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Análisis
Armas en Estados Unidos: sangre y negocio
33.000 personas mueren al año por disparos en un país con 50 legislaciones diferentes y sin medidas de prevención de la violencia armada
Roser Martínez Quirante
- 16/10/2015
- Número 5
Un adolescente en la convención anual de la NRA.K. BLEIER / AFP / Getty
En Estados Unidos hay un tiroteo en masa casi cada día, y 2015 va camino de ser el año con más víctimas mortales por esta razón en los 271 tiroteos ocurridos hasta el 13 de octubre. Según los estudios médicos, cada hora se producen tres muertes por arma de fuego y siete personas resultan heridas. Además, por su fácil acceso, cada día 50 personas utilizan un arma de fuego para suicidarse. En palabras del presidente Obama, “el país se ha vuelto insensible a este tipo de acontecimientos” en los que víctimas inocentes mueren a causa de unas leyes permisivas de armas en manos de particulares.
El terrorismo es un trágico fenómeno que ha conseguido convencer a los poderes públicos de EE.UU. de que las muertes que provoca son más importantes que las que comporta una (des)regulación del control de las armas entre los ciudadanos. En 2011 murieron unas 12.500 personas por atentados terroristas en todo el mundo (en países que no están en guerra) y el Gobierno estadounidense consiguió que se aprobara una inversión de medio billón de dólares para garantizar su seguridad nacional.
Sin embargo, siguen muriendo 33.000 estadounidenses al año por arma de fuego y las políticas para la prevención de esa violencia son casi inexistentes. Y eso que los gastos en atención médica por discapacidades prematuras, muerte o lesiones por esta razón están disparados y las cárceles tienen cinco veces más presos por 100.000 habitantes que otros países como el Reino Unido. En definitiva, las medidas intervencionistas de prevención de la violencia armada en esa sociedad están ausentes, consciente e intencionadamente, entre otras cosas por el potente lobby NRA (Asociación Nacional del Rifle).
Es cierto que, comparados con los índices de violencia en la calle, las tasas de heridos de bala en campus universitarios son muy bajas: 1 por 100.000 estudiantes. Por lo tanto, en principio parece que la creación de espacios libres de armas en universidades y centros escolares tendría que ser muy eficaz para la prevención de la violencia armada. En este sentido, la Gun Free School Zones Act de 1990 estableció un perímetro de 300 metros alrededor de los centros docentes de todo el país en el que se prohibía acceder o circular portando armas.
Dos años después, el estudiante Alfonso Lopez Jr. entró armado en su instituto de Texas y fue detenido y encarcelado. Recurrió la ley federal y el Tribunal Supremo finalmente la declaró inconstitucional en la sentencia de 1995 United States vs. Lopez, argumentando que se trataba de una competencia estatal y no federal. A partir de aquel momento, cada uno de los 50 estados tuvo que decidir si aprobar o no leyes de delimitación de espacios libres de armas en las universidades y demás centros docentes. Unos años más tarde se produjo la matanza en la escuela de Columbine (Colorado) en la que murieron 13 personas. En ese momento Washington propuso medidas alternativas a través de la incentivación de políticas locales restrictivas con las armas. Dichas políticas redujeron el número de víctimas y tiroteos de forma evidente hasta la trascendental sentencia Heller de 2008.
Dicha ley no permitía la venta inmediata de armas. Había que esperar cinco días hasta que la Policía comprobara que los compradores no tenían antecedentes. Sin embargo, un grupo de sheriffs la impugnó por considerar que no era competencia federal. El Supremo les dio la razón y en la sentencia Sheriff Printz de 1997 estableció que tales obligaciones solo podían llevarse a cabo por la propia Administración estatal. Consecuentemente declaró inconstitucional dichos preceptos, lo cual comportó de facto una pérdida de poder del control preventivo de las administraciones públicas y un triunfo para los pro armas.
Efectivamente, el Supremo ha anulado las mínimas iniciativas federales de control de armas basándose en la doctrina de la soberanía dual y, por tanto, defendiendo que en la regulación de este derecho no es competente la federación, sino los 50 estados. Es evidente que dichas sentencias supusieron claros obstáculos para establecer medidas restrictivas del derecho a llevar armas, y dificultó el establecimiento de una potente Administración intervencionista preventiva a finales del siglo XX.
En este sentido, es cierto que el intervencionismo administrativo para paliar los altos índices de mortalidad por armas se debe acometer desde una perspectiva coherente en los 50 estados.
Algunas polémicas teorías que torturan las estadísticas defienden que los estados sin armas provocan un efecto llamada para los delincuentes de las zonas fronterizas con armas. También se sostiene que son elementos de disuasión. Y en algunos casos es cierto. Pero la mayoría de los criminales, si saben que los ciudadanos van armados, primero disparan a matar y luego atracan. Además, estudios del FBI demuestran que es seis veces más probable que un arma guardada en casa por motivos de seguridad se use de manera deliberada o accidental contra un familiar que contra un intruso.
Hay que tener en cuenta los fallos de la Administración, ya sea por la ausencia de medidas preventivas eficaces o por la pérdida de credibilidad de la Policía. En un país como EE.UU., con 50 legislaciones estatales diferentes, intervencionistas unas y permisivas otras, no es fácil reducir la violencia en un solo estado. Si no hay una prohibición efectiva de venta de armas en todos ellos, las medidas parciales pueden llevar a resultados contraproducentes y a conclusiones perversas.
¿Consecuencias? Se producen 20 veces más muertes violentas con armas al otro lado del Atlántico que a este, ya que el factor disponibilidad de una pistola por la relajación de los controles administrativos en un contexto armado tiene un efecto multiplicador de la cultura de la violencia. Si bien Europa ha conseguido mantener hasta ahora una auténtica frontera que impide la avalancha del poderoso mercado estadounidense de armas de fuego (no así en Latinoamérica), lo cierto es que no hemos podido evitar matanzas como las que ocurren en aquel país.
En el colegio de Dunblane (Escocia), en 1996, el conserje asesinó a 16 niños y a su maestra. En el pleno del Ayuntamiento de Nanterre (Francia), en 2002, un aficionado al tiro deportivo mató a ocho personas e hirió a más de 20 con sus armas en regla. En un instituto de Érfurt (Alemania), en ese mismo año, un exalumno aficionado al tiro deportivo y a los videojuegos violentos asesinó a 17 estudiantes.
En Noruega, en 2011, un joven ultraderechista masacró a 85 jóvenes socialdemócratas en una isla cerca de Oslo. Para él, estos ataques fueron “atroces pero necesarios” por culpa de “la islamización en curso de Europa, que destruye la civilización cristiana”. El asesino Anders Breivik era aficionado a los videojuegos de guerra World of Warcraft y Modern Warfare 2, lo cual corrobora que en individuos perturbados, en un contexto armado, estos hobbies son un factor de fomento de las acciones violentas. Ya no se puede mantener el tópico de que Noruega es uno de los países más avanzados y seguros del mundo. Libre del terrorismo islamista puede que sí, pero no libre del terrorismo cristiano. Hay fisuras en nuestro continente que debemos cerrar.
En este sentido, no se puede negar que tanto en Europa como en EE.UU. hay un cierto desorden en los controles psicotécnicos a los dueños de armas. En Europa, los ciudadanos que han obtenido ese privilegio a través de una licencia deberían someterse a estrictos controles médicos periódicos que evalúen su estado mental y su capacidad para enarbolar un arma. En España (vengo propugnándolo desde hace años) también hay una cierta dejación en este control, fruto del éxito de la seguridad, pero no hay que relajar dichos informes y controles psicotécnicos. No pueden convertirse en una mera rutina o un formalismo. La ignorancia de los datos aquí expuestos y el desconocimiento de los valores que estamos preservando pueden debilitar una europeización global frente a esta creciente americanización armada. Europa debe preservar este gran patrimonio y diseñar nuevos modelos administrativos intervencionistas y preventivos que velen por una verdadera seguridad humana global.
El terrorismo es un trágico fenómeno que ha conseguido convencer a los poderes públicos de EE.UU. de que las muertes que provoca son más importantes que las que comporta una (des)regulación del control de las armas entre los ciudadanos. En 2011 murieron unas 12.500 personas por atentados terroristas en todo el mundo (en países que no están en guerra) y el Gobierno estadounidense consiguió que se aprobara una inversión de medio billón de dólares para garantizar su seguridad nacional.
Sin embargo, siguen muriendo 33.000 estadounidenses al año por arma de fuego y las políticas para la prevención de esa violencia son casi inexistentes. Y eso que los gastos en atención médica por discapacidades prematuras, muerte o lesiones por esta razón están disparados y las cárceles tienen cinco veces más presos por 100.000 habitantes que otros países como el Reino Unido. En definitiva, las medidas intervencionistas de prevención de la violencia armada en esa sociedad están ausentes, consciente e intencionadamente, entre otras cosas por el potente lobby NRA (Asociación Nacional del Rifle).
Armas y escuelas
Los niños y adolescentes están entre las víctimas más comunes tanto en los percances domésticos como en los tiroteos callejeros o en las escuelas. Ya sea por accidentes, homicidios o suicidios, las muertes han aumentado en los grupos de edades más bajos: 2.711 fallecimientos por herida de bala en 2010, una media de siete diarios. Desde la masacre de Newtown en 2012 (cuando un asesino mató a 28 personas, la mayoría niños) se han producido 140 tiroteos en las escuelas estadounidenses.Es cierto que, comparados con los índices de violencia en la calle, las tasas de heridos de bala en campus universitarios son muy bajas: 1 por 100.000 estudiantes. Por lo tanto, en principio parece que la creación de espacios libres de armas en universidades y centros escolares tendría que ser muy eficaz para la prevención de la violencia armada. En este sentido, la Gun Free School Zones Act de 1990 estableció un perímetro de 300 metros alrededor de los centros docentes de todo el país en el que se prohibía acceder o circular portando armas.
Dos años después, el estudiante Alfonso Lopez Jr. entró armado en su instituto de Texas y fue detenido y encarcelado. Recurrió la ley federal y el Tribunal Supremo finalmente la declaró inconstitucional en la sentencia de 1995 United States vs. Lopez, argumentando que se trataba de una competencia estatal y no federal. A partir de aquel momento, cada uno de los 50 estados tuvo que decidir si aprobar o no leyes de delimitación de espacios libres de armas en las universidades y demás centros docentes. Unos años más tarde se produjo la matanza en la escuela de Columbine (Colorado) en la que murieron 13 personas. En ese momento Washington propuso medidas alternativas a través de la incentivación de políticas locales restrictivas con las armas. Dichas políticas redujeron el número de víctimas y tiroteos de forma evidente hasta la trascendental sentencia Heller de 2008.
Control a nivel federal
El presidente Johnson señaló, ya en los años 70: “En nombre de la cordura, en nombre de la seguridad y en nombre de la nación debemos dar a América las leyes de control de armas que necesita”. Más de 40 años después, Obama hace el mismo llamamiento porque el problema de la proliferación de armas y su libre circulación en EE.UU. sigue siendo una auténtica epidemia teniendo en cuenta el número de víctimas que provoca, como reflejó el estudio en la New England Journal of Medicine del doctor Kellerman. Para evitar el aumento de esa epidemia, Washington aprobó una ley que pretendía intervenir mínimamente en la circulación de armas de fuego: la Brady Handgun Violence Prevention Act (así llamada en honor al portavoz de Reagan que quedó paralítico en el atentado contra el presidente en 1993).Dicha ley no permitía la venta inmediata de armas. Había que esperar cinco días hasta que la Policía comprobara que los compradores no tenían antecedentes. Sin embargo, un grupo de sheriffs la impugnó por considerar que no era competencia federal. El Supremo les dio la razón y en la sentencia Sheriff Printz de 1997 estableció que tales obligaciones solo podían llevarse a cabo por la propia Administración estatal. Consecuentemente declaró inconstitucional dichos preceptos, lo cual comportó de facto una pérdida de poder del control preventivo de las administraciones públicas y un triunfo para los pro armas.
La ley Brady permanece, aunque se aplica débilmente. Los preceptos de la norma considerados constitucionales establecen que los delincuentes o los enfermos mentales no son aptos para poseer armas de fuego, y que durante cinco días se investigará sobre si la persona está capacitada para ello. Pero el periodo de espera y esas limitaciones han sido burladas sistemáticamente, ya sea porque están fundadas en las propias declaraciones de los solicitantes cuando no existen datos oficiales o porque la ley Brady no es aplicable en las transacciones de armas entre particulares ni en las innumerables ferias de armas.Cada año mueren por herida de bala 2.700 niños y adolescentes, ya sea por accidentes, homicidios o suicidios
Efectivamente, el Supremo ha anulado las mínimas iniciativas federales de control de armas basándose en la doctrina de la soberanía dual y, por tanto, defendiendo que en la regulación de este derecho no es competente la federación, sino los 50 estados. Es evidente que dichas sentencias supusieron claros obstáculos para establecer medidas restrictivas del derecho a llevar armas, y dificultó el establecimiento de una potente Administración intervencionista preventiva a finales del siglo XX.
50 regulaciones diferentes
En Texas está permitido el porte de armas largas incluso sin licencia. En 2007 el gobernador Perry firmó una ley basada en la doctrina de “mi casa es mi castillo”, según la cual los residentes de una vivienda podrán disparar contra alguien que intente entrar ilegalmente. En esos casos no hará falta alegar legítima defensa. Por otro lado, defender la propiedad privada por encima de todo produce normas que permiten la prohibición de armas al acceder a muchas empresas privadas.En este sentido, es cierto que el intervencionismo administrativo para paliar los altos índices de mortalidad por armas se debe acometer desde una perspectiva coherente en los 50 estados.
Algunas polémicas teorías que torturan las estadísticas defienden que los estados sin armas provocan un efecto llamada para los delincuentes de las zonas fronterizas con armas. También se sostiene que son elementos de disuasión. Y en algunos casos es cierto. Pero la mayoría de los criminales, si saben que los ciudadanos van armados, primero disparan a matar y luego atracan. Además, estudios del FBI demuestran que es seis veces más probable que un arma guardada en casa por motivos de seguridad se use de manera deliberada o accidental contra un familiar que contra un intruso.
Hay que tener en cuenta los fallos de la Administración, ya sea por la ausencia de medidas preventivas eficaces o por la pérdida de credibilidad de la Policía. En un país como EE.UU., con 50 legislaciones estatales diferentes, intervencionistas unas y permisivas otras, no es fácil reducir la violencia en un solo estado. Si no hay una prohibición efectiva de venta de armas en todos ellos, las medidas parciales pueden llevar a resultados contraproducentes y a conclusiones perversas.
Sentencias Heller y Chicago
El aumento de la violencia en estos años es consecuencia de las dos sentencias de gran impacto constitucional que han proclamado de manera exagerada el derecho individual a llevar armas: Distrito de Columbia vs. Heller 2008 y McDonald vs. Chicago 2010. Su origen está en las restrictivas regulaciones de armas en Washington y Chicago. Ciertamente, en los casos Heller y Chicago el Supremo señaló de forma contundente el derecho individual a llevar armas. Sin embargo, destacó que en modo alguno se trata de un derecho ilimitado, y son posibles determinadas restricciones siempre y cuando no afecten al núcleo esencial del derecho. Aun así, declaró expresamente que los ciudadanos tienen el derecho a tener un arma cargada en casa en todo momento para defensa propia.Las sentencias son rotundas en retirar este derecho a quienes tienen enfermedades mentales, y convierten el examen psicológico en el eje de la limitación del derecho. En todo caso, ambas sentencias debilitan al presidente y al Congreso que, según el Supremo, no pueden dictar leyes que no son de su competencia, siendo un derecho casi absoluto de los 50 estados. Se acusa a Obama de poca firmeza, pero este exprofesor de Derecho Constitucional conoce muy bien el poder de las sentencias del Supremo, que incluso impiden que el Congreso pueda dictar leyes restrictivas, a no ser que cambie la jurisprudencia o se haga una rectificación de la Segunda Enmienda aprobada por todos los estados.Es seis veces más probable que un arma guardada en casa se use contra un familiar que contra un intruso
Comparativa con Europa
En EE.UU., con 300 millones de habitantes, hay unos 300 millones de armas en circulación. Obviamente no todos están armados. Son un tercio de los estadounidenses los que tienen armas para defensa personal como derecho garantizado por la Segunda Enmienda. Hay por tanto 100 millones de ciudadanos con pistolas y armas de asalto. Si utilizamos las mismas cifras, de 300 millones de europeos solo 25 millones tienen armas (la mayoría de caza). Es decir, 75 millones menos que en Estados Unidos.¿Consecuencias? Se producen 20 veces más muertes violentas con armas al otro lado del Atlántico que a este, ya que el factor disponibilidad de una pistola por la relajación de los controles administrativos en un contexto armado tiene un efecto multiplicador de la cultura de la violencia. Si bien Europa ha conseguido mantener hasta ahora una auténtica frontera que impide la avalancha del poderoso mercado estadounidense de armas de fuego (no así en Latinoamérica), lo cierto es que no hemos podido evitar matanzas como las que ocurren en aquel país.
En el colegio de Dunblane (Escocia), en 1996, el conserje asesinó a 16 niños y a su maestra. En el pleno del Ayuntamiento de Nanterre (Francia), en 2002, un aficionado al tiro deportivo mató a ocho personas e hirió a más de 20 con sus armas en regla. En un instituto de Érfurt (Alemania), en ese mismo año, un exalumno aficionado al tiro deportivo y a los videojuegos violentos asesinó a 17 estudiantes.
En Noruega, en 2011, un joven ultraderechista masacró a 85 jóvenes socialdemócratas en una isla cerca de Oslo. Para él, estos ataques fueron “atroces pero necesarios” por culpa de “la islamización en curso de Europa, que destruye la civilización cristiana”. El asesino Anders Breivik era aficionado a los videojuegos de guerra World of Warcraft y Modern Warfare 2, lo cual corrobora que en individuos perturbados, en un contexto armado, estos hobbies son un factor de fomento de las acciones violentas. Ya no se puede mantener el tópico de que Noruega es uno de los países más avanzados y seguros del mundo. Libre del terrorismo islamista puede que sí, pero no libre del terrorismo cristiano. Hay fisuras en nuestro continente que debemos cerrar.
En este sentido, no se puede negar que tanto en Europa como en EE.UU. hay un cierto desorden en los controles psicotécnicos a los dueños de armas. En Europa, los ciudadanos que han obtenido ese privilegio a través de una licencia deberían someterse a estrictos controles médicos periódicos que evalúen su estado mental y su capacidad para enarbolar un arma. En España (vengo propugnándolo desde hace años) también hay una cierta dejación en este control, fruto del éxito de la seguridad, pero no hay que relajar dichos informes y controles psicotécnicos. No pueden convertirse en una mera rutina o un formalismo. La ignorancia de los datos aquí expuestos y el desconocimiento de los valores que estamos preservando pueden debilitar una europeización global frente a esta creciente americanización armada. Europa debe preservar este gran patrimonio y diseñar nuevos modelos administrativos intervencionistas y preventivos que velen por una verdadera seguridad humana global.