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Política
Sueldos de políticos y altos cargos: entre la opacidad y la incoherencia
Más correcto que de salario sería hablar de un paquete retributivo compuesto por una remuneración fija, otra variable y un conjunto de prestaciones o beneficios sociales como planes de pensiones, coche, ayudas para vivienda o seguros médicos
Diputados del PP aplauden a Rajoy durante una sesión de control del Gobierno en el Congreso. JAVIER SORIANO / AFP / Getty
El (escaso) debate público que ha habido en España acerca de los sueldos de los políticos y de los altos cargos de las administraciones públicas carece —como suele suceder en tantos ámbitos— de una base fáctica rigurosa y/o se encuentra muy polarizado: tan pronto se escuchan voces —las menos— reclamando una mejor retribución de nuestros cargos públicos para poder atraer a los mejores profesionales (la filosofía del you get what you pay for) como se escuchan quejas —las más— acerca de lo mucho que cobran los políticos y de los innumerables privilegios de que disfrutan frente al común de la ciudadanía. La percepción de que la corrupción está generalizada entre la clase política y de que el nivel de los cargos electos y de los altos cargos públicos deja mucho que desear (como demuestran unos cuantos casos de falsificación o embellecimiento de currículum) es otro factor que hay que valorar.
La situación del mercado laboral español dificulta además la reflexión sobre remuneraciones públicas de una cierta entidad. Según los datos de la Agencia Tributaria (AEAT), en 2014 hubo 16.899.024 asalariados a los que las empresas practicaron retenciones de algún tipo, incluyendo trabajos temporales y trabajadores a tiempo parcial. Del total de asalariados, un 78% ganó 3 veces o menos el salario mínimo interprofesional (SMI), cifrado ahora en 655,2 euros mensuales en 14 pagas. Solo un 2% cobró 7,5 veces o más ese salario. En este contexto, es comprensible que las retribuciones de los cargos públicos le parezcan elevadas a la opinión pública.
Para abordar un debate riguroso sobre los sueldos públicos es imprescindible un análisis detallado de las retribuciones de los máximos responsables del Estado, sean cargos electos —presidente, diputados y senadores— o cargos no electos o altos cargos de la Administración —ministros, secretarios de Estado, presidentes/directores generales de empresas públicas, organismos supervisores y reguladores y un largo etcétera—.
La Fundación ¿Hay Derecho? ha realizado un estudio en el que se analiza el actual esquema retributivo de estos responsables —limitado a los del Estado— y ha incluido propuestas de mejora para establecer una política retributiva más transparente y coherente y reducir el gasto total en sueldos públicos.
Los ministros son los que menos cobran de los altos cargos, menos que los secretarios de Estado y subsecretarios
Cualquier revisión del esquema salarial actual no puede plantearse de forma aislada, sino que debe abordarse dentro de un amplio conjunto de reformas: mejora de la democracia interna de los partidos políticos, profesionalización de los puestos directivos de los entes públicos —incluyendo procesos transparentes y competitivos capaces de garantizar los principios de mérito y capacidad—, despolitización de los órganos de gobierno de entes reguladores y supervisores, rendición de cuentas y, por supuesto, lucha contra la corrupción.
Además, cualquier modificación en la distribución salarial de los dirigentes públicos debería ir encaminada a atraer y retener a los mejores profesionales (funcionarios de carrera o no) para ocupar los cargos públicos de mayor responsabilidad. Si el objetivo es colocar a la clientela de los partidos políticos no tiene mucho sentido cambiar nada y hasta puede ser razonable bajarles el sueldo.
En cualquier caso, el análisis de los sueldos públicos es complejo. A la falta de transparencia informativa y legislativa hay que añadir que sería más correcto manejar el concepto de “paquete retributivo”, más amplio y preciso que el de sueldo o retribución. El paquete retributivo está compuesto por una retribución fija, una retribución variable y un conjunto de prestaciones o beneficios sociales (que abarcan un abanico amplio de posibilidades: aportaciones a planes de pensiones, coche oficial, ayudas a la vivienda, seguros médicos, comunicaciones móviles, equipamiento informático, iPads, etc.).
Muchos de los componentes de ese paquete retributivo son opacos y presentan una enorme variedad. Se plantea, por tanto, la necesidad de regular y homogeneizar las retribuciones en especie o los beneficios sociales que perciben los altos cargos, especialmente los del sector público empresarial, ya que en la actualidad no se conoce cuáles son ni cuál es su coste para las arcas públicas.
Hay muchos altos cargos (como los ministros) que no perciben retribución variable alguna, cobran una cantidad garantizada con independencia de que desempeñen su función bien, mal o regular. Cuando sí se cobran retribuciones variables no es sencillo detectarlas ni individualizarlas, ni mucho menos comprobar si retribuyen o no un mayor rendimiento o dedicación.
El sueldo del presidente
Otro punto de vista puede ser el análisis de las retribuciones desde una perspectiva comparada. Por ejemplo, ¿cobran el presidente del Gobierno y los diputados del Congreso más que sus homólogos a nivel internacional?
El presidente del Gobierno, por ejemplo, percibió en 2015 un salario fijo de 78.185 euros brutos. Los Presupuestos Generales del Estado de 2016 recogen una subida del 1% (hay que tener en cuenta que el sueldo del presidente no se incrementaba desde que el presidente Rodríguez Zapatero lo recortó un 15% como consecuencia de la crisis). Para comparar ese sueldo con el de cargos similares de otros países hay que utilizar ratios más que atender a las cifras absolutas. Comparar, por ejemplo, salarios sobre el PIB per cápita del país, que es un indicador del desarrollo económico. Así, los jefes de Gobierno que tienen los salarios más altos en relación con el PIB per cápita son los de Alemania y EE.UU., mientras que la retribución del presidente del Gobierno de España se encuentra a la cola de los países del entorno.
De los 21 cargos que más cobran, solo cinco aparecen en el Portal de Transparencia del Gobierno
Pero también hay que matizar que esta comparativa se refiere solo a la retribución fija, puesto que como hemos visto el jefe del Ejecutivo español no tiene prácticamente que asumir ningún gasto durante su mandato, ya que todos se encuentran cubiertos por el Estado: residencia oficial, vacaciones, desplazamientos y gastos diversos.
No todos los primeros ministros cuentan con esas facilidades. Algunos han renunciado por iniciativa propia, como la actual canciller alemana Angela Merkel, que rechazó la vivienda oficial desde su primer mandato. La inclusión de las vacaciones familiares a cuenta de los Presupuestos del Estado es también una excepción respecto al resto de presidentes europeos, que se las costean personalmente. Resulta chocante ver al primer ministro de Reino Unido, David Cameron, viajar en una línea aérea low cost a las costas de España y Portugal para sus descansos veraniegos, mientras que en España el presidente del Gobierno utiliza el palacio de las Marismillas, situado en el Parque Nacional de Doñana, para pasar unos días en verano, Semana Santa o en cualquier época del año, con cargo al erario público.
Diferencias entre diputados
El actual esquema de retribución de los diputados se basa en una asignación parlamentaria básica a la que se le van sumando complementos por los distintos cargos que pueden ostentar en la Cámara, indemnizaciones que no tributan destinadas a cubrir gastos ocasionados por la actividad parlamentaria, tarjetas-taxis por importe de 3.000 euros para los diputados que no disponen de coche oficial, etc. Así, se producen diferencias sustanciales en la retribución de los diputados. De hecho, en la pasada legislatura la franja retributiva iba desde los 188.974,92 euros, que percibía el presidente del Congreso, hasta los 49.840,9 euros, que ganaron los diputados que no tuvieron ningún cargo y fueron elegidos por la circunscripción de Madrid. En la franja intermedia hay una amplia variedad de retribuciones en función del cargo y de la circunscripción del diputado. Este esquema de retribución dificulta las comparativas internacionales: ¿qué perfil de diputado hay que elegir para incluirlo en la comparativa? ¿El del presidente o el de los diputados rasos? Si se opta por el primero, entonces España se encuentra entre los países que mejor paga. Si se selecciona a los seguntos, entre los que menos los retribuyen.
Con la entrada de nuevos partidos en el Congreso tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015, se han empezado a escuchar propuestas relacionadas con las remuneraciones y beneficios de los diputados y senadores, como por ejemplo, renunciar al uso de coches oficiales, las tarjetas para taxis, la indemnización por residencia fuera de Madrid cuando se tiene vivienda habitual en la capital... Lo importante sería consensuar estas medidas, regularlas e incorporarlas a la normativa del Congreso y del Senado, porque si se dejan a la voluntad de cada diputado o senador o de cada partido sin que exista una supervisión del Parlamento es probable que no supongan un ahorro real en el gasto público y se reduzcan a un guiño a su electorado.
Otro aspecto que se analiza en el estudio es la falta de coherencia del esquema retributivo de los altos cargos de la Administración General del Estado (AGE). Nos referimos en particular a lo que cobran ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y asimilados, es decir, las personas que conforman el equipo directivo de los distintos ministerios.
Las retribuciones más altas las cobran los presidentes de tres empresas públicas: SEPI, Enusa y Cesce
Los altos cargos y/o funcionarios de los ministerios tienen un sueldo fijo, pero además se reparten una bolsa de productividad, que equivale a una retribución variable que en muchos casos supone un aumento muy apreciable del sueldo. Lo curioso es que los ministros no tienen acceso a esta bolsa, por lo que la retribución anual que les corresponde se queda en 68.981 euros —algo más si es funcionario de carrera y cobra sus correspondientes trienios—, mientras que lo que perciben sus subordinados directos (los secretarios de Estado y subsecretarios) se encuentra en torno a los 105.000 euros anuales o a los 90.000 euros si se trata de directores generales, que a su vez son subordinados de los subsecretarios o secretarios de Estado. Es decir, los ministros son los que menos cobran del conjunto de altos cargos de la Administración. El mundo al revés.
Este esquema carece de toda lógica y debería revertirse, incluyendo una retribución variable también para los ministros, de forma que, en todo caso, cobren más que sus subordinados. Asimismo, podrían plantearse cambios en el esquema retributivo de los diferentes ministros en función del peso que tenga cada cartera, en términos presupuestarios, de competencias, funcionarios, etc. Estas diferencias serían trasladables al resto de niveles: secretarios, subsecretarios, etc. En la actualidad, las variaciones retributivas derivan del reparto de la citada bolsa de productividad asignada a cada ministerio, reparto que es muy opaco.
Pero los sueldos más altos del sector público estatal no se encuentran en la propia Administración General del Estado, sino entre los 409 entes públicos que forman parte de ella —el Inventario de Entes del Sector Público Estatal—. Hay tres cargos que recibieron en 2014 la retribución máxima permitida por las normas españolas. Se trata del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el presidente de la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA) y el presidente de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).
¿Cuál es el tope salarial del sector público estatal? En el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, que recoge el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial y otras entidades, se establece que la retribución básica —que constituye la retribución mínima obligatoria— no podrá exceder de 105.000 euros brutos anuales. Sin embargo, el límite real es justo el doble de lo establecido en el real decreto. Los complementos se establecen en diferentes órdenes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas según el tipo de organismo. De hecho, el tope real de retribución fija más variable en el sector público estatal es de 210.000 euros brutos anuales (retribución en especie o prestaciones sociales aparte, que no están reguladas ni se publican).
Los cambios en la distribución salarial deberían ir destinados a atraer y retener a los mejores profesionales
De hecho, de los 21 altos cargos que más cobran, solo 5 aparecen en el Portal de Transparencia del Gobierno, lo que implica que para averiguar las retribuciones de los 16 altos cargos restantes hay que visitar las páginas webs de esos organismos, buscar la sección de transparencia, descargar un fichero y con suerte llegar a la remuneración del máximo responsable de la entidad. Parece que el Gobierno no tiene mucho interés en que se sepa que, pese a los supuestos recortes en el sector público, hay algunos altos cargos que ganan exactamente lo mismo que antes de la aprobación del RD 451/2012, pero más discretamente.
Hay una conclusión clara del estudio: es necesario reordenar las retribuciones de los altos cargos y dotarlas de coherencia, garantizando que se ajusten al nivel de responsabilidad y a las funciones del puesto. Los que más cobren deben ser aquellos que tienen más responsabilidad, manejan mayor presupuesto y tienen funciones de mayor importancia. Hay que introducir el concepto de “paquete retributivo” para tomar en consideración todas las retribuciones, tanto en dinero como en especie. Es también urgente dotar de mayor transparencia al sistema. Y, por supuesto, eliminar, reducir y controlar aquellos gastos que pueden —y suelen— dar lugar a abusos (viajes, indemnizaciones por residencia, iPads, etc.). Esta tarea es posible sin aumentar el límite salarial establecido para los entes públicos. Hasta sería posible conseguir que el gasto en sueldos públicos se reduzca. O por lo menos que resulte coherente y cumpla bien su función: remunerar el trabajo que se realiza.
Este artículo es fruto de la colaboración entre AHORA y la Fundación ¿Hay Derecho?
El estudio íntegro, del que este artículo es una síntesis, está disponible en http://www.fundacionhayderecho.com/wp-content/uploads/2016/01/FHD_informesSuedosPublicos.pdf