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Política
Temas tabúes en los programas electorales
Los nuevos partidos desbloquean la ambigüedad histórica sobre tres cuestiones complejas: eutanasia, prostitución y cannabis
Juan Luis Gallego
- 11/12/2015
- Número 13
El club de alterne Dallas en La Jonquera (Girona), cerca de la frontera con Francia.raymond roig / afp / getty
Hora de mojarse. La irrupción en la política española de nuevos partidos con fuerza para decidir y su audacia para afrontar temas hasta ahora tabúes pueden obligar a PP y PSOE a posicionarse. Augura además que en el juego de alianzas entrecruzadas que se darán en el Congreso después de las elecciones del 20-D pueden abrirse posibilidades reales de abordar cambios legislativos históricamente marginados. Los eufemismos con los que se orilla el debate sobre la eutanasia, la difusa alegalidad en que se mueve la prostitución y la negativa a afrontar siquiera la posible legalización de la marihuana, pese al cambio de tendencia en otras partes de mundo, parecen a punto de acabar.
También habían sido Izquierda Unida antes y hace apenas unas semanas UPyD los que llevaron al Parlamento la posibilidad “de abordar el fin de la prohibición del consumo de cannabis y derivados regulando todos los aspectos del asunto: cultivo, venta y consumo, restricciones legales específicas (como la venta a menores o limitación de la publicidad), definición y supervisión sanitaria de los productos de venta legal, y tratamiento fiscal”, según el escrito presentado por el grupo liderado entonces por Rosa Díez ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas. El voto en contra de PP y la abstención de los socialistas sirvió para volver a tumbar de nuevo la iniciativa.
El debate sobre la prostitución mereció incluso, allá por 2007, una ponencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre los Derechos de la Mujer que concluyó con la negativa mayoritaria, con los votos de PP, PSOE y CiU, a legalizar la prostitución, mientras IU se lamentaba entonces de que no se contemplara la posibilidad de reconocer los derechos “sanitarios y laborales” de quienes la ejercen “libremente”. En cualquier caso, tras 10 meses de trabajo en los que se escucharon más de 100 testimonios de expertos, nada ha cambiado desde el cierre de la ponencia.
La regulación de la eutanasia es, probablemente, el tema que más consenso puede llegar a concitar. El PP rechaza cualquier cambio, convencido de que la última palabra debe estar en manos de los médicos, tanto para preservar la vida como para aplicar cuidados paliativos que, aunque la acorten, persigan una muerte digna sin grandes dolores ni sufrimientos. “Es una decisión médica en la que no deben intervenir los políticos”, en palabras de Echániz, médico de profesión.
Pero el PSOE, aunque en su programa solo habla de “promulgar una ley de muerte digna y de cuidados paliativos” y “abrir un debate sobre la eutanasia si en la próxima legislatura hay un
La posición de Podemos, al igual que históricamente la de IU, es mucho más clara. Según el responsable de Discurso en el consejo ciudadano estatal de Podemos, Jorge Moruno, pasa por asumir las reivindicaciones de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que preside el doctor Luis Montes (aquel al que el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Luis Lamela y medios afines acusaron, de forma infundada, según declaró la Justicia, de sedar hasta la muerte a cientos de pacientes). Es decir, derogarían el artículo 143 del Código Penal que castiga con entre 2 y 10 años “al que coopere con actos necesarios al suicidio de otra persona” y que se limita a rebajar la pena en uno o dos grados si existe petición expresa de la víctima y esta sufre “una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”. Por supuesto, tanto la Asociación Derecho a Morir Dignamente como Podemos e IU contemplan que esa derogación vaya acompaña de cambios en las leyes sanitarias para una correcta regularización de la eutanasia.
Ciudadanos se queda a medio camino. Partidarios de “ayudar en el morir, que no ayudar a morir”, en palabras de Antonio Espinosa, secretario de Acción Política, Estudios y Programas, defienden en su programa la llamada eutanasia pasiva o muerte digna con estas palabras: “Defendemos la posibilidad de rechazar o interrumpir un tratamiento de soporte vital; el derecho a recibir cuidados paliativos dirigidos a evitar el dolor, aunque acorten la vida, incluyendo la sedación terminal cuando el dolor no se pueda controlar, y la facultad de dejar por escrito anticipadamente, mediante instrucciones anticipadas o testamento vital, la designación de la persona que nos representará y nuestra voluntad para el caso de que no podamos adoptar ya la decisión por nosotros mismos”.
Sin embargo, las posibilidades de acuerdo son más fáciles en el otro bando, el de los abolicionistas. Es lo que el PSOE lleva en su programa, en el que propone medidas “encaminadas a la abolición de la prostitución”, entre las que incluye “sancionar su demanda y compra”; es decir, adoptar la postura ensayada ya con cierto éxito por países como Suecia de persecución del cliente. El mensaje, según explica la portavoz socialista de Igualdad, Carmen Montón, es contundente. Desde la convicción de que la prostitución “es incompatible con la igualdad”, se
Las posibilidades de acuerdo en esta postura pasan, paradójicamente, por el PP. Echániz pone el énfasis en la persecución de la trata de personas y el ataque a los derechos humanos que representa, recuerda que se ceba mayoritariamente en las mujeres —el 60% de las víctimas en todo el mundo; el 80% en Europa— y habla de “violencia contra las mujeres” para defender su actual tipificación. Pero, aunque insisten en que la postura de su partido se centra en combatir a las organizaciones que se lucran con la explotación sexual de terceros, admite tímidamente, al ser preguntado si irían más allá para sancionar también al cliente, que “no descartamos debatir”.
Jorge Moruno, de Podemos, partidario también de seguir la línea que ya han emprendido, bien con su aprobación o al menos con su debate, países como Chile, Uruguay u Holanda, cree que la legalización serviría además para crear empleo, aumentar los ingresos públicos y reducir la delincuencia. En su opinión, uno de los modelos a seguir es el del estado de Colorado (EE.UU.), donde es legal desde 2014 gracias a una legislación que especifica desde las condiciones que deben cumplir los establecimientos para recibir el permiso estatal hasta la manera en que tienen que envasar la marihuana, así como una tasa mínima para conducir.
Desde el PP, Echániz muestra la “especial preocupación” de su partido por este debate sobre una sustancia de la que se tienen “evidencias científicas” de que “no es inocua”. Recuerda también que esta sustancia “ya figura en la farmacopea” y, por tanto, se utiliza en diversos preparados por motivos de salud. “Es un tema muy serio sobre el que no caben bromas”, afirma, como demuestra que el “38% de los muertos en accidentes de tráfico el año pasado había consumido algún tipo de droga, casi la mitad de ellos, cannabis”, y atribuye a la “frivolidad y el desconocimiento” las posturas de los partidos emergentes.
Desde el PSOE, José Martínez Olmos explica que su partido no va a tomar ninguna medida que favorezca o fomente al acceso a una sustancia perjudicial para la salud y entiende que, además, como el consumo no está penalizado en la actualidad, “no hay un problema de acceso para su consumo”, por lo que no es necesaria ninguna modificación legislativa.
Lo cierto es que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana del PP, conocida como ley mordaza, prevé multas de entre 601 y 30.000 euros a quien la consuma en público.
IU en solitario
Hasta ahora, Izquierda Unida es la fuerza que había afrontado más decididamente algunas de esas cuestiones. Con propuestas concretas en el Congreso y siempre con el mismo resultado: alianza de PP y PSOE para tumbarlas. Respecto a la eutanasia, son varias las veces en que lo ha intentado, la última en marzo de 2012. Entonces, el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto propuso modificar el Código Penal para “despenalizar” aquellas “conductas que mediante actos necesarios o de cooperación activa permitieran la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de esta, en caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido a su muerte o le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar o que le incapacite de forma generalizada para valerse por sí misma”. Es decir, legalizar la llamada eutanasia activa. A pesar de la disposición a abrir el debate al resto de grupos, populares y socialistas votaron juntos para cerrarlo de nuevo.También habían sido Izquierda Unida antes y hace apenas unas semanas UPyD los que llevaron al Parlamento la posibilidad “de abordar el fin de la prohibición del consumo de cannabis y derivados regulando todos los aspectos del asunto: cultivo, venta y consumo, restricciones legales específicas (como la venta a menores o limitación de la publicidad), definición y supervisión sanitaria de los productos de venta legal, y tratamiento fiscal”, según el escrito presentado por el grupo liderado entonces por Rosa Díez ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas. El voto en contra de PP y la abstención de los socialistas sirvió para volver a tumbar de nuevo la iniciativa.
El debate sobre la prostitución mereció incluso, allá por 2007, una ponencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre los Derechos de la Mujer que concluyó con la negativa mayoritaria, con los votos de PP, PSOE y CiU, a legalizar la prostitución, mientras IU se lamentaba entonces de que no se contemplara la posibilidad de reconocer los derechos “sanitarios y laborales” de quienes la ejercen “libremente”. En cualquier caso, tras 10 meses de trabajo en los que se escucharon más de 100 testimonios de expertos, nada ha cambiado desde el cierre de la ponencia.
Nuevas propuestas
Ahora las cosas son diferentes. Dos partidos nuevos, Ciudadanos y Podemos, que pueden sumar más de 100 escaños en el Congreso según las últimas encuestas, llevan en sus programas propuestas concretas para cada uno de esos temas, en algún caso coincidentes entre sí. El nuevo PSOE de Pedro Sánchez ha limado de ambigüedad algunas de sus posturas. E IU continúa dispuesta a dar la batalla, incluso con giros de 180 grados como el experimentado en el caso de la prostitución desde aquella ponencia. ¿Suficientes para imponerse al inmovilismo del PP, partidario de dejar en los tres casos, eutanasia, cannabis y prostitución, las cosas como están?El PP y las ocurrencias
De hecho, el mero planteamiento de este artículo ya choca con la postura del PP. Porque, según explicó a AHORA su secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, no hay temas tabúes ni incapacidad para afrontarlos: la legislación actual es el resultado de un profundo debate que aconseja dejar las cosas como están. “Si ahora surge de nuevo —dice— es por desconocimiento e irresponsabilidad de quienes nunca han tenido que gobernar” y que abordan con ideas “ocurrentes y frívolas” temas complejos ante los que no cabe ninguna simplificación.La regulación de la eutanasia es, probablemente, el tema que más consenso puede llegar a concitar. El PP rechaza cualquier cambio, convencido de que la última palabra debe estar en manos de los médicos, tanto para preservar la vida como para aplicar cuidados paliativos que, aunque la acorten, persigan una muerte digna sin grandes dolores ni sufrimientos. “Es una decisión médica en la que no deben intervenir los políticos”, en palabras de Echániz, médico de profesión.
Pero el PSOE, aunque en su programa solo habla de “promulgar una ley de muerte digna y de cuidados paliativos” y “abrir un debate sobre la eutanasia si en la próxima legislatura hay un
consenso al respecto”, su hasta ahora portavoz de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmo, explica a AHORA que la intención de su partido es que ese debate sirva para avanzar en su legalización. Leyendo entre líneas: que el PSOE apoyaría la regulación de la eutanasia si está suficientemente acompañado en ese camino.El PP prefiere dejar las cosas como están y el PSOE está dispuesto a abrir el debate sobre legalizar la eutanasia
La posición de Podemos, al igual que históricamente la de IU, es mucho más clara. Según el responsable de Discurso en el consejo ciudadano estatal de Podemos, Jorge Moruno, pasa por asumir las reivindicaciones de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que preside el doctor Luis Montes (aquel al que el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Luis Lamela y medios afines acusaron, de forma infundada, según declaró la Justicia, de sedar hasta la muerte a cientos de pacientes). Es decir, derogarían el artículo 143 del Código Penal que castiga con entre 2 y 10 años “al que coopere con actos necesarios al suicidio de otra persona” y que se limita a rebajar la pena en uno o dos grados si existe petición expresa de la víctima y esta sufre “una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”. Por supuesto, tanto la Asociación Derecho a Morir Dignamente como Podemos e IU contemplan que esa derogación vaya acompaña de cambios en las leyes sanitarias para una correcta regularización de la eutanasia.
Ciudadanos se queda a medio camino. Partidarios de “ayudar en el morir, que no ayudar a morir”, en palabras de Antonio Espinosa, secretario de Acción Política, Estudios y Programas, defienden en su programa la llamada eutanasia pasiva o muerte digna con estas palabras: “Defendemos la posibilidad de rechazar o interrumpir un tratamiento de soporte vital; el derecho a recibir cuidados paliativos dirigidos a evitar el dolor, aunque acorten la vida, incluyendo la sedación terminal cuando el dolor no se pueda controlar, y la facultad de dejar por escrito anticipadamente, mediante instrucciones anticipadas o testamento vital, la designación de la persona que nos representará y nuestra voluntad para el caso de que no podamos adoptar ya la decisión por nosotros mismos”.
Legalizar o prohibir
También es clara la postura del partido de Albert Rivera en el tema de la prostitución: su legalización. Así lo recoge su programa, en el que defiende un debate “sobre la conveniencia de establecer un marco legal regulado para el ejercicio de la prostitución voluntaria” que permita a quienes la ejerzan entrar en el régimen de “autónomos” y tener así reconocidos sus derechos laborales. A pesar de que cuando, en abril pasado, Rivera avanzó esta idea provocó el rechazo prácticamente unánime de todos los partidos, lo cierto es que Ciudadanos no está tan solo. Podemos, que reconoció desde el primer momento que se trata de un tema difícil y delicado, se acerca al planteamiento de Ciudadanos, al menos según la declaraciones de Jorge Moruno a AHORA, en las que se muestra partidario de “erradicar y perseguir la prostitución involuntaria”, pero, a la vez, de “dar cobertura”, quizás en forma de cooperativas, a quienes la deseen ejercer voluntariamente. En cualquier caso, insiste, es un tema que hay que analizar “con bisturí”.Sin embargo, las posibilidades de acuerdo son más fáciles en el otro bando, el de los abolicionistas. Es lo que el PSOE lleva en su programa, en el que propone medidas “encaminadas a la abolición de la prostitución”, entre las que incluye “sancionar su demanda y compra”; es decir, adoptar la postura ensayada ya con cierto éxito por países como Suecia de persecución del cliente. El mensaje, según explica la portavoz socialista de Igualdad, Carmen Montón, es contundente. Desde la convicción de que la prostitución “es incompatible con la igualdad”, se
trata de acabar con ella a través de un profundo cambio cultural que interiorice dos ideas: por un lado, acabar con la normalización de la prostitución, combatiendo el mensaje social —en el país que encabeza las estadísticas europeas sobre “consumo” de prostitución— de que es lo mismo ir a un prostíbulo que ir al cine; por otro, dado que “sin demanda no hay oferta, es necesario crear un clima de rechazo social y tolerancia cero frente a la explotación sexual”. Es una postura similar a la de IU, cuyo candidato (cabeza de lista de Unidad Popular), Alberto Garzón, ha sido tajante al afirmar que “la prostitución es el grado más extremo de violencia de género y, por lo tanto, hay que prohibirla”.Podemos, Ciudadanos e IU quieren que se legalice el cannabis, pero los dos partidos tradicionales no
Las posibilidades de acuerdo en esta postura pasan, paradójicamente, por el PP. Echániz pone el énfasis en la persecución de la trata de personas y el ataque a los derechos humanos que representa, recuerda que se ceba mayoritariamente en las mujeres —el 60% de las víctimas en todo el mundo; el 80% en Europa— y habla de “violencia contra las mujeres” para defender su actual tipificación. Pero, aunque insisten en que la postura de su partido se centra en combatir a las organizaciones que se lucran con la explotación sexual de terceros, admite tímidamente, al ser preguntado si irían más allá para sancionar también al cliente, que “no descartamos debatir”.
El cannabis, sin consenso
La legalización del cannabis, sin embargo, parece condenada a quedarse en una aspiración de grupos de izquierdas a los que ahora se ha sumado Ciudadanos, pero que difícilmente contará con el apoyo de los partidos hasta ahora mayoritarios, PP y PSOE. La propuesta por la legalización que en la legislatura que ahora acaba llevaron al Parlamento partidos como IU y UPyD podría contar en el futuro con el apoyo de Albert Rivera, partidario de impulsar una ley que despenalice y regule a nivel estatal la producción y distribución tanto de cannabis como de sus derivados, como la marihuana, aunque, eso sí, adoptando también “programas de información y concienciación de las consecuencias nocivas para la salud derivadas de su consumo”.Jorge Moruno, de Podemos, partidario también de seguir la línea que ya han emprendido, bien con su aprobación o al menos con su debate, países como Chile, Uruguay u Holanda, cree que la legalización serviría además para crear empleo, aumentar los ingresos públicos y reducir la delincuencia. En su opinión, uno de los modelos a seguir es el del estado de Colorado (EE.UU.), donde es legal desde 2014 gracias a una legislación que especifica desde las condiciones que deben cumplir los establecimientos para recibir el permiso estatal hasta la manera en que tienen que envasar la marihuana, así como una tasa mínima para conducir.
Desde el PP, Echániz muestra la “especial preocupación” de su partido por este debate sobre una sustancia de la que se tienen “evidencias científicas” de que “no es inocua”. Recuerda también que esta sustancia “ya figura en la farmacopea” y, por tanto, se utiliza en diversos preparados por motivos de salud. “Es un tema muy serio sobre el que no caben bromas”, afirma, como demuestra que el “38% de los muertos en accidentes de tráfico el año pasado había consumido algún tipo de droga, casi la mitad de ellos, cannabis”, y atribuye a la “frivolidad y el desconocimiento” las posturas de los partidos emergentes.
Desde el PSOE, José Martínez Olmos explica que su partido no va a tomar ninguna medida que favorezca o fomente al acceso a una sustancia perjudicial para la salud y entiende que, además, como el consumo no está penalizado en la actualidad, “no hay un problema de acceso para su consumo”, por lo que no es necesaria ninguna modificación legislativa.
Lo cierto es que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana del PP, conocida como ley mordaza, prevé multas de entre 601 y 30.000 euros a quien la consuma en público.