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La exagerada vida de la Celulosa de Pontevedra

El modo en que el Gobierno de Rajoy prolongó 60 años la concesión a la “apestosa” planta fue expeditivo y hasta descarado

Josefina Gómez Mendoza - 03/06/2016 - Número 36
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La exagerada vida de la Celulosa de Pontevedra
álvaro valiño
Los pontevedreses vivían contando los meses y los días para el cierre de la fábrica de celulosa —ahora llamada ENCE por cosas de la privatización—, que tenía que acontecer en verano de 2018. En vano: el Gobierno en funciones ha prorrogado la concesión 60 años, hasta 2073. De nada ha servido la continua oposición de la opinión pública ni el requerimiento de la Audiencia Nacional (19 de mayo de 2011), ratificado por sentencia del Tribunal Supremo (11 de julio de 2014), instando al Estado a incoar expediente de caducidad de la concesión. El primero era anterior a la promulgación de la nueva ley de 2013 de protección y uso sostenible del litoral; y la sentencia del Supremo, anterior a la publicación del reglamento de dicha ley. Porque lo terrible del caso es que la prórroga de la fábrica de ENCE en la ría de Pontevedra se ha hecho valiéndose de una ley de “protección y sostenibilidad del litoral”. 

La fábrica de celulosa de Pontevedra fue instalada en 1958, por el Instituto Nacional de Industria, sobre 612.500 m2 en la ría, al suroeste de la ciudad, en la franja de tierra y marismas comprendida entre el ferrocarril de Pontevedra a Marín y la carretera entre los dos puertos, que luego fue convertida en autovía de circulación rápida.  Apenas un año después era transferida a la Empresa Nacional de Celulosa. Era el momento de la irresistible expansión de las celulosas, vinculada a las masivas plantaciones de Pinus pinaster y eucaliptos. La Diputación, gobernada por Daniel de la Sota, se había encargado en los años 20 de convertir la península del Morrazo, entre las rías de Vigo y Pontevedra, en un lugar pionero de la repoblación de pinos y eucaliptos, favoreciendo un eventual desarrollo de la industria papelera por la que De la Sota luchó muchos años. Fue un proyecto que en su día ya había alabado Castelao (“veo los montes repoblados y cubiertos de pinares. Veo las grandes fábricas de papel…") y al que no hizo ascos la República . La Diputación provincial adquirió en 1941 el histórico palacio de Lourizán, propiedad de los herederos de Montero Ríos, que se extendía hasta la hermosa playa del mismo nombre. Lo convirtió en centro de investigación forestal, lo que sigue siendo. Estaba a escasos kilómetros de la Misión Biológica de Galicia en Salcedo, creada por la Junta para Ampliación de Estudios, y convertida con la dictadura en centro de experimentación del CSIC.

Los pontevedreses vivían contando los meses y los días para el cierre de la fábrica de celulosa. En vano

A la fábrica de pasta de papel vinieron a añadirse otras industrias en el mismo emplazamiento, sobre todo ELNOSA, la de cloro. La integridad, la armonía y la dinámica ecológica de la ría, los procesos litorales, los recursos pesqueros y marisqueros, la calidad de las playas (Lourizán y Placeres), el patrimonio rural y arquitectónico, los  valores paisajísticos, todo quedó dañado y mermado con la instalación de la fábrica, las infraestructuras y demás industrias que acudieron.  Durante muchos años, la celulosa se ha hecho merecedora del calificativo de la cheirona [apestosa] (aún más, la peideira [la de los pedos]) por parte de los pontevedreses por el olor pestilente con que inundaba la ciudad cuando soplaba viento del suroeste. En la segunda mitad de los años 80, surgieron las primeras plataformas ciudadanas de defensa de la ría que luchaban por la desmantelación de la pastera y la recuperación de los ecosistemas de litoral. También se han hecho oír desde hace años contra la instalación el Ayuntamiento de Pontevedra o el de Poio, del otro lado de la ría. Incluso la Xunta de Núñez Feijóo declaraba en 2009 que el traslado de la celulosa en 2018 era “una cuestión irrenunciable”. Bien es verdad que ENCE no se daba por enterada y seguía haciendo inversiones en su planta pontevedresa.

Hasta diciembre de 2011, momento en que todo se acelera. El organismo ambiental de la Xunta le renueva a la fábrica, sin previo aviso,  la Autorización Ambiental Integrada el 23 de ese mes. La empresa acomete modernizaciones y asegura en su página web que ha cumplido sus primeros 50 años “en un entorno único junto a la ría, siendo un ejemplo a seguir en cuanto a gestión ambiental”.  El gobierno acomete entonces la que llama “modificación” de la ley de costas  de 1988: se trata de la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral, que en realidad supone el desmantelamiento de la anterior: constituye una ley que va a permitir que se inicie el último ciclo devastador de la costa. En la discusión del dictamen en el pleno del Consejo de Estado se puso de manifiesto en las intervenciones, y sutilmente en el dictamen, que la ley hacía lo contrario de lo que proclamaba en sus primeras líneas: mientras afirmaba en la exposición de motivos que los poderes públicos tienen el deber inexcusable de proteger la costa española, y los ciudadanos el derecho constitucional de disfrutarla, en su texto no incluía ni un solo artículo dedicado a la restauración de los procesos litorales, ni de los ecosistemas, ni del paisaje, ni del medioambiente original. En realidad, se trata de una ley para garantizar “la seguridad jurídica” de las concesiones, el llamado “equilibrio” entre los distintos intereses. En palabras de Miguel Ángel Losada es una ley de protección con dinero público de los intereses privados en la costa. La finalidad principal de la Ley 2/2013 es regular y proteger las actividades económicas en el medio litoral. Lo demás es envoltorio  y asustar con la posible pérdida de empleo y la falta de garantías a los actores económicos.

Sin duda, esta preocupación por la “seguridad jurídica” de los concesionarios ha sido muy útil en el caso de ENCE, y ha sido interesada y expeditivamente manejada en la Resolución de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, de 20 de enero de 2016, que otorgaba a ENCE la prórroga de la concesión de la ocupación de 373.524 m3 en la franja de dominio público marítimo-terrestre de la ría entre Pontevedra y Marín. Se argumenta en efecto desde el principio que el nuevo marco normativo pretende dotar a las relaciones jurídicas que se dan en el litoral de una mayor seguridad: en el caso de la Celulosa equivale a prolongar la concesión 60 años, hasta 2073, porque  fue en noviembre de 2013 cuando la empresa pidió la prórroga. “El plazo queda vinculado al cumplimiento del programa en materia de eficiencia energética, ahorro energético y calidad ambiental en la planta de ENCE”; si no se cumple, se reducirá la concesión a... 50 años.

En enero se otorgó la concesión de la ocupación de dominio público marítimo-terrestre hasta 2073

Si he dicho que la resolución me parece expeditiva, incluso descarada, es por la desenvoltura con la que resuelve las alegaciones. A los concellos de Pontevedra y de Poio les dio para presentarlas un plazo de 15 días en vacaciones de Navidad, que no se consideró necesario ampliar. Tampoco mereció más consideración el Ayuntamiento de Poio, que pidió que no se tomara la decisión antes de la formación del nuevo gobierno. Ni las plataformas Encefora Gal o la veterana Asociación pola Defensa da Ría, que fueron rechazadas por el final del periodo de impugnaciones o porque los procedimientos administrativos quedan fuera del ámbito de la acción popular. Para qué recordar también que, en esta frustrada legislatura, se aprobó por parte de todos los grupos menos el popular una propuesta no de ley para anular la concesión.

ENCE ha seguido a lo suyo: amenazando con la pérdida de empleo, sobre todo en el sector forestal, publicando datos con los que afirma que cumple lo estipulado por la Autorización Ambiental Integrada y los mínimos de la Unión Europea, advirtiendo que es chlorine free, y que lo único que falta es integrar la factoría en el paisaje. Para ello convocó un concurso con un jurado formado por expertos en el que la mayoría de las propuestas optan por cubrir la fábrica con troncos de árbol para evitar el impacto visual. Finalmente, hace unos días que ENCE ha ofrecido un “pacto ambiental” a Galicia comprometiendo unas inversiones de 176 millones y la máxima colaboración a los ayuntamientos de Pontevedra y Poio.

Se ha dicho que en la decisión del Gobierno ha sido fundamental la presencia de destacados miembros del PP en el consejo de administración de la empresa. Yo quiero creer en su independencia. Se ha dicho también que en la alternativa entre perder empleos en lo inmediato y restaurar la ría, Rajoy ha optado por salvar los empleos. El presidente ha dicho hace poco que él es de Pontevedra, que quiere a Pontevedra, que ha vivido en Pontevedra y que quiere morir en Pontevedra dentro de muchísimos años. Le deseo que así sea, pero por lo visto lo va a hace con la misma carencia de pituitaria.

Sea como sea, la fábrica de celulosa en la ría de Pontevedra es un ejemplo escandaloso del modelo económico del franquismo más autoritario y de las decisiones territoriales más ciegas con el medioambiente y con los daños sociales. Un ejemplo de que ese modelo anacrónico, indiferente al territorio y el paisaje, se prolonga en el segundo decenio del siglo XXI. Y que para mayor escarnio, se resuelve en nombre de la sostenibilidad del litoral con la aprobación de un Gobierno en funciones, que no lo ejerce en propiedad y solo debe despachar asuntos corrientes que aseguren la continuidad institucional.