El legado de Lula se tambalea en Brasil
La acción judicial contra el expresidente anuncia un final anticipado del Gobierno de Dilma Rousseff
A diferencia de todos ellos, la visita de la Policía Federal a la vivienda de Lula en São Bernardo do Campo, el 4 de marzo, no incluía al “japonés” (en realidad brasileño) ni los agentes tenían órdenes de arrestar al exmandatario. Buscaban simplemente llevarlo a una sala del aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, para interrogarlo sobre su relación con una casa de campo y un tríplex reformados y amueblados por constructoras implicadas en el escándalo de Petrobras, y también sobre los pagos millonarios recibidos a través de la empresa que organiza sus conferencias y la fundación que lleva su nombre, el Instituto Lula.
Pero las formas irritaron al antiguo líder sindical, de 70 años. “Bastaba con llamarme para prestar declaración, que yo habría ido [...] Lamentablemente, han preferido utilizar la prepotencia y la arrogancia en un espectáculo de pirotecnia”, se quejó horas más tarde, “indignado e íntimamente dolido”, en una conferencia de prensa improvisada en la sede del Partido de los Trabajadores (PT). “Me he sentido ultrajado como un prisionero”, protestó Lula, que ya pasó 31 días entre rejas en 1980 por liderar las huelgas obreras contra la dictadura militar.
Prender la mecha
Era la chispa que faltaba para acabar de prender la mecha de la gigantesca crisis brasileña. André Singer, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de São Paulo (USP) y portavoz de Lula durante su primer mandato, califica la operación como la “ofensiva final” de quienes “desean derribar a Dilma [Rousseff, actual presidenta] o extinguir el lulismo”. Y añade: “Era obvio que habría repercusión mediática nacional e internacional equivalente a la prisión de una celebridad. Era ese el efecto de imagen que buscaba el juez.” Según el veterano escritor y columnista Elio Gaspari, el método escogido para interrogar al exgobernante brasileño “dio al episodio una teatralidad innecesaria”. “Le han regalado el papel de víctima, de un pobrecito perseguido por la élite”, opina Gaspari.
Por primera vez desde que estalló la crisis, la consultora Eurasia empieza a apostar por la caída del Gobierno
El equipo de investigadores del Ministerio Público Federal reaccionó a las críticas con una contundente nota de aclaración: “A pesar de todo el respeto que el señor Luiz Inácio Lula da Silva merece, ese respeto le es debido en la exacta medida del respeto que se debe a cualquier otro ciudadano brasileño, pues hoy no es titular de ninguna prerrogativa que lo vuelva inmune a ser investigado [...]. Tal discusión no es nada más que una cortina de humo sobre los hechos investigados.”
Más allá del debate legal, Lula aprovechó el discurso retransmitido en directo a todo el país para intentar levantar la moral de sus tropas. “Si encuentran un real [moneda brasileña] de desvío en mi conducta, no merezco ser de este partido”, reconoció ante dirigentes y militantes. “Pero [los policías y los procuradores] necesitan saber que yo aprendí a andar con la cabeza erguida. Aprendí levantándome a las tres de la mañana para hacer asambleas a la puerta de fábricas, haciendo mítines en paradas de autobús, viendo a compañeros llevarse porrazos todo el santo día. Quiero decir que no voy a bajar la cabeza [...]. Esto es lo que tenía que ocurrir para que el PT levante la cabeza”, proclamó.
Clima de precampaña
En pleno desgaste de las siglas que él mismo fundó hace 36 años y que han gobernado el país durante los últimos 13, Lula trató de invertir la situación presentándola como una lucha contra quienes pretenden “destruir el avance de los de abajo” y acabar con el legado del primer presidente obrero de Brasil. La arenga sonó a inicio de precampaña para las elecciones de 2018, en las que aspira a sumarse a la extensa lista de líderes latinoamericanos que han gobernado en mandatos no consecutivos, como el costarricense Óscar Arias, el nicaragüense Daniel Ortega, la chilena Michelle Bachelet o el uruguayo Tabaré Vázquez.
Solo que Dilma, su sucesora, se enfrenta a preocupaciones más inminentes. Apenas unas horas después de la operación policial, los analistas de riesgo político rehicieron sus proyecciones sobre el futuro de la mayor potencia de la región. Por primera vez desde que estalló la crisis, la consultora Eurasia empieza a apostar por la caída del Gobierno. Si antes solo veía un 40% de probabilidades de que la presidenta abandonara el poder antes de tiempo, en este nuevo escenario calcula que la cifra “ha subido por encima del 50%”, ya sea por la vía del impeachment que comenzó a tramitarse en diciembre en el Congreso o a través del proceso abierto en el Tribunal Superior Electoral (TSE) por supuestas irregularidades y abusos de poder en la campaña de 2014. “La acción contra Lula sugiere que ahora es improbable que Dilma termine su mandato”, señala.
Los presos “cantan”
“La fuerte asociación entre Lula y Dilma eleva el riesgo de interrupción del mandato presidencial”, coincide Rafael Cortez, de la consultora Tendências. No solo porque el deterioro de la imagen de uno salpica a la otra —y viceversa—, sino también por las revelaciones que todavía están por llegar a raíz del esquema corrupto del petrolão. Un lobista amigo de Lula, el exlíder del Gobierno de Dilma en el Senado y algunos poderosos empresarios que durante años se beneficiaron de contratos públicos irregulares están negociando colaborar con la justicia a cambio de reducir sus penas, y de esas “delaciones premiadas” —algunas ya cerradas— podrían salir hechos concretos que involucren a ambos en el escándalo.
De momento, tres días antes de la acción contra Lula fue arrestado João Santana, el estratega que coordinó tanto su campaña de reelección en 2006 como las de su heredera en 2010 y 2014. El influyente asesor es sospechoso de haber cobrado millones de dólares no declarados en cuentas en el extranjero, aunque tanto él como su mujer y socia aseguran que los pagos no proceden del PT brasileño, sino que corresponden a trabajos publicitarios para el fallecido Hugo Chávez y para José Eduardo dos Santos, presidente de Angola desde 1979.
“El Gobierno de Dilma está ante un final anticipado, independientemente de cuánto tiempo ella siga en el cargo”, opina Miriam Leitão, columnista de O Globo. “Un gobernante se sostiene con apoyos y hoy, concretamente, no los tiene. Su base política se desmoronó hace mucho tiempo, el PMDB [partido del vicepresidente y de siete ministros] tiene su propio proyecto y hasta el PT se ha alejado.”
“Difícilmente habrá un cambio radical mañana mismo, a no ser que ocurra algo absolutamente imponderable como una renuncia o un suicidio. Pero ¿se está cerrando el cerco para la presidenta? Ciertamente sí, y a una velocidad aturdidora en los últimos días”, analiza Humberto Dantas, profesor del centro universitario Insper de São Paulo y socio de 4E Consultoria. Sin embargo, avisa el especialista, la “efectiva ocurrencia de una serie de hechos que lleven a la salida de Dilma” no se producirá “a la velocidad soñada por el mercado y por los ímpetus opositores más ansiosos”.
Ánimos caldeados
Es decir, que cualquier solución no llegará en cuestión de semanas, sino que la crisis política se arrastrará durante largos meses y el capítulo final de esta telenovela que comenzó en 2014 podría incluso aplazarse a 2017. Mientras tanto, a corto plazo se espera “un ambiente altamente polarizado”, advierte Eurasia. “El panorama va a estar marcado por un periodo de incertidumbres y riesgo de enfrentamientos. Las acusaciones a Lula refuerzan la polarización política, al movilizar tanto al Gobierno como a la oposición”, indica el consultor Rafael Cortez desde São Paulo.
La solución tardará. El capítulo final de este culebrón que empezó en 2014 se podría aplazar incluso a 2017
“El desenlace de esta que parece ser la madre de todas las batallas dependerá de dos factores”, explica André Singer, portavoz de la Presidencia de la República entre 2003 y 2007. “Por un lado, de la capacidad del poder judicial de materializar las imputaciones lanzadas [por los delatores] contra Dilma. Por el otro, de la temperatura de las calles, calentadas por las manifestaciones programadas por la derecha y por la disposición de lucha demostrada por Lula al librarse de la injustificada coerción policial.”
El periodista Kennedy Alencar, que también fue asesor de prensa del antiguo sindicalista durante su fallida campaña presidencial de 1994, alerta del “riesgo de venezuelización” y de “enfrentamientos físicos más graves en las calles”, siempre teniendo en cuenta las diferencias entre la situación económica, la solidez de las instituciones y la personalidad de los líderes de ambos países.
Por si acaso, la exsenadora y exministra Marina Silva, que podría ser rival de Lula si este finalmente quiere —y puede— presentarse a las próximas elecciones, ya ha hecho un llamamiento a la calma. “No es hora de incitar los ánimos para la guerra, y sí de instar a la fuerza de nuestros más elevados propósitos en la búsqueda de salidas para la grave crisis política, económica y social”, recomienda. “Este escenario preocupante, que se agrava cada día, convoca a la unión de todos en defensa de la Justicia y de la estabilidad democrática para evitar que se transforme en una crisis institucional. Es hora de reunificar Brasil.”
De intocable a vulnerable
Lula da Silva tuvo que perder tres veces seguidas en las urnas (1989, 1994 y 1998) para, en el cuarto intento, conquistar al fin el Palacio de Planalto. Lo logró en 2002 con una victoria aplastante (61,2% de los votos), en 2006 fue reelegido con un porcentaje de apoyo casi idéntico (60,8%) y solo no tuvo un tercer mandato consecutivo, y quién sabe si un cuarto, porque la ley lo impide.
Tras sus ocho años de gobierno, la inmensa mayoría de los brasileños le daba su aprobación. En concreto, el 83% consideraba su gestión “buena” o “muy buena”, al 13% le parecía “regular” y solo el 4% la criticaba como “mala” o “pésima”.
La popularidad de Lula en aquella época, con la economía creciendo por encima del 7% en la recta final de su mandato, contrasta con el rechazo que despierta ahora en una amplia parcela de la sociedad, en medio de una recesión que va por su segundo año. Un sondeo divulgado por el instituto Ibope a finales de febrero, antes de la operación policial, señala que el 61% no votaría a Lula “de ninguna manera”. Otra encuesta de Datafolha rebaja esa cifra al 49%, pero igualmente lo sitúa como el posible candidato presidencial que más aversión genera entre el electorado.
En nada ayuda a la defensa de Lula que 6 de cada 10 brasileños piensen que recibió favores de constructoras en la reforma de dos casas en el estado de São Paulo y que esas empresas “obtuvieron beneficios” durante los gobiernos del PT. “El país está cambiando y la imagen del expresidente también”, valora Bernardo Mello Franco, columnista de Folha de S. Paulo. “No está fuera de juego, pero tendrá dificultades para sostener la vieja figura de víctima de las élites. Al menos mientras no explique bien la relación de simpatía, casi amor, que mantuvo con las compañías implicadas en contratos del petrolão.”
“Aunque el escándalo no significa una derrota automática del PT en 2018, sigue siendo una señal del declive del partido”, advierte la consultora estadounidense Stratfor. Si hoy se convocaran elecciones, los sondeos más recientes señalan que el expresidente, en caso de presentarse por sexta vez, cosecharía alrededor del 19-20% de los votos. Partiría con cierta desventaja respecto al senador Aécio Neves, derrotado por Dilma Rousseff en 2014 y que hoy parece el candidato preferido por el 24-25% de los brasileños. En tercer lugar, aunque a escasa distancia, se sitúa la exministra Marina Silva, quien oscila entre el 15% y el 19%.