Newsletter
Si desea recibir periódicamente la newsletter de AHORA, introduzca aquí su correo electrónico:
Política
Cataluña, anclada en la incertidumbre
La dificultad de Junts pel Sí para pactar la investidura de Mas con la CUP puede prolongar la interinidad del Gobierno catalán hasta después de las generales o desembocar en nuevos comicios
Junqueras, Romeva y Mas, que concurrieron en la candidatura Junts pel Sí y ahora negocian con la CUP la investidura. Jorge Guerrero / AFP / Getty Images
La posibilidad de que se constituya un gobierno en Cataluña sigue en el aire tres semanas después de las elecciones del 27-S y sin que se perciba en el horizonte el momento en el que se va a poder desbloquear la negociación entre Junts pel Sí —la candidatura de Artur Mas y Oriol Junqueras, la de CDC y ERC— y la CUP, el grupo izquierdista radical que también apoya la independencia. Hasta el momento, la CUP se niega a la investidura de Mas. Primero adujo que era el presidente de los recortes y la política antisocial y ahora, ya metidos en la negociación, argumenta que lo importante es “el qué, el cómo y el cuándo” de la secesión y no quién presidirá la Generalitat en los próximos meses.
Así que con el president en funciones declarando como imputado por desobedecer al Tribunal Constitucional en la consulta del 9-N —con el añadido de tensión que suponen las manifestaciones de apoyo en la calle— y tentado a aceptar el programa anticapitalista de la formación que lideran Antonio Baños y David Fernández, Cataluña se ha ido sumiendo en la incertidumbre de una interinidad que nadie sabe cuándo tendrá fin. Salvo el que marca el propio calendario electoral: el nuevo Parlament tendrá que constituirse antes del 27 de octubre y la primera sesión de investidura deberá celebrarse el 9 de noviembre. Si en esa fecha no se alcanza la mayoría de los votos para proclamar al nuevo presidente de la Generalitat, se abre un
Si hay investidura será seguramente después de las elecciones generales del 20 de diciembre, no solo por la dificultad de alcanzar acuerdos para votar al nuevo president, también porque los negociadores podrían preferir esperar a conocer el resultado en el conjunto de España y saber quién ocupará la Moncloa en 2016.
Pero la posibilidad de repetir los comicios catalanes en febrero o marzo se ha convertido también en un elemento de la negociación del que echan mano los dirigentes de CDC, convencidos de que a casi nadie le interesa volver a las urnas. Aunque tampoco parece que ese sea un elemento que haga mella en la voluntad de la CUP, más interesada en fijar su programa que en la estabilidad institucional.
La CUP exige desobediencia a las leyes del Estado antes incluso de formar nuevo gobierno, 39 medidas de urgencia para paliar la exclusión social y revertir 10 de las privatizaciones de empresas públicas realizadas por el Gobierno de Mas, por ejemplo. Los empresarios argumentan que revertir ahora esas adjudicaciones en las que participaron grupos internacionales supondría un duro golpe a la credibilidad de Cataluña en el exterior.
En círculos políticos y mediáticos se barajan varias posibilidades: que dos diputados de la CUP voten a favor de Mas o de otro candidato de CDC a la presidencia, que algún diputado de Cataluña Sí que es Pot vote a favor o simplemente se ausente del pleno y así con el resto de grupos.
Pero también se baraja la posibilidad de un cambio de candidato a la presidencia, aunque Artur Mas se resiste a aceptarlo, y CDC, que concurriendo en la coalición Junts pel Sí se ha quedado
Raül Romeva, exdirigente de ICV y cabeza de lista de Junts pel Sí, que durante la campaña puso varias veces en duda que Mas fuera a ser el candidato a president, asegura ahora que hay “muchos puntos de coincidencia” con las peticiones de la CUP. Lo mismo que Esquerra, que parece disfrutar con las dificultades de sus socios convergentes y ve reforzada su posición. Así que en la coalición la única resistencia a ceder ante el grupo de Baños parece proceder de CDC, que ve con temor las propuestas “revolucionarias” de la CUP.
Si la creación de Junts pel Sí ya había preocupado a muchos convergentes por la alianza con ERC, que discrepa en políticas económicas y sociales, y porque la lista de “la burguesía catalana” la encabezaba “un excomunista”, ahora, ante la dificultad para formar gobierno, observan el panorama con mucha más preocupación.
Y eso que en CDC se preguntan que si formar gobierno está siendo tan complicado cuánto más será administrar el día a día de Cataluña y garantizar los servicios públicos a los ciudadanos, más allá del cumplimiento de la hoja de ruta independentista, el único asunto en el que hay coincidencia entre los partidos y las asociaciones que forman Junts pel Sí. En el resto de las políticas hay grandes divergencias.
Lo curiosos es que pese a las dificultades que está representando la coalición, dirigentes de Convergència están convencidos de que concurrirán con Junts pel Sí a las elecciones generales. Mas lo justifica en la importancia de que el independentismo “esté representado en las instituciones españolas hasta el día después de que se consiga la independencia” y en que si el 20-D el soberanismo no tiene un buen resultado quienes se oponen a la secesión argumentarán que “el proceso se está deshinchando”. Pero desde la oposición se argumenta, como en las elecciones catalanas, que la marca Convergència está tan desgastada que sus dirigentes tienen miedo de concurrir con sus siglas y de que Esquerra obtenga más diputados que ellos.
Las diferencias en el seno de Junts pel Sí alcanzan también al objetivo principal, la independencia, sobre el que supuestamente hay unanimidad. En las filas convergentes hay quien aún sostiene que la intención del procés no es lograr la secesión sino forzar al Gobierno español a una negociación que mejore algunos aspectos del encaje de Cataluña en España, como el sistema de financiación o las competencias exclusivas en materia lingüística y cultural. Esta opinión contrasta con la de ERC, Omnium Cultural, la ANC y los independientes como Romeva, que quieren aplicar la hoja de ruta para desembocar en la declaración unilateral de independencia en el Parlament.
Esa es la razón por la que a muchos convergentes les gustaría que se produjera un cambio de gobierno en España que acabe con el inmovilismo del PP y abra un periodo de diálogo con todas las fuerzas políticas para buscar una solución a través, por ejemplo, de una reforma de la Constitución.
Así que con el president en funciones declarando como imputado por desobedecer al Tribunal Constitucional en la consulta del 9-N —con el añadido de tensión que suponen las manifestaciones de apoyo en la calle— y tentado a aceptar el programa anticapitalista de la formación que lideran Antonio Baños y David Fernández, Cataluña se ha ido sumiendo en la incertidumbre de una interinidad que nadie sabe cuándo tendrá fin. Salvo el que marca el propio calendario electoral: el nuevo Parlament tendrá que constituirse antes del 27 de octubre y la primera sesión de investidura deberá celebrarse el 9 de noviembre. Si en esa fecha no se alcanza la mayoría de los votos para proclamar al nuevo presidente de la Generalitat, se abre un
periodo de dos meses, hasta el 8 de enero, para proceder a la investidura y, si en ese plazo Junts pel Sí tampoco es capaz de sumar los votos necesarios para la elección del nuevo jefe del Ejecutivo, el Parlament quedará automáticamente disuelto el 9 de enero y las elecciones deberán repetirse entre los 40 y los 60 días siguientes.Algunos convergentes preferirían repetir las elecciones catalanas antes que aceptar las condiciones de la CUP
Si hay investidura será seguramente después de las elecciones generales del 20 de diciembre, no solo por la dificultad de alcanzar acuerdos para votar al nuevo president, también porque los negociadores podrían preferir esperar a conocer el resultado en el conjunto de España y saber quién ocupará la Moncloa en 2016.
Pero la posibilidad de repetir los comicios catalanes en febrero o marzo se ha convertido también en un elemento de la negociación del que echan mano los dirigentes de CDC, convencidos de que a casi nadie le interesa volver a las urnas. Aunque tampoco parece que ese sea un elemento que haga mella en la voluntad de la CUP, más interesada en fijar su programa que en la estabilidad institucional.
Enmienda a la totalidad
Las condiciones que han puesto los cuperos para negociar una investidura —ni siquiera está claro que sea la de Mas— representan una enmienda a la totalidad de las políticas de Convergència y de los gobiernos catalanes que ha presidido ese partido. Y la tentación de aceptarlas para salvar la cabeza del president —que una vez más se resiste a admitir que no ha obtenido el resultado que buscaba en las elecciones— preocupa a dirigentes de su propio partido, que temen que se esté yendo “demasiado lejos”. Preocupa también en círculos empresariales, que consideran las medidas como “extremistas”.La CUP exige desobediencia a las leyes del Estado antes incluso de formar nuevo gobierno, 39 medidas de urgencia para paliar la exclusión social y revertir 10 de las privatizaciones de empresas públicas realizadas por el Gobierno de Mas, por ejemplo. Los empresarios argumentan que revertir ahora esas adjudicaciones en las que participaron grupos internacionales supondría un duro golpe a la credibilidad de Cataluña en el exterior.
Hipótesis para la investidura
Mas argumentó el pasado sábado que los 10 escaños de la CUP no pueden pesar más que 62 de Junts pel Sí, así que les vino a decir que no pueden imponer sus condiciones. Pero lo cierto es que sin al menos parte de esos 10 votos no puede haber investidura, de Mas o de quien sea, y que sin investidura no puede haber gobierno. Ni siquiera la abstención de Baños y sus nueve diputados sirve para la elección de un presidente de Junts pel Sí, porque esa candidatura tiene 62 escaños y los grupos de la oposición suman 63, por lo que no es posible la investidura por mayoría simple en una segunda votación.En círculos políticos y mediáticos se barajan varias posibilidades: que dos diputados de la CUP voten a favor de Mas o de otro candidato de CDC a la presidencia, que algún diputado de Cataluña Sí que es Pot vote a favor o simplemente se ausente del pleno y así con el resto de grupos.
Pero también se baraja la posibilidad de un cambio de candidato a la presidencia, aunque Artur Mas se resiste a aceptarlo, y CDC, que concurriendo en la coalición Junts pel Sí se ha quedado
con 30 de los 52 diputados que tenía en el Parlament, no parece dispuesta a sacrificarlo para facilitar el acuerdo. De hecho, destacados convergentes se muestran más partidarios de repetir elecciones en marzo aun a a riesgo de perder y pasar a la oposición.En las filas de CDC hay quien aún sostiene que el objetivo del procés es forzar al Gobierno de España a negociar
Raül Romeva, exdirigente de ICV y cabeza de lista de Junts pel Sí, que durante la campaña puso varias veces en duda que Mas fuera a ser el candidato a president, asegura ahora que hay “muchos puntos de coincidencia” con las peticiones de la CUP. Lo mismo que Esquerra, que parece disfrutar con las dificultades de sus socios convergentes y ve reforzada su posición. Así que en la coalición la única resistencia a ceder ante el grupo de Baños parece proceder de CDC, que ve con temor las propuestas “revolucionarias” de la CUP.
Si la creación de Junts pel Sí ya había preocupado a muchos convergentes por la alianza con ERC, que discrepa en políticas económicas y sociales, y porque la lista de “la burguesía catalana” la encabezaba “un excomunista”, ahora, ante la dificultad para formar gobierno, observan el panorama con mucha más preocupación.
La propuesta de Iceta
Para desatascar esa situación e impedir que Cataluña “esté en manos de la CUP”, el líder del PSC, Miquel Iceta, ofreció a Mas la formación de un gobierno transversal, de una “gran coalición por el seny” (sentido común), que aparque las diferencias identitarias y evite “el desastre”. No parece que la iniciativa de Iceta tenga muchas posibilidades de prosperar.Y eso que en CDC se preguntan que si formar gobierno está siendo tan complicado cuánto más será administrar el día a día de Cataluña y garantizar los servicios públicos a los ciudadanos, más allá del cumplimiento de la hoja de ruta independentista, el único asunto en el que hay coincidencia entre los partidos y las asociaciones que forman Junts pel Sí. En el resto de las políticas hay grandes divergencias.
Lo curiosos es que pese a las dificultades que está representando la coalición, dirigentes de Convergència están convencidos de que concurrirán con Junts pel Sí a las elecciones generales. Mas lo justifica en la importancia de que el independentismo “esté representado en las instituciones españolas hasta el día después de que se consiga la independencia” y en que si el 20-D el soberanismo no tiene un buen resultado quienes se oponen a la secesión argumentarán que “el proceso se está deshinchando”. Pero desde la oposición se argumenta, como en las elecciones catalanas, que la marca Convergència está tan desgastada que sus dirigentes tienen miedo de concurrir con sus siglas y de que Esquerra obtenga más diputados que ellos.
Las diferencias en el seno de Junts pel Sí alcanzan también al objetivo principal, la independencia, sobre el que supuestamente hay unanimidad. En las filas convergentes hay quien aún sostiene que la intención del procés no es lograr la secesión sino forzar al Gobierno español a una negociación que mejore algunos aspectos del encaje de Cataluña en España, como el sistema de financiación o las competencias exclusivas en materia lingüística y cultural. Esta opinión contrasta con la de ERC, Omnium Cultural, la ANC y los independientes como Romeva, que quieren aplicar la hoja de ruta para desembocar en la declaración unilateral de independencia en el Parlament.
Esa es la razón por la que a muchos convergentes les gustaría que se produjera un cambio de gobierno en España que acabe con el inmovilismo del PP y abra un periodo de diálogo con todas las fuerzas políticas para buscar una solución a través, por ejemplo, de una reforma de la Constitución.