El tema central del próximo
Foro Económico Mundial, que se celebrará en enero en Davos, es la cuarta revolución industrial, la de los sistemas ciberfísicos —la primera fue la de la mecanización; la segunda, la de la electricidad y la tercera, la de las tecnologías de la información—, en cuyos estadios iniciales nos hallamos. Es posible que sea una revolución que se desarrolle muy rápido, lo que tendría enormes consecuencias sociales, unas positivas y otras preocupantes. Recientemente, Antony Jenkins, exCEO de Barclays, alertaba de la llegada de un “
momento Uber” —en referencia a la empresa de taxis colaborativos— para la gran banca. Es decir, no solo los transportes o el alquiler de apartamentos sino también la educación y muchos otros sectores se van a ver afectados por esta metamorfosis.
Un fenómeno incipiente
La economía digital, término que engloba la revolución en marcha, está ya transformando las finanzas, el empleo y, desde luego, la vida cotidiana de los ciudadanos. El fenómeno no ha hecho más que empezar. De hecho, casi todo es ya economía digital o tiene una componente digital importante, incluida esta campaña electoral. Por eso era de esperar que los programas de los partidos políticos estuvieran llenos de reflexiones y propuestas sobre esta nueva dimensión de la economía. Pero las referencias, salvo alguna excepción, son escasas; en algún caso hasta inexistentes. Tampoco la cuestión ha salido en los debates, cuando es el tema que más puede afectar al empleo en los próximos años y para el que es necesario adaptar radicalmente la educación y la formación a todos los niveles. Las empresas sí están de lleno en ello. La Comisión Europea está impulsando un Mercado Único Digital. Sin embargo, la política española, como demuestran estas elecciones, parece ir muy por detrás.
La economía digital está ya transformando las finanzas, el empleo y la vida cotidiana de los ciudadanos
Pero esto no ocurre solo en España. Tampoco se ha debatido sobre la economía digital en otras recientes contiendas electorales de países europeos, aunque en ellos la reflexión en la política y la sociedad está mucho más avanzada que aquí. Incluso en el libro que ha marcado un hito en el análisis de la desigualdad,
El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, no aparecen las palabras “digital” o “digitalización”.
La economía digital tampoco figura en el programa electoral de Ciudadanos. Aunque, al preguntarles, algunos de sus dirigentes insisten en que está implícita en todo el programa económico, lo cual puede ser verdad, pues tampoco es pensable que propongan potenciar “la innovación y la implementación de nuevas tecnologías en las empresas” sin lo digital, que también sobrevuela su política en materia de cultura. Podían haberlo hecho más explícito.
El Partido Popular, partiendo de la
Agenda Digital que su Gobierno aprobó en 2012, va más lejos con un capítulo titulado “Impulsar la economía y la sociedad digital” en un país que, como correctamente dicen, “lleva camino de tener las mejores redes de ultra alta capacidad (fibra y móvil)”. Entre sus compromisos figura “completar el proceso de modernización de las redes de telecomunicaciones”, aunque toda empresa sabe que eso nunca se completa, pues surgen constantemente nuevas posibilidades y nuevos retos —la red 5G ya está avanzada—, y, además, es una cuestión que en España desarrollan empresas privadas. El PP se compromete, entre otras cosas, a desarrollar “plenamente la economía digital” centrando sus prioridades en “impulsar los sistemas de fabricación inteligente y en la formación de trabajadores” para atender esta demanda.
La economía colaborativa
Hay en el PP (y en otros partidos) una obsesión, comprensible pero insuficiente, con el desarrollo de la banda ancha y los servicios electrónicos en la Administración, el fomento del acceso de las pymes a esta economía digital y el apoyo a los emprendedores en el sector tecnológico, junto con una “alfabetización e inclusión digital” de la gente y las empresas. El PP propone incluso un “plan de impulso de las tecnologías del lenguaje y de la traducción automática” especialmente “en lengua española y lenguas cooficiales”. Interesante. Pero no hay nada sobre la economía colaborativa o la uberización de sectores enteros. Y no es solo el exCEO de Barclays el preocupado por su sector sino también los banqueros españoles.
Como señaló en abril pasado
María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, la tecnología ha hundido las barreras de entrada al sector bancario, que hasta ahora eran las oficinas. Los nuevos competidores de la banca ya no son los otros bancos sino una nueva serie de actores. Y esto, que es una nueva forma de desintermediación al amparo de internet, empieza a valer para todos los sectores.
En los programas electorales no aparece la demanda de que los niños aprendan a programar
A este respecto, aunque naturalmente no menciona por su nombre a Uber —cuya actividad ha sido prohibida de momento en España—, el programa del PSOE insiste en la necesidad de “establecer un marco jurídico claro para garantizar que se cumplan las normas fiscales, de seguridad, responsabilidad, protección del consumidor” de la economía colaborativa, sin “ponerle puertas al campo” ni impidiendo la innovación.
De hecho, el programa de los socialistas es el único que se abre con el tema de la “
España del conocimiento”, al que le dedica 34 páginas (incluidas las referidas a la educación y a la I+D). Y cuenta con tres páginas específicas sobre “la sociedad del conocimiento, la sociedad red”. Sin duda, detrás de ello está la mano de Jordi Sevilla, no solo por exministro sino por su paso por la consultora PricewaterhouseCoopers, desde donde, en colaboración con ESADE-GEO, impulsó un excelente estudio sobre “
España en el mundo 2033: Cuatro escenarios para actuar ahora” (el mejor escenario para el crecimiento económico de España era el de una integración europea avanzada; el segundo, el de una Europa a la alemana).
Claro que lo que se debate poco —el European Center for Foreign Policy lo está intentando y recientemente celebró una reunión al respecto en Madrid— son las consecuencias geopolíticas del poder digital, lo que uno de sus
papers llama “el nuevo Gran Juego”. Menos aún se discute en este país si es posible que Europa se convierta en una gran potencia digital sin unirse a EE.UU. —que domina el sector— en un mercado digital transatlántico, asunto sobre el que también tratan las negociaciones en curso para el
TTIP, siglas en inglés de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones, en torno al cual los partidos españoles tienen matices o directamente, como Podemos, recelos.
La propuesta socialista pretende avanzar hacia lo que llama la España 4.0 (cuando todavía no hemos llegado a la 3.0), haciendo hincapié en cerrar la brecha digital, fomentar la educación al respecto, impulsar los derechos digitales (incluido el derecho al olvido) y en general “avanzar en la digitalización del conjunto de la economía”. Pero, de nuevo, es muy poco específico en cuanto a cómo no ya fomentar sino gestionar el impacto de una economía digital que avanza independientemente de los gobiernos, está presente en todos los aspectos de nuestra vida y tiene y tendrá un gran impacto sobre el empleo.
Por lo que respecta a Podemos, el cuarto de los principales partidos en liza en las elecciones de este domingo, su programa también es limitado en este aspecto. Insiste también en reducir la brecha digital, “sobre todo en las zonas rurales”; en modernizar los servicios de telecomunicaciones, con un “despliegue de fibra óptica con una regulación que permita abrir el mercado actual”, y en impulsar “la economía digital y colaborativa” con
hubs (pequeños centros de negocio) y clústeres de innovación. Propone promover “los fondos públicos de inversión en estos sectores y la colaboración público-privada para producir aplicaciones digitales de interés general”. Pero el texto no refleja tampoco el alcance de la revolución digital en marcha, especialmente en el mundo del empleo.
Estrategia digital
Un reciente informe de la OCDE (“
OECD Skills Outlook 2015”) hace un llamamiento a los gobiernos a que piensen “de forma estratégica” en términos de educación y de “empleabilidad”. Este último es el término más pertinente en el debate actual en el mundo empresarial, e implica una educación adecuada para los jóvenes y para que los adultos se reciclen, algo en lo que también coinciden los partidos. Este informe señala que España, Italia, Irlanda, Eslovaquia y Polonia son, en la UE, los peores situados en términos de capacitación de los jóvenes en las TIC (tecnologías de la información y la comunicación). En España más de un 30% de los jóvenes carece de estas capacidades. En Alemania, Suecia o Finlandia, menos del 5%. Y eso que este es uno de los países de Europa con mayor penetración de teléfonos inteligentes (81% del total de móviles, según el “
Informe sobre la Sociedad de la Información en España 2014” de la Fundación Telefónica).
La base es la educación. “Hoy, un 90% de todos los empleos requieren un nivel básico de habilidades en TIC”, según Marianne Thyssen, comisaria europea de Empleo. Pero en los programas electorales no aparece la demanda de la Comisión Europea de enseñar a los niños a programar, a entender y familiarizarse con el lenguaje máquina, algo que ya se está introduciendo en Reino Unido, en Francia y en muchos otros países o regiones. Hay incluso algunas comunidades autónomas española (Navarra ha sido la primera) en las que ya se imparte formación a docentes a este respecto.