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Política
Balance de legislatura: economía. Una recuperación incapaz de tapar la crisis
La legislatura acaba con la vuelta al crecimiento económico por el ajuste fiscal, las actuaciones del BCE y el petróleo barato, pero sin más empleo que en 2011 y con más precariedad laboral
Sebastián Tobarra
- 13/11/2015
- Número 9
Luis Davilla / Getty
La legislatura que termina ha sido de todo menos sosegada para la economía. Más convulsa incluso que la primera de la reinstaurada democracia, entre 1977 y 1979. La inflación llegó entonces al 22,4% (hoy es el -0,7%), los préstamos entre bancos en el interbancario al 18% (hoy entre el 0,10% y el 0,15%) y el crédito a particulares al 20% (ahora está en torno al 8%). El crecimiento económico cayó a cero en 1979 (el 3,4%, hoy). El paro, al alza desde la crisis del petróleo de 1973, llegó al 8,6% en 1979 (el 21,1%, ahora). Para enmendar el rumbo, los grandes partidos firmaron al final de 1977 los Pactos de la Moncloa. Las cifras mejoraron, pero no se detuvo el paro, que siguió escalando y llegó por primera vez al 20% en 1984.
La economía no está ahora en la misma situación que a la salida del franquismo, con la excepción no menor de la tasa de paro y, salvo sorpresa mayúscula, no habrá un pacto como el de 1977 después de las elecciones. Faltan seis semanas para el 20 de diciembre y los partidos hacen balance de los últimos cuatro años con el manual electoral en mano. El Gobierno intenta convertir su gestión en un éxito con el mensaje machacón de que está en juego dejar atrás la crisis o volver a ella. Y la oposición propala lo contrario: el Gobierno ha fracasado y serán ellos quienes arreglarán la economía.
Atendiendo a las cifras, la economía se está recuperando. Cuando arrancó la legislatura caía el 1,8% y ahora sube el 3,4%. Hay más consumo, más inversión privada y menos paro, aunque no más empleo. Pero con el paro al 21,1% la recuperación no tapa la crisis para mucha gente de a pie. El barómetro del CIS del mes de octubre revela que el 64,6% de los encuestados aún califican la situación económica de mala o muy mala, frente al 87,2% al llegar el PP al Gobierno.
La vuelta del crecimiento ha tenido la ayuda de propulsores externos con los que nada tiene que ver la acción del Gobierno: tipos de interés por los suelos del Banco Central Europeo (BCE) inyectando dinero barato a la economía, un tipo de cambio del euro depreciado y favorable a la exportación, un precio del petróleo hundido que ayuda a crecer sin inflación y la prima de riesgo de las obligaciones a 10 años en mínimos por la intervención del BCE, pero también por el recorte del déficit público ejecutado por el Gobierno.
Hay factores que han contribuido al crecimiento y se deben a la acción del Gobierno: la política fiscal (la reducción del gasto y los recortes centrados en atajar el déficit para evitar el
El Gobierno traicionó su programa al empezar la legislatura subiendo los impuestos. Dice que recibió una herencia catastrófica de 90.000 millones de déficit que le obligó a subirlos, especialmente el IVA y el IRPF. Y con la tutela de Bruselas ha aplicado un doloroso recorte del déficit público de 50.000 millones que ha hecho que este caiga del 9% al 4,2%, si se cumple la previsión para este año, algo que la Comisión Europea no cree. Al principio lo hizo recortando gastos y subiendo impuestos porque no había crecimiento, ahora gracias también a que está aumentando la recaudación por el tirón económico. Este ajuste fiscal ha sido aplaudido por las agencias de calificación, pero ha dejado damnificados y ha afectado especialmente a la sanidad y a la educación, aunque logró esquivar el rescate que casi todos daban por hecho. La Fundación Funcas —ligada a las cajas de ahorros— acaba de calcular que la reducción del gasto sanitario ha sido de unos 6.000 millones entre 2011 y 2013 y lo han ejecutado las autonomías. El recorte empezó al final del gobierno socialista, aunque se intensificó en los dos primeros años del PP. Buena parte de esos recortes se hicieron desde 2012 en los gastos de farmacia, cuando el Gobierno elevó el coste global de las medicinas e incluyó a los pensionistas en su copago. Pero también ha habido recortes en las inversiones y, en menor medida, en atención hospitalaria, según este estudio.
Fruto de este ajuste fiscal y del programa de compras de activos del BCE, el coste de la deuda pública española ha caído y no llega al 2% para las obligaciones a 10 años. Hace cuatro años superaba el 7%, una rentabilidad desorbitada que atraía enormes cantidades del ahorro privado en detrimento de la inversión productiva privada. El presidente Rajoy acaba de presumir diciendo que la caída de los tipos ha ahorrado 20.000 millones. Pero, al seguir creciendo el déficit público, la deuda pública —de la que el Gobierno no acostumbra a hablar— ha seguido aumentando hasta el billón de euros, 400.000 millones más del tope previsto en los acuerdos europeos. Esta deuda seguirá condicionando las cuentas públicas durante años.
Ahora el Gobierno baja impuestos, les sube el sueldo a los funcionarios, les reinstaura pagas extraordinarias en vísperas electorales y ha previsto unos escenarios de crecimiento y de reducción del déficit que la Comisión Europa cuestiona. Bruselas ha dicho el 5 de noviembre que España tendrá un déficit público 13.000 millones mayor que el previsto por el Gobierno hasta 2016. Muchos analistas temen más recortes tras las elecciones, aunque el Ejecutivo asegura que no serán necesarios.
Otra ayuda exterior ha sido la bajada del petróleo, que estimula el actual crecimiento sin inflación y que tampoco se debe al Gobierno. El barril de petróleo superó los 100 dólares hace más de un año y está ahora por debajo de los 50 por la caída de la demanda mundial y por su extracción mediante nuevos métodos como el fracking. Aun así, los datos y las fechas avalan al ministro Cristóbal Montoro cuando dice que la economía española empezó a crec er meses antes de que se hundiera el precio del crudo, lo que indica que este puede no haber sido tan decisivo para la recuperación.
Todas estas acciones han aumentado la confianza empresarial y de los mercados, imprescindibles para que haya inversión, primero, y empleo, luego. El indicador de confianza del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra una mejora de las respuestas de los empresarios sobre la marcha de sus negocios. Este indicador ha subido un 31%, hasta 131 puntos desde 2013. En menor medida el indicador de sentimiento económico de la Comisión Europea —que incluye servicios, industria, consumo y comercio — también refleja, con oscilaciones, una mejora de la confianza en la economía española, desde 103,2 puntos hasta 109,5 en septiembre.
Desde que se aprobó la reforma laboral, en el segundo trimestre de 2012, hay 290.000 ocupados más, según las series de la EPA. Pero las recetas de esa reforma, basadas en abaratar el despido y abrir puertas a la reducción de salarios, además de aplicar una tarifa plana en las cuotas a la Seguridad Social de los nuevos empleos indefinidos, no han frenado la precariedad. Al aprobarse la reforma, los eventuales eran el 23,6% de los asalariados totales y ahora han escalado al 26,1%. La precariedad comporta salarios más bajos y es una de las causas del incremento del riesgo de pobreza que denuncia la Comisión Europea.
La economía no está ahora en la misma situación que a la salida del franquismo, con la excepción no menor de la tasa de paro y, salvo sorpresa mayúscula, no habrá un pacto como el de 1977 después de las elecciones. Faltan seis semanas para el 20 de diciembre y los partidos hacen balance de los últimos cuatro años con el manual electoral en mano. El Gobierno intenta convertir su gestión en un éxito con el mensaje machacón de que está en juego dejar atrás la crisis o volver a ella. Y la oposición propala lo contrario: el Gobierno ha fracasado y serán ellos quienes arreglarán la economía.
Atendiendo a las cifras, la economía se está recuperando. Cuando arrancó la legislatura caía el 1,8% y ahora sube el 3,4%. Hay más consumo, más inversión privada y menos paro, aunque no más empleo. Pero con el paro al 21,1% la recuperación no tapa la crisis para mucha gente de a pie. El barómetro del CIS del mes de octubre revela que el 64,6% de los encuestados aún califican la situación económica de mala o muy mala, frente al 87,2% al llegar el PP al Gobierno.
La vuelta del crecimiento ha tenido la ayuda de propulsores externos con los que nada tiene que ver la acción del Gobierno: tipos de interés por los suelos del Banco Central Europeo (BCE) inyectando dinero barato a la economía, un tipo de cambio del euro depreciado y favorable a la exportación, un precio del petróleo hundido que ayuda a crecer sin inflación y la prima de riesgo de las obligaciones a 10 años en mínimos por la intervención del BCE, pero también por el recorte del déficit público ejecutado por el Gobierno.
Hay factores que han contribuido al crecimiento y se deben a la acción del Gobierno: la política fiscal (la reducción del gasto y los recortes centrados en atajar el déficit para evitar el
rescate y cumplir con Bruselas), el aumento de la confianza empresarial que ha dado a los empresarios un Ejecutivo conservador-liberal con mayoría absoluta (imprescindible para que se haya recuperado la inversión privada) y la reforma laboral de 2012, que al principio ayudó a destruir empleo y ahora ayuda a crearlo, pero a base, sobre todo, de empleos precarios.La deuda pública ha aumentado hasta el billón de euros, 400.000 millones sobre el tope de la UE
Ajuste con damnificados
Fruto de este ajuste fiscal y del programa de compras de activos del BCE, el coste de la deuda pública española ha caído y no llega al 2% para las obligaciones a 10 años. Hace cuatro años superaba el 7%, una rentabilidad desorbitada que atraía enormes cantidades del ahorro privado en detrimento de la inversión productiva privada. El presidente Rajoy acaba de presumir diciendo que la caída de los tipos ha ahorrado 20.000 millones. Pero, al seguir creciendo el déficit público, la deuda pública —de la que el Gobierno no acostumbra a hablar— ha seguido aumentando hasta el billón de euros, 400.000 millones más del tope previsto en los acuerdos europeos. Esta deuda seguirá condicionando las cuentas públicas durante años.
Ahora el Gobierno baja impuestos, les sube el sueldo a los funcionarios, les reinstaura pagas extraordinarias en vísperas electorales y ha previsto unos escenarios de crecimiento y de reducción del déficit que la Comisión Europa cuestiona. Bruselas ha dicho el 5 de noviembre que España tendrá un déficit público 13.000 millones mayor que el previsto por el Gobierno hasta 2016. Muchos analistas temen más recortes tras las elecciones, aunque el Ejecutivo asegura que no serán necesarios.
Dinero y euro baratos
El BCE ha sido una especie de amigo exterior de la economía. Sus bajos tipos de interés —rondando el 0%— han inyectado dinero barato, han depreciado el tipo de cambio del euro y han impulsado la exportación no solo la española sino de todos los países del euro, haciendo de contrapeso a una demanda interior hundida hasta 2013. Y desde que el presidente del BCE, Mario Draghi, auspició la compra de deuda pública, ha caído más la prima de riesgo, que mide la rentabilidad de la deuda.Otra ayuda exterior ha sido la bajada del petróleo, que estimula el actual crecimiento sin inflación y que tampoco se debe al Gobierno. El barril de petróleo superó los 100 dólares hace más de un año y está ahora por debajo de los 50 por la caída de la demanda mundial y por su extracción mediante nuevos métodos como el fracking. Aun así, los datos y las fechas avalan al ministro Cristóbal Montoro cuando dice que la economía española empezó a crec er meses antes de que se hundiera el precio del crudo, lo que indica que este puede no haber sido tan decisivo para la recuperación.
Todas estas acciones han aumentado la confianza empresarial y de los mercados, imprescindibles para que haya inversión, primero, y empleo, luego. El indicador de confianza del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra una mejora de las respuestas de los empresarios sobre la marcha de sus negocios. Este indicador ha subido un 31%, hasta 131 puntos desde 2013. En menor medida el indicador de sentimiento económico de la Comisión Europea —que incluye servicios, industria, consumo y comercio — también refleja, con oscilaciones, una mejora de la confianza en la economía española, desde 103,2 puntos hasta 109,5 en septiembre.
Más empleo precario
Ahora hay 105.000 ocupados menos que cuando el PP llegó al Gobierno en diciembre de 2011. Sin embargo, el paro ha caído en 436.500 personas, según las series de la Encuesta de Población Activa (EPA). Esta aparente contradicción se debe a la bajada de la población activa por el desánimo a encontrar empleo, la salida al extranjero de muchos españoles enbusca de oportunidades y a los inmigrantes que vuelven a sus países. El paro ha bajado desde el 22,5% cuando el PP llegó al Gobierno al 21,1% hasta septiembre de este año (última EPA de Rajoy), aunque superó el 26,9% en el peor momento, al empezar 2013. Aunque en el conjunto de la legislatura no se ha creado empleo, sí se ha creado este año debido al mayor crecimiento. El pasado septiembre había 544.000 personas más trabajando que hace un año, pero la fragilidad de la situación queda patente al comprobar la baja calidad del empleo: el 66,7% de los nuevos asalariados del último año tienen un empleo precario.Crece la confianza empresarial y la de los mercados, pero se crea empleo precario y con salarios bajos
Desde que se aprobó la reforma laboral, en el segundo trimestre de 2012, hay 290.000 ocupados más, según las series de la EPA. Pero las recetas de esa reforma, basadas en abaratar el despido y abrir puertas a la reducción de salarios, además de aplicar una tarifa plana en las cuotas a la Seguridad Social de los nuevos empleos indefinidos, no han frenado la precariedad. Al aprobarse la reforma, los eventuales eran el 23,6% de los asalariados totales y ahora han escalado al 26,1%. La precariedad comporta salarios más bajos y es una de las causas del incremento del riesgo de pobreza que denuncia la Comisión Europea.
Industria, patentes y formación, tareas pendientes
Sebastián Tobarra
Las tareas pendientes de la economía parecen sempiternas y tienen que ver con el cambio del modelo económico: aumentar el peso industrial, la investigación y las patentes y mejorar la formación, sobre todo entre los jóvenes. También bajar la tasa de paro hasta niveles europeos (por debajo del 10%), abaratar el precio de la electricidad, hacer una reforma a fondo de la Administración, y asegurar la solvencia futura de la Seguridad Social, que está aumentando peligrosamente su déficit, debido en gran parte a los bajos sueldos de los empleos precarios.
España no tiene suficiente industria. En 2014 el peso industrial en el PIB fue del 15,5% (19% en Europa) y no ha dejado de caer, aunque se ha mantenido prácticamente inamovible en los últimos seis años. Hace una década la industria pesaba el 17,1% en el PIB y en 1996 rozaba el 20%, según datos de la Contabilidad Nacional del INE. Hace un año el Gobierno lanzó un plan para que este porcentaje suba gradualmente hasta el 20%, 45.000 millones más de PIB industrial que deberían aportar miles de empleos, más exportación, I+D y patentes. Los datos muestran que es en la industria donde están los empleos mejor pagados y de donde surgen la investigación, las patentes y la exportación. El año pasado el salario medio anual en la industria fue de 27.035 euros (frente a 22.755 en la construcción y 21.757 en los servicios), según el INE.
Otra tarea pendiente es mejorar la formación, tarea en la que han fracasado uno a uno todos los gobiernos. El 21,9% de los jóvenes abandona tempranamente sus estudios. Esa tasa ha caído desde el 29% en 2008 porque la crisis acabó con el trabajo fácil para muchos jóvenes de 18 a 24 años con escasa formación. Muchos de ellos no acabaron la educación secundaria y carecen de un título o de la preparación adecuada —incluyendo el dominio del inglés—para incorporarse al mercado laboral.
La solvencia futura de la Seguridad Social está también en cuestión. Los empleos basados en sueldos bajos acarrean cotizaciones sociales bajas y hacen que, aunque el empleo crezca, los ingresos de la Seguridad Social apenas aumenten y suba el déficit con la incorporación de nuevos jubilados. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha calculado que para el año que viene puede producirse una desviación del déficit de la Seguridad Social de unos 7.000 millones de euros a añadir al ya previsto de 3.000 millones. A pocas semanas de celebrarse las elecciones, el Gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de pagar parte de las pensiones con impuestos, aunque todo ha quedado pendiente hasta la renovación del Pacto de Toledo, que toca en 2016.
Las tareas pendientes de la economía parecen sempiternas y tienen que ver con el cambio del modelo económico: aumentar el peso industrial, la investigación y las patentes y mejorar la formación, sobre todo entre los jóvenes. También bajar la tasa de paro hasta niveles europeos (por debajo del 10%), abaratar el precio de la electricidad, hacer una reforma a fondo de la Administración, y asegurar la solvencia futura de la Seguridad Social, que está aumentando peligrosamente su déficit, debido en gran parte a los bajos sueldos de los empleos precarios.
España no tiene suficiente industria. En 2014 el peso industrial en el PIB fue del 15,5% (19% en Europa) y no ha dejado de caer, aunque se ha mantenido prácticamente inamovible en los últimos seis años. Hace una década la industria pesaba el 17,1% en el PIB y en 1996 rozaba el 20%, según datos de la Contabilidad Nacional del INE. Hace un año el Gobierno lanzó un plan para que este porcentaje suba gradualmente hasta el 20%, 45.000 millones más de PIB industrial que deberían aportar miles de empleos, más exportación, I+D y patentes. Los datos muestran que es en la industria donde están los empleos mejor pagados y de donde surgen la investigación, las patentes y la exportación. El año pasado el salario medio anual en la industria fue de 27.035 euros (frente a 22.755 en la construcción y 21.757 en los servicios), según el INE.
Otra tarea pendiente es mejorar la formación, tarea en la que han fracasado uno a uno todos los gobiernos. El 21,9% de los jóvenes abandona tempranamente sus estudios. Esa tasa ha caído desde el 29% en 2008 porque la crisis acabó con el trabajo fácil para muchos jóvenes de 18 a 24 años con escasa formación. Muchos de ellos no acabaron la educación secundaria y carecen de un título o de la preparación adecuada —incluyendo el dominio del inglés—para incorporarse al mercado laboral.
La solvencia futura de la Seguridad Social está también en cuestión. Los empleos basados en sueldos bajos acarrean cotizaciones sociales bajas y hacen que, aunque el empleo crezca, los ingresos de la Seguridad Social apenas aumenten y suba el déficit con la incorporación de nuevos jubilados. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha calculado que para el año que viene puede producirse una desviación del déficit de la Seguridad Social de unos 7.000 millones de euros a añadir al ya previsto de 3.000 millones. A pocas semanas de celebrarse las elecciones, el Gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de pagar parte de las pensiones con impuestos, aunque todo ha quedado pendiente hasta la renovación del Pacto de Toledo, que toca en 2016.