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Internacional
Desplazados en nombre del desarrollo
El FMI alaba la economía de Camboya y el crecimiento del sector inmobiliario mientras el Gobierno ordena desalojos y encarcela a activistas
Andrea Olea
- 19/08/2016
- Número 47
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Chhay Kimhorn, representante de los vecinos de Borei Keila. Ignacio Marín
El Ayuntamiento de Phnom Penh echó a 1.500 familias y les arrebató sus tierras y sus casas
A Borey Son Ti Pheap se llega por una carretera sin asfaltar y llena de baches. En los márgenes, arrozales, alguna vaca y mucha tierra. Poco más. A esta pequeña barriada construida en medio de la nada a 20 kilómetros de la capital camboyana, Phnom Penh, es donde el Gobierno envió a unas 1.500 familias residentes en la ciudad, tras arrebatarles sus tierras y sus casas, con una orden de desahucio exprés. Este es solo un ejemplo de los miles de desalojos masivos ejecutados en los últimos años en nombre del desarrollo en el país, uno de los más pobres del sudeste asiático.
Camboya, un pequeño Estado de 14 millones de habitantes, acaba de alcanzar la categoría de “país en desarrollo de ingresos medios-bajos” según la clasificación del FMI. Con una renta per cápita de 3.500 dólares anuales y un crecimiento anual del 7%, los camboyanos trabajan duro para ponerse a la altura de sus vecinos vietnamitas o tailandeses, atrayendo megaproyectos y gigantescas inversiones de capital extranjero, en su mayoría asiático, aunque también occidental. Pero el ansiado avance económico se está produciendo a costa de vender a pedazos el país, dejando sin techo ni tierra a miles de personas. Desde el año 2000, unos 830.000 camboyanos se han visto afectados por los desalojos, según cálculos de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
En la entrada de Borey, un cartel descolorido del ominipresente Cambodian People’s Party del primer ministro Hun Sen da la bienvenida al visitante. “Mi voto no lo volverán a ver”, asegura Yoeun Gneth, de 55 años, cuando se le pregunta a quién votará en las próximas elecciones. Hasta hace 6 años vivía con su familia en el centro de Phnom Penh, donde poseía un pequeño terreno junto al lago Boeung Kak. En 2007 esa zona fue cedida por un periodo de 99 años a la empresa Shukaku, propiedad de un senador del partido en el poder y muy cercano al primer ministro. Tres años después el lago fue cubierto de arena, arrasando las viviendas que lo circundaban. “No habría hecho falta que utilizaran la violencia: la tierra y el lodo empezaron a entrar en las casas y si nos hubiéramos quedado dentro, habríamos muerto ahogados”, explica.
El Gobierno dio dos opciones a las familias que residían en la zona: aceptar 8.000 dólares de compensación por la expropiación de sus viviendas (el precio del metro cuadrado en ese área supera hoy los 2.000 dólares) o ser realojados en las afueras de la capital, en lugares como Borey Son Ti Pheap.
Chan Vichet, líder de la comunidad de Dey Prahorm, otra zona evacuada a la fuerza, también aceptó la segunda opción. Al llegar a su nuevo “hogar” se encontró con un habitáculo similar a un garaje, de 4x12 metros cuadrados, fabricado en materiales de pésima calidad y aún a medio construir. Los nuevos vecinos debieron costear de su propio bolsillo el tendido eléctrico y la instalación del agua corriente.
“La carretera hasta aquí era impracticable y muy insegura”, recuerda. En Phnom Penh se ganaba la vida con relativa comodidad: tenía una tienda de ropa infantil y alquilaba dos habitaciones de su vivienda. Ahora malvende lo que puede en uno de los puestos del precario mercado que abastece a la barriada. Vichet asegura que de las 1.400 familias de su antigua comunidad realojadas en Borey, quedan menos de un centenar. La mayoría de los realojados vendieron esas casas en cuanto tuvieron oportunidad y regresaron a algún lugar más cercano a Phnom Penh.
Tras tomar el poder en 1975, los jemeres rojos vaciaron la ciudad de Phnom Penh en apenas tres días, enviaron a sus habitantes a vivir la “utopía comunista” en el campo y quemaron todos los títulos de propiedad.
En 1993, casi dos décadas después de aquellos hechos y tras 10 años de ocupación vietnamita, se celebraron las primeras elecciones democráticas en el país y el nuevo gobierno invitó a la población a regresar a las zonas urbanas. Entonces la capital estaba prácticamente vacía y el suelo era barato, pero con el regreso de los habitantes se empezó a encarecer.
Sin títulos de propiedad
El área de lo que solía ser el lago Boeung Kak es hoy una gigantesca explanada bordeada por dunas de arena a la que se accede pasando un control policial. En 1992 aún era un emplazamiento vacío tras la huida de la población durante la dictadura, la ocupación y la guerra civil posterior. Con la llegada de la democracia, los nuevos residentes pagaron por esos terrenos y comenzaron a instalarse en las orillas del lago. Pero las escrituras nunca se materializaron, según explica un activista de la asociación de derechos humanos ADHOC.
Unas 4.000 familias vivían en esta zona cuando en 2007 el Ayuntamiento concedió su alquiler y explotación a la empresa Shukaku. En la actualidad, un inmenso cartel anuncia a la entrada: Phnom Pehn City Center, perla de Camboya. Allí donde solía haber agua han crecido hierbajos y se adivinan algunos riachuelos que se niegan a desaparecer bajo las toneladas de tierra con las que la empresa Shukaku ahogó el lago. Como se niegan a desaparecer los vecinos de Boeung Kak.
“Casi muero defendiendo mi casa”, explica Nhet Khun, de 76 años. Esta activista, conocida como Mommy, llevaba desde 1994 viviendo en la zona cuando fue expulsada a la fuerza con una orden de desalojo que le daba 8.500 dólares de compensación y una semana para marcharse. Inició entonces una protesta que le ha valido intimidaciones, violencia física y psicológica y dos estancias en prisión (la última vez hace cinco años, cuando tenía 72).
Su caso se ha convertido en paradigmático de la lucha de los habitantes del lago Boeung Kak. Hoy Mommy ha logrado que le entreguen su título de propiedad y malvive con su familia en una construcción de uralita a pocos metros del lugar donde se alzaba su antigua vivienda, pero no confía en el Gobierno y cree que podrían volver a expulsarla en cualquier momento. Y se preocupa por quienes no han tenido la misma suerte. “Seguiré luchando junto a mis vecinos para lograr justicia”, afirma la anciana.
Su batalla se asemeja a la de los habitantes de Borei Keila, otra zona residencial al noreste de Phnom Pehn. En 2003, la compañía Phanimex llegó a un acuerdo con las autoridades para levantar un millonario proyecto inmobiliario en el distrito a cambio de construir alojamientos alternativos para sus habitantes. Phanimex se comprometió a edificar 10 bloques de apartamentos, pero en abril de 2010 rompió el contrato de forma unilateral (aunque con la aquiescencia del Gobierno local) y solo construyó ocho. Entretanto, los bulldozers entraron en el barrio y lo redujeron a escombros. La seguridad privada contratada por la empresa y la policía emplearon la violencia para expulsar a las familias, según denuncian las asociaciones y los habitantes, que en muchos casos no tuvieron tiempo de salvar sus pertenencias.
Chhay Kimhorn, de 38 años, es una de las representantes de los vecinos de Borei Keila. Vive con su marido y sus dos hijos en un diminuto cuarto no lejos de su antiguo hogar, junto a decenas de las 300 familias que se quedaron en la calle tras el desalojo de 2012.
“Nunca podré olvidarlo. Destruyeron nuestras casas, nos echaron a la fuerza. Vinieron la policía y los agentes de seguridad privada con un arsenal de armas: rifles, pistolas, porras, hachas. Teníamos mucho miedo y la gente accedió a marcharse. Algunos nos quedamos aquí, otros aceptaron irse a nuevos emplazamientos a 20 y 40 kilómetros de Phnom Penh.”
La casa de Chhay Kimhorn da a un callejón estrecho al que apenas llega la luz, con terrazas enrejadas y el suelo de tierra cubierto de basura y moscas. El olor es insoportable al llegar al basurero, situado junto al mercado callejero donde se abastecen los vecinos desahuciados. Una nube de niños descalzos corre entre los puestos. Nadie sabe quiénes son sus padres.
Con el desalojo mucha gente perdió sus pequeños comercios. Algunos se han convertido en recolectores de basura o en mendigos —sobre todo los jóvenes— y muchas chicas se han visto obligadas a ejercer la prostitución ante la falta de recursos, lamenta Kimhorn.
La policía los vigila día y noche, asegura. “Tenemos a dos agentes todos los días en la cafetería al principio de nuestra calle. Por la época en la que tuve a mi bebé, me llamaron del Gobierno. Me dijeron que si seguía protestando vendrían a arrestarme a casa. Lo único que pedimos a las autoridades es que construyan el noveno y décimo bloque prometidos. Quedan por realojar 154 familias. Ellos dicen que no es posible porque se ha vendido el suelo a compañías privadas, pero ese no es nuestro problema… ¿No quieren que protestemos? Que nos den lo que nos prometieron, que nos den una casa”, reclama.
Mordaza a activistas y ONG
Desde las controvertidas elecciones de 2013, que dieron una polémica victoria al primer ministro Hun Sen (en el cargo desde hace más de 30 años), el poder ha respondido a las masivas e inéditas protestas antigubernamentales con un incremento de las acciones violentas contra los defensores de los derechos humanos en el país, y con cada vez mayores restricciones a la libertad de expresión.
A una ley contra el cibercrimen, que pese a no haber sido aún aprobada ya se ha cobrado varias detenciones por simples comentarios en la red, se sumó la instauración el pasado verano de una nueva ley de ONG, que prevé el registro obligatorio de todas las organizaciones y somete a la discreción del Ministerio del Interior su mera existencia.Según el informe anual de Amnistía Internacional, la nueva normativa “amenaza gravemente el derecho a la libre asociación” en Camboya.
Mientras, decenas de activistas sufren a diario amenazas, intimidaciones, agresiones y detenciones arbitrarias, aunque la peor parte se la llevan ecologistas y activistas por el derecho a la tierra.
En marzo fue puesto en libertad Vein Vorn, el representante comunitario de la provincia suroriental de Koh Kong que llevaba detenido desde octubre de 2015 por su protesta pacífica contra el proyecto de construcción de una gran presa. Varios miembros de la organización Mother Nature, en prisión durante meses por su participación en una campaña contra operaciones de dragado de arena en la misma provincia —su presidente, el español Alejandro Davison, fue deportado en abril de 2015 por alentar esta misma protesta— fueron liberados recientemente.
Pero las detenciones continúan, y en la actualidad al menos una treintena de activistas de diversas organizaciones no gubernamentales llevan meses en prisión sin un juicio previo y sin perspectivas de tenerlo.
Desde inicios de los años 2000, en Camboya se han multiplicado las concesiones económicas de tierra (ELC, por sus siglas en inglés) a empresas privadas. En la actualidad existen cerca de 300 repartidas por todo el país, que abarcan más de dos millones de hectáreas de terreno, según datos de la ONG LICADHO. A ello se suman otros dos millones de hectáreas en licencias de explotación minera.
Moratoria incumplida
El huracán capitalista ha llegado a Phnom Penh, donde barrios enteros han sido arrasados por constructoras de Corea del Sur, China, Singapur o Japón, alentadas por el corrupto Gobierno camboyano.
Las vespas y los tuktuks (mototaxis que tiran de un pequeño carruaje) esquivan a lujosos Lexus y Toyotas todoterreno en calles sin señalización donde nadie parece recordar las normas de circulación más básicas, observados por mastodónticos edificios de cristal tintado que conviven con barrios de chabolas y amenazan con engullirlos. Desde el año 2000, el precio del suelo se ha disparado y multiplicado por seis en algunas zonas, pasando de los 500 a los 3.000 dólares el metro cuadrado.
Presionado por el Banco Mundial, financiador de varios programas de ordenación territorial en el país, el Gobierno camboyano dictó una moratoria sobre las concesiones económicas en 2012 y ordenó una revisión sistemática de las que ya estuvieran en marcha.
Pero en la capital camboyana los desalojos para hacer hueco a megaproyectos urbanísticos han seguido extendiéndose como una epidemia: solo en 2015, unas 15 comunidades se vieron afectadas por los desahucios, según Phearum Sia, secretario ejecutivo de la ONG Housing Rights Task Force.
En abril, el Ayuntamiento de Phnom Penh anunció que planea privatizar 280 nuevas hectáreas de terreno en el distrito de Chroy Changva para concederlas a la empresa Overseas Cambodia Investment Corporation (OCIC). Se trata de la última fase de un nuevo megaproyecto urbanístico que implica un total de 387 hectáreas y 3.000 millones de dólares.
Con un modus operandi muy similar al empleado con el lago Boeung Kak por Phanimex, OCIC ya ha empezado a drenar los humedales que rodean el área de Chroy Changva, junto al lago Sap, para construir una gigantesca ciudad artificial.
En la costa se construyen complejos hoteleros tras expulsar a los habitantes y pescadores locales
Camboya se encoge poco a poco, engullida por las concesiones. En zonas turísticas costeras como Sihanoukville, Koh Kong, Kampot o Kep se construyen mastodónticos complejos hoteleros tras expulsar a los habitantes, comerciantes y pescadores locales. En el interior del país son las multinacionales productoras de caucho, azúcar o aceite de palma las que desplazan a la población en connivencia con las autoridades.
Una misión del Fondo Monetario Internacional de visita en Camboya en julio alabó la buena situación económica del país, señalando como algunos de los factores determinantes el crecimiento del sector inmobiliario y la construcción.
El país crece, sí, pero el pastel se reparte entre muy pocos. Mientras las multinacionales y los gobernantes se llenan los bolsillos en nombre del desarrollo, las excavadoras barren las vidas de los camboyanos.