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Europa
La última quimera de Bruselas
La Comisión propone una fuerza de 1.500 efectivos para salvaguardar la libre circulación de personas, en entredicho tras la reinstauración de controles fronterizos por la crisis migratoria
Dani Rovirosa
- 18/12/2015
- Número 14
Un policía alemán habla con inmigrantes en la frontera entre Austria y Alemania. CHRISTOF STACHE / AFP / Getty
En agosto, cuando ya nadie dudaba de que en 2015 acabarían llegando a la UE más refugiados que en el año anterior, la canciller alemana lanzó su mensaje: encontrar una solución común a este reto acabará siendo “más relevante” que resolver la crisis del euro. Hacer predicciones sobre lo que ocurrirá con Grecia ha resultado ser una tarea imposible, aunque una vez aprobado el tercer rescate a Atenas los hechos parecen darle a Angela Merkel la razón. Frenar la entrada de inmigrantes se ha convertido en el principal objetivo de Bruselas y también de Berlín, que desde hace meses intenta repartir entre sus socios la responsabilidad de dar respuesta a un fenómeno que le ha desbordado por completo. A Alemania han llegado este año más de un millón de personas en busca de una nueva vida tras huir de la guerra y la pobreza.
En juego está la solidaridad europea, la supervivencia de Schengen y el liderazgo de la canciller, cuestionada más que nunca en su país y en su propio partido por la política de puertas abiertas. Por eso, también en esta crisis Merkel está marcando la pauta a seguir. Alemania está nerviosa”, explican fuentes diplomáticas, y “presiona” al Ejecutivo comunitario para tomar decisiones. La última ha llegado esta semana, con la propuesta de crear una Guardia Europea de Costas y Fronteras que obligaría a los países a ceder competencias en el ámbito que mejor encarna la soberanía nacional. Un aspecto que dificultará su aprobación, ya que son varios los gobiernos que se muestran contrarios a la medida.
La lentitud en la toma de decisiones ha ido agravando la crisis y Berlín y París enviaron hace unos días una carta a Bruselas apremiándola a crear una auténtica policía europea de fronteras, con capacidad para controlar incluso los pasaportes en los límites externos de la zona Schengen. El gobierno francés lleva tiempo contemplando esta idea y tras los atentados de París ha aunado esfuerzos con Alemania para aumentar la presión.
Grecia es el primer país al que se podría aplicar esta medida. Aunque el mal tiempo ha reducido el flujo migratorio, más de 720.000 personas han llegado a sus costas a lo largo de este año, según la Organización Mundial de las Migraciones. Frontex, la actual agencia de control de fronteras, solo puede intervenir si el gobierno lo solicita. El presidente heleno, Alexis Tsipras, se ha opuesto a ello al entender que se trataba de una injerencia europea. Únicamente cuando sus socios le han amenazado con expulsarle temporalmente de Schengen se ha visto forzado a aceptar.
Con la refundación de la agencia se evita este trámite. Aun así, el despliegue de los guardacostas sigue generando dudas, según admiten fuentes comunitarias. Los agentes no actuarían bajo las órdenes de Bruselas, sino que deberán someterse a la legislación nacional. Por tanto, será imprescindible que el gobierno en cuestión se comprometa a colaborar con los efectivos europeos en el control de sus fronteras. Si no es así, “será difícil” poder actuar, reconocen las mismas fuentes. Alemania y Francia esperaban más.
Pero para entrar en vigor, la medida debe obtener el visto bueno del Parlamento Europeo y de los estados miembros, entre los que hay una gran oposición. Malta y Suecia son dos de los principales detractores, a los que hay que añadir los países del este y también a los partidos de extrema derecha, como el Frente Nacional de Marine Le Pen, que ya ha alzado su voz en la Eurocámara.
Con la crisis del euro, la supervisión de los bancos ha quedado en manos del Banco Central Europeo. En materia económica, los estados han aceptado una mayor cesión de soberanía. Sin embargo, cuando se trata de afrontar el reto migratorio, son muchos —incluida España— los que se oponen a las órdenes de Bruselas, alabadas por Berlín. A la espera de ver qué ocurre en los próximos meses, la Comisión Europea deberá decidir el próximo mes de marzo si los controles fronterizos en el interior de la zona Schengen se pueden extender durante dos años más. Inicialmente, cuando Merkel —presionada por sus socios de coalición en Baviera— ordenó levantar la primera valla, el límite era de dos meses.es
En juego está la solidaridad europea, la supervivencia de Schengen y el liderazgo de la canciller, cuestionada más que nunca en su país y en su propio partido por la política de puertas abiertas. Por eso, también en esta crisis Merkel está marcando la pauta a seguir. Alemania está nerviosa”, explican fuentes diplomáticas, y “presiona” al Ejecutivo comunitario para tomar decisiones. La última ha llegado esta semana, con la propuesta de crear una Guardia Europea de Costas y Fronteras que obligaría a los países a ceder competencias en el ámbito que mejor encarna la soberanía nacional. Un aspecto que dificultará su aprobación, ya que son varios los gobiernos que se muestran contrarios a la medida.
Hubo que negociar mucho para sacar adelante el reparto de 160.000 refugiados y algunos estados aceptaron la propuesta en contra de su voluntad. Aún así, la reubicación está siendo muy lenta porque la oferta de plazas se está haciendo a cuentagotas y los inmigrantes se niegan a quedar registrados. Hungría y Eslovaquia, además, han denunciado la norma ante el Tribunal de Justicia de la UE. Ante estas reticencias, más complicado resulta aún que los Veintiocho acepten el mecanismo de reparto permanente, que se pondría en marcha siempre y cuando un país sufriera una elevada presión migratoria.La nueva agencia se desplegaría en un máximo de tres días, incluso si el Estado afectado se opone
La lentitud en la toma de decisiones ha ido agravando la crisis y Berlín y París enviaron hace unos días una carta a Bruselas apremiándola a crear una auténtica policía europea de fronteras, con capacidad para controlar incluso los pasaportes en los límites externos de la zona Schengen. El gobierno francés lleva tiempo contemplando esta idea y tras los atentados de París ha aunado esfuerzos con Alemania para aumentar la presión.
Al rescate de Schengen
La Comisión Europea ha presentado la medida como la solución para salvaguardar la libre circulación de personas, en entredicho después de que varios países hayan reinstaurado los controles en algunos puntos fronterizos. Sin embargo, la propuesta se queda corta respecto a las exigencias maximalistas del eje franco-alemán. La nueva agencia contará con 1.500 guardacostas de los estados miembros que se deberán desplegar en un máximo de tres días cuando un país sea incapaz de controlar sus fronteras. Incluso si el Estado afectado no lo solicita o se opone a ello.La Guardia Europea de Costas y Fronteras dispondrá de un centro de análisis de riesgos para evaluar las deficiencias que existen en los límites exteriores de la zona Schengen. Si detecta que un gobierno no puede frenar la entrada de inmigrantes en su territorio, recomendará al Ejecutivo comunitario que ordene el envío de los agentes. Bruselas deberá pedir permiso a los Veintiocho y si obtiene una mayoría cualificada de votos favorables los guardas se desplegarán obligatoriamente, sin que el país afectado tenga capacidad de veto. En definitiva, un paso hacia adelante en la integración europea.Grecia, a cuyas costas han llegado más de 720.000 personas en 2015, es el primer país donde se podría aplicar
Grecia es el primer país al que se podría aplicar esta medida. Aunque el mal tiempo ha reducido el flujo migratorio, más de 720.000 personas han llegado a sus costas a lo largo de este año, según la Organización Mundial de las Migraciones. Frontex, la actual agencia de control de fronteras, solo puede intervenir si el gobierno lo solicita. El presidente heleno, Alexis Tsipras, se ha opuesto a ello al entender que se trataba de una injerencia europea. Únicamente cuando sus socios le han amenazado con expulsarle temporalmente de Schengen se ha visto forzado a aceptar.
Con la refundación de la agencia se evita este trámite. Aun así, el despliegue de los guardacostas sigue generando dudas, según admiten fuentes comunitarias. Los agentes no actuarían bajo las órdenes de Bruselas, sino que deberán someterse a la legislación nacional. Por tanto, será imprescindible que el gobierno en cuestión se comprometa a colaborar con los efectivos europeos en el control de sus fronteras. Si no es así, “será difícil” poder actuar, reconocen las mismas fuentes. Alemania y Francia esperaban más.
Pero para entrar en vigor, la medida debe obtener el visto bueno del Parlamento Europeo y de los estados miembros, entre los que hay una gran oposición. Malta y Suecia son dos de los principales detractores, a los que hay que añadir los países del este y también a los partidos de extrema derecha, como el Frente Nacional de Marine Le Pen, que ya ha alzado su voz en la Eurocámara.
Con la crisis del euro, la supervisión de los bancos ha quedado en manos del Banco Central Europeo. En materia económica, los estados han aceptado una mayor cesión de soberanía. Sin embargo, cuando se trata de afrontar el reto migratorio, son muchos —incluida España— los que se oponen a las órdenes de Bruselas, alabadas por Berlín. A la espera de ver qué ocurre en los próximos meses, la Comisión Europea deberá decidir el próximo mes de marzo si los controles fronterizos en el interior de la zona Schengen se pueden extender durante dos años más. Inicialmente, cuando Merkel —presionada por sus socios de coalición en Baviera— ordenó levantar la primera valla, el límite era de dos meses.es