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Política
Cómo ser el cambio sin ser el Gobierno
Podemos y Ciudadanos imponen líneas esenciales de sus programas sin entrar en los ejecutivos de PP o PSOE
AHORA /
Jacobo Pedraza
- 09/10/2015
- Número 4
Ignacio Aguado con la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes.Emilio Naranjo y Javier Cebollada / EFE
Las elecciones autonómicas del 25 de mayo rompieron el extendido dominio territorial del PP y representaron la irrupción de los dos partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, en los parlamentos regionales. Tras los comicios catalanes, entre los dos partidos suman más de 230 escaños, que condicionan la labor de 11 gobiernos socialistas o populares, que se ven obligados a entenderse con ellos para sacar sus proyectos adelante. No gobiernan, pero sus votos son vitales. Y los están sabiendo aprovechar.
Termina la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, es el primero en comparecer en la sala de prensa por ser del grupo parlamentario con menos diputados. Pero sus 17 parlamentarios son los que le han dado la presidencia de la Comunidad a Cristina Cifuentes, del PP. Para lograr el apoyo a su investidura tuvo que firmar un compromiso de 76 puntos, que incluía promesas como incorporar las primarias al PP, la eliminación del Consejo Consultivo de la Comunidad o la despolitización (uno de los mantras de Ciudadanos) de Telemadrid.
Aguado encarna a la perfección el espíritu de su partido. Joven, 32 años. Sobradamente preparado, con tres licenciaturas y un máster. Ha vivido en Inglaterra y se ha curtido en el sector privado, trabajando en empresas energéticas. Y hasta jugaba al waterpolo en el Canoe, el mejor club de Madrid. Una trayectoria prácticamente calcada a la del líder de su partido, Albert Rivera. “En dos meses y poco hemos conseguido que Cifuentes baje las tasas universitarias, aunque solo sea un 10%, que reduzca el precio del Abono Transportes para jóvenes y parados o que abra los comedores escolares en verano”, reivindica un Aguado satisfecho. “No dejamos de hacer oposición. Las elecciones han supuesto un cambio de mentalidad, el PP se había tirado aquí 20 años metiendo en un mismo paquete el poder ejecutivo y el legislativo. Ahora están separados, y eso es bueno, para eso está la separación de poderes”, sostiene.
José Manuel López, portavoz de Podemos, había reclamado ese cambio en la frecuencia de reuniones de la Comisión, y a su iniciativa se sumaron PSOE y Ciudadanos. La formación de Pablo Iglesias batalla por tener un papel en la política autonómica madrileña, donde cosecharon uno de sus mejores resultados. En otras regiones su rol está más cerca de los gobiernos. Igual que Ciudadanos, decidieron no entrar en los ejecutivos para poder seguir presentándose como azote del poder, huyendo de precedentes como el de la Izquierda Unida de Diego Valderas, cuya labor como vicepresidente de Andalucía recibió severos varapalos de dentro y fuera de sus filas, que culminaron con un mal resultado electoral para su sucesor en un territorio que antaño consideraban un bastión. Podemos condiciona los gobiernos desde fuera con un método similar al de Ciudadanos.
Si atendemos a las investiduras, Podemos —que ha ganado 144 escaños frente a los 90 de Ciudadanos— ha apoyado a siete presidentes regionales, por tres que ha apoyado Ciudadanos (sin contar abstenciones que también han permitido gobiernos: Podemos en Asturias y Ciudadanos en Castilla y León y La Rioja). El partido de Iglesias impuso un compromiso de 13 puntos a García-Page en Castilla-La Mancha, entre los que se encuentra el famoso plan de emergencia ciudadana para ayudar a la población en riesgo de exclusión social o el de rescate habitacional, contra los desahucios y por el derecho a la vivienda.
Estos enfrentamientos no han impedido que los siete partidos con representación parlamentaria en Aragón (también Ciudadanos) aprobasen una declaración conjunta para instar a la Generalitat de Cataluña a devolver los bienes artísticos del patrimonio aragonés depositados en el Museo Diocesano de Lleida. Es la primera vez que PP y Podemos se unen en una declaración institucional. Díaz recalca que su posición se enmarca en la defensa del patrimonio aragonés, que va más allá de este acuerdo, y que Podemos buscó un texto “libre de anticatalanismo”, coherente con su discurso a nivel nacional.
Auxiliadora Honorato es la encargada de velar por esa coherencia y coordinar la acción de los grupos parlamentarios de Podemos. Su hoja de servicios también encaja a la perfección con su partido. Nació en Cádiz, una de las plazas fuertes de Podemos, hace 41 años. Es licenciada en Derecho y Antropología, funcionaria de carrera de la Junta de Andalucía, miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Diego Cañamero y activista de largo recorrido en colectivos como Ingenieros Sin Fronteras o las mareas en defensa de los servicios públicos. “Podemos apuesta por parlamentarizar la vida política. Antes los parlamentos no tenían visibilidad. Queremos rescatarlos para la ciudadanía, convertirlos en un actor político de primer nivel”, proclama.
Podemos ya tiene barones y baronesas de entidad, podría decirse que incluso tiene dos alas bien diferenciadas. La coordinación no es fácil. En algunos territorios, como Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, se sometió a votación entre los simpatizantes del partido la decisión de apoyar o no la investidura del candidato socialista. En otros territorios interpretaron que apoyar una investidura no era un acuerdo poselectoral, que es lo que los estatutos del partido marcan como preceptivo de ser sometido a referéndum. Pero hay temas en los que sí está clara la posición común: “Podemos quiere lanzar una batería de medidas coordinadas, unas 10 medidas que tienen que ver con el rescate ciudadano y la lucha contra la corrupción, además de trasladar a los parlamentos formas de actuación transparentes”, explica Honorato. Ejemplo de esto es la Ley de Cuentas Abiertas, presentada por primera vez en Andalucía en mayo y que llegará a otros seis parlamentos autonómicos con el objetivo de hacer accesibles al ciudadano los saldos y transacciones de los diferentes organismos de la Administración regional. La aplicación de esta ley, según Honorato, tiene un coste muy bajo y serviría para perseguir el fraude en las instituciones.
Ciudadanos también piensa en el PSOE (y un poco en Podemos) al querer presentar en todos los parlamentos su declaración institucional sobre la unidad de España. El partido de Rivera acaba de renovar su ejecutiva para adaptarla a su dimensión nacional, por lo que aún no tiene un responsable formal de coordinación. No importa: “Nosotros tenemos exactamente el mismo mensaje en toda España, no somos catalanistas en Cataluña y andalucistas en Andalucía”, afirma con rotundidad Aguado. Lo de los pactos, a diferencia de Podemos, sí lo coordinan a través de un órgano: “Tenemos unas directrices nacionales marcadas por el comité de pactos y que establecen que primero debemos dialogar con el partido que más votos tenga, como hemos hecho en Madrid y Andalucía. Si no están dispuestos a asumir nuestras condiciones básicas, pues se habla con otras fuerzas”.
Salvando ese desencuentro, en general ha habido un clima de relativo entendimiento entre el Sánchez del PP y el Sánchez de Ciudadanos. Ambos firmaron hace dos semanas un pacto por el AVE que supone invertir 10 millones de euros adicionales para el soterramiento de las vías en la capital, evitando la construcción de un puente provisional sobre los raíles. También votaron a favor (hubo unanimidad) de renegociar las condiciones laborales del personal interino de educación no universitaria. Los populares también se sumaron a la moción defendida por Miguel Sánchez por la unidad y la igualdad en la España constitucional.
Iniciativas coordinadas como esa declaración a favor del proyecto común español, la despolitización de las instituciones o la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos en caso de que sean fuentes de corrupción llegarán también a Canarias, donde Ciudadanos no obtuvo representación en el Parlamento (con más de 50.000 votos, mientras la Agrupación Socialista Gomera, con solo 5.000 papeletas, obtuvo 3 escaños por la normativa electoral) pero sí en los cabildos de Tenerife y Lanzarote. Benjamín Perdomo es el consejero del partido en el Cabildo de Lanzarote: “Todos somos de centro, pensamos por nosotros mismos y tenemos debates internos, pero somos moderados. No decimos una cosa en un sitio y otra en otro, ni tenemos un ala liberal y otra conservadora”. La homogeneidad de Ciudadanos les da estabilidad y uniformidad en el discurso. Podemos tiene más diferencias, más matices y más disputas internas, pero eso les permite abarcar un espectro más amplio: desde la “centralidad del tablero” hasta la izquierda más pronunciada.
Pero no todo ha sido positivo. Los votantes de ambos partidos también han podido ver, además de concesiones a PP y PSOE que pueden no haberles gustado, errores que hacen pensar que la nueva política es más de lo mismo. Por ejemplo, los 99 iPhone de última generación encargados para sus diputados por las Cortes Valencianas por unanimidad, aunque rectificaron y optaron por un Samsung, que tampoco es barato, o la eliminación del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aunque ahora Ciudadanos y PP plantean dar “un estatus especial” a los expresidentes de la región, en forma de honores, un despacho o un puesto de asesor.
Termina la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, es el primero en comparecer en la sala de prensa por ser del grupo parlamentario con menos diputados. Pero sus 17 parlamentarios son los que le han dado la presidencia de la Comunidad a Cristina Cifuentes, del PP. Para lograr el apoyo a su investidura tuvo que firmar un compromiso de 76 puntos, que incluía promesas como incorporar las primarias al PP, la eliminación del Consejo Consultivo de la Comunidad o la despolitización (uno de los mantras de Ciudadanos) de Telemadrid.
Aguado encarna a la perfección el espíritu de su partido. Joven, 32 años. Sobradamente preparado, con tres licenciaturas y un máster. Ha vivido en Inglaterra y se ha curtido en el sector privado, trabajando en empresas energéticas. Y hasta jugaba al waterpolo en el Canoe, el mejor club de Madrid. Una trayectoria prácticamente calcada a la del líder de su partido, Albert Rivera. “En dos meses y poco hemos conseguido que Cifuentes baje las tasas universitarias, aunque solo sea un 10%, que reduzca el precio del Abono Transportes para jóvenes y parados o que abra los comedores escolares en verano”, reivindica un Aguado satisfecho. “No dejamos de hacer oposición. Las elecciones han supuesto un cambio de mentalidad, el PP se había tirado aquí 20 años metiendo en un mismo paquete el poder ejecutivo y el legislativo. Ahora están separados, y eso es bueno, para eso está la separación de poderes”, sostiene.
El PP pierde las votaciones
Esa diferencia entre poder ejecutivo (Gobierno) y legislativo (Asamblea) es lo que hace que el PP haya perdido por primera vez en 20 años una votación en el parlamento madrileño: de hecho, en un solo día tuvieron que aceptar, pese a su voto en contra, tres proposiciones no de ley del PSOE y una de Podemos. En esta X legislatura, la Junta de Portavoces, y sobre todo la Mesa de la Asamblea (en la que el PP no tiene mayoría absoluta por primera vez en siete legislaturas), vuelven a ser órganos útiles. Y por esta división de poderes puede Aguado apuntarse un tanto: al ser el primero en presentarse ante los medios tras la Junta, aprovecha para anunciar que la Comisión de Endeudamiento y Gestión de Servicios Públicos del parlamento autonómico se reunirá cada 15 días, y no cada mes como venía siendo la norma. Una iniciativa que desaprueba el PP y que, en palabras de Aguado, es “una apuesta importante de Ciudadanos para poner luz y taquígrafos al endeudamiento y a la corrupción en la Comunidad de Madrid”. Bien, salvo que el autor de la apuesta no es Ciudadanos, es Podemos.Por primera vez en 20 años el PP pierde votaciones, que gana la oposición, en la Asamblea de Madrid
José Manuel López, portavoz de Podemos, había reclamado ese cambio en la frecuencia de reuniones de la Comisión, y a su iniciativa se sumaron PSOE y Ciudadanos. La formación de Pablo Iglesias batalla por tener un papel en la política autonómica madrileña, donde cosecharon uno de sus mejores resultados. En otras regiones su rol está más cerca de los gobiernos. Igual que Ciudadanos, decidieron no entrar en los ejecutivos para poder seguir presentándose como azote del poder, huyendo de precedentes como el de la Izquierda Unida de Diego Valderas, cuya labor como vicepresidente de Andalucía recibió severos varapalos de dentro y fuera de sus filas, que culminaron con un mal resultado electoral para su sucesor en un territorio que antaño consideraban un bastión. Podemos condiciona los gobiernos desde fuera con un método similar al de Ciudadanos.
Si atendemos a las investiduras, Podemos —que ha ganado 144 escaños frente a los 90 de Ciudadanos— ha apoyado a siete presidentes regionales, por tres que ha apoyado Ciudadanos (sin contar abstenciones que también han permitido gobiernos: Podemos en Asturias y Ciudadanos en Castilla y León y La Rioja). El partido de Iglesias impuso un compromiso de 13 puntos a García-Page en Castilla-La Mancha, entre los que se encuentra el famoso plan de emergencia ciudadana para ayudar a la población en riesgo de exclusión social o el de rescate habitacional, contra los desahucios y por el derecho a la vivienda.
Condiciones a Puig y Lambán
En Valencia, el veterano Ximo Puig, que gobierna en condiciones complicadas —con Mònica Oltra de Compromís como vicepresidenta y la mitad de las consejerías bajo el mando de esta formación—, tuvo que firmar el Acord del Botànic, que incluye la lucha contra la corrupción, la defensa de los servicios públicos, la recuperación de la radio y televisión públicas valencianas o una auditoría de la deuda de la Generalitat. Un buen número de las medidas planteadas por Podemos para apoyar las investiduras de los candidatos socialistas llevaban en su enunciado la palabra “urgente”. En Aragón, la candidatura de Pablo Echenique dio el sí a Javier Lambán tras un acuerdo de 10 puntos. Solo les separaron 6.000 votos en las urnas, que se tradujeron en 4 escaños de ventaja para el PSOE, una diferencia que para Maru Díaz, portavoz de Podemos en la cámara aragonesa, “daba un gran margen de exigencia y un fuerte poder de negociación” a su formación. Pasados ya los 100 días desde la constitución del Ejecutivo, cifran el cumplimiento de ese acuerdo en un 2,5 sobre 10, muy alejado de sus expectativas. “Nuestra valoración es nefasta”, manifiesta Díaz, que precisa que 2 corresponden a la creación del observatorio para el seguimiento del propio pacto, la recuperación de la tarjeta sanitaria para quienes la habían perdido y medidas para reducir las listas de espera hospitalarias, y medio punto a la paralización parcial de la aplicación de la LOMCE, la reforma educativa del PP. Podemos exige a Lambán priorizar las políticas sociales, especialmente las de emergencia, como la paralización de los desahucios, las ayudas a las personas en riesgo de exclusión o combatir la pobreza energética. Lambán dice que ha heredado del PP una Hacienda autonómica maltrecha y muchos problemas que enderezar al comienzo de su mandato.Estos enfrentamientos no han impedido que los siete partidos con representación parlamentaria en Aragón (también Ciudadanos) aprobasen una declaración conjunta para instar a la Generalitat de Cataluña a devolver los bienes artísticos del patrimonio aragonés depositados en el Museo Diocesano de Lleida. Es la primera vez que PP y Podemos se unen en una declaración institucional. Díaz recalca que su posición se enmarca en la defensa del patrimonio aragonés, que va más allá de este acuerdo, y que Podemos buscó un texto “libre de anticatalanismo”, coherente con su discurso a nivel nacional.
Auxiliadora Honorato es la encargada de velar por esa coherencia y coordinar la acción de los grupos parlamentarios de Podemos. Su hoja de servicios también encaja a la perfección con su partido. Nació en Cádiz, una de las plazas fuertes de Podemos, hace 41 años. Es licenciada en Derecho y Antropología, funcionaria de carrera de la Junta de Andalucía, miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Diego Cañamero y activista de largo recorrido en colectivos como Ingenieros Sin Fronteras o las mareas en defensa de los servicios públicos. “Podemos apuesta por parlamentarizar la vida política. Antes los parlamentos no tenían visibilidad. Queremos rescatarlos para la ciudadanía, convertirlos en un actor político de primer nivel”, proclama.
La ausencia de mayorías absolutas de PP y PSOE permite que prosperen propuestas de los emergentes
Podemos ya tiene barones y baronesas de entidad, podría decirse que incluso tiene dos alas bien diferenciadas. La coordinación no es fácil. En algunos territorios, como Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, se sometió a votación entre los simpatizantes del partido la decisión de apoyar o no la investidura del candidato socialista. En otros territorios interpretaron que apoyar una investidura no era un acuerdo poselectoral, que es lo que los estatutos del partido marcan como preceptivo de ser sometido a referéndum. Pero hay temas en los que sí está clara la posición común: “Podemos quiere lanzar una batería de medidas coordinadas, unas 10 medidas que tienen que ver con el rescate ciudadano y la lucha contra la corrupción, además de trasladar a los parlamentos formas de actuación transparentes”, explica Honorato. Ejemplo de esto es la Ley de Cuentas Abiertas, presentada por primera vez en Andalucía en mayo y que llegará a otros seis parlamentos autonómicos con el objetivo de hacer accesibles al ciudadano los saldos y transacciones de los diferentes organismos de la Administración regional. La aplicación de esta ley, según Honorato, tiene un coste muy bajo y serviría para perseguir el fraude en las instituciones.
Iniciativas calcadas
Llevar iniciativas calcadas a distintos parlamentos puede poner en evidencia a otros partidos, como el PSOE, que en algunas comunidades se han mostrado a favor de esos proyectos y en otras, en contra. En Aragón los socialistas están en contra de la aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (el conocido TTIP) al votar a favor de una proposición no de ley de Podemos en este sentido, una posición opuesta a la que mantiene el PSOE en el Parlamento Europeo y a nivel nacional.Ciudadanos también piensa en el PSOE (y un poco en Podemos) al querer presentar en todos los parlamentos su declaración institucional sobre la unidad de España. El partido de Rivera acaba de renovar su ejecutiva para adaptarla a su dimensión nacional, por lo que aún no tiene un responsable formal de coordinación. No importa: “Nosotros tenemos exactamente el mismo mensaje en toda España, no somos catalanistas en Cataluña y andalucistas en Andalucía”, afirma con rotundidad Aguado. Lo de los pactos, a diferencia de Podemos, sí lo coordinan a través de un órgano: “Tenemos unas directrices nacionales marcadas por el comité de pactos y que establecen que primero debemos dialogar con el partido que más votos tenga, como hemos hecho en Madrid y Andalucía. Si no están dispuestos a asumir nuestras condiciones básicas, pues se habla con otras fuerzas”.
Condiciones al PP de Murcia
Murcia es el otro sitio donde Ciudadanos alcanzó tras los comicios un acuerdo de investidura con la fuerza más votada, el PP de Pedro Antonio Sánchez. Manuel Sánchez, candidato del partido naranja, obtuvo cuatro escaños en un territorio donde su formación apenas tenía infraestructura. Como en Madrid, el PP perdió una mayoría absoluta que ostentaba desde 1995, y se vio obligado a aceptar 43 medidas propuestas por Ciudadanos para seguir gobernando. Pasados 100 días ya se observan resultados: dimitieron los cargos populares imputados por corrupción, se ha aprobado la formación de dos de las cuatro comisiones de investigación comprometidas (la del Aeropuerto de Corvera y la de la desalinizadora de Escombreras), se ha reformado la ley electoral murciana para que solo exista una circunscripción y se aprobó (con el voto del PP en contra) una moción para aplicar “el mínimo desarrollo curricular” de la LOMCE.Salvando ese desencuentro, en general ha habido un clima de relativo entendimiento entre el Sánchez del PP y el Sánchez de Ciudadanos. Ambos firmaron hace dos semanas un pacto por el AVE que supone invertir 10 millones de euros adicionales para el soterramiento de las vías en la capital, evitando la construcción de un puente provisional sobre los raíles. También votaron a favor (hubo unanimidad) de renegociar las condiciones laborales del personal interino de educación no universitaria. Los populares también se sumaron a la moción defendida por Miguel Sánchez por la unidad y la igualdad en la España constitucional.
Iniciativas coordinadas como esa declaración a favor del proyecto común español, la despolitización de las instituciones o la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos en caso de que sean fuentes de corrupción llegarán también a Canarias, donde Ciudadanos no obtuvo representación en el Parlamento (con más de 50.000 votos, mientras la Agrupación Socialista Gomera, con solo 5.000 papeletas, obtuvo 3 escaños por la normativa electoral) pero sí en los cabildos de Tenerife y Lanzarote. Benjamín Perdomo es el consejero del partido en el Cabildo de Lanzarote: “Todos somos de centro, pensamos por nosotros mismos y tenemos debates internos, pero somos moderados. No decimos una cosa en un sitio y otra en otro, ni tenemos un ala liberal y otra conservadora”. La homogeneidad de Ciudadanos les da estabilidad y uniformidad en el discurso. Podemos tiene más diferencias, más matices y más disputas internas, pero eso les permite abarcar un espectro más amplio: desde la “centralidad del tablero” hasta la izquierda más pronunciada.
Pero no todo ha sido positivo. Los votantes de ambos partidos también han podido ver, además de concesiones a PP y PSOE que pueden no haberles gustado, errores que hacen pensar que la nueva política es más de lo mismo. Por ejemplo, los 99 iPhone de última generación encargados para sus diputados por las Cortes Valencianas por unanimidad, aunque rectificaron y optaron por un Samsung, que tampoco es barato, o la eliminación del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aunque ahora Ciudadanos y PP plantean dar “un estatus especial” a los expresidentes de la región, en forma de honores, un despacho o un puesto de asesor.