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Política
El secreto de los Carceller
Los empresarios se libran de la cárcel tras pagar 93 millones, aprovechar un error de Hacienda y acogerse a un precepto legal que ya no existe
Alfonso Pérez Medina
- 07/10/2016
- Número 54
Carceller Coll, Carceller Arce, Serrano Florez y Petrus Labaye en la Audiencia Nacional. victor lerena / efe
La Audiencia Nacional acaba de imponer la mayor multa de su historia por fraude fiscal y la noticia ha pasado prácticamente inadvertida. Los empresarios Demetrio Carceller, padre e hijo, dueños de un imperio industrial que pone en el mercado las cervezas Damm, los sándwiches de Rodilla y la gasolina de más de 500 estaciones de toda España, han logrado esquivar la cárcel junto a dos colaboradores tras abonar casi 93 millones de euros a las arcas públicas.
Una minucia si se tiene en cuenta que el fraude denunciado por la Fiscalía en su escrito provisional de conclusiones rozaba los 103 millones de euros, que la condena solo afecta a siete ejercicios que no han prescrito (entre los años 2003 y 2009) y que la reducción de la cuota defraudada fue posible gracias a que las defensas demostraron in extremis que la mitad del patrimonio no declarado correspondía en régimen de gananciales a la esposa del principal acusado, contra la que de forma inexplicable no inició ningún procedimiento ni el Ministerio Público ni la Abogacía del Estado, en representación de los intereses de la Agencia Tributaria.
Al inicio del juicio, Demetrio Carceller Coll, de 86 años, y su hijo, Demetrio Carceller Arce, de 54, actual presidente de Damm, se enfrentaban a peticiones de penas de 48 años y medio y 14 años de cárcel, respectivamente. Sin embargo, han evitado el ingreso en prisión después de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que implica que estas retiran todas sus acusaciones por blanqueo de capitales y rebajan las penas solicitadas por fraude fiscal a menos de un año de cárcel para que, en función de un precepto legal que ya no existe (el artículo 88 del Código Penal), puedan ser sustituidas por multa.
Carceller Coll elude la petición de 48 años de cárcel y su hijo la de 14 a través de un acuerdo con la Fiscalía
El artículo, que ha podido aplicarse a los acusados por formar parte de la legislación que estaba vigente en el momento en el que se cometieron los delitos, fue modificado en las reformas del Código Penal que se llevaron a cabo en 2010 y 2015, y establece que “los jueces o tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma sentencia, o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a su ejecución, las penas de prisión que no excedan de un año por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad”. El trueque solo puede realizarse cuando “las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen”. La fiscal Ana Cuenca explicó durante la vista oral que el acuerdo de conformidad se alcanzó gracias a que los acusados asumieron sus responsabilidades y llevaron a cabo el “pago total” de las cantidades adeudadas por los “tributos defraudados, sus intereses y las costa del proceso”.
De esta forma, Carceller Coll admitió 10 delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2003 y 2009 y su hijo se declaró cooperador necesario de otros cuatro. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal también atribuye esta figura jurídica de cooperador necesario, equiparable según el Código Penal a la autoría, a José Luis Serrano Flórez, apoderado y hombre de confianza de la familia, y a Gabriel Pretus Labayen, miembro del bufete de abogados Pretus, vinculado al despacho Mossack Fonseca y a sus actividades en paraísos fiscales para ocultar fondos en sociedades offshore.
Fingían no vivir en España
El relato de hechos contenido en la sentencia revela el secreto mejor guardado por los Carceller. Desde al menos 1990 Demetrio Carceller Coll y su mujer, María del Carmen Arce, tuvieron su residencia en un distinguido edificio de la calle Marqués de Riscal, en pleno barrio de Chamberí, que alternaban con un chalet en la sierra madrileña, en el municipio de Galapagar. Sin embargo, durante como mínimo los siete años investigados el matrimonio simuló ante Hacienda que vivía en Portugal y Reino Unido para tributar como no residentes. Les delataron, según los autos del juez instructor Pablo Ruz, pequeños actos de la vida cotidiana como los consumos de luz y agua o el pago de los seguros médicos.
Pagaban siempre en efectivo
Para no levantar sospechas el empresario y su esposa vivieron durante años casi en la clandestinidad y, según el capítulo de hechos probados de la sentencia, adoptaron “numerosas medidas de precaución” para no ser descubiertos: evitaron frecuentar restaurantes y lugares de ocio, pagaban siempre en efectivo para no dejar rastros y delegaron en su hijo mayor y en otras personas de su máxima confianza la firma de cualquier negocio u operación económica que pudiera advertir a los inspectores fiscales.
Una vida muy distinta la de Carceller Coll a la que vivió su padre, Demetrio Carceller Segura, el hombre público, el humilde emigrante turolense que, tras forjarse un porvenir como ingeniero del sector textil en Cataluña, colaboró con José Antonio Primo de Rivera en la fundación de la Falange, jugó un importante papel como suministrador de carburante al bando nacional durante la Guerra Civil y llegó a ser ministro de Industria de Franco entre 1940 y 1945. Así lo recoge un artículo del historiador José Ramón Villanueva Herrero publicado los días 22 y 29 de noviembre de 2009 en el Diario de Teruel que apunta que el abuelo del presidente de Damm llegó a convertirse en el “cerebro económico” del falangismo, hasta el punto de formar parte de la delegación encabezada por Ramón Serrano Suñer que viajó a Berlín en septiembre de 1940 para acordar la entrada de España en la II Guerra Mundial del lado de la Alemana nazi y las potencias del Eje.
La Agencia Tributaria cifró inicialmente el fraude cometido por Carceller Coll entre los años 2001 y 2009 en más de 72 millones de euros: 42 millones de euros por las cuotas no abonadas de IRPF, 29 millones por el Impuesto de Patrimonio y 1,2 por el Impuesto de Sucesiones. Con los intereses de demora la cantidad que adeudaba a Hacienda rozaba los 103 millones de euros.
Pero los abogados de los acusados, los prestigiosos penalistas José Antonio Choclán y Juan Barallat, guardaban un as en la manga. Tras las presentación de los escritos de acusación provisionales, aportaron al procedimiento nuevos documentos que demostraban que los bienes por los que se había defraudado a Hacienda formaban parte del régimen de gananciales que el patriarca compartía con su esposa. Por ese resquicio de la ley se coló una nueva liquidación de la Agencia Tributaria, que fue presentada el 15 de julio de 2016, dos meses antes del inicio de la fecha señalada para el juicio tras varios aplazamientos, y que favorecía claramente los intereses de los procesados.
Al no haberse iniciado procedimiento alguno contra la madre del presidente de Damm y haber prescrito los delitos que podría haber cometido, las cuotas defraudadas se redujeron ostensiblemente hasta quedarse en 24,6 millones de euros. A esa cantidad se sumaron 12 millones en concepto de intereses y 55,6 millones más en concepto de multa, que fueron prestados como fianza tras la apertura de juicio oral dictada por el juez Pablo Ruz, y que serán satisfechos cuando la sentencia adquiera firmeza. En total, casi 93 millones de euros: el precio de la libertad para los Carceller.
Fondos ocultos
Para desentrañar la maraña de sociedades en las que el empresario enmascaró su patrimonio los investigadores tuvieron que llevar a cabo hasta ocho actuaciones judiciales diferentes. La estrategia defraudatoria contó con la participación del despacho Pretus, tres de cuyos miembros fueron condenados en 2015 por la Audiencia Nacional por ayudar a evadir impuestos al expresidente de Burberry España Eugenio Mora, que pagó junto a su mujer 31 millones de euros para eludir el ingreso en prisión. Desde sus oficinas, situadas entonces en el número 520 de la avenida Diagonal de Barcelona, los Pretus idearon una madeja de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad en paquetes accionariales de empresas españolas y las importantes inversiones inmobiliarias que la familia Carceller había realizado en Estados Unidos. Al patriarca le otorgaron un alias: Jardines.
Se necesitaron ocho operaciones para desentrañar la maraña de sociedades en la que ocultó su patrimonio
La primera operación para poner al descubierto el patrimonio de Jardines se llamó Nelson y consistió en la localización de un entramado societario extranjero que ocultó que Demetrio Carceller Coll era titular de un 22,45% de las acciones de la sociedad española Atlántica Petrogas, lo que le permitió ocultar su propiedad y desfiscalizar los dividendos que percibía de ella. La compañía, dedicada al transporte marítimo de productos derivados del petróleo y con sede en Santa Cruz de Tenerife, reportó al investigado 2,9 millones entre los años 2003 y 2006.
La operación Piolín destapó que Carceller Coll poseía paquetes accionariales en varias empresas de Canarias a través de sociedades instrumentales de Madeira con las que ganó 1,2 millones de euros entre 2003 y 2005, mientras que la denominada operación Halfrond reveló que este utilizó varias sociedades tapadera en Panamá, Holanda y las Antillas Holandesas para ocultar una participación del 2,25% en la compañía Hidroeléctrica del Cantábrico, que fue vendida en abril de 2001 por 69,6 millones de euros.
El cuarto mecanismo que el investigado utilizó para ocultar sus rentas consistió en la utilización de dos sociedades portuguesas domiciliadas en la isla de Madeira que controlaban varias sociedades agrarias propietarias a su vez de extensas fincas en Andalucía y Extremadura. Al frente de ellas estaban dos testaferros habituales del despacho Pretus. La participación en estas entidades generaron a Carceller padre unos intereses de 1,9 millones de euros entre 2003 y 2009.
Acciones más importantes
También contaba con una estructura opaca en las Antillas Holandesas conocida por los expertos en paraísos fiscales como Dutch Sandwich o Antilles Route, con la que ocultó sus paquetes accionariales más importantes: los de la cervecera Damm, que le reportaron 25,7 millones de euros entre 2003 y 2009, la petrolera canaria Disa, con el que ganó 9,7 millones entre 2003 y 2005, y la sociedad inmobiliaria Renta Insular Canaria (Rincasa), con el que se hizo con 5,1 millones de euros entre 2003 y 2009. La participación en otras grandes empresas del Ibex35 le hizo ganar 1,9 millones de euros en 2008 y 2009, a los que hay que sumar los 4,2 millones que cobró entre 2003 y 2009 por participar en el consejo de administración de Damm y los 412.607 que ganó por sentarse en el órgano de dirección de la cervecera Estrella de Levante.
Además, Carceller Coll se valió de otras dos sociedades de Madeira, una consultoría y una sociedad de inversión inmobiliaria de capital variable, para ocultar a la Hacienda Pública española la participación en varios activos financieros con los que logró unas ganancias de 4,3 millones entre 2003 y 2006.
En Estados Unidos el empresario ocultó, a través de sociedades antillanas, que tenían y siguen teniendo importantes inversiones en varios centros comerciales de las ciudades de Phoenix y Tucson, en Arizona. En esos tres años investigados, con estos negocios obtuvo 35,4 millones de euros. Además, disponía de cuentas en sucursales de los bancos JP Morgan y Citigroup de Bruselas y Londres, que le generaron unos dividendos de 6,4 millones de euros, a los que hay que sumar los 248.198 euros que le reportaron como intereses sus depósitos en entidades bancarias nacionales. Entidades en las que los Carceller operaban desde España, con normalidad, confiados en que Hacienda nunca descubriría su secreto.