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Economía
Negociación del TTIP: algunas luces y muchas sombras
Los detractores del tratado de libre comercio entre la UE y EE.UU. critican la falta de transparencia y los tribunales de arbitraje. Sus defensores creen que se respetarán los estándares en materia laboral
Luis Meyer
- 16/10/2015
- Número 5
Manifestación contra la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) frente a la sede del partido socialdemóAFP / DPA / WOLFGANG KUMM GERMANY OUT
La necesidad de un tratado que regule las relaciones comerciales entre diferentes países o regiones es difícilmente discutible. Sus defensores argumentan que suprimir duplicidades y dificultades técnicas en los procesos, reducir aranceles, evitar costes innecesarios y, en general, poner todas las facilidades para favorecer las economías de las partes del acuerdo es un avance que beneficia a todos, no solo a las empresas. Hasta aquí, todo suena lógico.
En el caso del TTIP, acrónimo en inglés de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, cobra especial sentido si tenemos en cuenta que las partes negociadoras, Europa y Estados Unidos, tienen flujos anuales de bienes, servicios e inversiones que alcanzan con facilidad el billón de euros, y que su economía conjunta representa el 60% del PIB mundial.
En muchos sectores de la sociedad, sin embargo, hay cada vez más dudas según avanzan las negociaciones entre ambos bloques. En gran parte por la opacidad con la que la Comisión Europea inició estas negociaciones con su homólogo americano, aportando poca información a los estados miembros y a la ciudadanía. Incluso el Parlamento comunitario da la débil imagen de actor secundario en esta trama tan compleja que afecta a tantos millones de personas.
El año pasado, ante una creciente agitación social frente a las negociaciones del TTIP, el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, decidió facilitar una completa información sobre su contenido. Una medida que ha incrementado aún más el número de detractores: aunque traten de vestirlo como un acuerdo de carácter técnico para optimizar las relaciones comerciales, lo cierto es que tocan muchos temas de calado social como la normativa laboral, el medioambiente, la sanidad o la cultura.
Hay quien cree que muchos derechos se verían mermados debido a su adecuación a los intereses empresariales, por un lado, y a ciertas legislaciones estadounidenses más laxas o férreas, según el caso, por otro. Para hacerse una idea, el TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica), una zona de libre comercio entre 12 países del Pacífico, entre ellos EE.UU., firmado a principios de este mes ha generado rechazo en muchos sectores de la sociedad por un solo punto: la americanización de las leyes de propiedad industrial e intelectual y, por tanto, su endurecimiento, que según muchos pone en peligro la libertad de expresión. En el caso del tratado de libre comercio que negocia Europa, los puntos polémicos son muchos más.
La realidad es que cuanto más sabe la sociedad, peor parada sale la Comisión Europea. En una reciente encuesta realizada por el propio organismo entre más de 150.000 ciudadanos acerca de los tribunales de arbitraje (ISDS, del inglés Investor State Dispute Settlement) que plantea el TTIP, el 97% afirmó estar en desacuerdo por considerar que darían demasiado poder a las multinacionales frente a los poderes legislativos. Una respuesta inesperada incluso para Juncker, como manifestó poco después.
La Iniciativa Ciudadana Europea ya ha recogido más de dos millones de firmas contra el TTIP, y el Parlamento ni siquiera logra ponerse de acuerdo para dictar resoluciones sobre este tema ante la Comisión. Esto último se debe, especialmente, al recelo del grupo socialista francés. Pervenche Berès, una de las principales detractoras, lo dejó claro en junio en la última resolución fallida: “De momento los socialistas no apoyamos el TTIP”. El coordinador jefe del equipo de negociación con Estados Unidos, Ignacio García Berceo, admite que “el TTIP atrae mucha más atención que cualquier otro acuerdo comercial que se esté negociando por parte de la Comisión. Por eso hay una gran demanda de información. Pero también hay que tener claro que aún estamos en mitad de la negociación. Hay muchos elementos que no están determinados por las dos partes, y solo una vez concluido se podrán hacer públicos todos los términos del acuerdo”. Precisamente ese momento es el que temen los detractores del TTIP. “Una vez cerrado el acuerdo con EE.UU. habrá poco que hacer. Bastará con la votación del Parlamento Europeo y, si hay una mayoría liberal, ya no podremos echar marcha atrás”, opina Berceo.
Para Daniel Caspary, miembro de la Unión Demócrata Cristiana alemana y del Grupo del Partido Popular Europeo (que apoyan sin ambages el acuerdo), la izquierda genera miedos infundados: “Creo que la Comisión está negociando bien, y en ese aspecto estoy tranquilo. Europa tiene los mayores estándares en materia de derechos sociales, de medio ambiente, etc., y eso no tiene por qué cambiar. Es precisamente lo que está defendiendo la Comisión. Al contrario de lo que algunos piensan, la posición de los populares en el Parlamento Europeo es no aceptar ni una reducción de estos estándares”.
Precisamente estos tribunales han sido el principal objetivo de los detractores del TTIP, y por eso la Comisión Europea presentó el mes pasado una nueva propuesta de mecanismos de arbitraje que los despojen de su carácter privado para acercarlos más a una corte de procedencia pública, con sus miembros elegidos por Estados Unidos y Europa. Incluso ha cambiado su nombre habitual, ISDS, por ICS (acrónimo en inglés de Sistema Judicial de Inversiones).
Marcellesi insiste: “Lo que hacen los ISDS o ICS es abrir una puerta más a las grandes empresas para intervenir en la regulación de un país a favor de sus intereses cuando el sistema judicial habitual no es suficiente. Los tribunales de arbitraje, al fin y al cabo, son tribunales, y en su capacidad de decisión también tiene mucho que ver cómo vayan preparadas las partes: los abogados y asesores de los que puedan disponer, los lobbies y grupos de presión que tengan detrás para influir incluso en decisiones políticas”. Y concluye: “Resulta curioso que se pretenda que las empresas deben tener unos tribunales para reclamar sus derechos y los ciudadanos, otros. Es una posición que dice mucho de cómo se está negociando el TTIP”.
¿Cuándo finalizarán las negociaciones? El objetivo es hacerlo antes de que finalice 2016 (en la última legislatura de Obama). Pero por los pasillos del Consejo circula el temor de no cumplir con esa fecha por “la incertidumbre de quién gobernará después. Ni demócratas ni republicanos ofrecen garantías de seguir adelante con el TTIP”.
¿Qué ocurrirá cuando se cierre el acuerdo? Se traducirá a todos los idiomas europeos y se someterá a la votación del Parlamento. Si los temas de negociación atañen a algunos estados en particular, implicará matización por parte de esos países y la aplicación definitiva solo tendrá lugar cuando la ratifiquen. Solo en este caso intervendrá la soberanía popular de cada país en la aceptación del TTIP.
En el caso del TTIP, acrónimo en inglés de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, cobra especial sentido si tenemos en cuenta que las partes negociadoras, Europa y Estados Unidos, tienen flujos anuales de bienes, servicios e inversiones que alcanzan con facilidad el billón de euros, y que su economía conjunta representa el 60% del PIB mundial.
En muchos sectores de la sociedad, sin embargo, hay cada vez más dudas según avanzan las negociaciones entre ambos bloques. En gran parte por la opacidad con la que la Comisión Europea inició estas negociaciones con su homólogo americano, aportando poca información a los estados miembros y a la ciudadanía. Incluso el Parlamento comunitario da la débil imagen de actor secundario en esta trama tan compleja que afecta a tantos millones de personas.
El año pasado, ante una creciente agitación social frente a las negociaciones del TTIP, el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, decidió facilitar una completa información sobre su contenido. Una medida que ha incrementado aún más el número de detractores: aunque traten de vestirlo como un acuerdo de carácter técnico para optimizar las relaciones comerciales, lo cierto es que tocan muchos temas de calado social como la normativa laboral, el medioambiente, la sanidad o la cultura.
Hay quien cree que muchos derechos se verían mermados debido a su adecuación a los intereses empresariales, por un lado, y a ciertas legislaciones estadounidenses más laxas o férreas, según el caso, por otro. Para hacerse una idea, el TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica), una zona de libre comercio entre 12 países del Pacífico, entre ellos EE.UU., firmado a principios de este mes ha generado rechazo en muchos sectores de la sociedad por un solo punto: la americanización de las leyes de propiedad industrial e intelectual y, por tanto, su endurecimiento, que según muchos pone en peligro la libertad de expresión. En el caso del tratado de libre comercio que negocia Europa, los puntos polémicos son muchos más.
Sin participación ciudadana
“Es lógico pensar que si se añade la realidad del mercado estadounidense a nuestro heterogéneo mercado europeo, va a tener un impacto real en muchas políticas”, opina desde su despacho de Estrasburgo el alemán Helmut Scholz, miembro del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea e Izquierda Verde Nórdica. “El problema no es el TTIP en sí mismo, que es necesario, sino no haber adoptado mecanismos para una participación más activa de la ciudadanía en las negociaciones porque, por mucho que nos lo quieran vender de otra forma, esto nos afecta a todos, no solo a las empresas”.El asistente parlamentario en la delegación de Izquierda Plural en Europa, Pedro Chaves, insiste en esta idea: “Es una representación muy indirecta. La comisión que está negociando los términos del TTIP está formada por técnicos nombrados por la Comisión Europea, a la cual ratifica el Consejo Europeo, cuyo presidente es a su vez elegido por el Parlamento. Los ciudadanos quedan, al final, muy lejos de todo esto, porque no han intervenido para nada en este proceso”.Hay quien cree que muchos derechos se verán mermados por su adecuación a los intereses empresariales
La realidad es que cuanto más sabe la sociedad, peor parada sale la Comisión Europea. En una reciente encuesta realizada por el propio organismo entre más de 150.000 ciudadanos acerca de los tribunales de arbitraje (ISDS, del inglés Investor State Dispute Settlement) que plantea el TTIP, el 97% afirmó estar en desacuerdo por considerar que darían demasiado poder a las multinacionales frente a los poderes legislativos. Una respuesta inesperada incluso para Juncker, como manifestó poco después.
La Iniciativa Ciudadana Europea ya ha recogido más de dos millones de firmas contra el TTIP, y el Parlamento ni siquiera logra ponerse de acuerdo para dictar resoluciones sobre este tema ante la Comisión. Esto último se debe, especialmente, al recelo del grupo socialista francés. Pervenche Berès, una de las principales detractoras, lo dejó claro en junio en la última resolución fallida: “De momento los socialistas no apoyamos el TTIP”. El coordinador jefe del equipo de negociación con Estados Unidos, Ignacio García Berceo, admite que “el TTIP atrae mucha más atención que cualquier otro acuerdo comercial que se esté negociando por parte de la Comisión. Por eso hay una gran demanda de información. Pero también hay que tener claro que aún estamos en mitad de la negociación. Hay muchos elementos que no están determinados por las dos partes, y solo una vez concluido se podrán hacer públicos todos los términos del acuerdo”. Precisamente ese momento es el que temen los detractores del TTIP. “Una vez cerrado el acuerdo con EE.UU. habrá poco que hacer. Bastará con la votación del Parlamento Europeo y, si hay una mayoría liberal, ya no podremos echar marcha atrás”, opina Berceo.
Para Daniel Caspary, miembro de la Unión Demócrata Cristiana alemana y del Grupo del Partido Popular Europeo (que apoyan sin ambages el acuerdo), la izquierda genera miedos infundados: “Creo que la Comisión está negociando bien, y en ese aspecto estoy tranquilo. Europa tiene los mayores estándares en materia de derechos sociales, de medio ambiente, etc., y eso no tiene por qué cambiar. Es precisamente lo que está defendiendo la Comisión. Al contrario de lo que algunos piensan, la posición de los populares en el Parlamento Europeo es no aceptar ni una reducción de estos estándares”.
La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero continúa en esta misma línea: “Todo es matizable. Defendemos un proceso de negociación que regule las relaciones comerciales entre ambos países. La UE tiene asignados 1.200 tratados comerciales y ninguno con EE.UU. Es razonable que se negocie. La posición definitiva no la tomaremos en función del resultado, y ya hemos dicho cuáles son nuestras líneas rojas, las que no se deben traspasar en materia de derechos laborales, derechos humanos o el uso de ciertos componentes químicos, por ejemplo. Creemos que podemos lograr que el TTIP sea beneficioso para todos”. El portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, opina que el problema no está en que el mismo tratado intervenga en regulaciones sobre temas sensibles como los derechos de la ciudadanía o la protección del medioambiente, sino en el poder que se le otorga para impedir nuevas normas en el futuro, concretamente a través de los tribunales de arbitraje. “Ya tenemos varias experiencias pasadas. Cuando una empresa se establece en un país bajo un tratado de libre comercio, y dicho país pretende legislar después para aumentar derechos sociales, por ejemplo, la empresa presiona a través de estos tribunales para impedir ese cambio normativo, alegando su derecho de previsión de beneficios. El problema no es que ahora se desregularice, sino que nos impidan progresar en materia social y medioambiental en el futuro al albur de los intereses empresariales. Nos quedaríamos estancados durante décadas en materia social”, explica Marcellesi.“Por mucho que nos lo quieran vender de otra forma, esto nos afecta a todos, no solo a las empresas”
Precisamente estos tribunales han sido el principal objetivo de los detractores del TTIP, y por eso la Comisión Europea presentó el mes pasado una nueva propuesta de mecanismos de arbitraje que los despojen de su carácter privado para acercarlos más a una corte de procedencia pública, con sus miembros elegidos por Estados Unidos y Europa. Incluso ha cambiado su nombre habitual, ISDS, por ICS (acrónimo en inglés de Sistema Judicial de Inversiones).
Marcellesi insiste: “Lo que hacen los ISDS o ICS es abrir una puerta más a las grandes empresas para intervenir en la regulación de un país a favor de sus intereses cuando el sistema judicial habitual no es suficiente. Los tribunales de arbitraje, al fin y al cabo, son tribunales, y en su capacidad de decisión también tiene mucho que ver cómo vayan preparadas las partes: los abogados y asesores de los que puedan disponer, los lobbies y grupos de presión que tengan detrás para influir incluso en decisiones políticas”. Y concluye: “Resulta curioso que se pretenda que las empresas deben tener unos tribunales para reclamar sus derechos y los ciudadanos, otros. Es una posición que dice mucho de cómo se está negociando el TTIP”.
Tres preguntas clave
¿Quiénes negocian el TTIP en Europa? Desde 2013, un equipo nombrado por la Comisión y ratificado por el Consejo, compuesto por funcionarios que trabajan en diferentes departamentos de la Comisión. Está bajo el control de la comisaria de Comercio Cecilia Malmström, que se reúne periódicamente con su homólogo estadounidense.¿Cuándo finalizarán las negociaciones? El objetivo es hacerlo antes de que finalice 2016 (en la última legislatura de Obama). Pero por los pasillos del Consejo circula el temor de no cumplir con esa fecha por “la incertidumbre de quién gobernará después. Ni demócratas ni republicanos ofrecen garantías de seguir adelante con el TTIP”.
¿Qué ocurrirá cuando se cierre el acuerdo? Se traducirá a todos los idiomas europeos y se someterá a la votación del Parlamento. Si los temas de negociación atañen a algunos estados en particular, implicará matización por parte de esos países y la aplicación definitiva solo tendrá lugar cuando la ratifiquen. Solo en este caso intervendrá la soberanía popular de cada país en la aceptación del TTIP.
La UE anula el Acuerdo de Puerto Seguro
Esther Herrera
El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó el 6 de octubre una sentencia que puede marcar las relaciones con EE.UU. en plena negociación del TTIP. Se trata de la anulación del Acuerdo de Puerto Seguro firmado en 2000, que permitía la transmisión de datos personales de ciudadanos europeos al otro lado del Atlántico. La legislación europea no permite que los datos personales se utilicen fuera de sus fronteras, a menos que en el país de destino tengan un tratamiento equivalente al de la UE. Pero EE.UU. carece de normativa sobre protección de datos personales. Por eso negoció con la UE. Tras las revelaciones de Edward Snowden en 2013, la justicia europea considera que EE.UU. ya no es un puerto seguro.
Con el acuerdo considerado nulo, todas las empresas estadounidenses pueden verse obligadas a gestionar servidores de bases de datos dentro de las fronteras comunitarias. La sentencia puede significar un seísmo para Facebook, Twitter, Amazon o Apple. Bruselas negocia desde hace dos años “un acuerdo más transparente y seguro”, según avanzó el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans. Pero en los contratos que se firman al registrarse en una red social se puede especificar que su información será transmitida a EE.UU. Si el usuario acepta, la ley ampara a la empresa. Washington teme que la sentencia afecte a uno de los capítulos del TTIP: el del mercado de las telecomunicaciones. No obstante, a falta de un nuevo acuerdo, el capítulo sobre el flujo de información personal se quedará en Europa. De lo contrario Luxemburgo podría declarar ilegal el TTIP. La Eurocámara difícilmente votará a favor de un tratado que menoscabe el derecho a la privacidad.
El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó el 6 de octubre una sentencia que puede marcar las relaciones con EE.UU. en plena negociación del TTIP. Se trata de la anulación del Acuerdo de Puerto Seguro firmado en 2000, que permitía la transmisión de datos personales de ciudadanos europeos al otro lado del Atlántico. La legislación europea no permite que los datos personales se utilicen fuera de sus fronteras, a menos que en el país de destino tengan un tratamiento equivalente al de la UE. Pero EE.UU. carece de normativa sobre protección de datos personales. Por eso negoció con la UE. Tras las revelaciones de Edward Snowden en 2013, la justicia europea considera que EE.UU. ya no es un puerto seguro.
Con el acuerdo considerado nulo, todas las empresas estadounidenses pueden verse obligadas a gestionar servidores de bases de datos dentro de las fronteras comunitarias. La sentencia puede significar un seísmo para Facebook, Twitter, Amazon o Apple. Bruselas negocia desde hace dos años “un acuerdo más transparente y seguro”, según avanzó el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans. Pero en los contratos que se firman al registrarse en una red social se puede especificar que su información será transmitida a EE.UU. Si el usuario acepta, la ley ampara a la empresa. Washington teme que la sentencia afecte a uno de los capítulos del TTIP: el del mercado de las telecomunicaciones. No obstante, a falta de un nuevo acuerdo, el capítulo sobre el flujo de información personal se quedará en Europa. De lo contrario Luxemburgo podría declarar ilegal el TTIP. La Eurocámara difícilmente votará a favor de un tratado que menoscabe el derecho a la privacidad.