Así se puede combatir la desigualdad
Las buenas prácticas internacionales en ámbitos como el sistema educativo o la fiscalidad pueden contribuir a orientar la lucha contra el mayor problema socioeconómico de España
El principal problema económico y social de España no es la acumulación de riqueza del privilegiado uno por ciento, sino el abismo que separa al colectivo de ingresos bajos de la amplia clase media y la facilidad con la que cualquiera puede resbalar y caer en la pobreza cuando pierde el empleo y no salir de ella a pesar del esfuerzo y el mérito. Es sabido que no existe meritocracia en la miseria.
Mientras la investidura fantasma de Pedro Sánchez o Mariano Rajoy crispa a la clase media, casi el 30% de los españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística. Ha llegado el momento de que las buenas prácticas del extranjero que podrían ayudarnos a mitigar esta angustia y vulnerabilidad de millones de personas ocupen un lugar central en el debate público.
La primera es evitar en lo posible que este diálogo se convierta en la enésima secuela del enfrentamiento ideológico, porque las soluciones no se corresponden con un solo color político. También es peligroso y empobrecedor asumir que este es un asunto que únicamente interesa a una parte de la sociedad, es decir, a los progresistas, las rentas bajas y los trabajadores precarios.
Muchos liberales, conservadores y empresarios de éxito también se alarman y sienten la sincera necesidad de hacer algo cuando contemplan, por ejemplo, las terribles cifras de pobreza infantil y cuando constatan que, en un contexto de escasa movilidad ascendente, escuálidas políticas activas de empleo, crecimiento anémico a medio plazo y gigantismo en la deuda pública, la meritocracia es ciencia ficción y el capitalismo sufre severos problemas de legitimidad social que animan el fuego de la intervención masiva del Estado, los impuestos confiscatorios, la inestabilidad y el populismo.
Ingredientes mínimos
Otra buena práctica consiste en, como afirma Luis Ayala, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los principales expertos españoles en desigualdad, “entender, primero, que no hay un recetario universal para acabar con esta situación y, segundo, que sí existen unos ingredientes mínimos que ayudan a mitigarla”.
Las rentas mínimas de inserción no pueden distinguir entre españoles. No puede haber pobres de segunda
Ayala destaca entre esos ingredientes “la mejora de una red de protección básica que está llena de agujeros en España y que por eso mismo discrimina por territorio y por otras categorías”. Las rentas mínimas de inserción no pueden distinguir entre españoles. No puede haber pobres de segunda.
Un ingrediente adicional, según el economista, es “complementar los salarios más bajos con subsidios”. Por supuesto, advierte, “nos enfrentamos a la posibilidad de que los empleadores decidan aprovechar la oportunidad para reducir aún más los salarios, pero debemos recordar que esto no ha ocurrido en Reino Unido y Estados Unidos, dos de los países desarrollados donde se ha implantado”.
Igualmente, advierte Ayala, “conviene tener en cuenta que, si bien el gasto público juega un papel importante a la hora de combatir la desigualdad y fomentar la movilidad social, lo cierto es que no todo se reduce a gastar más”.
Según él, hay que revisar “sin miedo” los programas públicos y evaluar hasta qué punto son redistributivos. Cuando no estén a la altura de las expectativas, como es el caso de la sanidad y la educación en España, habrá que tener la valentía, que ya han demostrado Dinamarca y Noruega, de reformarlos e imponer un copago progresivo. Pagará más quien más tenga… incluida la clase media.
Otro elemento clave relacionado con el fomento de la progresividad, apunta el experto, es no concentrar las subidas de impuestos en tasas indirectas y de recaudación fácil como el IVA, sino en otras directísimas como el IRPF y los gravámenes sobre patrimonio y sucesiones. Ayala admite que existe el riesgo de que el crecimiento se resienta —los que más tienen y las clases medias dispondrían de menos recursos para consumir, invertir y crear empleo… y ello podría terminar perjudicando al colectivo de ingresos bajos al que se intenta beneficiar— pero, aun así, considera que no puede haber blancos o negros. La idea es apostar más, y con extremo cuidado, por las tasas directas que por las indirectas como hasta ahora. Nadie habla de una revolución.
Apostar por la educación
Un ingrediente especialmente importante de esta poderosa salsa contra lo fácil que ha resultado en España caer en la pobreza y lo endiabladamente difícil que resulta salir de ella es el sistema educativo en una cuádruple dimensión: la creación de una auténtica red pública y gratuita de guarderías, una evidente mejora de la enseñanza en los colegios, la apuesta por la formación profesional y el diseño de unas políticas activas de empleo que pasen por la formación durante toda la vida.
La red pública y absolutamente gratuita de guarderías que atiende a los niños hasta que cumplen los tres años permitiría, según Carles Manera, catedrático de Historia Económica de la Universidad de las Islas Baleares y miembro del colectivo progresista Economistas Frente a la Crisis, “que las mujeres de hogares de ingresos bajos pudieran acceder al mercado laboral, tal y como se ha demostrado en otros países”.
Como recuerda la OCDE, la brecha que separa a los pobres de la clase media comienza en la infancia
Esto supondría añadir un nuevo sostén a la familia y también contribuiría a que los niños estuvieran mejor preparados académicamente cuando empiecen preescolar y la enseñanza básica en el colegio. Como recuerda la OCDE, la tragedia de la desigualdad que separa a los pobres de la clase media comienza en la infancia.
Otro capítulo fundamental, según el último informe anual de la Comisión británica sobre la Pobreza Infantil y Movilidad Social, es reformar o cerrar los colegios que fracasen durante cinco años seguidos, muchos de los cuales acogen a alumnos con muy pocos recursos, premiar con bonus e incentivos a los directores capaces de transformar instituciones fallidas en centros que cumplan los mínimos requisitos de calidad y elevar la consideración de los buenos profesores, que se seleccionarían con nuevos métodos, ofreciéndoles mejores salarios, subsidios para la compra de viviendas e incentivos para dar clase en centros de barrios difíciles.
Todo ello también apuntalaría, de paso, una oferta de formación profesional adecuada que debería beneficiarse, según la Comisión británica, de un marco ambicioso en el que el Estado favorecería masivamente los programas de aprendices y crearía una web que recoja no solo las oportunidades laborales, sino también la evolución de ingresos y las salidas que puede esperar el que elija cada especialización.
Los centros superiores de enseñanzas técnicas, las academias, las universidades, las escuelas de negocios, los agentes sociales y las empresas deberían sumar también sus fuerzas para tejer un sistema de formación para toda la vida. El sistema más exitoso se encuentra en Dinamarca y, según Alfonso Novales, catedrático de Economía en la Universidad Complutense y especialista en desigualdad, las ventajas que ofrece una iniciativa así son evidentes.
El experto destaca entre ellas, por ejemplo, la actualización educativa constante del trabajador, “la adecuación gradual de la formación de los trabajadores a las necesidades laborales que se van creando” y la “mayor rapidez a la hora de encontrar trabajo”. Esto cobra especial importancia en un contexto marcado por la automatización intensiva del sector servicios y la competencia extranjera. Millones de personas pueden acabar condenadas a los ingresos bajos y la precariedad si no se benefician de programas de reciclaje.
Pobreza infantil
Si las mejores políticas activas de empleo son el crecimiento y la formación para toda la vida, una de las maneras más eficaces de aliviar la pobreza infantil, según Luis Ayala, es “ofrecer ayudas monetarias a las familias con hijos pequeños y con muy pocos recursos”.
España es, después de Grecia, el segundo país de la Unión Europea que menor proporción de su PIB dedica a este capítulo, por detrás de países rescatados como Portugal. No hace falta decir que los niños que nacen pobres tienen muy pocas posibilidades de escapar a una vida plagada de miseria. Muchos de esos hogares con niños tan vulnerables tienen que cargar, además, con el lastre de la precariedad laboral de los padres.
Alfonso Novales cree que ha llegado el momento de identificar las circunstancias que exigen que una actividad productiva sea temporal y prohibir que se firmen contratos temporales cuando esas circunstancias no existan. La mejora de la formación para toda la vida contribuirá también a que los candidatos puedan acceder a ofertas de trabajo con mejores condiciones. Al mismo tiempo, advierte Carles Manera, “deben tomarse medidas para fomentar industrias y sectores que favorezcan la creación de empleos estables y de calidad”.
Las medidas que serían capaces de potenciar la movilidad social ascendente de los que tienen pocos recursos y mitigar el descenso en una espiral de pobreza y precariedad de parte de las clases medias exigen un cambio de mentalidad considerable sobre el Estado del bienestar, sobre el copago de muchos de sus servicios, sobre la educación, sobre el mercado laboral, sobre la fiscalidad y sobre la competencias autonómicas.
Exigen también asumir el riesgo de crecer menos que con otras políticas y de incentivar posibles abusos por parte de empleadores y personas que prefieran vivir del Estado o se aprovechen de ayudas que no les corresponden mientras nadan apaciblemente en la economía sumergida.
Por último, con los actuales niveles de deuda y déficit públicos, este nuevo esfuerzo implicaría el recorte de otras partidas importantes de gasto —con el consiguiente despido de empleados públicos y la emergencia de una ola de privatizaciones— y la necesidad de que las clases medias, todavía muy heridas e indignadas justificadamente por la crisis y la corrupción, se vean obligadas a pagar más por sus medicamentos, a sufrir más impuestos sobre sus planes de pensiones particulares y a permitir que los políticos administren más dinero. Habrá que diseñar nuevos mecanismos de control y transparencia.
El camino no será fácil. Dar la espalda a casi el 30% de la población tampoco es una alternativa.
El crecimiento: necesario pero nunca suficiente
Es totalmente cierto que, como afirma Francisco Goerlich, catedrático de Económicas de la Universidad de Valencia e investigador del think tank IVIE, “la mejor forma de mitigar la desigualdad es crear empleo” y que eso se consigue, sobre todo, con crecimiento económico. También lo es, advierte Goerlich, que “necesitamos empleos de calidad más abundantes”, porque el crecimiento a secas permite crear puestos de trabajo, pero no garantiza que la mayoría sean estables o superen ampliamente el salario mínimo.
Otra salvedad al mantra de que el simple crecimiento resuelve casi todos los males es que, como apunta el economista del IVIE, en los países desarrollados importa, y mucho, que los sectores que lo propulsan sean de alto valor añadido para que ofrezcan mejores condiciones laborales a la población. En España, afirma, “hace falta un plan industrial para cambiar el modelo productivo”, es decir, para depender cada vez menos de un sector servicios que se nutre, esencialmente, de mano de obra temporal y barata.
Luis Ayala, catedrático de la Facultad de Económicas de la Universidad Rey Juan Carlos, recuerda que el problema de desigualdad de nuestro país es muy específico: hablamos de la enorme distancia que separa al colectivo de ingresos bajos de la clase media y de la facilidad con la que una parte de la clase media puede precipitarse en una espiral prolongada de miseria y desesperación.
Obviamente, el crecimiento, si no va acompañado de un músculo poderoso de redistribución dirigido a mitigar esta realidad, solo curará en parte la herida. La pobreza infantil, que, según Ayala, no descendió ni siquiera en los años del boom de finales de los 90 y principios de los 2000, es un triste ejemplo de ello.
El avance económico, por sí solo, tampoco es capaz de ofrecer a los hogares de ingresos bajos la oportunidad de que muchas mujeres tomen la decisión de trabajar fuera de casa. Para ello, además de un cambio drástico de mentalidad en los hombres y los empleadores, hace falta que existan, por ejemplo, guarderías públicas donde puedan dejar a sus hijos.
Las buenas cifras del PIB tampoco suponen, necesariamente, una mejora en el sistema educativo, sobre todo en los peores colegios, ni por supuesto la implementación de un programa de formación para toda la vida que se apoye en sólidas políticas activas de empleo que permitan el reciclaje profesional que fuerza todos los días el impacto combinado de la robotización y la presión de la competencia extranjera.
Finalmente, el crecimiento no va a rediseñar una estructura más progresiva del Estado del bienestar, sus subsidios y sus tasas que penalice menos a las rentas bajas en beneficio de las clases medias y del colectivo de ingresos altos.
No obstante, recuerda Francisco Goerlich, sin crecimiento ni siquiera tendremos la oportunidad de luchar contra esta lacra en condiciones. Remaremos con el viento en contra y la financiación provendrá exclusivamente de los recortes del gasto, que pondrán en peligro una vez más la creación de empleo.