3/12/2024
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La opacidad transgresora de los registradores

El Ministerio de Justicia y el Colegio aseguran desconocer lo que cobran estos funcionarios y alegan que son ingresos profesionales

Carlos Larroy - 22/04/2016 - Número 30
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La opacidad transgresora de los registradores
El alcalde de Estepona, hasta ahora registrador en activo, José María García Urbano, Mariano Rajoy, el presidente del PP de Andalucía y el alcalde de Málaga. jorge zapata / efe
Pese a los reiterados intentos de grupos parlamentarios, asociaciones de consumidores y medios de comunicación por conocer lo que cobran los registradores de la propiedad, la información continúa sin trascender a la opinión pública. La opacidad llega hasta tal punto que tanto el Ministerio de Justicia como el Colegio de Registradores aseguran que desconocen lo que ganan estos funcionarios de élite. Así lo indican ambos organismos en sendas resoluciones remitidas a AHORA, que previamente había solicitado a través del Portal de la Transparencia que se le informara del beneficio neto generado en los casi 1.200 registros que hay en España. Este periódico solicitaba esta información al entender que la labor que ejercen estos funcionarios es un servicio público y que, por tanto, parece lógico que la información relativa a su actividad económica sea pública o, al menos, tan transparente como otros ámbitos de la Administración.

El desconocimiento por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, llama la atención porque este es precisamente el organismo encargado de la creación de los registros. Es más, en la resolución firmada por el responsable de esta Dirección General, el registrador Javier Gómez Gálligo, se aduce que el cuerpo está exento de facilitarles dicha información al considerarla una retribución profesional. Sin embargo, altos cargos que han trabajado en el Ministerio de Justicia en anteriores gobiernos señalan que, aunque esos datos se han solicitado en más de una ocasión, al Ministerio le ha resultado “muy complicado” disponer de ellos por las “reticencias” del Colegio a facilitarlos. De hecho, indican que tradicionalmente los técnicos han tenido que elaborar las demarcaciones infiriendo los beneficios a partir de estadísticas sobre el mercado inmobiliario ante la escasa información facilitada por el órgano colegial.

Por su parte, el Colegio de Registradores, en un argumentación de 10 páginas, termina concluyendo que carece también de la información solicitada por el periódico AHORA y que, “en el caso de que la dispusiera”, se negaría a facilitarla porque entiende que atentaría contra “el derecho a la privacidad” de los miembros de este colectivo.

Algunos registradores admiten que hay un listado con el beneficio neto de cada oficina para concursar a ellas

Sin embargo, el órgano colegial sí dispone al menos de una parte de la información solicitada. En este sentido, la consulta del artículo 72 del Estatuto del Colegio de Registradores, aprobado en 1997 cuando Mariano Rajoy era ministro de Administraciones Públicas, es ilustrativa. En él se señala que el órgano colegial debe percibir el 50% del beneficio neto que generen aquellas oficinas que carezcan de un titular y que, por tanto, estén siendo atendidas de forma interina. Según datos facilitados por el Ministerio de Justicia, en diciembre había 115 registros cubiertos de esta manera. Por consiguiente, parece obvio que el Colegio conoce al menos las ganancias de ese centenar de registros, que representan el 9% de todas las oficinas que hay en España (1.194). Además, registradores consultados admiten que disponen de un listado que recoge el beneficio neto de las oficinas con vistas a concursar para obtener la titularidad de su primer registro o cambiarse a otro.

Así las cosas, las ganancias que generan los registros continúan siendo un arcano indescifrable, lo que dificulta que se puedan realizar estudios de calado sobre el sistema registral español y su eficiencia, como han solicitado grupos parlamentarios y asociaciones de consumidores. Lo poco que se conoce es que el registrador se lleva el 60% del beneficio neto que genera su oficina y que el otro 40% se reparte entre los empleados. Dicho beneficio neto son los ingresos que logran a través de los aranceles que cobran a ciudadanos y empresas por trámites como la inscripción de propiedades o hipotecas, menos los gastos que la oficina genera (remuneración base de los empleados, luz, agua, papel, etcétera).

Más de 1,5 millones al año

La mayoría de registradores consultados aseguran que su retribución es similar a la de un abogado del Estado (ente 80.000 y 100.000 euros al año). Y añaden que sus ganancias han caído a la mitad por el desplome del negocio inmobiliario. Si así fuera, sería incomprensible que el 40% de los abogados del Estado haya tomado la puerta giratoria para pasarse a la empresa privada en busca de mejores sueldos mientras que en el Cuerpo de Registradores ni el 2% ha dado este paso: solo 17 del total de 1.096 funcionarios figuran en excedencia.

De hecho, otras fuentes cercanas a este Cuerpo elevan notablemente los ingresos que percibiría este colectivo. En este sentido, cabe recordar que el último gobierno socialista aprobó una nueva demarcación en 2007 que conllevaba la creación de 300 registros nuevos. Responsables de dicho ejecutivo apuntan que buena parte de esas 300 oficinas se iban a segregar de aquellos registros cuyo beneficio neto superara los 1,5 millones de euros al año, de los que el registrador se llevaba el 60%.

Otro ejemplo que se puede aportar de las retribuciones de este Cuerpo es el del registrador José María García Urbano (PP), actual alcalde de Estepona y diputado en el Congreso. En la declaración de bienes y rentas que entregó a las Cortes Generales cuando recogió el acta en enero de este año figura que en el pasado ejercicio, cuando ejercía su profesión en el registro número 1 de Huelva, pagó a Hacienda 162.962 euros en concepto de IRPF. De ahí se pueden deducir las onerosas ganancias que tienen estos funcionarios que, en lugar de recibir un sueldo a cargo de los Presupuestos Generales del Estado como la inmensa mayoría de empleados públicos, perciben sus ingresos a través de los aranceles que cobran a ciudadanos y empresas. Hay que matizar que el diputado optó por no facilitar el detalle de lo que obtuvo como consecuencia de su actividad como registrador, ya que en la declaración de bienes y rentas queda sin discriminar qué parte del IRPF pagó por sus ganancias como titular del registro número 1 de Huelva, su participación en 14 empresas y los rendimientos que pudiera obtener vía activos financieros. Tampoco facilitaba esta información en su municipio, pese a las solicitudes formuladas por la oposición en aplicación de la Ley de Transparencia.

El presupuesto oculto

Otro de los secretos mejor guardados de los registradores es el presupuesto que maneja su órgano colegial. El artículo 11 de la Ley de Colegios Profesionales obliga a todas estas corporaciones de derecho público a colgar una memoria anual en su página web en la que se recoja, al menos, un informe de su gestión económica, las retribuciones de la junta de gobierno o el número de trabajadores que tienen en nómina. Sin embargo, este Colegio, pese a que ofrece diversas publicaciones y estadísticas —especialmente sobre la evolución del mercado inmobiliario—, deja sin publicar en su web esta información obligatoria. De hecho, ni siquiera indica cuál es su presupuesto global. Este periódico solicitó hace ya casi dos meses a la junta de gobierno que se le remitiera dicho presupuesto en aplicación de la Ley de Colegios Profesionales y la Ley de Transparencia, sin haber recibido respuesta alguna.

Lo poco que se conoce sobre el presupuesto del Colegio de Registradores proviene de las investigaciones llevadas a cabo por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, que en 2011 presentó una proposición no de ley en la que afirmaba que el presupuesto anual de este órgano colegial ascendía a 83 millones de euros pese a que en España solo hay 1.077 registradores en activo.
 
Esto supondría que cada registrador debería aportar a su Colegio, en concepto de cuotas colegiales, casi 80.000 euros al año. Pero la realidad es que su presupuesto se dispara por dos conceptos. En primer lugar, los ciudadanos que solicitan una nota simple a través de la web del órgano colegial deben abonar 9 euros en vez de los 3 que están estipulados por el Real Decreto 1427/1989. Esto se debe a que el Ministerio de Justicia permite al Colegio cobrar seis euros extra por estas solicitudes para compensar el coste del sistema informático, que el Colegio cuantifica en 5,48 euros por nota. Es decir, haciendo caso a los datos del órgano colegial, el Colegio se llevaría un beneficio de medio euro por cada nota suministrada.

Y en segundo lugar, su presupuesto crece enormemente por la mencionada percepción del 50% de los beneficios de los 115 registros que están atendidos de forma interina. Dichas oficinas son cubiertas de acuerdo con un cuadro de sustituciones publicado por el Ministerio de Justicia, de forma que el registrador titular se encarga de atender su propia oficina y una segunda que está vacante. La pregunta de por qué el Gobierno se abstiene de convocar plazas suficientes para cubrir todos los registros existentes, habida cuenta de que sería sin coste alguno para las arcas públicas, se despeja tras consultar los artículos 277 de la Ley Hipotecaria y 504 del Reglamento Hipotecario, que establecen que las plazas convocadas, con independencia de cuáles sean las necesidades, nunca pueden rebasar las 50 cada dos años. Registradores consultados señalan que esto se hace para garantizar que los futuros registradores accedan bien formados, mientras que otras fuentes aseguran que está pensado para que el Colegio preserve su influencia.

El Colegio también es el máximo accionista de la empresa Inversiones Inmobiliarias CRE, a través de la cual posee 72 millones de euros en activos inmobiliarios. Según el depósito de cuentas de 2014, el principal es el edificio que construyeron para albergar los registros de Madrid en la calle Alcalá 540 (hoy valorado en 53 millones). Le siguen en orden de valor neto un edificio en La Coruña (5,7 millones) y otro en Valladolid (5,3 millones).
 

Alcalde, diputado y registrador

Carlos Larroy
Al alcalde de Estepona, el popular José María García Urbano, no se le puede negar su enorme capacidad de trabajo. Desde enero, ha estado compaginando su puesto de primer edil de este municipio malagueño, su trabajo como diputado en el Congreso y su labor como registrador de la propiedad en activo en la oficina número 1 de Huelva. Además, participa en mayor o menor medida en 14 empresas, tal y como consta en su declaración de bienes y rentas. Hasta su llegada al Parlamento, el Ministerio de Justicia le permitía ser alcalde y al mismo tiempo registrador en ejercicio porque renunció a cobrar un sueldo como primer edil de Estepona. También le eximía de la obligación de residir en el municipio donde estásu registro —Estepona y Huelva distan 325 kilómetros—, ya que el Ministerio le concedió ex profeso una comisión de servicio para que pudiera continuar como alcalde sin necesidad de cumplir la obligación de acudir a su oficina todos los días laborales.

Sin embargo, ahora el Congreso ha resuelto que debe optar por ser registrador o diputado, dado que el artículo 1 de la Ley de Incompatibilidades establece la prohibición de cobrar simultáneamente dos sueldos públicos, ya sea con cargo a los presupuestos o mediante arancel, y el artículo 157 de la Ley de Régimen Electoral señala que el cargo de diputado precisa de dedicación absoluta. Según fuentes parlamentarias, la Comisión del Estatuto de los Diputados informó el miércoles de esta situación a la Mesa del Congreso y ahora el diputado puedelegar. Este compás de espera en el que está García Urbano llama la atención porque las leyes recién mencionadas son muy claras en este sentido y, sobre todo, porque el mejor ejemplo de la incompatibilidad existente entre la labor de registrador y de diputado lo representa Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones, que tuvo que cogerse hace décadas una excedencia con reserva de plaza para ejercer la política.Pese a ello, García Urbano ha estado cobrando estos meses como registrador en activo y como diputado. Es más, en febrero, cuando ya era parlamentario y también estaba a la espera de que el Congreso dictaminara si su situación era de incompatibilidad, decidió concursar para obtener la titularidad de otro registro. Tal y como consta en el BOE, el Ministerio de Justicia le acaba de asignar un nuevo destino: titular del registro número 1 de Murcia.