentaje que oscila entre el 3% y el 8%.
El hilo conductor parece estar en la familia Sumarroca, vinculada a CDC y amiga de los Pujol
La relación entre los Pujol y los Sumarroca es antigua. Carles Sumarroca, creador de Teyco, estuvo junto a Pujol en Banca Catalana. Ambos controlaron y hundieron
El Correo Catalán. Teyco fue una de las constructoras más favorecidas por los gobiernos de Pujol. El domicilio de Carles Sumarroca fue también registrado el pasado martes en el caso que implica a los hijos de Pujol. Núria Claverol, esposa de Carles Sumarroca, era socia de Marta Ferrusola en Hidroplant. Sumarroca fue también socio de Tipel, empresa de Lluís Prenafeta (secretario general de la Generalitat con Pujol, hoy pendiente de juicio en la operación Pretoria). En esa misma empresa, finalmente quebrada, encontró acomodo un joven Artur Mas.
La denuncia de la concejala Gasull sobre irregularidades en Torredembarra fue comunicada a ERC, que no hizo nada y acabó marginando a su edil. El entonces presidente del comité de CiU en la localidad, Jordi Guasch, también notificó los hechos a la dirección de CDC un año antes de que el juez actuara. Silencio administrativo.
Massaguer llegó a la alcaldía gracias a una concejala tránsfuga del PSC. Sus dos primeras actuaciones fueron premonitorias: nombrar responsable de urbanismo a una regidora con intereses en una inmobiliaria y abolir los concursos públicos. Contrató a una asesoría, Elfia, con cuyos informes justificaba la adjudicación directa. Elfia aparece también como imputada en un juzgado de Tortosa por operaciones con los ayuntamientos de Ascó y L’Ametlla del Vallès, ambos gobernados por CiU.
Massaguer se halla en libertad con cargos por delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales, poca cosa comparado con lo que ha aparecido luego. En estos momentos, además de Massaguer y varios de los que eran concejales en Torredembarra en 2014, han sido imputados el tesorero de CDC, Viloca, y el extesorero Daniel Osàcar (imputado también en el caso Palau); Jordi Sumarroca, hijo de Carles Sumarroca y su sucesor al frente de la empresa, y varios familiares y socios suyos; Josep Antoni Rosell, director de Infraestructures; una decena de empresarios y directivos de empresas que obtenían adjudicaciones y que figuran como donantes a CDC o a sus fundaciones. Entre ellos, Xavier Tauler, amigo de Jordi Pujol Ferrusola e imputado con él en uno de los casos que se tramitan en la Audiencia Nacional. También Josep Manuel Bassols, exalcalde de Anglès (Girona), casado con Núria Bassols, comisionada del Gobierno catalán para la Transparencia. Núria Bassols era antes jueza y en una de sus últimas sentencias exculpó a altos cargos de CDC.