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Política
Los partidos se abren a la reforma de la Constitución
Nunca en sus 37 años de vida han sido tantas las voces favorables a reformar la Carta Magna ni tantos los políticos que se han mostrado dispuestos a abordar ese cambio
Juan Luis Gallego
- 20/11/2015
- Número 10
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Las próximas elecciones generales darán como resultado un Congreso mayoritariamente favorable a reformar la Constitución, con suficiente fuerza si no para abrir el proceso sin el PP, sí para empujarle a salir de su ambigüedad y vencer las reticencias que sigue mostrando a emprender la modificación de la Carta Magna. Desde el punto de vista legal, cambiar la Constitución necesita del acuerdo de tres quintas partes del Parlamento o de dos terceras partes si la reforma que se pretende toca alguno de sus pilares: es decir, bastan 210 diputados en el primero de los casos y 234 en el segundo. Si el PP no logra 117 diputados corre el peligro de no ser necesario, si los supera, podría bloquear cualquier iniciativa al respecto, pero tendría enfrente a prácticamente todos los demás grupos parlamentarios.
El PSOE ya ha elaborado una propuesta de reforma constitucional que espera consensuar con el resto de partidos en la próxima legislatura. Para IU no solo es una vieja reivindicación, sino que su actual dirección habla de proceso constituyente para reescribir la Constitución desde cero. Podemos ha adelantado los ejes sobre los que giraría su reforma y, además, ha prometido que, si llega al poder, convocará un referéndum en los seis meses siguientes para consultar a los ciudadanos si quieren o no emprender ese proceso. Y Ciudadanos ha incluido en su paquete de propuestas profundos cambios en el esqueleto institucional definido en la Constitución actual. Para los nacionalistas catalanes y vascos es también una demanda tradicional destinada a mejorar el encaje de ambos territorios en el Estado.
“Sería un error mayúsculo —coincide Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco— como también ha sido un error del PP no iniciar esa reforma en una situación de mayor estabilidad. Ahora estamos atados de pies y manos.”
O no. Porque el PP ha mostrado en los últimos meses una tímida disposición al diálogo y a abordar el tema en la siguiente legislatura, aunque con mensajes contradictorios. Y porque, como afirma Joan Botella, ese nuevo previsible escenario político que salga de las elecciones generales de diciembre, “sin mayorías absolutas y muy abierto”, va a obligar a los partidos a moverse “en lógicas distintas, más allá de izquierda y derecha, y a buscar apoyos diferentes a los tradicionales”.
Esa puede ser la clave: el lugar en el que las urnas pongan al PP. Descartada la mayoría absoluta, si le dan la posibilidad de gobernar, previsiblemente con el apoyo de Ciudadanos, le será menos difícil subirse al carro de la reforma liderando el proceso. Pero si los electores le envían a la oposición lo más probable es que apueste por el inmovilismo, como reconoce a AHORA un parlamentario de ese partido: “Sería como con el Estatut: una reforma de todos contra el PP”, afirma.
Primero fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien a principios de agosto mostró su disposición a estudiar una reforma de la Carta Magna para mejorar la delimitación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, modificar la actual prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona, suprimir el aforamiento de los diputados autonómicos e introducir el reconocimiento de derechos de nuevo cuño.
Apenas unas horas después, el propio presidente, Mariano Rajoy, alimentó las expectativas: “En la próxima legislatura, no me niego a hablar de la Constitución, siempre que haya el máximo consenso posible”, dijo. Incluso llegó a recordar como referencia el dictamen emitido por el Consejo de Estado en 2006 a petición del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese texto se analizan esa supresión de la preferencia del varón en la sucesión del trono apuntada por Catalá, la introducción en la Constitución del proceso de construcción europea, la reforma del Senado y la inclusión de los nombres de las comunidades autónomas.
Pero unos días después, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, hablando en nombre del comité de dirección del partido, pretendió enterrar el debate: “Las democracias consolidadas no cambian cada 30 años su Carta Magna”, dijo, a la vez que advirtió de que el proceso podría servir a los “secesionistas” para encontrar “un resquicio para reescribir la historia de España”. Y el mismo día en que anunciaba la convocatoria de las elecciones generales para el 20 de diciembre, Rajoy dejó claro que la reforma constitucional “no irá en el programa electoral del PP”, que “no es una prioridad para su partido” y que, además, no la demanda la sociedad. Pedro Gómez de la Serna, portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional del Congreso, explica a AHORA la postura de su partido, partiendo de un reconocimiento explícito: “La Constitución —dice— se ha quedado antigua y podría mejorar con una reforma” que afectara, por ejemplo, al papel del Senado, sirviera para delimitar las competencias de las comunidades autónomas y abordara también su financiación. “Pero el debate no es si se reforma o no, sino en qué momento y con qué riesgos sociales, porque actualmente hay quien utiliza el tema de la reforma para debilitar la democracia”. E insiste: “Para acometer una reforma se necesita un mínimo de lealtad, confianza y posibilidades de acuerdo, y eso se ha roto por la deriva del nacionalismo. En esas condiciones, sería lanzarse al vacío, suicidarse como país”. Más argumentos: “No responde a una necesidad, sería trasladar a la sociedad un debate político” y no es conveniente acometer la reforma “sin al menos tener la intuición de saber cuál es el punto de llegada”.
La propuesta de IU es, sin duda, la más ambiciosa. Tanto que Joan Josep Nuet, portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso, prefiere hablar de “proceso constituyente”, con una participación amplia de la sociedad y con el fin último de “redefinir el modelo constitucional”. Los apartados a abordar, según Nuet, se pueden agrupar en tres: el económico y social, para establecer un sistema de garantías en el que los derechos sociales y laborales no sean desvirtuados por leyes posteriores, maniobras de los mercados o exigencias de la troica; un segundo referido a la calidad democrática, “y eso incluye la ley electoral, mecanismos de participación de los ciudadanos y control democrático”, y, por último, el modelo de Estado, para abordar no solo la cuestión territorial —IU apuesta claramente por un estado federal que reconozca “el derecho a decidir”—, sino también la Jefatura del Estado sobre la que tampoco alberga dudas. “Queremos una República Federal plurinacional y plurilingüística”.
Nuet también reconoce que se trata de una propuesta de máximos y que el diálogo dirá dónde se queda. “Pero a nosotros no nos asusta liderar ese proceso; veremos si el PSOE se atreve”, reta.
La reforma de la ley electoral para hacerla más proporcional es precisamente uno de los cinco puntos en los que Podemos quieren cambiar la Constitución, para llevar a su texto, dice Pablo Iglesias, “acuerdos que ya existen en la sociedad”. Los otros cuatro son: reformar la Justicia para garantizar su independencia; garantizar constitucionalmente los derechos sociales, vivienda digna, educación y sanidad públicas; luchar contra la corrupción prohibiendo las puertas giratorias en la Carta Magna y abordar la cuestión territorial contemplando, además, el derecho a decidir.
Nacionalistas catalanes y vascos, por su parte, llevan décadas fiando a una reforma constitucional un encaje en el Estado que satisfaga sus reivindicaciones. La duda, a tenor de las declaraciones efectuadas a AHORA por sus portavoces, es si el cambio, de acometerse, llegaría a tiempo. Pere Macias, portavoz de CDC en el Congreso en la reciente legislatura cree que no, que llega “bastante tarde”. “Nosotros —dice— siempre hemos esperado alguna propuesta, una reinterpretación de la Constitución que resolviera el encaje de Cataluña en el Estado español de una forma que fuera asumida por los catalanes, pero esa tercera vía, por culpa en gran medida de la cerrazón del PP, se ha visto abocada al fracaso”. Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, muestra la disposición de su partido a participar en un proceso de reforma de la Carta Magna, pero pone como condición que incluya “el reconocimiento del País Vasco como nación y una relación de igual a igual con el Estado”.
A estas alturas, quizás ni un hipotético estado federal contente a los nacionalistas. Aunque con matices. Macias advierte de que CDC “no es federalista”, pero admite que muchos catalanes “se sentirían más cómodos” en ese modelo. Esteban también desconfía de la propuesta federal de los socialistas, pero reconoce la existencia de “un camino intermedio” entre la actual situación y la independencia. En su caso, defiende una relectura de la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que ampara los derechos históricos de los territorios forales.
Ninguno de los portavoces y expertos consultados por AHORA duda de que se trata de un camino largo cuya preparación podría abarcar toda la próxima legislatura, para que sea en la siguiente, como establece la Constitución —una reforma de calado obliga a disolver las Cortes para que sea un nuevo Parlamento el que la ejecute—, cuando se plasme definitivamente sobre el papel y se someta a referéndum, exigido también por la Carta Magna.
Lo que parece innegable es que nunca antes, en los 37 años de vigencia de la Constitución, las voces en pro de su reforma han sido tantas. Y en algunos aspectos, como los referidos a la imperfección del Estado autonómico, coincidentes en su diagnóstico. Las elecciones de diciembre alumbrarán un nuevo escenario político, pero si la legislatura próxima va a alumbrar o no un cambio constitucional sigue de momento siendo una incógnita que no tardará mucho en despejarse.
El PSOE ya ha elaborado una propuesta de reforma constitucional que espera consensuar con el resto de partidos en la próxima legislatura. Para IU no solo es una vieja reivindicación, sino que su actual dirección habla de proceso constituyente para reescribir la Constitución desde cero. Podemos ha adelantado los ejes sobre los que giraría su reforma y, además, ha prometido que, si llega al poder, convocará un referéndum en los seis meses siguientes para consultar a los ciudadanos si quieren o no emprender ese proceso. Y Ciudadanos ha incluido en su paquete de propuestas profundos cambios en el esqueleto institucional definido en la Constitución actual. Para los nacionalistas catalanes y vascos es también una demanda tradicional destinada a mejorar el encaje de ambos territorios en el Estado.
Sin el PP sería un error
Pero todos los expertos consultados por AHORA creen que emprender una reforma constitucional sin un amplio consenso, y eso involucra al actualmente primer partido del país, sería un error. “Sí, quizás en ese previsible nuevo escenario político se podría reformar la Constitución sin el PP, pero no sería buena idea —afirma Joan Botella, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona y vicepresidente de Federalistes d’Esquerres—. Esa es una de las enseñanzas del fallido Estatut, porque el PP, además de sus escaños, tiene sus apoyos en el Poder Judicial, en los medios, en el cuerpo de funcionarios…”“Sería un error mayúsculo —coincide Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco— como también ha sido un error del PP no iniciar esa reforma en una situación de mayor estabilidad. Ahora estamos atados de pies y manos.”
O no. Porque el PP ha mostrado en los últimos meses una tímida disposición al diálogo y a abordar el tema en la siguiente legislatura, aunque con mensajes contradictorios. Y porque, como afirma Joan Botella, ese nuevo previsible escenario político que salga de las elecciones generales de diciembre, “sin mayorías absolutas y muy abierto”, va a obligar a los partidos a moverse “en lógicas distintas, más allá de izquierda y derecha, y a buscar apoyos diferentes a los tradicionales”.
Los expertos coinciden en que sería un error emprender la reforma constitucional sin la participación del PP
Esa puede ser la clave: el lugar en el que las urnas pongan al PP. Descartada la mayoría absoluta, si le dan la posibilidad de gobernar, previsiblemente con el apoyo de Ciudadanos, le será menos difícil subirse al carro de la reforma liderando el proceso. Pero si los electores le envían a la oposición lo más probable es que apueste por el inmovilismo, como reconoce a AHORA un parlamentario de ese partido: “Sería como con el Estatut: una reforma de todos contra el PP”, afirma.
Primero fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien a principios de agosto mostró su disposición a estudiar una reforma de la Carta Magna para mejorar la delimitación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, modificar la actual prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona, suprimir el aforamiento de los diputados autonómicos e introducir el reconocimiento de derechos de nuevo cuño.
Apenas unas horas después, el propio presidente, Mariano Rajoy, alimentó las expectativas: “En la próxima legislatura, no me niego a hablar de la Constitución, siempre que haya el máximo consenso posible”, dijo. Incluso llegó a recordar como referencia el dictamen emitido por el Consejo de Estado en 2006 a petición del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese texto se analizan esa supresión de la preferencia del varón en la sucesión del trono apuntada por Catalá, la introducción en la Constitución del proceso de construcción europea, la reforma del Senado y la inclusión de los nombres de las comunidades autónomas.
Pero unos días después, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, hablando en nombre del comité de dirección del partido, pretendió enterrar el debate: “Las democracias consolidadas no cambian cada 30 años su Carta Magna”, dijo, a la vez que advirtió de que el proceso podría servir a los “secesionistas” para encontrar “un resquicio para reescribir la historia de España”. Y el mismo día en que anunciaba la convocatoria de las elecciones generales para el 20 de diciembre, Rajoy dejó claro que la reforma constitucional “no irá en el programa electoral del PP”, que “no es una prioridad para su partido” y que, además, no la demanda la sociedad. Pedro Gómez de la Serna, portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional del Congreso, explica a AHORA la postura de su partido, partiendo de un reconocimiento explícito: “La Constitución —dice— se ha quedado antigua y podría mejorar con una reforma” que afectara, por ejemplo, al papel del Senado, sirviera para delimitar las competencias de las comunidades autónomas y abordara también su financiación. “Pero el debate no es si se reforma o no, sino en qué momento y con qué riesgos sociales, porque actualmente hay quien utiliza el tema de la reforma para debilitar la democracia”. E insiste: “Para acometer una reforma se necesita un mínimo de lealtad, confianza y posibilidades de acuerdo, y eso se ha roto por la deriva del nacionalismo. En esas condiciones, sería lanzarse al vacío, suicidarse como país”. Más argumentos: “No responde a una necesidad, sería trasladar a la sociedad un debate político” y no es conveniente acometer la reforma “sin al menos tener la intuición de saber cuál es el punto de llegada”.
La propuesta del PSOE
Los socialistas contemplan la posibilidad desde otra óptica. “Los constitucionalistas de 1978 tampoco sabían cuál iba a ser el resultado final”, señala Antonio Pradas, secretario de Política Federal del PSOE. Su partido, tras varios años de titubeo, ha dado un paso al frente presentando una propuesta de reforma de la Constitución basada en cinco ejes: para crear una sociedad más justa, incorporar a la Carta Magna mecanismos que garanticen el Estado del bienestar (modificando el artículo 135; reforzando el derecho a la salud, la educación, el trabajo…); fortalecer derechos y libertades (igualdad de mujeres, laicidad…); mejorar la calidad democrática (primarias obligatorias, limitación de los aforamientos…); reformar la estructura territorial hacia un estado federal y plasmar en la Constitución la vocación europea y la vinculación con Iberoamérica. Los socialistas afirman que se sentarían a la mesa con esa propuesta “de máximos”, pero dispuestos al acuerdo. Eso sí, de momento sin tocar la forma de Jefatura del Estado. “Entendemos —explica Pradas— que la monarquía ha funcionado bien y los sondeos, ahora más aún tras los cambios producidos, lo demuestran”.La magnitud del cambio de la Carta Magna dependerá del consenso de los partidos políticos
La propuesta de IU es, sin duda, la más ambiciosa. Tanto que Joan Josep Nuet, portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso, prefiere hablar de “proceso constituyente”, con una participación amplia de la sociedad y con el fin último de “redefinir el modelo constitucional”. Los apartados a abordar, según Nuet, se pueden agrupar en tres: el económico y social, para establecer un sistema de garantías en el que los derechos sociales y laborales no sean desvirtuados por leyes posteriores, maniobras de los mercados o exigencias de la troica; un segundo referido a la calidad democrática, “y eso incluye la ley electoral, mecanismos de participación de los ciudadanos y control democrático”, y, por último, el modelo de Estado, para abordar no solo la cuestión territorial —IU apuesta claramente por un estado federal que reconozca “el derecho a decidir”—, sino también la Jefatura del Estado sobre la que tampoco alberga dudas. “Queremos una República Federal plurinacional y plurilingüística”.
Nuet también reconoce que se trata de una propuesta de máximos y que el diálogo dirá dónde se queda. “Pero a nosotros no nos asusta liderar ese proceso; veremos si el PSOE se atreve”, reta.
Dependerá del diálogo
Todo hace indicar que en esta madeja de coincidencias entrecruzadas, si alguna vez se acomete la reforma constitucional, será el diálogo a múltiples bandas el que establezca el alcance del cambio. Podría ser en el nuevo escenario político que se avecina, que puede traer alianzas muy diferentes a las conocidas hasta ahora. En la necesidad de perfeccionar el sistema autonómico, por ejemplo, podrían coincidir la mayor parte de las fuerzas políticas, también parte de los nacionalistas de Convergència y el PNV, aunque con divergencias sobre el resultado final. En la reformulación de los derechos económicos y sociales, el liderazgo correspondería a PSOE, IU y Podemos; en la cuestión de la calidad democrática, a este grupo se uniría en muchos aspectos Ciudadanos. También Ciudadanos, Podemos e IU quieren cambiar la ley electoral, para lo que quizás podrían contar con los socialistas.La reforma de la ley electoral para hacerla más proporcional es precisamente uno de los cinco puntos en los que Podemos quieren cambiar la Constitución, para llevar a su texto, dice Pablo Iglesias, “acuerdos que ya existen en la sociedad”. Los otros cuatro son: reformar la Justicia para garantizar su independencia; garantizar constitucionalmente los derechos sociales, vivienda digna, educación y sanidad públicas; luchar contra la corrupción prohibiendo las puertas giratorias en la Carta Magna y abordar la cuestión territorial contemplando, además, el derecho a decidir.
Ciudadanos se suma
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, había criticado la “utilización” de la reforma constitucional como un “eslogan” vacío de contenido. Pero ahora él y su partido están haciendo propuestas para modificarla, englobadas en un amplio paquete de 30 de regeneración democrática e institucional, algunas de tanto alcance como la introducción en la Carta Magna de una nueva sección de derechos sociales, una nueva ley electoral, la supresión del Consejo General del Poder Judicial y del Senado y la clarificación de competencias de las comunidades autónomas y el Estado.PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos están a favor de la reforma, pero el PP cree que comporta riesgos
Nacionalistas catalanes y vascos, por su parte, llevan décadas fiando a una reforma constitucional un encaje en el Estado que satisfaga sus reivindicaciones. La duda, a tenor de las declaraciones efectuadas a AHORA por sus portavoces, es si el cambio, de acometerse, llegaría a tiempo. Pere Macias, portavoz de CDC en el Congreso en la reciente legislatura cree que no, que llega “bastante tarde”. “Nosotros —dice— siempre hemos esperado alguna propuesta, una reinterpretación de la Constitución que resolviera el encaje de Cataluña en el Estado español de una forma que fuera asumida por los catalanes, pero esa tercera vía, por culpa en gran medida de la cerrazón del PP, se ha visto abocada al fracaso”. Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, muestra la disposición de su partido a participar en un proceso de reforma de la Carta Magna, pero pone como condición que incluya “el reconocimiento del País Vasco como nación y una relación de igual a igual con el Estado”.
A estas alturas, quizás ni un hipotético estado federal contente a los nacionalistas. Aunque con matices. Macias advierte de que CDC “no es federalista”, pero admite que muchos catalanes “se sentirían más cómodos” en ese modelo. Esteban también desconfía de la propuesta federal de los socialistas, pero reconoce la existencia de “un camino intermedio” entre la actual situación y la independencia. En su caso, defiende una relectura de la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que ampara los derechos históricos de los territorios forales.
Ninguno de los portavoces y expertos consultados por AHORA duda de que se trata de un camino largo cuya preparación podría abarcar toda la próxima legislatura, para que sea en la siguiente, como establece la Constitución —una reforma de calado obliga a disolver las Cortes para que sea un nuevo Parlamento el que la ejecute—, cuando se plasme definitivamente sobre el papel y se someta a referéndum, exigido también por la Carta Magna.
Lo que parece innegable es que nunca antes, en los 37 años de vigencia de la Constitución, las voces en pro de su reforma han sido tantas. Y en algunos aspectos, como los referidos a la imperfección del Estado autonómico, coincidentes en su diagnóstico. Las elecciones de diciembre alumbrarán un nuevo escenario político, pero si la legislatura próxima va a alumbrar o no un cambio constitucional sigue de momento siendo una incógnita que no tardará mucho en despejarse.