La opinión pública europea se acostumbró a la imagen de Polonia como la de un país de paz política y éxito económico. Gracias a una atrevida reforma del mercado, a la privatización, al compromiso constitucional y a una democracia liberal hemos llegado a la OCDE, a la OTAN y a la UE. Hasta fuimos el primero de la clase en Europa del Este. Pero hoy cada vez son más las críticas de los políticos europeos, que dan un tirón de orejas al Gobierno polaco y le piden disciplina.
¿Qué ha pasado? Para Jaroslaw Kaczynski, líder del
partido gobernante Ley y Justicia, tomar el poder significa llevar a cabo un rápido y profundo cambio siguiendo la única idea razonable: la suya. Por lo tanto en los últimos días, los “gobernadores” de Polonia repiten que la voluntad de la nación está por encima de la ley, y que la Constitución no es la Biblia. El 25 de octubre de 2015, Ley y Justicia obtuvo la mayoría en ambas cámaras del Parlamento y no necesita buscar coaliciones. También gobiernan en el Palacio Presidencial, de modo que cuando el Parlamento apruebe una nueva ley, se puede esperar que el presidente Andrzej Duda la acepte igual de rápido.
Sin embargo, la Constitución de Polonia de 1997 incluye un elemento adicional para equilibrar el poder: el Tribunal Constitucional, que de manera definitiva decide si la ley es conforme o no con la Constitución. La composición del tribunal es elegida por los políticos, pero hasta ahora ha demostrado su independencia. Lamentablemente, al final de su mandato el partido Plataforma Cívica, presidido por Donald Tusk, ex primer ministro polaco y actual presidente del Consejo Europeo, impuso la ley que permitió elegir a cinco nuevos jueces del tribunal. Tres para reemplazar a aquellos cuyos mandatos terminaban antes de las elecciones parlamentarias, y dos para reemplazar a los que concluían tras los comicios. Por eso antes de las elecciones el antiguo parlamento eligió a los cinco jueces.
Nueva ley del Constitucional
Ninguno de ellos juró su cargo ante el presidente, requisito formal para que el juez dicte resoluciones en el tribunal. Y una de las primeras decisiones del nuevo Parlamento, donde Ley y Justicia tiene mayoría, fue la elección de cinco nuevos magistrados. Esto sucedió el 1 de diciembre por la noche, y los cinco nuevos miembros del Constitucional juraron su cargo en la madrugada del 2 de diciembre. ¿Por qué se realizó la ceremonia a una hora tan extraña? Resulta que el 3 de diciembre se esperaba la sentencia del tribunal sobre la forma de elegir a los cinco jueces que conforman esta entidad que cambió Plataforma Cívica. El 2 de diciembre, el presidente del Constitucional admitió a los nuevos cinco jueces, pero no permitió que se dictasen sentencias. El 3 de diciembre, el tribunal declaró que esta elección era constitucional solo en el caso de los tres jueces cuyos mandatos vencían antes de las parlamentarias. El nuevo Parlamento debía elegir a los otros dos. Pero Ley y Justicia no quiso llegar a un acuerdo y cambió la ley sobre el funcionamiento del tribunal. Esa ley establece nuevas reglas sobre su actividad y puede bloquear el trabajo de esta institución. Además, el partido en el poder prevé reducir el presupuesto del Constitucional en 2016.
El desacuerdo continúa y continuará, lo mismo que el mandato del valiente presidente del tribunal, Andrzej Rzeplinski. Y aquí la situación no está clara. El catedrático Rzeplinski debería ejercer el cargo de presidente hasta el final de su mandato como juez, en diciembre de 2016. Pero la nueva ley, impugnada por el propio Constitucional, prevé que lo sea solo hasta marzo. Una cosa está clara: además de los desacuerdos, este conflicto ha aumentado como ningún otro el nivel de conocimiento de los polacos sobre la ley y la Constitución. También despertó a la sociedad civil, con manifestaciones en muchas ciudades a favor del tribunal. En Varsovia, gracias al Comité de Defensa de la Democracia, se manifestaron más de 40.000 ciudadanos.
Ante la opinión pública del país surge otro desacuerdo importante. Ley y Justicia cree que en Polonia se quiebra la ley, y que la justicia llega muy tarde. Por lo tanto, quiere que el ministro de Justicia vuelva a ejercer el control sobre la Fiscalía, hasta ahora independiente, y poder así cambiar a su personal. El presidente también ha firmado la Ley de Medios. Las juntas directivas de la radio y televisión públicas, cuya forma jurídica es la de una sociedad mercantil, eran elegidas hasta ahora por concurso. Estos concursos eran anunciados por las juntas directivas de estas sociedades, nombradas por la Junta Nacional de Radiofonía y Televisión (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji). Y la composición de este órgano la elegían ambas cámaras del Parlamento, junto al presidente. Ahora todo va a ser diferente: los consejos de administración de la radio y televisión públicas los nombrará, sin concurso, el ministro del Tesoro Nacional. También se prevé que esta nueva Ley de Medios cambie la forma jurídica de la radio y la televisión públicas de forma que se puedan rescindir los contratos de sus empleados. Ley y Justicia argumenta que los medios públicos han sido parciales, y que apoyaban a Plataforma Cívica. Por tanto, “hay que reestablecer el equilibrio”.
Discutir sobre los medios públicos en Polonia es difícil, ya que a los políticos les parece que el que controla los medios públicos tiene el poder. Por eso cada gobierno busca la posibilidad de influir “ligeramente” en la televisión. Sin embargo, esto no significa que la televisión y la radio públicas hayan hecho hata ahora propaganda a favor del gobierno. Los periodistas han intentado cuidar el equilibrio político, al recibir a los invitados en el estudio se aplicaba un criterio de paridad de partidos, se producían buenos programas, sobre todo culturales. La televisión y la radio públicas también se salvaron del amarillismo.
Los medios están divididos
Pero los medios en Polonia están divididos. A Ley y Justicia y el padre Rydzyk —que tiene su propia radio, televisión y escuela de periodismo, y apoya a la derecha— se han unido varios periodistas que hacen su trabajo como una misión patriótica, nacional, religiosa y anticomunista. Con mucha pasión y de manera encarnizada, polemizan y luchan con los periodistas que realizan su labor en el ámbito democrático. Y estos reporteros serán los que trabajarán en la nueva radio y televisión pública.
¿Será este movimiento una amenaza para la libertad de expresión en Polonia? Se puede prever que la misión de los medios públicos será promover la política del Gobierno, la defensa de los valores cristianos, la didáctica y el misionarismo. Así, la garantía de la libertad de expresión recaerá en los medios privados, entre ellos
Polityka,
Gazeta Wyborcza,
Newsweek Polska, Radio Tok FM, canales informativos y portales de internet. Pero sospecho que la mayoría de estos medios no se involucrará intensamente en los desacuerdos políticos, y se limitará a informar. También hay que prestar atención a la presión sobre los dueños de los medios privados. Algunos políticos de Ley y Justicia ya hablan de la necesidad de “repolonizar” los medios en un contexto en el que grandes radios, cadenas de televisión y prensa —sobre todo periódicos regionales— son de capital extranjero.
Pero todavía nos quedará internet junto al carácter de los polacos: individulistas pero también amantes de la libertad y dispuestos a defender una causa importante. De modo que no, no hay que preocuparse por la libertad de expresión en Polonia. Jarosław Gowin, ministro de Ciencia y Educación en el gobierno de la actual primera ministra Beata Szydło, escribió en una carta a los estudiantes: “No tengo entre mis planes convenceros de que el gobierno tiene razón en todo. Cometemos errores. No entiendo todas las decisiones. Espero que, con el tiempo, se introduzcan correcciones”.
Ante esta misiva del ministro, una diputada de Ley y Justicia comentó: “Las palabras contradicen las decisiones tomadas por el señor ministro durante la sesión del Parlamento”. Como se puede observar, hasta en la disciplinada Ley y Justicia existe libertad de expresión. El gobierno de Plataforma Cívica coincidió con la época de Polonia en construcción, cuando los fondos de la UE jugaron un papel importante. Plataforma pensaba que los polacos esperan de los gobernantes básicamente “agua caliente en el grifo”.
Una política pragmática llevada a cabo durante siete años por el primer ministro Donald Tusk y durante un año por su sucesora, la primera ministra Ewa Kopacz omitía, sin embargo, muchos problemas internos. Entre ellos la catástrofe económica de la minería, la exclusión social, las dificultades de los jóvenes para el ascenso laboral o la insuficiencia del sistema de asistencia sanitaria.
El anterior gobierno creyó que bastaba con amenazar con Ley y Justicia para ganar las elecciones por tercera vez. Pero Ley y Justicia cambió su discurso político durante la campaña electoral, se ablandó, retiró a sus políticos más radicales a la segunda línea, se desplazó hacia el centro. A esto hay que añadir la indolencia de la izquierda polaca que, después de muchos errores, quedó eliminada del juego parlamentario. Gracias a estos factores, Ley y Justicia tomó el poder de manera democrática. Y lo ejerce de forma firme y rigurosa, demostrando la fuerza de una mayoría aritmética. En un país que ha experimentado el socialismo y el estado de guerra, es difícil decir que esto sea el fin de la democracia.