La corrupción hunde la política chilena
Escándalos como el “nueragate” o la financiación ilegal de las campañas pasan factura a la popularidad de Bachelet
Según un sondeo realizado a principios de 1991 por el Centro de Estudios Públicos (CEP), solo el 16% de los chilenos evaluaba positivamente a los uniformados. Otras encuestas ese mismo año adjudicaban al Congreso un 79% de aprobación. Dentro del ámbito parlamentario, los favoritos del público eran los partidos de la Concertación, la alianza de centro-izquierda que, tras la victoria de Patricio Aylwin en las elecciones de 1990, restituyó las libertades que había expropiado Pinochet.
La presidenta, que acabó su primer mandato con un 80% de aprobación, no supera ahora el 24%
Ahora resulta que los chilenos han cambiado diametralmente de parecer. En una reciente encuesta del CEP, las Fuerzas Armadas obtienen más de un 50% de aprobación, mientras que solo el 12% de la ciudadanía confía en el Congreso y en los partidos que lo integran, sean de izquierda o de derecha. Así, los políticos han reemplazado a los militares en el papel de villanos de la película. “Es un momento de mucho riesgo para la democracia. No habrá un nuevo golpe militar, eso seguro. Pero el terreno está abonado para la aparición de un líder populista que, con el apoyo de las masas, se ofrezca para erradicar en un santiamén la corrupción que contamina la política y hacer lo propio con la delincuencia, que ha alcanzado niveles preocupantes en los últimos tiempos”, sostiene Rolando Álvarez, politólogo de la Universidad de Concepción.
La misma reflexión hace The New York Times, con un severo diagnóstico sobre la crisis que, a su juicio, afecta a las principales instituciones del país. “Chile se ha sumado a las naciones latinoamericanas golpeadas por la corrupción. Una serie de escándalos en las altas esferas está colocando su sistema político en tela de juicio y ha encendido la luz de alarma entre los inversores extranjeros”, señala el diario estadounidense.
Entre los casos de corrupción que mayor revuelo e indignación han levantado destaca el de las donaciones que entregó la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) a conocidos políticos a cambio de que estos defendieran sus intereses en el hemiciclo parlamentario. La trama, divulgada el 3 de abril de 2015 por el Centro de Investigaciones Periodísticas (CIPER), ha provocado el hundimiento de instituciones que antes eran el orgullo de los chilenos y su carta de presentación ante los organismos internacionales. Tras su privatización en pleno régimen militar, SQM se dedicó a la explotación y comercialización del salitre, yodo, potasio y litio en Chile, obteniendo una notable presencia en los mercados internacionales y grandes ingresos.
Los chilenos se quedaron boquiabiertos al enterarse de que entre los sospechosos de haber recibido dinero de SQM para la financiación ilegal de sus campañas aparece la presidenta Michelle Bachelet, al igual que sus antecesores en el cargo —Sebastián Piñera, de Renovación Nacional (RN), y Eduardo Frei Ruiz Tagle, del partido Demócrata Cristiano (DC)—. La investigación que lleva a cabo el fiscal Pablo Gómez no ha dejado títere con cabeza. Gómez no descarta la imputación de Marco Enríquez Ominami, hijo de Miguel Enríquez, quien fuera secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), muerto en un enfrentamiento con tropas del Ejército en octubre de 1973. De ser cierto, la opinión pública considera el colmo de la hipocresía que el hijo de un revolucionario haya recibido miles de dólares de la compañía minera que preside Julio Ponce Lerou, exmarido de Verónica Pinochet, hija del dictador que intercedió para ponerlo en el cargo.
La revista Qué Pasa divulgó en enero que Pablo Longueira, icono del partido de extrema derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), recibió 730 millones de pesos (un millón de dólares) a cambio de insertar una cláusula que favorecía a SQM en el marco de la Ley para la Gran Minería aprobado en el Congreso en 2014. “Soy un muerto en vida”, murmuró Longueira tras verse obligado a dejar el partido en el que hizo su carrera política, llegando a ser candidato a la presidencia en 2013 en representación de la Alianza por Chile, el bloque que conforman su partido y Renovación Nacional (RN). En el mismo estado que Longueira se encuentra la propia UDI, que según admiten sus líderes ha perdido la confianza de un significativo porcentaje de sus bases. Entre las tácticas que se barajan en el seno de ese partido para no caer en el abismo destaca la de fusionarse con sus aliados de RN. Pero “eso sería como abordar el Titanic sabiendo que se va a hundir”, señala un asesor de RN a AHORA.
Bachelet, la más tocada
Con todo, Michelle Bachelet es la más perjudicada por el retorcido curso que están tomando los acontecimientos en Chile. El diario Punto Final afirmó que “ella misma está contribuyendo a cavar su tumba al no adoptar una postura firme ante la corrupción que ha emponzoñado la política” antes incluso de conocerse que hay sospechas sobre la presidenta en relación a la supuesta financiación ilegal de sus campañas electorales.
Pero el golpe más duro para el prestigio de la líder socialista llegó tras su victoria en las presidenciales de 2013, cuando designó a su hijo Sebastián Dávalos como director del Área Socio-Cultural de la Presidencia e, informalmente, como su primer caballero (el equivalente masculino de la primera dama). Cundió la sospecha de que Bachelet, abanderaba de la alianza Nueva Mayoría, había confeccionado un puesto ficticio, a la medida de Sebastián. Pero ese era solo el comienzo de la historia. El 16 de diciembre de 2013, Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, recibieron un crédito de 10 millones de dólares para la compra de unos terrenos en la zona central de Chile. La revista Qué Pasa reveló que el Banco de Chile aprobó el préstamo sin pestañear tras la reunión que mantuvo el presidente de la entidad, Andrónico Lucsik, con el hijo y la nuera de Bachelet. De ahí que este caso se diera a conocer en los medios como el “nueragate”. La presidenta completó su primer mandato (2006-2010) batiendo un récord histórico de aprobación, con más de un 80%. Al cumplirse dos años de su segundo mandato, que concluye en 2018, una encuesta de la agencia Adimark le adjudica solo un 24% de evaluación positiva.
La sociedad condena que el hijo de un revolucionario reciba dinero del exyerno de Pinochet
Marcela Antúnez, que trabajó como voluntaria en la segunda campaña de Bachelet, admite que la primera mujer que ha presidido el país ha decepcionado a muchos de sus simpatizantes. “En su segundo periodo presidencial, Michelle se ha dejado influenciar por los sectores más radicales de su entorno, que la han convencido para impulsar, de forma irresponsable, varias reformas de gran calado.” Antúnez cita como ejemplo la reforma de la educación, que debería garantizar una enseñanza gratuita a todos los chilenos. “Antes de comprometerse con un proyecto de esa envergadura, Bachelet debía haber considerado de dónde provendría el dinero para financiarlo. Desgraciadamente, en los dos últimos años la economía chilena se ha estancado y las proyecciones para 2016 no son buenas. La verdad es que no hay fondos para implementar la gratuidad en la educación y tampoco se me ocurre cómo saldrá del paso Bachelet después de haber levantado una montaña de expectativas, sobre todo entre los jóvenes de familias con bajos ingresos. Es probable que en las próximas semanas los estudiantes salgan a la calle a cobrarle a la presidenta sus promesas”, afirma Antúnez. La reforma tributaria fue aprobada en el Congreso, pero en una versión acotada por la presión de los grandes empresarios sobre los legisladores. Si los magnates aportaron dinero de sus arcas corporativas a los políticos, no era para que estos votaran para aumentar los impuestos de acuerdo con lo que les correspondería pagar por sus ganancias.
Partidos sin principios
La evasión de impuestos es una práctica común en la cúspide empresarial. Entre los factores que explican la crisis institucional que golpea a Chile, el politólogo Juan Luna, de la Universidad de Carolina del Norte, alude a los gigantescos recursos que se concentran en manos de cinco empresas de la envergadura de SQM. Cabe señalar que otras firmas como Penta también han sido investigadas por sus donaciones ilegales a políticos.
A la vez, Luna menciona la debilidad de los partidos, que se han transformado en plataformas carentes de principios claros donde el fin de escalar posiciones justifica todos los medios. “Muchos están dispuestos a pactar con el demonio con tal de ganar una alcaldía o un escaño en el Congreso. Y claro, los magnates que manejan la economía sacan provecho de esa caldera de ambiciones, repartiendo dinero a diestro y siniestro”, manifestó en un programa de radio Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, uno de los congresistas que no aparece involucrado en los casos de financiación ilícita.
En una conversación informal con los parroquianos de un café en el centro de Santiago, AHORA pudo percatarse de la brecha que existe entre la imagen que se proyecta de Chile hacia el exterior—como uno de los países más prósperos y ordenados de Sudamérica— y la vida cotidiana de los ciudadanos de clase media. “La democracia está en bancarrota. Da lo mismo votar por la izquierda o la derecha. A fin de cuentas, todos sirven al mismo amo: los grandes capitalistas. Nadie defiende los intereses de los que trabajamos, con un solo día libre a la semana, por un salario que no alcanza para llegar a fin de mes”, expresó Mario Aravena, a cargo de la sección de artículos electrónicos de una de las grandes tiendas de la capital.
“En este país todos quieren imitar el estilo de vida de la clase alta. Por eso la gente se endeuda para comprar un todoterreno, un televisor del tamaño de una pantalla de cine o ropa de marca. Y claro, piden préstamos a los bancos para sufragar las deudas que contraen. Es un círculo vicioso que termina beneficiando a los dueños de los bancos y de los grandes comercios. Es triste decirlo, pero los chilenos hemos sacrificado nuestros principios tradicionales —el compañerismo, la modestia y hasta los buenos modales— en la alocada carrera por mantener las apariencias”, dice Alejandro Lara, jubilado de una empresa minera. Todos los tertulianos de ese café capitalino coincidieron en que si la situación sigue igual, en las próximas elecciones emitirán un voto en blanco.