Newsletter
Si desea recibir periódicamente la newsletter de AHORA, introduzca aquí su correo electrónico:
Política
El PP en el banquillo sin consecuencias
El caso Gürtel y el de las tarjetas black coinciden esta semana en los tribunales. Entre los dos suman 102 acusados, incluido el Partido Popular, del que se juzga toda una forma de actuar en la época dorada del aznarismo
Francesc Arroyo
- 07/10/2016
- Número 54
Luis de Miguel, presunto arquitecto financiero de la trama Gürtel, en el juicio en la Audiencia Nacional. Detrás, Correa, Bárcenas y otros procesados. Chema moya / efe
Ambos casos tienen en común la entrada a saco en las arcas públicas con el objetivo de engordar cuentas privadas. Cambia el modo, pero la esencia permanece.
Una década de comisiones
En el caso Gürtel (palabra alemana que significa correa, apellido de uno de los principales encausados, Francisco Correa), el método era el cobro de comisiones por obras públicas o la adjudicación de estas en excelentes condiciones. Ocurrió, según la acusación, entre 1995 y 2005, periodo que incluye la época dorada del PP durante los mandatos de José María Aznar. En 2008, tras una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, inducida por 18 horas de grabaciones que aportó José Luis Peñas, exconcejal del Partido Popular en Majadahonda, el juez Baltasar Garzón ordenó diversas investigaciones y detenciones. Garzón es, de momento, el único condenado en este caso. Lo excluyeron de la judicatura por autorizar unas grabaciones entre los acusados y sus abogados al sospechar que estaban colaborando en la ocultación de pruebas.
La trama amañaba contratos y se repartía beneficios y comisiones. La suma por ambos conceptos asciende a 10,9 millones de euros, como poco. La petición del fiscal para Francisco Correa es de 45 años de cárcel y 60 millones de multa. Para Luis Bárcenas, que era tesorero del PP, el fiscal solicita 42 años de cárcel por ocultar en Suiza unos 40 millones de euros.
Hay más acusados ilustres: Ana Mato, exministra de Sanidad, entonces casada con el alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Para este, la petición es de 15 años. Para ella, una multa de 28.468 euros, la cantidad de la que se benefició sin darse cuenta (tampoco se dio cuenta de la existencia de coches de lujo en el garaje de su casa). Ambos desempeñaban cargos de responsabilidad en el PP y, según Bárcenas, eran los verdaderos responsables de las inversiones en las campañas electorales, pagadas, dice el fiscal, con dinero B.
Los intermediarios
Este dinero B, que se ocultaba mediante la emisión de facturas falsas y a través de paraísos fiscales, pagó campañas municipales y autonómicas. Y parte de él se sospecha que se quedó en los bolsillos de los intermediarios. En este paquete hay no pocos cargos electos del PP que dirige Mariano Rajoy: los citados Bárcenas (fue senador, como Rita Barberá), Mato y Sepúlveda; Guillermo Ortega, que era alcalde de Majadahonda (el fiscal le pide 50 años); Alberto López Viejo, consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia con Esperanza Aguirre; Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP en Galicia. Falta Álvaro Lapuerta, de 88 años, tesorero del PP antes que Bárcenas, a quienes los jueces han apartado del juicio no por presunto inocente sino por “demencia senil sobrevenida”.
En el caso Gürtel declaran exministros como Rato, Acebes, Arenas, Álvarez Cascos o Aguirre
La acusación sostiene que Bárcenas se apropió de unos 300.000 euros de la caja B del partido, lo que implica afirmar la existencia de esa contabilidad oculta en el PP. López Viejo recibió 472.465 euros como agradecimiento por encargar casi 400 actos de campaña a las empresas de Correa.
Declararán 300 testigos. Entre ellos, los exministros Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Esperanza Aguirre, que fue, además de ministra, presidenta de la Comunidad de Madrid, donde se concentra buena parte de los amaños, según la fiscalía. Ellos conformaron en buena parte la plana mayor del aznarismo. De hecho, de los cuatro vicepresidentes que Aznar tuvo durante sus dos gobiernos, solo uno no ha sido llamado a declarar: Mariano Rajoy.
La táctica del PP en este caso ha sido siempre la misma: primero negar los hechos; luego, señalar que los acusados lo hacían al margen del partido o contra él (aunque lo beneficiaran), y siempre sostener que nunca ningún alto cargo sabía de la misa la media. Desde ese supuesto desconocimiento, Rajoy escribía a Bárcenas el famoso SMS “Luis, sé fuerte”, y el ministro del Interior, Jorge Fernández, se reunía en privado con Rato en la sede del ministerio. Paralelamente, se dilataba el proceso judicial.
Del B al 'black'
Las tarjetas black son asunto diferente. Comparten con la Gürtel el ser un expolio de fondos públicos y tener a su cabeza a dirigentes vinculados con el Partido Popular (Miguel Blesa, amigo de Aznar; Rodrigo Rato); la diferencia está en que los acusados sostienen que se trata de retribuciones laborales. Pese a ello, no lo declaraban a Hacienda. Y aunque lo ven perfectamente legal, más de la mitad de quienes se van a sentar en el banquillo, incluidos Blesa y Rato, han devuelto el dinero que gastaron con las tarjetas opacas.
Los acusados (65, de todos los partidos tradicionales y sindicatos), consejeros primero de Caja Madrid y luego de Bankia, disponían de tarjetas de crédito sin apenas límite de gasto (en algunos casos lo había y el titular pidió que se le ampliara), con cargo a la entidad y sin control, ni siquiera fiscal. El gasto global supera los 12 millones de euros entre 1996 y 2013.
El uso de estas tarjetas fue muy variado. Algunos la utilizaron para comprar lencería fina, otros pagaron joyas, hoteles, supermercados, restaurantes, viajes, sesiones de masaje filipino, incluso piezas de anticuario.
Hay nombres que se repiten en ambos casos, como el de Ricardo Romero de Tejada, que fue alcalde de Majadahonda y secretario general del PP de Madrid. La fiscalía le pide cuatro años de cárcel y sostiene que gastó 212.216 euros con cargo a la tarjeta.
Rodrigo Rato fue de los que menos gastó. También tuvo menos tiempo, ya que llegó a la presidencia de la entidad en 2010 y dimitió en 2013, coincidiendo con la intervención de la entidad por el Gobierno, con una inyección de 22.000 millones de dinero público. Pagó 99.054 euros. Cuando emergió el agujero de la entidad (poco antes había salido a bolsa y declarado 300 millones de beneficios, aunque tenía casi 4.000 millones de pérdidas), el Banco de España le impuso rebajar su sueldo a 600.000 euros. Al día siguiente, la entidad le emitió otra tarjeta black con un límite de 12.000 euros mensuales.
Campeones en gasto
Otros directivos compitieron en gasto. Es el caso de Ildefonso Sánchez Barcoj, para quien el fiscal pide dos años de cárcel (575.079 euros); o el de José Antonio Moral Santín (456.522 euros), que era militante de IU, de donde fue expulsado. Es catedrático en la Complutense. Y ejerce. No ejerce Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, que condenado por la quiebra de Viajes Marsans, se halla en prisión desde 2012, inhabilitado para administrar bienes ajenos. Sus gastos ascendieron a 93.984 euros. Su cuñado Arturo Fernández gastó 37.326 euros, muchas veces en restaurantes de su propiedad, varios en concurso de acreedores. Los dos eran fieles de Esperanza Aguirre. Francisco Javier López Madrid (34.807 euros) tiene otros avales: es yerno de Juan Miguel Villar Mir y amigo de la familia real. En el otro extremo del arco está Virgilio Zapatero (35.988 euros), socialista, exministro con el PSOE y expulsado del partido.
Los acusados defienden las black como retribuciones laborales. No lo declaraban a Hacienda
Hay en las tarjetas black un segundo elemento que diferencia este caso de la Gürtel. Aquí parece haber funcionado la compra de voluntades por parte de la dirección. Blesa y Rato tenían contentos a sus consejeros y estos bendecían sus operaciones. En algunos casos, como el de Mercedes Rojo, exsecretaria de Esperanza Aguirre, por falta de preparación, según confesión propia; en otros porque la tarjeta estimulaba la falta de interés en controlar a la presidencia. Es lo que el filósofo Étienne de La Boétie, amigo de Montaigne, llamaba “la corrupción capilar”. Los de arriba arramblan y permiten que lleguen migajas (bien untadas en este caso) a los de abajo para que no se quejen y consientan.
Todo eso pasaba cuando en España ser malo era una ganga. Ahora es cosa de los jueces decidir si lo sigue siendo.