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Política
Un juicio que sienta en el banquillo a casi todos
Rato se enfrenta a la petición fiscal de cuatro años y medio de prisión por permitir y utilizar las tarjetas black en Caja Madrid
Iñigo Corral
- 23/09/2016
- Número 52
El de las tarjetas black no es el caso más grave de corrupción —las cuantías defraudadas son muy inferiores a otros que están también a punto de ser juzgados—, pero sí uno de los que mayor escándalo produjo porque están implicados representantes de casi todos los partidos (PP, PSOE e IU), los sindicatos y la patronal y mostraba la falta de escrúpulos con que utilizaron un dinero que no era suyo. El lunes 26 de septiembre empieza el juicio y el desfile de personalidades por la Audiencia Nacional no ayudará a resolver la interinidad política.
Para la Fiscalía Anticorrupción está claro que los dos últimos presidentes de Caja Madrid, la actual Bankia, son los máximos responsables de promover entre 1999 y 2012 un fraude que asciende a más de 15 millones de euros, aunque los presuntos hechos delictivos cometidos antes de 2003 han prescrito. El fiscal pide las penas más elevadas de cárcel para las personas que ostentaron el poder de la entidad entre 2003 y 2012: seis años de prisión para Miguel Blesa y cuatro años y medio para Rodrigo Rato. Para el resto de los acusados las penas oscilan entre uno y cuatro años de cárcel por la comisión de un delito continuado de apropiación indebida.
Vacaciones, comidas, joyas
La Fiscalía considera que Blesa —para el que pide 6 años— y Rato autorizaron las tarjetas opacas para Hacienda
La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que tanto Blesa como Rato dieron luz verde para que 86 miembros de la dirección y del Consejo de Administración de Caja Madrid realizaran gastos a través de las tarjetas opacas para Hacienda, y eso además de las cuantiosas retribuciones y gastos de representación propias de su cargo.
El propio Blesa ganó alrededor de 20 millones en sus últimos ocho años al frente de Caja Madrid sin contar el casi medio millón de euros que se gastó con su tarjeta black. La auditoría realizada por Bankia cuando la entidad ya estaba dirigida por Ignacio Goirigolzarri eleva a 15,5 millones de euros el dinero que dilapidaron esos consejeros en pagarse vacaciones, comidas, joyas, ropa, juguetes y un sinfín de cosas difíciles de justificar como gastos de representación. Finalmente, de las 86 personas beneficiadas por el uso de las tarjetas black se sentarán en el banquillo de los acusados 66 porque para 14 de ellas los delitos han prescrito y otras tres han fallecido (Mercedes de la Merced, Pedro Bujidos y Guillermo Marcos). En este caso todos tienen su representante, lo que les sirve para justificarse con la idea de que la corrupción afecta a todos: a 27 del PP, 15 del PSOE, 2 de IU, 11 de los sindicatos, los entonces máximos representates de la patronal y hasta un exjefe de la Casa Real.
Gastos sin control
El modus operandi, según la Fiscalía, era el siguiente: Blesa, un hombre puesto en el cargo por José María Aznar, era quien autorizaba el reparto de las tarjetas black a los miembros del Consejo de Administración y la comisión de control para gastos personales de libre disposición. Esto es, cada uno podía hacer uso del dinero que considerara oportuno “en una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal, previsión estatutaria, soporte en los correspondientes contratos mercantiles o de trabajo o de respaldo en acuerdos formalizados o decisiones adoptadas por los órganos de administración de Caja Madrid”. La prueba de que aquello no era legal es que todos los destinatarios fueron advertidos “expresamente” para que no presentaran ningún documento que acreditara la verdadera naturaleza de sus gastos, lo que servía para garantizar su opacidad.
Ildefonso Sánchez Barcoj, mano derecha de Blesa en la entidad, era el encargado de repartir “materialmente” las tarjetas con las que pagaban caprichosos despilfarros en hoteles, restaurantes o agencias de viajes, que se incluían en gastos de representación de la caja y a los que “nunca se practicó retención fiscal”. Había otra manera de camuflarlo: incluyéndolos en la cuenta de quebrantos, donde también se regularizaban los fraudes, negligencias, reclamaciones de los clientes o errores internos.
De esta forma, lo que en Caja Madrid fueron entre 1988 y 1995 unas tarjetas ideadas realmente para gastos de representación, con la llegada de Blesa se convirtieron en un premio en metálico, ocultando al fisco dichas retribuciones, hasta que en mayo de 2012 fueron canceladas por orden de Goirigolzarri.
15,5 millones defraudados
El Ministerio Público fija como indemnización los 15,5 millones defraudados y los desglosa de la siguiente manera: 12.039.659 euros en la etapa de Blesa (de los que 436.688 son imputables a su persona) y otros 2.449.622 euros en el mandato de Rato, de los que 99.054 euros corresponde a su tarjeta black. La conversión de Caja Madrid en Bankia como resultado de la fusión con otras seis cajas no hizo variar los procedimientos, por lo que durante el mandato del que fue vicepresidente del Gobierno sus directivos despilfarraron otros 245.228,48 euros.
El ranking de las personas que más usaron la tarjeta lo encabeza Sánchez Barcoj que, con un sueldo anual de casi dos millones y medio de euros, se gastó 574.000. En la Nochevieja de 2009 endosó a Caja Madrid unos gastos de 16.291 euros. Eso sí, es uno de los pocos que se apresuró a devolver a Bankia el dinero gastado. Le sigue el que fuera vicepresidente de la entidad y representante de IU José Antonio Moral Santín, con 456.000 euros que gastó en la mayoría de las ocasiones en los restaurantes más caros.
La lista continúa con Ricardo Morado (448.300 euros), Blesa (436.700 euros), Matías Amat (431.000 euros), Ramón Ferraz (397.900), Mariano Pérez Claver (379.500), Enrique de la Torre (320.700), Juan Astorqui (293.000) y Mercedes de la Merced (287.900).
Las acusaciones particulares serán ejercidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y por Bankia, que piden tres años de prisión para Rato, mientras que la acusación popular estará representada por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que sustituye a UPyD, que solicita 10 años de prisión para Rato, Blesa y Sánchez Barcoj, y seis para el resto de acusados.