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Opinión
De la reforma de las administraciones, ¿qué?
El programa del PP para las elecciones del 20 de noviembre de 2011 puso todo el énfasis en la eficiencia de las administraciones públicas, cuya verdadera reforma consideraba una tarea inaplazable, según decía en el apartado dedicado a “Un nuevo sector público”. La promesa electoral venía precedida de una campaña, que rozó la demagogia, sobre la multiplicidad y redundancia de organismos estatales, autonómicos, provinciales y municipales, que cuestionaba la existencia de cámaras de cuentas y defensores del pueblo a escala autonómica y, en ocasiones, hasta los parlamentos de la comunidades.
El Gobierno de Mariano Rajoy, que gozaba de mayoría absoluta en el Congreso, encomendó en octubre de 2012 a la vicepresidenta una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), integrada por representantes de los distintos ministerios, cuyos nombres se mantienen en secreto como una prueba más de la transparencia que se invoca. La CORA fue presentando en sucesivos informes sus decepcionantes logros. Al igual que tantas otras tareas incluidas en aquel plan de gobierno, las asignadas a la CORA, presentadas como emblemáticas, iban a contener el déficit y estimular la economía, pero han quedado sin hacer y las administraciones públicas presentan hoy los mismos problemas que hace cinco años.
El conjunto de las administraciones públicas funciona razonablemente pese a innumerables problemas derivados del recorte en el gasto público durante la crisis. Cuando el PP aseguraba ser capaz de arreglarlo todo pese a la herencia del anterior gobierno socialista, diagnosticó la necesidad de reformas que limitaran duplicidades, eludieran gastos innecesarios y cumplieran en sus plazos los pagos a proveedores. Salvo mejoras irrelevantes, el discurso reformista del PP ha quedado en la nada, envuelto en buenas palabras y encomios a una falsa transparencia. El ahorro económico prometido no se ha producido, pero quizá aún más grave es que los servicios públicos a la ciudadanía se han deteriorado de manera palpable, y tampoco está claro que la gestión del dinero público esté siendo más rigurosa que en el pasado, algo particularmente hiriente en los muchos casos de corrupción de las administraciones gobernadas por el PP.
La reforma de las administraciones públicas sigue en los programas de los partidos, pero ha quedado fuera de campaña pese a su necesidad inaplazable. El Partido Popular la mantiene en su argumentario desde los años de Aznar y ha sido un ariete crítico contra los gobiernos de Zapatero. Alarmar a la población con denuncias de los supuestos abusos de funcionarios y cargos públicos ha sido una eficaz manera de presentarse como el partido de la responsabilidad y la buena gestión. Pero los hechos delatan la vacuidad de esa propaganda: el PP no ha sabido, o no ha querido, corregir las ineficiencias del Estado. Carecería de sentido que nadie siguiera dando crédito a sus aspavientos.