Sobrevivir en el limbo
3.000 personas convertidas en apátridas viven atrapadas en la frontera de Haití
Todo empezó en junio de 2015, cuando miles de haitianos residentes en Dominicana huyeron del país por miedo a ser deportados a la fuerza. “Los vecinos empezaron a decirnos que teníamos que marcharnos, que en Dominicana ya no querían más a los haitianos”, cuenta Milene Lana. Ella nació en Jacmel (al suroeste de Haití), pero con solo 19 meses emigró con sus padres al país vecino. Era algo habitual. Desde los años 20, muchos haitianos se trasladaron a Dominicana para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y allí formaron sus familias. Aunque siempre fueron discriminados, la persecución contra esta comunidad se endureció en 2013, cuando el Tribunal Constitucional de República Dominicana aprobó quitar la nacionalidad, con carácter retroactivo, a todas las personas nacidas de padres extranjeros indocumentados. De un día para otro, 210.000 dominicanos hijos de haitianos se convirtieron en apátridas. Desoyendo las críticas de Amnistía Internacional y ACNUR, el Gobierno dominicano impuso la fecha del 17 de junio de 2015 para iniciar las expulsiones de quienes no hubiesen regularizado su situación.
El objetivo del Gobierno haitiano es desmantelar los seis campamentos antes de que acabe junio
“Nos fuimos el 28 de junio. Nos dijeron que había un lugar donde se podía acampar”, recuerda Dominique Sant Louis, un haitiano de 28 años que tuvo que escapar con sus dos hijos y su mujer embarazada de 7 meses. El lugar al que se refiere es un secarral cerca de Anse-à-Pitres. El pastor Toust Egene y su mujer, Isolena Franco, eran los únicos que vivían allí antes de la llegada de los nuevos inquilinos. “El primer día llegó una pareja y luego muchos más. Algunos decían que los habían golpeado. Nosotros los ayudamos a construir sus casas”, relata Toust. Así fue como se levantaron las primeras cabañas con cajas de cartón, tela y ramas. Fue el primer asentamiento de expatriados en la frontera haitiana. Lo llamaron Parc Cadeau.
Poco después se crearon Parc Cadeau 2, Tête à l’Eau, Fond Jeannette, Savane Galata y Maletchpe. Seis campamentos informales donde han llegado a vivir 587 familias, abandonadas en mitad de la nada y con graves problemas sanitarios, de higiene y malnutrición. “Necesitamos agua, comida y viviendas. Cuando llueve todo se destruye y, cuando no, el calor es horrible”, se queja Isolena. La imagen no es nueva en el país. Los campamentos recuerdan a los que se montaron tras el devastador terremoto de 2010.
Durante estos meses, ONG locales y voluntarios de protección civil han atendido como han podido las necesidades de estas familias. Entre ellos el padre Luc Léandre, sacerdote en Anse-à-Pitres. Les llevaba comida, agua, lonas y medicinas. “Ya no tengo medios. Solo repartimos cuando podemos.”
Lo peor es el hambre. Cada familia recibe a la semana tres bolsas de Manna Pack Rice, un alimento elaborado con arroz y soja. Cada bolsa contiene seis raciones. Para una familia de tres miembros está bien, pero para la mayoría de las que viven en los asentamientos (con una media de tres hijos) es insuficiente. Como advierte Pierre Fils Lamartine, director médico de Anse-à-Pitres, “hay un problema de deshidratación y malnutrición. Los más vulnerables son las embarazadas y los niños de 0 a 5 años”.
Solo en Parc Cadeau hay 500 niños y 25 embarazadas. Jesila Pierre, de 31 años, está de 8 meses. No sabe el sexo del bebé, nunca se ha hecho una ecografía. “Creo que se mueve para pedir comida. Por eso procuro comer tres veces al día, aunque sea poco.” Según el director médico, además de problemas de malnutrición se enfrentan a diario con infecciones cutáneas, gastroenteritis y diarreas por beber agua del río sin purificar. También hay muchos casos de conjuntivitis por el polvo. Pero lo más peligroso es el contagio de enfermedades como el cólera.
Cerrar los campamentos
A finales de 2015, la ONU alertó de que la situación en los campamentos podría derivar en una grave crisis. Por ello el plan del Gobierno para este año es cerrarlos. En colaboración con la Organización Internacional de Migraciones se inició a principios de abril un proyecto de reubicación de las personas asentadas en la frontera. La Administración les ofrece una ayuda económica para pagar el alquiler durante un año. A cambio, ellos deben abandonar las viejas casas de cartón lo antes posible. Unas 374 familias han sido ya realojadas en municipios del sur y el este del país. El objetivo es que los seis campamentos sean desmantelados antes de que acabe junio.
“Sabemos que hay gente que está pasando hambre, por eso lo más importante es la relocalización”, defiende Monplaisir Ylly, teniente de alcalde de Anse-à-Pitres. La operación tendrá un coste de dos millones de dólares que serán financiados por un fondo de emergencias de la ONU. Pero según el Gobierno, hará falta más. Una vez que los campamentos desaparezcan, el verdadero reto será favorecer la integración de estos nuevos vecinos en las localidades de destino, ayudarlos a tener las mismas oportunidades para empezar, una vez más, de cero.