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Madrid tropieza con la memoria histórica

La alcaldesa atribuye a la inexperiencia de su equipo errores como eliminar la placa del fusilamiento de ocho beatos carmelitas, que fue repuesta rápidamente

Juan Luis Gallego - 19/02/2016 - Número 22
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Madrid tropieza con la memoria histórica
Celia Mayer —en el centro, de blanco—, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid a la que la oposición exige que dimita. sergio barrenechea / efe
El cambio de nombre de las calles franquistas, de Madrid o de cualquier otra ciudad, no es una decisión arbitraria. Es consecuencia directa de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que en su artículo 15.1. obliga a las administraciones públicas a tomar “las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. No haberlo hecho antes supone un incumplimiento de la ley. Los desajustes cometidos por el Ayuntamiento de Madrid al intentarlo ahora demuestran las dificultades de su aplicación.

Aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la ley fue desatendida por Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde hasta 2011, y posteriormente por Ana Botella, quien dirigió el Ayuntamiento hasta 2015. La segunda la ignoró e incluso utilizó su mayoría absoluta para tumbar en el pleno las peticiones de la oposición para cambiar el nombre de las calles franquistas, porque, según dijo entonces (26 de marzo de 2013) el delegado de las artes del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Villalonga, se trataba de una propuesta “cansina y reiterada” y un “ejercicio estéril”. Gallardón amagó con hacer algo más y llegó a anunciar la creación de una comisión de expertos, o “cronistas de la Villa”, dijo entonces (2 de noviembre de 2007), para eliminar las calles franquistas. Pero lo cierto es que nunca más se supo. Aunque, eso sí, presumió en más de una ocasión de que, si quedaban vestigios de la Dictadura en edificios públicos de Madrid, sería en los de la Administración del Estado, porque en los municipales que de él dependían ni él ni su equipo habían podido detectar ni uno solo, “salvo error”.

Lo cierto es que, se dude o no de la capacidad de observación de Gallardón y su equipo, es imposible saber si tenían o no razón, porque en los más de ocho años de vigencia de la ley, ni Gallardón, ni Botella, ni todavía Manuela Carmena han cumplido el otro apartado de la ley que les afecta, el 15.3, que ordena “la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura”, primer paso para poder luego, precisamente, proceder a su eliminación.

Carmena admite que a sus ediles “les cuesta aceptar que hay que cumplir todos los pasos administrativos”

El abogado Eduardo Ranz ha presentado más de 200 iniciativas, en forma de demandas, peticiones y requerimientos, en municipios de toda España, comunidades autónomas e instituciones eclesiásticas, para reclamar a sus responsables el cumplimiento de la ley. Incluso presentó una denuncia por desobediencia contra Botella y una treintena de alcaldes de toda España, sin distinción de ideologías, que fue rechazada por el Tribunal Supremo —varios de los alcaldes eran aforados por pertenecer también a algún Parlamento— con el argumento de que no existía una vinculación directa entre la persona física denunciada y el incumplimiento de la norma, según explica el letrado a AHORA.

El pasado 3 de febrero Ranz ratificó, además, una demanda, esta ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra el actual equipo del Ayuntamiento de Madrid en la que solicita que se le “obligue” a elaborar ese catálogo de vestigios que la ley ordena y a retirar o renombrar un total de 186 calles, 7 espacios públicos, 6 centros públicos y 1 placa de homenaje.

Errores por falta de catálogo

Lo cierto es que, sin ese catálogo, y dada la inconcreción de la norma, se corre el riesgo de caer en errores. Es lo que le ha pasado al actual gobierno municipal desde que aprobara el pasado 22 de diciembre, con los votos a favor de los concejales de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, y en contra los del PP, diversas medidas para la aplicación de la ley, entre ellas la futura elaboración de un Plan Integral de la Memoria de Madrid. Pero, a la vez, decidió, sin esperar a contar con un estudio previo, la eliminación de 5 vestigios franquistas (como placas y monumentos) y renombrar una treintena de calles. Y, a partir de ahí, los errores se han sucedido uno tras otro, quizás por la inexperiencia de un equipo a cuyos miembros, ajenos hasta ahora a las instituciones, “les cuesta aceptar que hay que cumplir rigurosamente todos los pasos administrativos”, como ha reconocido la alcaldesa, Manuel Carmena.

El día 29 de enero, el Ayuntamiento inició la retirada de algunos de esos vestigios, como el monolito en recuerdo del Alférez Provisional de la Plaza de los Jerónimos y la lápida del falangista José García Vara, pero incluyó en esa primera oleada una placa conmemorativa, en el Cementerio de Carabanchel Bajo, del fusilamiento de ocho beatos carmelitas que luego se vio obligado a reponer en su lugar. A raíz del error, el Ayuntamiento decidió paralizar los cambios y esperar, ahora sí, a la elaboración de ese Plan Integral, previsto para abril. En principio, el proyecto iba a ser diseñado por el área de Cultura y Deportes en colaboración con la cátedra de la Memoria Histórica de la Universidad Complutense, que cuenta con más de 60 historiadores, juristas, sociólogos y comunicadores. De hecho, el Ayuntamiento, para elegir como colaboradora a esta cátedra, confeccionó un contrato de 17.999 euros, un euro menos de la cantidad que le hubiera obligado sacarlo a concurso.

Listado de artistas

Pero la cátedra se ha echado para atrás. El detonante ha sido la publicación por el diario El País de una lista previa de 256 calles relacionadas con el franquismo que el diario atribuía a esa cátedra y que forman parte de un amplio listado obra del historiador Antonio Ortiz. “Es un listado que elaboro desde hace años y la razón por la que la cátedra me pidió que colaborara en el proceso”, explica Ortiz. La presencia en ese listado de figuras como el pintor Salvador Dalí, el torero Manolete o los escritores Alfonso Paso o Pedro Muñoz Seca, entre otros, suscitó una inmediata polémica de la que el Ayuntamiento quiso desmarcarse, calificando de “disparate”, según la alcaldesa, la eliminación de esas calles. El 10 de febrero, la cátedra emitió un comunicado en el que anunciaba su renuncia a la firma del contrato y reprochaba al Ayuntamiento cierta “precipitación”. Confirmaba, además, que ese listado de 256 calles no era su propuesta.

Ni Gallardón ni Botella elaboraron el catálogo, que exige la ley, de vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura

“Es un listado de máximos, una base sobre la que trabajar”, explica Ortiz, quien cree que algunos de los nombres que han suscitado la polémica “son claramente franquistas. Salvador Dalí —dice a modo de ejemplo— se dedicó a recaudar dinero en Estados Unidos para apoyar la sublevación”. ¿Sus méritos artísticos no justifican su presencia en el callejero? “La ley no habla de méritos artísticos. Además, es oportuno recordar que quizás algunos alcanzaron por su vinculación con el franquismo la fama y éxito que a otros de la misma o superior valía les fue imposible”.

Ese sería uno de los objetivos del Plan de Memoria, cribar las listas de nombres relacionados con el franquismo para decidir a cuáles se les debe aplicar la ley. Pero no solo, también recuperar lugares, historias y personas que jugaron un papel importante en la construcción de la democracia. Según el Ayuntamiento, el plan estará listo en abril.