La Iglesia, con la cruz a cuestas
La Conferencia Episcopal gasta 4,5 millones de euros en la publicidad del “xtantos” y obtiene 250 del IRPF
¿Serían menos si no existiesen esas campañas? Fernando Giménez, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, reconoce a AHORA que probablemente sí, que esta campaña ayuda, entre otras razones porque sirve para “contrarrestar” las de quienes empujan en sentido contrario, criticando que el dinero de los contribuyentes sirva para sostener económicamente a la Iglesia católica o a cualquier otra confesión religiosa. Europa Laica es una de las más activas en ese sentido. “Los que marcan esa casilla —razona esta asociación—no pagan de más, sino que lo detraen del conjunto de los ingresos del Estado, mientras que quienes no marcan ninguna casilla aportan el 100% de sus impuestos a las arcas públicas para que se puedan atender las necesidades comunes.”
Nacida en 2001, Europa Laica tiene como principales objetivos la separación Iglesia-Estado y la eliminación de cualquier tipo de privilegio económico para las confesiones religiosas. Su presidente, Francisco Delgado, calcula —citando fuentes del sector de la publicidad— que el porcentaje de declaraciones a favor de financiar a la Iglesia sería un 10% menor sin la inversión publicitaria de la Conferencia Episcopal.
Empezó con esas campañas en su actual formato y la denominación de “xtantos” en 2007, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero retocó el sistema de financiación de la Iglesia para que la aportación directa del Estado fuera la que determinaran los contribuyentes a través de la declaración de la renta, sin complementos ni retoques. No era así en años anteriores.
El acuerdo con la Santa Sede
La obligación del Estado de contribuir a la financiación de la Iglesia deriva del acuerdo firmado con la Santa Sede en enero de 1979, en cuyo artículo II.1 se establece que “el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su sostenimiento económico”. Durante varios años, se trató de una aportación directa, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, hasta que en 1988 se implantó el sistema de la asignación tributaria. Nació entonces la doble casilla que permitía a los ciudadanos elegir si donaban un porcentaje de sus impuestos, entonces un 0,5239, a la Iglesia o a otros fines “de interés social”. Pero con una cautela: el sistema garantizaba que, señalaran lo que señalaran los contribuyentes, la Iglesia debía recibir “recursos de cuantía similar” a los que venía recibiendo, por lo que esa asignación tributaria se “actualizaba” anualmente con un complemento.
Europa Laica calcula que la Iglesia recibe al año 11.000 millones del Estado español por otros conceptos
El gobierno socialista acabó en 2007 con estos complementos. Pero, a cambio de que la Iglesia asumiera el riesgo de recibir solo lo que los ciudadanos quisieran, aumentó el porcentaje de la asignación hasta el 0,7%. Como resultado, recibió 30 millones de euros más que el año anterior. Desde entonces, se mueve en porcentajes y cifras similares: algo menos del 35% de declaraciones a su favor, con una aportación que ronda los 250 millones de euros.
En concreto, el año pasado las declaraciones de la renta presentadas (correspondientes al IRPF de 2014) en la que los ciudadanos marcaron la X de la Iglesia fueron el 34,76% del total, lo que obligó al Estado a pagarle 250,3 millones de euros. En total, fueron algo más de 7,29 millones de declaraciones, pero como muchas de ellas son conjuntas la Iglesia calcula que son unos 9 millones de ciudadanos los que eligen contribuir con sus impuestos a su financiación. El año anterior el porcentaje fue algo superior, del 34,88%, pero en números absolutos fueron 23.000 declarantes menos y la recaudación se quedó en 247,5 millones.
Eso sí, dinero de todos, católicos y no católicos, como destacan los críticos con este sistema. No ocurre lo mismo en países como Alemania o Austria, donde se utiliza la declaración de la renta para preguntar a los ciudadanos si quieren contribuir al sostenimiento de la Iglesia, pero donde, al contrario que en España, quien dice que sí paga un poco más, de forma que sus impuestos van íntegramente a las arcas del Estado y es esa aportación adicional la que va a la Iglesia. Aun así, hay en estos países quienes critican que el Estado se preste a servir de recaudador. Tampoco ocurre en Francia, donde la ley prohíbe subvencionar cualquier iglesia con cargo a los fondos públicos, o en Reino Unido, donde tampoco existe financiación directa, al igual que en países americanos como Estados Unidos, México o Uruguay. Los países más parecidos a España en este aspecto son Italia, donde la asignación tributaria de quien así lo decide es del 0,8%, o Portugal, del 0,5%.
El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal esgrime no solo el acuerdo con la Santa Sede sino también la Constitución Española, que en su artículo 16 habla de la “cooperación” de los poderes públicos con la Iglesia católica y las demás confesiones, para defender este sistema de financiación y recuerda que musulmanes, judíos y evangelistas también reciben dinero público a través de las subvenciones de la Fundación Pluralismo y Convivencia.
La Iglesia católica también pone en marcha todos los años una segunda campaña, esta menos ambiciosa —que se come una parte menor de esos 4,5 millones de euros destinados a publicidad al año—, coincidiendo con el Día de la Iglesia Diocesana, en una fecha variable entre octubre y noviembre, en la que llama a los ciudadanos a firmar una suscripción de ayuda mensual.
Otras vías de financiación
A la Iglesia católica le llega dinero público por otras muchas vías, directamente o en forma de beneficios fiscales. Hasta el punto de que Europa Laica afirma que, cada año, recibe unos 11.000 millones de euros del Estado. Federico Giménez, en nombre de la Conferencia Episcopal, no entra a discutir la cifra, pero sí los conceptos. Por ejemplo: Europa Laica cifra en 4.900 millones el dinero de todos que va a pagar a los profesores que imparten religión en los centros públicos o a subvencionar los colegios católicos concertados. Giménez contesta que ese dinero no financia a la Iglesia, sino el derecho de padres y madres a una determinada enseñanza para sus hijos e hijas y recuerda que los conciertos ahorran dinero a las arcas públicas.
Su mayor privilegio es que se financia con los impuestos de todos los contribuyentes, católicos y no católicos
Europa Laica calcula que son 2.000 millones el dinero que el Estado deja de ingresar por las exenciones fiscales y tributarias de que disfruta la Iglesia, por ejemplo, el IBI. “Lo mismo que la Fundación Alternativas, la FAES, la Federación Española de Fútbol o cualquier otra asociación sin ánimo de lucro sujeta a la Ley de Mecenazgo de 2002”, contestan desde la Conferencia Episcopal. La diferencia es el patrimonio de unos y otros, puesto que, según Europa Laica, la Iglesia tiene más de 110.000 propiedades entre lugares de culto, pisos y locales, todos exentos, sea cual sea su función. “Sí, quien más propiedades tiene más ahorra, pero nadie se ha parado a calcular cuánto IVA ingresa el Estado por la cantidad de turistas que viajan y gastan para ver, por ejemplo, la catedral de Burgos”, replica Giménez.
Otros 2.000 millones irían a subvencionar los más de tres mil centros de caridad, atención de ancianos, discapacitados o comedores con que cuenta la Iglesia; 900, a sus complejos hospitalarios; 600, al mantenimiento de su patrimonio; 50 al pago de capellanes del Ejército y centros penitenciarios… La Iglesia responde esgrimiendo en su favor la labor social que desarrolla en todos esos ámbitos: “La cuantificación del ahorro de costes para el Estado en este campo sería muy compleja —afirma Giménez—, aunque cualquier valoración a la baja podría situar la cifra en varios miles de millones de euros”.
Por cierto, algunos de los protagonistas de esa labor social, como Cáritas, también reciben ayuda a través de la X destinada a otros fines “de interés social”, en total, según Europa Laica, unos 100 millones de euros más.
Esta asociación es partidaria de que desaparezcan ambas X y hace campaña para pedir a los ciudadanos que no señalen ninguna de las dos. Según su presidente, Francisco Delgado, que parte de la base de que la Iglesia “se debe autofinanciar” con las ayudas de sus fieles, la casilla de “de interés social” no es más que una “injusta y torpe coartada” para mantener la otra. Entiende, además, que las entidades que son subvencionadas a través de esa casilla no pueden depender de la voluntad de los contribuyentes, sino que su financiación debe formar parte de las políticas públicas.
El acuerdo con la Santa Sede también afirma en su artículo II.5 que “la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Giménez asegura que se trata solo “de una declaración de propósitos” y recuerda la segunda parte de este precepto: “Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir el sistema de colaboración financiera expresado en los párrafos de este artículo por otros campos y formas de colaboración económica”. Es decir, nada dice que se supriman. Solo la denuncia del acuerdo con la Santa Sede, tantas veces reclamada por los partidos de izquierda, podría poner las bases legales para cambiar el sistema.
Para financiar 13tv y para el gasto corriente
La mayoría de los 250 millones de euros que recibe al año la Iglesia católica a través de la X del IRPF van destinados a sufragar su propia existencia, es decir, se distribuye entre sus 70 diócesis para su sostenimiento. Esa partida se come el 80% del total, unos 200 millones, según explica a AHORA Fernando Giménez, vicesecretario económico de la Conferencia Episcopal. Del resto, en torno a 16 o 17 millones pagan la Seguridad Social del clero. Y otra partida, que en 2013 alcanzó los 7,7 millones (según la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica de ese año, que publicó recientemente El País), sirve para financiar lo que la institución llama “actividades pastorales”, y que engloban desde beatificaciones hasta aportaciones a 13 TV. Los 6 millones que, según esa Memoria, llegaron al canal de televisión —plagado de presentadores, colaboradores y tertulianos afines al PP— correspondieron a “una ampliación de capital con carácter extraordinario”, puntualiza Giménez, que no tiene por qué repetirse otros años.
“La Conferencia Episcopal no financia la actividad ordinaria del canal, ni paga a sus presentadores, ni nada por el estilo —explica el vicesecretario económico—. Como toda tele que empieza, precisa de ampliaciones de capital para cubrir los gastos de inicio y sanear pérdidas contables. Pero hoy la participación de la Iglesia en 13 TV a valor de mercado vale más que el dinero aportado. La Iglesia no gasta en 13 TV, lo que hace es invertir en una empresa.”
El dinero recaudo por el IRPF también sirvió aquel año para pagar una “Campaña por la vida”, en la que se gastaron unos 160.000 euros, el funcionamiento de la propia Conferencia Episcopal o actividades pastorales en el extranjero. Y otra parte, unos 6 millones, fueron destinados a Cáritas. Fernando Giménez considera fruto del desconocimiento afirmar que la Iglesia gasta en esta organización lo mismo que en 13 TV.
“Cáritas —explica— se articula a través de las más de 7.000 Cáritas parroquiales que emplean el edificio de la parroquia, su luz, teléfono... Su presidente es el cura, los voluntarios pertenecen en su mayoría a la parroquia… y su fuente principal de financiación son las aportaciones a través de las colectas en la parroquias. Cáritas es la misma Iglesia en su actividad asistencial.”
Además, continúa Giménez, Cáritas presenta proyectos de ámbito nacional que son los financiados por la X de “otros fines sociales” y que, con motivo de la crisis, los obispos han decidido apoyar con aportaciones adicionales en los últimos años (el último, con algo más de 6 millones). “Decir que la aportación de la Iglesia a Cáritas se limita a esos 6 millones de euros es desconocer su funcionamiento”.