El salario mínimo: ¿subir o no subir?
España tiene uno de los sueldos mínimos más bajos de Europa. Hay discrepancias entre los expertos que advierten de que su aumento podría destruir empleo y bajar la competitividad y los que creen que es necesario para combatir la desigualdad
El triste panorama salarial español tuvo un curioso epílogo al acabar 2015: la módica subida del 1% del salario mínimo aprobada por el Gobierno para 2016. Tras varias congelaciones, la legislatura ha concluido con un salario mínimo de 655,2 euros al mes (9.172 al año, en 14 pagas), un 2,1% más alto que cuando empezó. Subirlo más generosamente es una de las medidas previstas por los partidos de izquierda que están negociando contrarreloj un pacto de gobierno.
El salario mínimo español se ha movido siempre en cifras modestas comparado con el salario medio. Según recoge el Boletín Oficial del Estado, en septiembre de 1977, al inicio de la democracia, era de 15.000 pesetas mensuales (90,15 euros) para mayores de 18 años y de 9.180 pesetas (55,17 euros) para jóvenes entre 16 y 18 años. Poniendo al día estas cifras con la tabla de actualización de rentas del INE, resulta que la inflación ha subido en esos 39 años el 657%. Los 90,15 euros de sueldo mínimo de 1977 equivalen ahora a 682,4. Es decir, el salario minimo ha crecido menos que la inflacion en ese periodo y es, por tanto, menor en terminos reales al actual.
Comparado con los grandes países europeos, España tiene un sueldo mínimo bajo. Teniendo en cuenta que Eurostat computa el salario mínimo anual en 12 pagas —en vez de 14—, en España es de 764,4 euros al mes. Queda por debajo de países como Bélgica (1.501,8), Francia (1.466) y Alemania (1.476). Y por encima de los 683,7 euros de Grecia o los 618,3 de Portugal. En este último país el nuevo Gobierno apoyado por una mayoría de izquierdas acaba de subir el salario mínimo un 5%. Entre los países colistas están Bulgaria (214,7 euros) y República Checa (366,3). Otros como Holanda o Reino Unido lo tienen más bajo para jóvenes que para adultos. En España hubo un salario mínimo para menores de 18 años y otro para adultos hasta 1998, cuando el Gobierno los equiparó fijando un único salario.
Lejos de la Carta Social Europea
El sueldo mínimo no siempre ha crecido tan poco. En la primera etapa de gobierno de Rodríguez Zapatero el salario mínimo subió considerablemente hasta que fue congelado al final de su mandato por la crisis. La Carta Social Europea, suscrita por España, fija que el salario mínimo debería alcanzar el 60% del salario medio neto. España está rezagada en este objetivo. No llega al 40%. Debería rondar los 1.000 euros para alcanzar ese objetivo.
Solo el 1,70% de quienes trabajan a jornada completa perciben el salario mínimo en España. Eso significa que lo cobran unos 240.000 trabajadores. Pero este porcentaje ha crecido, con altibajos, desde el 1,35% en 2008, según los últimos datos disponibles del INE, de 2013. Hay más trabajadores que cobran menos del salario mínimo porque trabajan a tiempo parcial. Eso se debe a que el salario medio bruto anual a tiempo parcial es de 10.056 euros, mientras que a tiempo completo llega a 26.345, aunque el sueldo más frecuente se queda en 15.500, según la Encuesta de Estructura Salarial del INE. Algunos expertos temen —otros no— que una subida del salario mínimo interprofesional empujaría al alza al resto de sueldos pactados en los convenios colectivos.
Tomando un perímetro salarial mayor, UGT acaba de presentar un informe en el que se cifran en el 35% los asalariados que cobran menos del sueldo mínimo. Pero hay que tener en cuenta que este dato se basa en las declaraciones de renta de 2014 de la Agencia Tributaria, que computa a todas las personas que recibieron ingresos salariales aunque trabajaran solo semanas o meses.
¿Debe subir más el salario mínimo? ¿Existe margen sin perjudicar la competitividad ni el empleo? Las opiniones son discrepantes, incluso extremas. Los expertos no liberales defienden que hay espacio para mayores subidas sin poner en peligro el empleo de quienes cobran este salario. Los más liberales advierten de que subirlo amenaza la competitividad de las empresas y a esos empleos, que suelen ocupar jóvenes y trabajadores menos formados.
¿Subir o bajar?
“La subida del salario mínimo es como un arma de destrucción masiva de empleo”, según Rafael Pampillón
“La subida del salario mínimo es un arma de destrucción masiva de empleo porque incrementa los costes laborales unitarios y perjudica nuestra competitividad”, responde Rafael Pampillón, profesor en el IE Business School a preguntas de AHORA. “No debe subir. En todo caso, se debe bajar, ya que en España el paro es del 21%. Los sindicatos y los partidos creen que se protege a los jóvenes y trabajadores de baja cualificación prohibiéndoles aceptar empleos con sueldos inferiores. Pero ellos podrían querer aceptar esos empleos, si se los ofrecieran. La prohibición —añade este economista— puede conseguir un efecto perverso, ya que estos trabajadores se emplean en la economía sumergida, donde no rigen salarios mínimos ni protecciones sociales, sino una lamentable explotación.” Agrega Pampillón: “Muchos piensan que los trabajadores de baja cualificación y quienes buscan su primer empleo se beneficiarían de un salario mínimo más alto. Es falso porque el empresario puede decidir que no le merece la pena pagar ese salario y no contratar o despedir al trabajador organizando la empresa de otro modo; por ejemplo, mecanizando la tarea”.
En la misma línea escribe el economista Daniel Lacalle en su último libro Acabemos con el paro (Deusto, 2015). “La rigidez del mercado laboral europeo provoca que los trabajadores de menor formación […] se queden fuera del mercado, dado que su baja productividad no justifica el salario que deben recibir.” Lacalle añade que “al crear un salario mínimo se altera la demanda de la fuerza laboral haciendo ineficiente el mercado de trabajo. Básicamente, se crean más parados y se consigue que algunos trabajadores que estarían dispuestos a trabajar por menos dinero, por diversas razones, no tengan acceso a ese trabajo”.
Discrepa de estas opiniones Jorge Uxó, profesor de Economía de la Universidad de Castilla-La Mancha. “España tiene uno de los salarios mínimos más bajos. Sin embargo, la tasa de paro es la segunda más alta. El paro juvenil es muy elevado y también el de larga duración para los trabajadores menos cualificados. Esto demuestra —argumenta Uxó– que la causa no es el salario mínimo sino las condiciones macroeconómicas y la tardanza en aplicar medidas de choque contra el paro. Llegar al menos a 950 euros al mes (en 14 pagas) a final de legislatura sería razonable”, dice este economista. “España está lejos del objetivo marcado por la Carta Social Europea [60% del salario medio] y el nuevo gobierno debería dar pasos decididos en esa dirección”, afirma el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. “Mejoraría la situación de los trabajadores con peores condiciones y tendría un efecto de arrastre sobre otros salarios y rentas”, concluye Uxó.
“El aumento mejoraría la situación de los trabajadores con peores condiciones”, sostiene el profesor Jorge Uxó
Marcel Jansen, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), es partidario de volver a tener varios salarios mínimos como ya hubo en España. Jansen afina el debate. “En España debería haber uno para jóvenes hasta 22 o 23 años y otro para el resto de trabajadores. En países como Holanda o Reino Unido son distintos para jóvenes y adultos. Creo que en España el salario mínimo es bajo para los adultos porque es muy difícil vivir con 655 euros. Estoy convencido de que se podría subir para los adultos, pero siempre con base en informes de expertos, junto con opiniones de sindicalistas y empresarios, como ocurre en Francia o Reino Unido. Pienso, sin embargo, que no es tan bajo para los jóvenes”, asegura. Jansen ve un riesgo: “Que una subida elevada del salario mínimo pueda empujar sustancialmente al alza los otros salarios fijados en la negociación colectiva y eso provoque una pérdida de competitividad que perjudicaría al empleo”.
Discrepan los agentes sociales
Sindicatos y patronal mantienen sus diferencias sobre el salario mínimo interprofesional ahora que el asunto ha vuelto al candelero con las negociaciones para la formación de gobierno. “Creo que el salario mínimo está en el nivel adecuado”, afirma Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de la patronal CEOE. “Además, su incidencia es muy baja porque, por suerte, la inmensa mayoría de los salarios se pactan en España en la negociación colectiva. Subir el salario mínimo no tendría repercusión para la inmensa mayoría de los trabajadores porque los sueldos más bajos de los convenios ya están por encima. Hemos calculado —dice el representante de la CEOE— que los salarios más bajos de los convenios seguirían estando por encima del mínimo si subiera, por ejemplo, un 5%.” Lo que podría ocurrir, añade García Viña, es que una subida importante del salario mínimo “produjera un efecto de arrastre sobre los salarios de los convenios colectivos”.
Para el economista Manuel Lago, del gabinete de economistas de CC.OO., “subir el salario mínimo es necesario para proteger a los trabajadores pobres y combatir la desigualdad. Estamos planteando que llegue a 800 euros en enero de 2017. Llegar al menos a 950 euros al mes (en 14 pagas) a final de legislatura sería razonable. Tenemos que fijarnos en países como Alemania, que no tenía salario mínimo y lo introdujo cuando se hizo la gran coalición [entre los democristianos de Angela Merkel y los socialdemócratas de Sigmar Gabriel]”. Lago defiende que una subida escalonada en varios años del salario mínimo “estimulará la demanda, especialmente el consumo, y no perjudicará los costes laborales, que han bajado mucho”.
Un 66% de empleos precarios en 2015
La precariedad laboral y las subidas salariales moderadas han marcado el segundo año de la frágil recuperación económica. A la exigua subida del sueldo mínimo se ha unido que los salarios fijados por los convenios colectivos apenas subieron una media del 0,74% en 2015 (en 2014 el aumento fue del 0,55%), según los datos provisionales sobre convenios colectivos que acaba de publicar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estas subidas salariales son ampliamente representativas, ya que recogen la situación de 6,5 millones de trabajadores de casi un millón de empresas.
Este incremento se ha quedado por debajo del objetivo fijado en el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015, 2016 y 2017, un pacto firmado por sindicatos y patronal que planteaba aumentos de “hasta” el 1% para 2015. El acuerdo propugna “una política salarial que contribuya de manera simultánea a la reactivación económica, a la creación de empleo y a la mejora de la competitividad de las empresas”. Pese a la escasa subida salarial del 0,74% en 2015, con carácter general los sueldos han ganado algo de poder adquisitivo porque no hubo inflación el año pasado. Pero la inflación subyacente (sin incluir la energía ni los alimentos no elaborados) está en el 0,9% anual y apunta a que los precios subirán cuando se frene la caída del precio del petróleo.
En enero de este año se ha producido una aceleración del aumento de los sueldos pactados en los convenios colectivos. La variación salarial media acordada ha sido del 1,08%, aunque los datos de un solo mes no son significativos de cómo irá el año. Para 2016 está prevista una subida salarial de “hasta” el 1,5%, según el mencionado acuerdo.
La segunda cuestión negativa para el mercado laboral es la mala calidad del empleo, medida por la tasa de temporalidad. Aunque la economía española ha pasado en los dos últimos años de destruir a generar empleo y el año pasado se crearon 525.000 puestos de trabajo, en 2015 el 66,7% de los nuevos asalariados tuvieron contratos eventuales (en 2014 fueron el 45,3%), según la Encuesta de Población Activa. La oposición de izquierdas plantea derogar la reforma laboral del PP. Y el Gobierno ahora en funciones parece haberse dado cuenta de que, por encima de las grandes cifras, es preciso detener el alza de la precariedad y ha propuesto ampliar las bonificaciones a las empresas que contraten indefinidamente aplicando nuevas rebajas a la Seguridad Social durante nada menos que cuatro años. La precariedad laboral suele implicar, además, bajas cotizaciones sociales y el déficit de la Seguridad Social sigue creciendo y poniendo en peligro el cobro de las pensiones a medio plazo.