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Opinión
Colombia: sonrisas y lágrimas
En siete días Colombia pasó de representar un rutilante ejemplo de que la paz es posible tras 52 años de sangriento conflicto entre el Gobierno y el grupo guerrillero de las FARC a presentarse como descorazonadora evidencia de que el populismo no conoce fronteras y el encono de los expresidentes, tampoco. La ciclotimia emocional que han causado primero la firma del acuerdo en Cartagena de Indias el 26 de septiembre y luego los resultados de la votación del domingo 2 de octubre, no debe servir para imponer una lectura reduccionista ni de los motivos que han desencadenado esta situación ni del camino que queda por delante.
Colombia atraviesa una delicada situación. Hay un acuerdo de paz de cerca de 300 páginas firmado, un referéndum no vinculante que, por estrecho margen, lo rechaza, y un país dividido casi al 50%, según se desprende del recuento de papeletas. A este respecto conviene recordar tanto el elevado índice de abstención de más de un 60% como el número de papeletas nulas: 170.000, tres veces la diferencia entre los votos a favor del sí y los del no, de apenas 54.000. Las arengas del expresidente Uribe —cuyo acuerdo con los paramilitares nunca sometió a una votación, y sobre cuya presidencia pesa la oscura sombra de los miles de vagabundos asesinados a los que se vestía de guerrilleros, los llamados “falsos-positivos”— contra su sucesor y ministro de Defensa de su gabinete forman parte en gran medida de un capítulo de celos con graves consecuencias políticas.
Cuatro años de negociaciones en La Habana produjeron, tras sucesivos retrasos, el documento de paz refrendado por el presidente Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, en Cartagena. Un acuerdo complejo, jurídica, económica y socialmente, cuya implementación suponía un enorme reto, aunque hubiera sido apoyado en las urnas. La repartición de tierras, la reinserción de guerrilleros en la vida civil, la constitución de comisiones de la verdad o la reconversión de las FARC en partido político con representación parlamentaria, sin tener que presentarse a unas elecciones, son solo parte de una larga lista de aristas de este acuerdo que se clavaban en las fibras más sensibles del país. Las dificultades a las que hace frente el acuerdo, sin embargo, empezaron antes de lo que los más de seis millones de colombianos que votaron por el sí pensaban. Pero eso no invalida en ningún caso el acuerdo.
Colombia atraviesa una delicada situación. Hay un acuerdo de paz de cerca de 300 páginas firmado, un referéndum no vinculante que, por estrecho margen, lo rechaza, y un país dividido casi al 50%, según se desprende del recuento de papeletas. A este respecto conviene recordar tanto el elevado índice de abstención de más de un 60% como el número de papeletas nulas: 170.000, tres veces la diferencia entre los votos a favor del sí y los del no, de apenas 54.000. Las arengas del expresidente Uribe —cuyo acuerdo con los paramilitares nunca sometió a una votación, y sobre cuya presidencia pesa la oscura sombra de los miles de vagabundos asesinados a los que se vestía de guerrilleros, los llamados “falsos-positivos”— contra su sucesor y ministro de Defensa de su gabinete forman parte en gran medida de un capítulo de celos con graves consecuencias políticas.
Cuatro años de negociaciones en La Habana produjeron, tras sucesivos retrasos, el documento de paz refrendado por el presidente Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, en Cartagena. Un acuerdo complejo, jurídica, económica y socialmente, cuya implementación suponía un enorme reto, aunque hubiera sido apoyado en las urnas. La repartición de tierras, la reinserción de guerrilleros en la vida civil, la constitución de comisiones de la verdad o la reconversión de las FARC en partido político con representación parlamentaria, sin tener que presentarse a unas elecciones, son solo parte de una larga lista de aristas de este acuerdo que se clavaban en las fibras más sensibles del país. Las dificultades a las que hace frente el acuerdo, sin embargo, empezaron antes de lo que los más de seis millones de colombianos que votaron por el sí pensaban. Pero eso no invalida en ningún caso el acuerdo.