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Política
Publicidad gubernamental para uncir a la prensa
Los gobiernos utilizan las ayudas a medios de comunicación como instrumento de presión y censura
Francesc Arroyo
- 14/10/2016
- Número 55
Ciudadanos leyendo los periódicos en un restaurante de Barcelona al día siguiente de las elecciones del 20-D. JOSEP LAGO / AFP / Getty
Hace unos días, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta en funciones y una de las muñidoras de los acuerdos entre las empresas informativas e instituciones financieras, anunciaba que la inversión publicitaria del Ejecutivo estaba en peligro si no se formaba pronto un nuevo gobierno, ya que no se podía aprobar el plan de campañas institucionales. Y por si no quedaba claro, remató: “Alguien va a salir muy perjudicado”. Era una forma de presionar a los empresarios de los medios para que, a su vez, se colocaran frente al PSOE que, entonces, aún estaba en el “no es no”. Lo cierto es que ese plan, que en 2015 supuso 37,7 millones de euros, es importante, pero no tanto como el de las campañas comerciales, que en el último ejercicio aprobado supusieron 117,4 millones de euros a repartir entre los diversos medios de comunicación. Total: 155,1 millones. Una cantidad que, además, sufrió un brusco descenso en 2012, pero que desde entonces nunca ha dejado de crecer hasta sumar más de 500 millones de euros en la legislatura popular. Quinientos millones que han ido a financiar indirectamente a los medios de comunicación, en su mayor parte sin control de ningún tipo.
No es la única administración opaca, ni tampoco la única que ha hecho crecer estas partidas en plena crisis. Las administraciones autonómicas tienen la misma tendencia. A la cabeza, el gobierno catalán. Desde que Mas ganó las primeras elecciones hasta que ganó las que le hicieron dimitir, el crecimiento de la inversión en medios prácticamente se triplicó pasando de 10,1 millones en 2011 a 29,2 millones en 2015. Con un detalle no menor: cuatro días antes de las elecciones de septiembre de 2015, Artur Mas aprobó un decreto en el que se procedía al reparto de 5,98 millones entre las empresas afines.
De 2012 a 2015 el Gobierno español dedicó 500 millones a financiar a través de la publicidad a los medios
A diferencia del Gobierno central, la Generalitat relaciona las subvenciones directas en su portal de la transparencia, aunque el trabajo para detectarlas todas es considerable. La empresa más favorecida es la editora de La Vanguardia, a la que se destinaron 810.719 euros para el diario, más otras dos partidas de 121.943 y 32.710 para sus emisoras de radio. Hermes Comunicación, editora de El Punt-Avui (33.000 ejemplares, según la OJD), recibió tres partidas que suman casi 700.000 euros. Le sigue El Periódico de Catalunya (463.987 euros) y Ara, un diario con unas ventas de 22.000 ejemplares, vinculado a ideólogos del independentismo, que además de subvenciones de 3,5 millones para su arranque y mantenimiento percibió unos 300.000 euros más de la Presidencia de la Generalitat.
Apoyo a empresas afines
El Partido Popular es liberal en economía. Esto significa que deja al albur del mercado todo lo que puede. Es lo que se conoce como política de privatizaciones. Lo ha hecho en materias estratégicas (sanidad, educación), también en la publicidad. En el año 2014 cedió a cinco agencias publicitarias la administración del pastel de los anuncios. Puede que lo hiciera realmente por convicción liberal, pero cabe una segunda interpretación: de esa forma no hay manera de controlar adónde van a parar las inversiones que pueden ser utilizadas como apoyo encubierto a empresas periodísticas afines. La actividad del Gobierno está teóricamente controlada por el Parlamento y debe ser registrada en aras de la Ley de Transparencia, de modo que cualquier ciudadano pueda saber el destino de cada euro. En la práctica, eso no ocurre, pero si además esa inversión se canaliza a través de firmas privadas, la opacidad ya es casi total y tal vez buscada.
Que ese tipo de inversiones puede utilizarse contra la libertad de prensa es algo que vio muy claro el Instituto Internacional de Prensa (IPI) cuando el año pasado elaboró y publicó un estudio titulado El estado de la libertad de prensa en España: 2015. El informe recoge la opinión de los empresarios: hace más opaco el sistema, ya que permite ocultar los medios que reciben la inversión. El Gobierno hace públicos los datos del plan, pero se para al llegar a lo que denomina “herramientas de comunicación”, es decir, el soporte: televisión, radio, prensa escrita y otros medios, sin especificar el nombre de las empresas ni cabeceras y menos aún las cantidades que reciben.
Opacidad generalizada
El IPI recuerda que la Asociación de Editores de Periódicos “pidió a todos los grupos parlamentarios que incluyeran la publicidad institucional en la nueva Ley de Transparencia. El PSOE presentó una enmienda sobre el tema, pero el Parlamento, controlado por el PP, la rechazó con la ayuda de los votos de los partidos CiU y PNV”.
Estos informes públicos, señala el IPI, “no incluyen el desglose final de las asignaciones a los diferentes medios” y las solicitudes sobre estas cantidades “con frecuencia no son respondidas por las instituciones públicas”.
Cuando se conoce el reparto se aprecia que este no se hace conforme a las cifras de circulación o audiencia
La falta de transparencia no es, para decirlo todo, patrimonio del Gobierno central. Las administraciones autonómicas ocultan con la misma insistencia el destino de las inversiones en publicidad y de las ayudas a la prensa. Descubrirlas es tarea de titanes porque, incluso cuando se hacen públicas, pueden quedar enmascaradas de mil maneras. No obstante, a veces se consigue saber alguna cosa al respecto. El informe del IPI pone como muestra la campaña “Hay salida” del Ministerio de Sanidad, cuando era la titular Ana Mato. Los diarios La Razón y La Gaceta, defensores a ultranza de la política del Gobierno, recibieron una inversión media de 264,87 y 206,26 euros por lector. El País, en cambio, se quedó en 17,85 euros; La Vanguardia o El Periódico de Catalunya recibieron 22,28 y 36,78 euros, respectivamente. La cantidad destinada a El Mundo fue algo mayor, 43,95 euros, y la de ABC fue más del doble de esta: 89,47 euros por lector.
Los criterios de distribución inversora en emisoras de radio de una campaña contra la violencia de género adolecen del mismo defecto: la Cadena Ser, con 4,8 millones de oyentes, recibió una inversión de 11.205 euros; Onda Cero (2,6 millones de oyentes), 43.784 euros, casi la misma cantidad que la cadena de los obispos, COPE, con 1,7 millones de oyentes.
El IPI señala al respecto: “Una mayor transparencia en los criterios de asignación y en el desglose de las cuantías que recibe cada medio sería necesaria para garantizar que las prácticas de censura indirecta no estén distorsionando la competencia e impidiendo una mayor libertad de prensa”, ya que “el desglose de las asignaciones indica que el gasto no se distribuye de acuerdo a cifras de circulación, número de lectores, o de acuerdo a ningún criterio claro”.
Crisis periodística
La necesidad del control se acentúa en una situación como la actual, en la que los medios de comunicación viven una doble crisis: la económica general y la que se produce como consecuencia de los cambios tecnológicos y que ha supuesto la irrupción de los medios digitales frente al papel, pero también frente a las emisoras de radio convencionales.
Artur Mas triplicó las ayudas y aun cuatro días antes de las elecciones repartió 5,98 millones entre afines
Sergio J. Valera, en un artículo sobre el presente de la profesión periodística publicado en Cuadernos de Periodistas, de la Asociación de la Prensa de Madrid, señala que entre 2008 y 2015 han cerrado 375 medios de comunicación y se han eliminado 12.200 puestos de trabajo de periodistas, además de haberse generalizado la precarización laboral, lo que va también en detrimento de la libertad de expresión.
Alfonso de la Quintana, profesor de Empresa Informativa en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha publicado diversos estudios sobre las ayudas públicas a las empresas periodísticas. El último, en Cuadernos de Periodistas, el pasado mes de julio. Suya es la siguiente reflexión: “La empresa periodística se diferencia de las demás en que tiene dos tipos de rentabilidad: la económica y la ideológica o de influencia. La rentabilidad económica es fácil de entender, pues se aplican los criterios de valoración como a las demás. Sin embargo, la rentabilidad de influencia es más difícil de medir numéricamente. La historia del periodismo está llena de casos que nos demuestran la existencia de la rentabilidad de influencia. Este tipo de rentabilidad es capaz de que un gobierno gane o pierda unas elecciones por el papel de un medio, o tiene la capacidad de implicar o no a un país en una guerra”.
En eso andamos. O al menos, en eso anda el Gobierno, incluso estando en funciones.
Todas las comunidades reparten
Francesc Arroyo
La entrada de España en la UE acabó con las ayudas a la prensa. Hubo que llamarlas de otro modo. Cataluña, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana y Galicia subvencionaron el uso de la lengua propia. Pero todas reparten. En Asturias, Javier Fernández destina 8,2 millones anuales a la prensa. La revista Atlántica XXII, una de las castigadas junto a Asturiasdiario, ha recibido 12.680 euros del Principado entre 2009 y 2015, del total de 109 millones repartidos. En Cataluña, a los 88 millones de ayudas hay que añadir 99 millones de publicidad institucional, distribuidos por proximidad ideológica. Carles Puigdemont fue, antes que presidente, conseguidor. Los medios donde trabajaba recibieron 480.474 euros públicos, incluyendo Catalonia Today, donde trabaja su mujer, Marcela Topor. En Andalucía, las estimaciones arrojan la cifra de 140 millones anuales.
En Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal usaba una fundación para aportar dinero a medios católicos, Intereconomía y al periodista Alfonso Rojo. En el Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella privilegió a La Razón, Onda Cero y COPE. A través de fundaciones, como la de Cospedal, la Comunidad que presidía Esperanza Aguirre destinó 174.000 euros a Intereconomía. Era tertuliano Francisco Granados.
José Antonio Monago, en Extremadura, tenía un presupuesto anual de seis millones. El presupuesto publicitario de Castilla León asciende a 13,4 millones, más la promoción institucional: 18 millones en 2015. Luisa Fernanda Rudi fue entrevistada por Expansión el 20 de febrero de 2015. Catorce días antes había aprobado un contrato publicitario de 84.700 euros para ese medio. También la entrevistó Onda Cero el 2 de marzo. El contrato (38.720 euros) se firmó el 13 de febrero. Una de las primeras decisiones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue cancelar un contrato de cinco millones con La Vanguardia.
La entrada de España en la UE acabó con las ayudas a la prensa. Hubo que llamarlas de otro modo. Cataluña, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana y Galicia subvencionaron el uso de la lengua propia. Pero todas reparten. En Asturias, Javier Fernández destina 8,2 millones anuales a la prensa. La revista Atlántica XXII, una de las castigadas junto a Asturiasdiario, ha recibido 12.680 euros del Principado entre 2009 y 2015, del total de 109 millones repartidos. En Cataluña, a los 88 millones de ayudas hay que añadir 99 millones de publicidad institucional, distribuidos por proximidad ideológica. Carles Puigdemont fue, antes que presidente, conseguidor. Los medios donde trabajaba recibieron 480.474 euros públicos, incluyendo Catalonia Today, donde trabaja su mujer, Marcela Topor. En Andalucía, las estimaciones arrojan la cifra de 140 millones anuales.
En Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal usaba una fundación para aportar dinero a medios católicos, Intereconomía y al periodista Alfonso Rojo. En el Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella privilegió a La Razón, Onda Cero y COPE. A través de fundaciones, como la de Cospedal, la Comunidad que presidía Esperanza Aguirre destinó 174.000 euros a Intereconomía. Era tertuliano Francisco Granados.
José Antonio Monago, en Extremadura, tenía un presupuesto anual de seis millones. El presupuesto publicitario de Castilla León asciende a 13,4 millones, más la promoción institucional: 18 millones en 2015. Luisa Fernanda Rudi fue entrevistada por Expansión el 20 de febrero de 2015. Catorce días antes había aprobado un contrato publicitario de 84.700 euros para ese medio. También la entrevistó Onda Cero el 2 de marzo. El contrato (38.720 euros) se firmó el 13 de febrero. Una de las primeras decisiones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue cancelar un contrato de cinco millones con La Vanguardia.