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Política
Una comisión sobre la policía patriótica
El PSOE fuerza una investigación en el Congreso para esclarecer los posibles abusos del ministro Fernández Díaz
AHORA /
Jacobo Pedraza
- 23/09/2016
- Número 52
Xavier Trias y Jorge Fernández Díaz en una rueda de prensa en 2014. andreu dalmau / efe
Ciudadanos y Unidos Podemos votarán con el PSOE a favor de crear la comisión de investigación
El PSOE había prometido, ya antes de arrancar la legislatura, que impulsaría una comisión de investigación en el Congreso sobre la utilización con fines partidistas por parte del Ministerio del Interior, que todavía encabeza (en funciones) Jorge Fernández Díaz, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los socialistas tomaron tal compromiso tras desvelarse las grabaciones entre el propio ministro y el que era director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en las que ambos abordan presuntos casos de corrupción con especial interés en los que afectan a los partidos nacionalistas catalanes, lo que reavivó y para muchos confirmó las sospechas de la existencia de una policía patriótica. Las informaciones publicadas por AHORA en las últimas semanas reactivaron ese compromiso. Este martes se debatirá en el Pleno del Congreso la creación de dicha comisión, que saldrá adelante con el apoyo de Unidos Podemos y Ciudadanos, además del propio PSOE .
El documento remitido por el grupo socialista a la Mesa denuncia que “en el Ministerio del Interior se habría diseñado una estructura policial convenientemente destinada a cumplir una doble estrategia dirigida, de una parte, a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular; y de otra, al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos y miembros del propio Cuerpo de Policía Nacional”. El PSOE recuerda, además de las reuniones de Fernández Díaz con De Alfonso, la celebración de otros encuentros secretos como el que el propio ministro mantuvo con Rodrigo Rato, conflictos entre cargos policiales (en alusión a la guerra mantenida por los comisarios Villarejo y Martín Blas, que toca de cerca al ministro en funciones, como explicaba Ángeles Vázquez en el número 48 de AHORA), el caso del Pequeño Nicolás (cuya vinculación con esta trama también se relata en el artículo mencionado arriba) y otras decisiones con aparente motivación política. Una idea que los socialistas ven refrendada con el hecho de que los implicados recibiesen “recompensas, premios y ventajas económicas y de otro orden”.
El PSOE apunta en el texto varios nombres propios que tiene intención de llamar a declarar ante la comisión, cuya puesta en marcha depende de que no se repitan las elecciones, en cuyo caso han de volver a votarse todas las comisiones salvo las permanentes. En la exposición de motivos señala a Daniel de Alfonso, al comisario Villarejo, a Rodrigo Rato o al Pequeño Nicolás. También hace mención a “diferentes medios de comunicación especialmente elegidos”, en referencia entre otros al diario El Mundo, contra el que se ha querellado Xavier Trias por las informaciones, presuntamente alimentadas desde Interior, en las que se hablaba de la supuesta irregularidad de sus cuentas, que resultó ser absolutamente falsa.
La comisión del ministro
Fernández Díaz sería el primer ministro del Interior en declarar en una comisión desde la del 11-M
Por delante de todos esos nombres va el de Fernández Díaz, que sería el primer ministro del Interior en responder ante una comisión de investigación que apunta directamente a su persona. El exministro José Barrionuevo estuvo muy cerca de hacerlo en el Senado en la denominada comisión GAL, pero finalmente el PSOE logró anular su comparecencia, lo que provocó un carpetazo tempranero de dicha comisión. La última vez que un ministro del Interior respondió ante una comisión de investigación fue en julio de 2004. Durante ese mes fueron interrogados en la comisión del 11-M el para entonces ya exministro Ángel Acebes y José Antonio Alonso, que ya había prometido como nuevo titular de la cartera.
El PSOE también apunta en su texto al presidente en funciones, Mariano Rajoy. Los socialistas constatan que en las grabaciones de Fernández Díaz y Daniel de Alfonso se recoge que Fernández mantenía informado a Rajoy “de sus actividades conspiratorias”.
El pasado miércoles Fernández Díaz criticaba la creación de esta comisión, que considera “lamentable”. Recordaba el ministro en funciones que la última comisión de investigación hasta el momento es precisamente la del 11-M, de la que hace ya 12 años. Lo es, entre otras cosas, porque el PP ha rechazado innumerables iniciativas para la creación de estos órganos durante su última mayoría absoluta: la gestión de Bankia, diversos casos de corrupción (que afectaban principalmente a los populares), la amnistía fiscal o los sobrecostes de las obras públicas, por citar algunos casos. Desde que el PP no tiene esa mayoría parecen reverdecer las comisiones de investigación. A la forzada por el PSOE hay que sumar la que Ciudadanos hizo incluir en su acuerdo de investidura con los populares sobre el caso Bárcenas.
La comisión se propone averiguar si Interior ha utilizado los medios a su alcance para bloquear o entorpecer investigaciones que afectan al PP y para controlar las actividades de sus rivales políticos con el fin de desacreditarlos. Más concretamente tratará de esclarecer si Interior difundió supuestas informaciones sin soporte fáctico, si se elaboró documentación ad hoc para esas informaciones o para forzar la intervención de los jueces contra determinados políticos, si en esas actividades participaron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (y quiénes conformaban lo que se ha denominado policía patriótica o policía política) y cómo se han financiado esas operaciones. Se pretende verificar hasta qué punto de la cadena de mando llegaban el conocimiento y las órdenes de este supuesto entramado y cómo ha afectado a la eficacia de los distintos cuerpos policiales, siempre defendida con vehemencia ante cualquier micrófono por Fernández Díaz.
La utilidad de una comisión
Las conclusiones de la comisión supondrán, en teoría, algo así como un dictamen a efectos políticos para los principales investigados. Las comisiones no dictan sentencias de obligado cumplimiento, pero sí pueden llegar a esclarecer responsabilidades políticas difícilmente eludibles. Y, llegado el caso, lo que en ellas se concluye es puesto en manos de la Fiscalía para que tome las medidas legales que considere oportunas. De momento Fernández Díaz solo afronta una querella a raíz de las escuchas, la presentada por la antigua Convergència. El ministro en funciones rechazó presentar acciones legales de ningún tipo aunque considera que se vulneró la confidencialidad de sus conversaciones. El PP tendrá tres representantes en la comisión, por dos de PSOE, otros dos de Podemos y uno de cada grupo parlamentario restante.