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Política, después del 20-D
Fueron 72 votos a favor frente a los 63 en contra —de Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot (Podemos e ICV) y el PP— para una acción rupturista que supone una quiebra del modelo constitucional y representa la mayor crisis política e institucional desde la Transición. Le siguieron el recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional, la suspensión por este de la declaración con la advertencia de que el incumplimiento tendrá consecuencias, además de las instrucciones de la Fiscalía a todas las fuerzas de seguridad, incluidos los Mossos, para que denuncien actos de sedición, entre otras actuaciones de las instituciones del Estado.Una sensación de fracaso y frustración se extiende en amplios sectores tras la declaración rupturista
Cesión sin investidura
La prisa por aprobar la declaración rupturista, antes incluso de la sesión de investidura, fue una imposición de la CUP que, sin embargo, no ha garantizado la gobernabilidad sino que ha permitido visualizar el vacío de poder existente en Cataluña. “Esto es insólito: es la primera vez que una legislatura se abre con una declaración y no con una investidura”, asegura el líder del PSC, Miquel Iceta. Lo cierto es que pese a los requiebros de Mas, los 10 diputados anticapitalistas no confirman su continuidad en la presidencia, ni siquiera para los 18 meses del proceso de independencia, porque lo consideran “contaminado por 35 años de corrupción a la sombra de Jordi Pujol” y ha protagonizado “cinco años de gestión plagados de recortes sociales y privatizaciones”. Y ni el president ni, de momento, CDC parecen dispuestos a ofrecer otro candidato a la presidencia. Ni parece que vayan a aceptar tampoco la sugerencia de los anticapitalistas de proponer al independiente Raül Romeva, que encabezó la lista de Junts pel Sí.Perdiendo apoyos sociales
En estas últimas semanas, cuando han concretado el proceso de ruptura en lugar de buscar una negociación, los soberanistas, en particular Artur Mas, han visto también cómo se diluían algunos de sus apoyos. Han perdido el respaldo de La Vanguardia, el diario catalán más influyente, y han escuchado la voz de instituciones que habían mantenido un prudente silencio durante todo el procés. Es el caso del empresariado agrupado en torno al Círculo de Economía. El martes, su presidente, Antón Costas, declaró que su institución “no puede apoyar decisiones unilaterales” sobre el futuro político de Cataluña y reclamó “respeto a las reglas del Estado de derecho” y a “la pluralidad social” catalana.Frustración
Así que lo que para los partidarios de la secesión tendría que haber sido un acontecimiento histórico acabó por simular una simple declaración de “insurgencia”, como lo definió el diputado de Sí que es Pot y dirigente de ICV, Joan Coscubiela, sin otras consecuencias que una sensación de frustración de quienes esperaban la independencia inmediata y también de quienes votaron a Mas convencidos de que así le reforzaban en una supuesta negociación con el Gobierno. Además de las anunciadas desobediencias al Tribunal Constitucional y las consecuentes medidas coercitivas que adopte este y, por tanto, de un aumento de la tensión política y un periodo de inestabilidad institucional en Cataluña, incluso si se llega a formar gobierno. Porque no será fácil administrar unos apoyos parlamentarios tan heterogéneos como los que conforman el grupo de Junts pel Sí y menos aún los de la CUP. Habrá también un empuje a las expectativas electorales del PP y Ciudadanos en los comicios generales del 20-D, como dijo el portavoz de Sí que es Pot, Lluís Rabell.