30/10/2024
Opinión

Apple, el iceberg de la gran evasión

La multa es porque falsea la competencia entre empresas, no por la injusticia de que no pague impuestos

  • A
  • a
La multa de 13.000 millones de dólares de la Comisión Europea a Apple —seguramente la mayor multinacional del planeta— por impuestos no pagados desde los acuerdos de 1991 ha sido acogida con un malestar zafio por Tim Cook y por el Gobierno de Irlanda, que, ante nuestra estupefacción, rehúsa recibir o recuperar nada menos que el 23% de su presupuesto.

Pero lo que ha dado lugar a tal multa no es la ética. No es la injusticia escandalosa que implica que Apple haya pagado en 2014 solo el 0,0005% de sus beneficios en concepto de impuesto de sociedades. La Comisión ha podido intervenir porque tal privilegio fiscal a Apple —concedido por el Gobierno de Irlanda para que la sede de la compañía siga en la pequeña ciudad irlandesa de Cork y no en Estados Unidos— atenta contra la prohibición de ayudas de Estado a las empresas por el derecho de la Unión Europea. Es decir, la multa a Apple no se hubiera producido si ese inconfesable acuerdo de Irlanda con Apple (tax ruling) fuese moneda común en los demás países de la Unión. La razón de la multa es técnica: que el regalo de Irlanda a Apple falsea la competencia entre empresas en Europa, no que sea a todas luces intolerable que un gigante multinacional no pague tributos, mientras que el Estado de bienestar europeo sufre por falta de ingresos fiscales, sin los cuales los derechos sociales, sanidad, educación, pensiones, etc. son imposibles de garantizar.

La evasión fiscal es una de las mayores tragedias de la globalización y muestra la impotencia política

En realidad, los estados europeos están atados de pies y manos para combatir frontalmente la elusión y la evasión fiscales, que son de proporciones enormes, incalculables. Las compañías multinacionales (no solo Apple, por supuesto) están bajo el radar del Estado en cantidades colosales. Eluden impuestos transfiriendo beneficios a los países con impuestos de sociedades más bajos (por ejemplo Irlanda, con un 12,5% de tipo máximo, mucho menor en la práctica) y utilizan la ingeniería fiscal para hacer desplomar sus obligaciones tributarias. Casi siempre, estas conductas obscenas —verdadera “basura política y moral”— resulta que se amparan en la legalidad. La Unión no tiene atribuciones para regular o armonizar las normas fiscales, de ahí que asistamos a una carrera suicida de los gobiernos para atraer capitales con el señuelo de bajar el impuesto de sociedades y los impuestos directos en general (¡Reino Unido proyecta bajar el IS a un 15%!).

La Comisión solo está planteando una armonización fiscal europea en el cálculo de las bases imponibles. Pero aún no da un paso para que las multinacionales paguen el impuesto de sociedades en el país en que obtenga los beneficios. Y se sigue permitiendo que Irlanda tenga un impuesto de sociedades propio de un paraíso fiscal (en Francia es de un 34,43%).

Sin embargo, no es esto lo peor. Los instrumentos más poderosos para evadir el pago de los impuestos por multinacionales y grandes fortunas forman lo que en mi libro La Edad de Hielo he llamado “industria de la evasión fiscal”. Los elementos esenciales de esta siniestra industria están organizados fuera de la ley y son: uno, el anonimato de los capitales fugitivos anónimos, detrás de sociedades como las que aparecen en los Papeles de Panamá; dos, los estados/paraísos fiscales que les dan refugio, y tres, los bancos y abogados que prestan sus servicios a esa trama. Esto es lo que produce verdaderamente la gran evasión.

El patrimonio financiero privado depositado en los paraísos fiscales —esas jurisdicciones preparadas para ocultar capitales sin preguntar nada y para aceptar sociedades clandestinas sin preocuparse de quién es su titular real— se calcula en  una magnitud equivalente al PIB de EE.UU. y Japón acumulado, o sea, el 10% de la riqueza mundial o la mitad de la deuda mundial.

Se sigue permitiendo que Irlanda tenga un impuesto de sociedades propio de un paraíso fiscal

Los paraísos fiscales, asombrosamente, no son ilegales. No hay una “lista negra” de tales paraísos en la OCDE ni en la Unión Europea. No hay leyes que prohíban directamente la industria de la evasión fiscal. A pesar de ello, en la reciente cumbre del G20 reunida en China no ha habido propuestas mínimamente eficaces para acabar con los paraísos fiscales, solo amenazas etéreas.

Así que los impuestos eludidos por Apple son solo la punta del iceberg de una inmensa evasión fiscal ilícita y delictiva, que constituye ya una de las mayores tragedias de la globalización, frente a la cual la política muestra su impotencia —o desidia— más desalentadora. (Por cierto, ninguna medida hemos visto al respecto en las diversas negociaciones que desde hace un año se han desarrollado en España entre los partidos para formar gobierno, con nulos resultados como es sabido.).