3/12/2024
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Las grandes lagunas del certificado energético

Los colegios de ingenieros denuncian el aumento del fraude mientras las comunidades apenas disponen de medios para la inspección

Carlos Larroy - 08/04/2016 - Número 28
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Las grandes lagunas del certificado energético
Bloques de apartamentos en Benidorm. DAVID RAMOS / GETTY
Un problema que pasaba desapercibido hasta que llegaron los peores momentos de la crisis era la pobreza energética: familias que ni siquiera disponen de recursos para pagar la factura de la luz y la calefacción. El asunto ha adquirido tanta relevancia que una gran cantidad de comunidades autónomas, así como decenas de ayuntamientos, han firmado convenios con Endesa, Iberdrola y otras eléctricas para evitar que a estas familias se les corte la luz al menos durante el invierno. Entretanto, han surgido programas de acción social para ayudar a estos núcleos familiares a reducir su factura de la luz con iniciativas como la renegociación de sus contratos energéticos, la sustitución de electrodomésticos antiguos por otros que gasten menos y la puesta en marcha de medidas de eficiencia energética tan sencillas como instalar burletes en ventanas o faldones en la puerta exterior de la vivienda. Es lo que, por ejemplo, hicieron entre 2013 y 2015 el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) en un programa que llegó a 35 familias en situación de vulnerabilidad. Las medidas implementadas permitieron reducir sus facturas de la luz entre un 35% y un 40%.

Los informes de referencia en España sobre la pobreza energética son los que elabora la Asociación de Ciencias Ambientales. El último corresponde a los datos de 2012, cuando se estimó a partir de cifras oficiales que el 9% de los hogares, alrededor de 4 millones de españoles, eran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno (entre 18 y 21 grados). Por su parte, el 17% de los hogares, unos 7 millones de personas, estaban destinando más del 10% de sus ingresos —el doble que la media— al pago de la factura energética doméstica. Las causas de esta pobreza son básicamente tres: el alto precio de la electricidad, los bajos ingresos de algunas familias y la mala calidad de las viviendas en términos de eficiencia energética.

Una buena certificación conlleva un trabajo de unas seis horas y solo puede ser rentable a partir de los 150 euros

Ampliando la perspectiva al conjunto de la ciudadanía, se encuentre en dicha situación de pobreza o no, en España se hizo obligatorio hace casi tres años contar con un certificado de eficiencia energética como paso previo a vender o alquilar una vivienda. La obligación vino impuesta por una directiva de la Unión Europea, organismo que está impulsando normativas relacionadas con la eficiencia energética de las viviendas y otros inmuebles con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Un menor consumo eléctrico y en calefacción que, de paso, debería redundar en un descenso de las facturas que pagan las familias. Lo que incluye dicho certificado son una serie de recomendaciones elaboradas por profesionales que recogen lo que a su entender se debería hacer en un inmueble para que ahorre energía —una renovación de las ventanas y de los cerramientos en general para evitar que se escape el calor o el frío, por ejemplo—, así como una etiqueta que determina, de la A a la G —siendo la A la mejor y la G la peor—, si dicho inmueble es eficiente o, por el contrario, derrochador.

Con retraso e improvisación

Sin embargo, los colegios de ingenieros llevan estos tres años denunciando que lo que había nacido como una excelente idea para conocer el estado del parque de viviendas español, y podía servir de referencia para futuros programas de rehabilitación, ha pasado a convertirse en un engorroso trámite para el propietario que rara vez le reporta beneficios de ningún tipo. “El certificado se ha convertido en un mero papel, en un trámite que el ciudadano ve como una tasa más. Y lo peor es que la mayoría se están haciendo con cifras irreales”, lamenta el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI), José Antonio Galdón.

Los responsables colegiales consultados coinciden en que el Gobierno traspuso la directiva europea “con retraso, improvisación y sin dotación económica”. En este sentido, España nunca ha contado con líneas especialmente significativas de ayuda a la rehabilitación y los recortes han hecho que las ya existentes hayan sufrido una merma relevante. El resultado ha sido que entre los ciudadanos se ha extendido la idea —y con razón, según los expertos— de que pagar una obra para mejorar la eficiencia de su inmueble supone un coste importante que solo empezará a rentabilizarse a medio plazo.

A todo ello se suma que la obligación de obtener el certificado recae en el vendedor o arrendador de la vivienda, persona que en principio no se va a beneficiar del posterior ahorro en facturas energéticas que sí disfrutarán los futuros inquilinos. “Sin incentivos, es muy complicado que una comunidad de vecinos o un propietario acometan una inversión que solo empezarán a recuperar una década después. En Reino Unido, por ejemplo, los ayuntamientos tienen potestad para hacer un descuento en el IBI a aquellos propietarios que tienen una casa muy eficiente o que han hecho obras para mejorarla. Es verdad que no es un incentivo muy importante, pero todo ayuda”, explica el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, Javier Abad.

Hecha la ley, hecha la trampa

Esto ha hecho que el ciudadano tienda a buscar el precio más barato aun a costa de que el certificado que vaya a obtener sea poco específico e incluso no responda a la realidad. De hecho, es fácil encontrar ofertas por la red en las que empresas y profesionales se ofrecen a hacer el trámite por apenas 30 euros. Esto ha causado una enorme alarma en el sector y propicia, según los colegios, que se estén cometiendo una gran cantidad de fraudes. No es complicado encontrar por internet páginas web en las que se señala que es innecesario que un profesional acuda a la vivienda para certificar el estado del inmueble, una situación que el sector considera que se está dando de forma muy frecuente.

Rafael González Barriada, ingeniero industrial que lleva desde 2007 haciendo estos certificados después de que su Colegio decidiera formarlo específicamente para ello, señala que un buen certificado conlleva un trabajo de unas seis horas y que solo puede ser rentable a partir de los 150 euros. “Hay que tomar datos acerca de las características de los cerramientos, comprobar las sombras que afectan a la vivienda, su orientación, ver el estado real en el que se encuentran los materiales, cómo están las calderas... Con 30 euros no te da ni para los taxis”, apunta.

“La mayoría se está haciendo con cifras irreales”, sostiene José Antonio Galdón, presidente del COGITI

En este sentido, José Antonio Galdón apunta que la crisis inmobiliaria “ha hecho que muchos profesionales se ofrezcan a hacer el trabajo por un dinero que ni siquiera da para cubrir gastos”. “En realidad, estos profesionales, por llamarlos de alguna forma, están rellenando los datos por defecto, sin ni siquiera visitar la vivienda que están certificando, algo que da como resultado certificados falsos”, señala. La Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, establece como infracción muy grave que el certificador falsee la información de un certificado, con una posible multa de hasta 6.000 euros. El Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales, de hecho, hizo una investigación en la que detectó seis empresas que directamente ponían en su página web que era innecesario que un técnico se acercara hasta el inmueble en cuestión para elaborar el informe. Remitió dichas pruebas a los distintos departamentos autonómicos para que procedieran a sancionar a estas compañías y, según Galdón, solo una región ha mostrado interés.

El problema es que las comunidades autónomas han encontrado grandes dificultades tanto para tramitar todos los certificados que les llegan como, sobre todo, para hacer inspecciones in situ, es decir, acercarse a inmuebles para cerciorarse de que el certificado entregado se corresponde con la realidad. Ello se debe a que la mayoría de regiones carecía de este tipo de inspectores, o su personal era demasiado escaso para revisar las decenas de miles de certificados que han recibido en los últimos tres años. De hecho, algunas regiones, como Aragón, siguen sin contar con un equipo específico que haga estos controles y se limitan a realizar una inspección administrativa cuando el documento les llega a sus registros. Otras comunidades han iniciado pequeñas campañas de inspección in situ con resultados muy llamativos. Es el caso de Murcia, que, según datos facilitados por su gobierno autonómico, ha visitado por el momento 63 edificios y ha encontrado deficiencias en 37 de los 63 certificados inspeccionados.