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Opinión
Las condiciones irresistibles de Rivera
El pasado martes, Albert Rivera dio un paso decisivo que abrió la posibilidad de investir como presidente del Gobierno a un candidato tras semanas de parálisis. Que sea el cuarto partido en el Congreso quien haya tomado la iniciativa es una muestra de la pasividad absoluta del líder del primero, Mariano Rajoy, incapaz de plantear un programa de negociación, cuando venía obligado a ese ejercicio si quería obtener apoyos suficientes. Con esta actuación, Rivera y su partido han iniciado un inteligente movimiento político, que les beneficia a ellos al colocarlos en el centro del tablero político, desencadena el proceso hacia un acuerdo negociado y obliga al PP a seguir la agenda que ellos han marcado.
Las seis exigencias que Rivera anunció son de apariencia intachable. Se centran en el discurso de la regeneración —más cercano a las exigencias del 15-M que a las del IBEX 35— y dejan para un calendario más avanzado asuntos económicos o políticas de ámbitos educativos o territoriales. Son exigencias obligadas para salvar la cara ante el electorado y que imponen al PP transigir en cuestiones escabrosas como el caso Bárcenas o la imputación de un buen número de sus cargos públicos. Su rechazo por el partido de Rajoy sería un escándalo monumental ante la opinión pública. Requieren compromisos de palabra antes de la investidura, dado que su cumplimiento precisaría la puesta en marcha de procedimientos. Para dilatarlos el PP tiene probada destreza. Algunas de las exigencias, por lo demás, son discutibles, como la limitación de mandatos propia de sistemas presidencialistas, y extravagante en regímenes parlamentarios. También está por ver si eliminar el aforamiento puede ir más allá de un brindis al sol. En cuanto a la comisión de investigación del caso Bárcenas, habría de constituirse en el Congreso, quisiera el PP o no, porque cuenta con los votos de Ciudadanos, PSOE y Podemos.
La respuesta de Rajoy a las condiciones planteadas que podrían llevarle de nuevo a la Presidencia cristaliza en la ambigüedad habitual. Ganar tiempo remitiendo la cuestión al comité ejecutivo del PP, a celebrar el miércoles 17, una semana después de la reunión entre Rajoy y Rivera, y silencio sobre la fecha del Pleno de investidura, sobre el que reina la confusión de papeles institucionales porque es a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a quien corresponde fijarla. Ni Rajoy ni el comité ejecutivo del PP tienen nada que decir al respecto.
La actitud de Ciudadanos sirve para desbloquear la situación que dejó empantanada Rajoy con su inmovilismo, pero si acabaran con éxito estas negociaciones bilaterales, el candidato del PP a ser investido presidente tendría que completar la jugada buscando otros apoyos adicionales, ya fuere sumando a los nacionalistas o consiguiendo la abstención del PSOE, que a su vez habría de resolver la encrucijada en que se encuentra.