30/10/2024
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Rivera le pide menos a Rajoy que a Cifuentes

Los pactos en las comunidades autónomas contemplaban más medidas de regeneración política y anticorrupción

AHORA / Jacobo Pedraza - 19/08/2016 - Número 47
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Albert Rivera no confía en un gobierno presidido por Mariano Rajoy. Lo manifestó en la comparecencia en la que anunció las seis medidas que el PP tenía que aceptar sin matices para que Ciudadanos votase a favor de la investidura del candidato popular, impuestas a modo de control porque considera que la corrupción es “el talón de Aquiles” de Rajoy y su partido. Rivera ha intentado que su discurso sobre Rajoy variase poco, manteniendo la dureza a pesar de haber modificado la posición de su voto del no rotundo a un cada vez más cercano sí. En opinión del líder de la formación naranja, Rajoy no representa la regeneración y la lucha contra la corrupción que reclaman los ciudadanos. Conceptos con los que está mucho más familiarizada Cristina Cifuentes, con la que Rivera mantiene incluso una buena relación personal. Pero Cifuentes —y el resto de presidentes autonómicos que ha apoyado Ciudadanos— tuvo que aceptar condiciones mucho más duras que las que Rivera y los suyos pretenden imponer a Rajoy.

Es cierto que las seis condiciones indispensables de Ciudadanos (apartar a cualquier cargo imputado por corrupción, eliminar los aforamientos, aprobar una nueva ley electoral, prohibir los indultos por corrupción política, limitación de mandatos y una comisión en el Congreso sobre el caso Bárcenas) son solo un primer paso necesario para abrir una negociación mayor. Pero esa mesa de trabajo posterior se encargará de buscar un pacto en cuanto a otras materias políticas, especialmente en lo económico, por lo que todo o casi todo lo que Rajoy y Rivera van a hablar de regeneración se incluye en esos seis puntos. Se antoja un acuerdo algo escaso para quien se considera la imagen de la renovación y la limpieza. Sobre todo si se echa un vistazo a los precedentes autonómicos.

La regeneración autonómica

Ciudadanos ha llegado a acuerdos de investidura con el PP en la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Castilla y León y La Rioja (y con el PSOE en Andalucía). Los pactos son bastante parecidos, y todos ellos comienzan con las medidas de regeneración y anticorrupción. Incluyen varias de las condiciones que ahora se le exigen a Rajoy. En todos se acuerdan medidas para apartar a los imputados, terminar con los aforamientos o limitar los mandatos a dos legislaturas u ocho años. Todos arrancan un compromiso para modificar, en mayor o menor medida, la norma electoral autonómica. Incluso se logra la creación de comisiones de investigación para casos que afectan directamente al PP. En Murcia se acuerda poner en marcha cuatro: sobre el aeropuerto de Corvera, la desaladora de Escombreras, el caso Novo Carthago (en el que está imputada la anterior alcaldesa y hoy senadora Pilar Barreiro) y la adjudicación del contrato de la televisión regional. En los acuerdos autonómicos no hay nada sobre los indultos, porque estos solo los concede el Gobierno central.

Los pactos autonómicos incluyen la exigencia de que los partidos elijan sus candidatos a través de primarias

Pero los documentos para la investidura de los gobiernos autonómicos incluyen muchas otras medidas de regeneración que no se le han planteado a Rajoy. Por ejemplo, la exigencia de modificar la ley para poder atribuir una responsabilidad patrimonial subsidiaria a los partidos por los delitos de corrupción de sus cargos públicos, presente en los acuerdos firmados en Madrid, Castilla y León y Murcia, y también en el programa electoral de Ciudadanos. O la reforma de la ley de partidos para obligarles a crear un órgano interno anticorrupción con funciones preventivas y de control. O la exigencia de que los partidos elijan a sus candidatos a través de un proceso de primarias, promesa que sí obtuvieron en Madrid y Murcia y que afecta principalmente al PP.

Ciudadanos tampoco reclama a Rajoy realizar un registro de lobbies, promesa incumplida del PP

Ciudadanos tampoco exige regular el régimen de incompatibilidades ni de exclusividad. En el resto de acuerdos con los populares, lograron que se aceptara un cambio legal para que los concejales o alcaldes no pudiesen ser diputados autonómicos, pero no han dicho nada sobre el hecho de que sigan pudiendo ser diputados nacionales o senadores. No se habla de regular los lobbies, eterno globo sonda y promesa del PP que Cifuentes sí ha firmado en su pacto con el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado. Los mismos actores acordaron despolitizar varias instituciones públicas, entre ellas Telemadrid, sobre la que pesa la misma sombra de parcialidad y partidismo que sobre RTVE durante el Gobierno de Rajoy. Ciudadanos tampoco reclama una auditoría económica de las últimas legislaturas ni apartar de sus responsabilidades orgánicas e institucionales a aquellos cargos que hayan falseado su currículum, medidas que sí puso sobre el papel en los acuerdos de Madrid, Castilla y León y Murcia.

Condiciones asumibles

La estrategia de Ciudadanos consiste en plantear al PP medidas concretas y asumibles, para que a Rajoy le sea difícil negarse a comprometerse en un corto espacio de tiempo (por eso ha generado estupefacción en la formación naranja la parsimonia con la que los populares se están tomando la decisión de aceptar o rechazar unas condiciones que, como han repetido, no están abiertas a matices). Una vez aceptadas y puesta una fecha para la investidura (la otra condición sine qua non), se formaría una mesa de trabajo para discutir otras medidas con las que poner en marcha la legislatura en el ámbito económico o de interior y exteriores y, si hubiese acuerdo, también en el social.

Llegar a un pacto conllevaría poder aplicar todavía más presión sobre el PSOE para que modificase su voto hacia una abstención. Las medidas planteadas al PP fueron previamente aceptadas por los socialistas, tanto en el acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Rivera como en el pacto que hizo presidenta de la Junta de Andalucía a Susana Díaz. En ese documento también se acordaba la limitación de mandatos, la eliminación de los aforamientos autonómicos, la expulsión de imputados por corrupción o la reforma de la ley electoral. Si finalmente se consiguiese sacar adelante la investidura, Ciudadanos seguiría la misma estrategia que ha seguido, por ejemplo, en Madrid. Acuerdos económicos con unos, sociales con otros, y de regeneración con quien quiera. La llamada oposición responsable.