21/11/2024
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Solo ocho personas en la oficina de reforma de la Administración

El consejo externo que asesoró al Gobierno para elaborar el informe apenas se reunió tres veces y en él solo había un experto universitario

Carlos Larroy - 19/08/2016 - Número 47
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Se vendió, en palabras del presidente del Gobierno (hoy en funciones), Mariano Rajoy, como “la radiografía más minuciosa que se ha hecho del sector público en toda nuestra democracia”. Se trataba del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), un documento que venía a cumplir la promesa electoral del PP de reformar el sector público español, la medida estrella para reducir el déficit e incentivar la economía. Era el verano de 2013 y el Gobierno anunciaba a bombo y platillo la creación de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA), liderada por la Vicepresidencia del Gobierno, a la que se encomendaba aplicar las 222 medidas que, de nuevo en boca de Rajoy, iban a suponer “un antes y un después” en lo referente al “solapamiento, duplicidades y gastos superfluos” que se daban en la Administración. Todo correcto, si no fuera porque nadie reparó en que, entre esas 222 medidas, se incluían algunas de tan poca relevancia como la coordinación del coro de Radio Televisión Española con los del Instituto de Artes Escénicas o el intento de unificar los distintos registros de profesionales taurinos que hay en España.

El Gobierno creó una oficina infradotada para ejecutar una de las medidas estrella de su programa

El periódico AHORA ha logrado obtener por fin, a través del Portal de la Transparencia, datos hasta ahora desconocidos tanto sobre el informe CORA como de la OPERA para su ejecución. El primero de ellos se refiere a esta última oficina, de la que nadie sabía con cuánto personal contaba. El resultado es sorprendente. En la oficina encargada de revolucionar el sector público español tan solo se encuentran ocho personas. En concreto, su directora, la inspectora de Hacienda Angelina Trigo —cuya remuneración asciende a 113.645 euros brutos al año—, apoyada por cinco funcionarios que actúan de asesores y dos secretarias. Ellos son los encargados de acometer “el antes y el después” que prometía Rajoy.

Abogados del Estado y TACs

También se ha podido conocer quiénes formaron parte de la comisión y de las cuatro subcomisiones que elaboraron el informe. Curiosamente, tan solo fueron llamados a las reuniones 44 personas. El presidente de la CORA fue el abogado del Estado Jaime Pérez Renovales, que por entonces era subsecretario de Presidencia —en la práctica, el número 3 en la Moncloa— y que ahora ha vuelto a tomar la puerta giratoria para ser el secretario general del Consejo de Administración del Banco Santander.

El resto eran también funcionarios de élite que por entonces ejercían altos cargos en la Administración. Los dos cuerpos con más presencia fueron los abogados del Estado (10 de los mencionados 44) y los técnicos de administración civil, los llamados TACs, con otros 10 funcionarios. Entre los primeros cabe destacar, además de a Pérez Renovales, a Miguel Temboury, subsecretario de Economía, o Juan Ignacio Romero, director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades. En cuanto a los TACs, estaba por ejemplo Esther Arizmendi, quien por entonces era directora general de Modernización de la Administración y ahora es presidenta del recién creado Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno. También llama la atención que ninguna de estas 44 personas fueran representantes de comunidades autónomas o de entes locales, aunque el Gobierno dice en su descargo que se creó un grupo de trabajo específico sobre la CORA dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que acuden los consejeros de Hacienda de todas las regiones.

Solo 12 asesores externos

Pero más sorprendente aún es el consejo asesor que se creó para recibir aportaciones externas que ayudaran a mejorar el informe. Estaba compuesto por 12 personas ajenas a la Administración y entre ellas solo había un profesor universitario, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense Tomás Ramón Fernández. Los demás eran tres miembros de los principales sindicatos, seis de la patronal, uno de las asociaciones de consumidores y otro de las entidades que representan a los autónomos. AHORA se ha puesto en contacto con algunos de ellos, que reconocen que ese consejo asesor tan solo fue convocado en tres ocasiones y que, en él, cada uno se ocupaba más de defender a sus representados que de hacer aportaciones como expertos.

Tomás Ramón Fernández señala que el error fue vender la CORA como una medida estrella. “Esta es una reforma que quería ser modesta desde el principio. La idea era hacer una limpieza de la casa por dentro. Por ejemplo, suprimir organismos y sociedades que se habían quedado sin funcionamiento. También otras reformas más menudas como hacer una gestión conjunta del parque de vehículos del Estado o que hubiera un único contrato de la luz para toda la Administración del Estado, en vez de uno para cada organismo. Estos son asuntos no carentes de importancia, pero es verdad que los temas mayores quedaron excluidos desde el primer momento”, señala.

Más crítica es la representante que envió CSIF: Silvia Cámara, presidenta de este sindicato en Burgos. Aparte de confirmar que tan solo les convocaron “tres o cuatro veces”, apunta que la reforma dejó sin resolver asuntos de calado como elaborar un nuevo plan de recursos humanos. “La economía está creciendo, pero se siguen recortando puestos en el sector público. Y el problema reside en que es innecesario amortizar puestos. Lo que hay que hacer es distribuir correctamente a los funcionarios. Hay destinos en los que sin duda sobrará gente pero otros en los que se ha demostrado que es necesario ampliar la plantilla. Y eso la CORA no lo resuelve.”

¿Y el modelo territorial?

No obstante, no todo son malas noticias y los expertos sí destacan algunos éxitos de la CORA. Básicamente, los resumen en tres: el fondo de liquidez autonómico —ideado para que las comunidades con dificultades para acceder a los mercados pudieran obtener financiación a través del Estado a menor interés—, la ley de deuda comercial —que impone la obligación a las administraciones de pagar en plazo a sus proveedores— y la eliminación de organismos y empresas públicas que, en su mayor parte, carecían ya de actividad o esta era mínima y podía ser asumida directamente por la Administración o un ente superior. La CORA también se asigna como logros la aprobación de otras normas, como la Ley de Transparencia, o haber impulsado la digitalización de la Administración, por ejemplo, mediante la expansión del servicio de cita previa en las jefaturas de tráfico.

Pero atrás queda la esperada y prometida reforma del modelo territorial. Muchas de las propuestas —como las anunciadas supresiones de los defensores del pueblo autonómicos y de las cámaras de cuentas de las comunidades— quedaron desechadas en la posterior reforma local por las enormes reticencias políticas generadas, algunas incluso de barones del propio PP, y porque exigían reformar los estatutos. Además, la reforma local apenas ha supuesto ahorros a juicio de los expertos consultados por AHORA: el texto ha dado más poder a las diputaciones provinciales y la prometida supresión de concejales se dejó para mejor momento. De hecho, el único ahorro en términos de estructura política ha sido limitar el sueldo de los alcaldes —muy pocos se vieron afectados—, poner topes al número de asesores y dejar sin dedicación exclusiva a una parte de los concejales y diputados provinciales.

Pero los partidos han reaccionado a estas reformas ayudando a sus compañeros. Por ejemplo, en la Diputación de Zaragoza los representantes del PP y del PSOE que se han quedado sin sueldo son precisamente dos políticos que ya perciben remuneración de sus ayuntamientos. Se trata de los alcaldes de Tarazona y Tauste, Luis María Beamonte y Miguel Ángel Francés, quienes antes de la reforma ya tendrían que haber elegido entre cobrar del ayuntamiento o de la diputación porque percibir dos sueldos públicos a la vez está prohibido desde los 80. De ahí que los expertos consultados por AHORA entiendan que el ahorro que se ha logrado en este apartado es “insignificante”.