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Economía
Sexo de pago. ¿Negocio o delito?
La prostitución en España, que según el INE podría mover hasta un 0,35% del PIB, es sinónimo de secretismo, alegalidad y doble moral
Óscar Forradellas
- 13/05/2016
- Número 33
Una prostituta se refleja en un espejo mientras espera a un cliente en un prostíbulo de Barcelona. Marta Ramoneda / The New York Times / contacto
En su carrera por cubrir los objetivos de déficit que ha ido marcando Europa desde que estallara la crisis del euro, España solo ha estado un año cerca de la ortodoxia: 2013, cuando Bruselas fijó un límite de déficit del 6,5% del PIB. El empujoncito —del 6,62% al 6,33%— que supuso la inclusión de las actividades ilegales dentro de la contabilidad nacional, fruto de la adopción del nuevo sistema europeo de cuentas (SEC 2010), permitió entonces exhibir un expediente sin tacha. Según esos cálculos, las actividades irregulares movieron 9.200 millones de euros en 2010, un 0,85% del PIB. En el caso de la prostitución, la cifra ascendía a 3.800 millones de euros, un 0,35% del PIB.
Hablar de sexo de pago en España es sinónimo de secretismo, dinero y doble moral. Las cifras son escurridizas y las horquillas enormes: según las fuentes, en nuestro país ejercen la prostitución entre 110.000 y 300.000 mujeres, con una ratio de hasta una profesional por cada 52 varones. Como cualquier otra actividad, la prostitución requiere de oferta y demanda. La Encuesta Nacional de Salud Sexual, con datos de 2009, concluyó que un 32% de la población masculina ha recurrido alguna vez al sexo de pago (frente a un 0,3% de mujeres).
En 2015 las fuerzas de seguridad atendieron a 650 víctimas de explotación sexual y a 133 de trata de personas
Despenalizada por Franco en 1941, la prostitución arrastra en España décadas de alegalidad. Eso sí, los casos con menores involucrados y de proxenetismo se mantuvieron como delitos en el Código Penal hasta la reforma de 2013, cuando se precisó que para el segundo, además de “lucro”, debía existir “explotación”, conforme a la jurisprudencia. Más tarde, iniciativas como la eliminación de las sanciones por ejercer en la calle, promovida por Ada Colau en Barcelona, han vuelto a poner el debate legal sobre la mesa.
Ya en 2006, el gobierno de Rodríguez Zapatero impulsó una ponencia en la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer e Igualdad que finalmente rechazó regular la prostitución, por considerar que se trata de una forma de violencia contra la mujer. Y recientemente, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, propuso su legalización, haciéndose eco de un informe de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) que auguraba 5.000 millones de recaudación anual.
No se trata del único estudio que vincula la regulación a un aumento considerable de los ingresos públicos. El Ministerio de Trabajo auspició, también en 2006, un análisis sobre el impacto de una posible normalización sobre el sistema de pensiones y protección social, a cargo de Graciela Malgeseni. Los resultados recogieron un crecimiento del 0,53% en la recaudación tributaria del Estado (del año 2005), gracias a unos ingresos extra de 318,68 millones de euros en cotizaciones a la seguridad social, 468,18 millones en IRPF y otros 388,84 millones en IVA. También incluía alrededor de 110.000 nuevas cotizantes. Sin ir más lejos, el año pasado el Juzgado de lo Social número 10 de Barcelona reconoció la “naturaleza laboral” del ejercicio de la prostitución por parte de tres mujeres en un “centro de masajes”.
Entre la legalidad y el estigma
Evidentemente, no es oro todo lo que reluce, y menos en una actividad instalada en la frontera entre la legalidad y el estigma. Según la memoria anual del Ministerio del Interior, el pasado año las fuerzas de seguridad atendieron a 650 víctimas de explotación sexual y a 133 de trata de personas. Además, localizaron a un total de 13.879 personas en situación de riesgo en más de 3.000 inspecciones in situ, sobre todo en prostíbulos. En la mayoría de casos, las mujeres son inmigrantes venidas desde Rumanía, América Latina (Brasil, Paraguay y República Dominicana), Nigeria y China. En función de su procedencia, pueden contraer deudas que van desde los 3.000 euros en el caso de las rumanas a los 40.000 euros en el de las nigerianas.
Según indicó en su día la patronal de locales de alterne Anela, con el boom económico en España llegó a haber un millar de establecimientos que ofertaban sexo de pago, aunque después la crisis ha hecho mella. Básicamente, existen dos modelos: grandes clubes, donde las mujeres hacen plaza —residen y trabajan— por un precio de entre 40 y 80 euros al día, y clubes más pequeños, donde les cobran entre 5 y 7 euros por el kit de cliente (sábana y toalla). También hay infinidad de pisos, bien sea bajo la dirección de una madame o, incluso, en formato de cooperativa.
Más allá de los motivos de cada cual para empezar a ejercer, muchas mujeres se han movilizado en nuestro país a favor de la regulación. Uno de los casos más llamativos es el de Gloria Poyatos, una abogada que en 2009 consiguió darse de alta en la Seguridad Social por cuenta propia como prostituta. “Buscaba una resolución contraria, para impugnarla. Mi plan se vino abajo cuando fui a darme de alta en el Impuesto de Actividades Económicas; tras consultarlo con los superiores, ni allí ni en la Tesorería de la Seguridad Social me pusieron ningún problema”, explica.
El Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona ha admitido la “naturaleza laboral” del ejercicio de la prostitución
Por no haberlo, en nuestro país no hay consenso ni entre los técnicos y los inspectores de Hacienda. Mientras estos últimos abogaban hace dos años en su propuesta de reforma fiscal por la “posible despenalización”, desde el sindicato Gestha abrazan la abolición. “Estaríamos hablando de mujeres en situación de explotación sexual”, indica su secretario general, José María Mollinedo. En su opinión, detrás de la inclusión de las actividades ilegales en el cálculo del PIB hubo intereses políticos: “Los contribuyentes netos querían incluir esta actividad dentro del PIB porque los países del Este podían tener una economía irregular mayor, con lo que se acercarían más a la media europea, que es el criterio para repartir fondos”.
A vueltas con las cuentas
Aún a día de hoy, esta normativa no se aplica de manera homogénea en Eurostat. El instituto de estadística francés (Insee) se negó en 2014 a incluir la prostitución en el cálculo de la riqueza del país. El propio INE advirtió de que la divulgación era “excepcional” y desde entonces publica el dato junto a otro grupo de la clasificación de bienes y servicios según finalidad, para que sea indiscernible. De hecho, el único de los países grandes que da a conocer sus cifras es Gran Bretaña, con una aportación de 8.453 millones de euros en 2014 (un 0,53% del PIB), lo que supone un incremento de casi 2.000 millones y un 30% más sobre el año de referencia (2010).
Entre los países que han optado por la confidencialidad absoluta está Holanda, pionera en 2000 con la aprobación de una ley de descriminalización. Esta norma dejó el asunto en manos de las autoridades locales, que tenían a su alcance un sistema de licencias municipales. Siete años después, una evaluación de seguimiento desveló que el 95% de las prostitutas seguían sin contrato, que un tercio de los locales declarados habían sido sancionados y que solo el 2% de los municipios toleraba la prostitución callejera.
En España, Cataluña cuenta con una ordenanza municipal tipo para locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución que fue ratificada por el Tribunal Supremo, en ponencia de su actual presidente, Carlos Lesmes.
Giro abolicionista en Francia
Óscar Forradellas
En línea con una resolución no vinculante del Parlamento Europeo de 2014 que anima a castigar al cliente, Francia se ha sumado al grupo de prohibicionistas, liderado históricamente por Suecia. El pasado 6 de abril el Parlamento galo aprobó una ley que penaliza la demanda de servicios sexuales. Las multas oscilan entre los 1.500 euros para los usuarios noveles y 3.750 para los reincidentes. En cuestión de números, los partidarios de la persecución le han dado la vuelta al calcetín: ProstCost estima que la prostitución cuesta cada año 1.600 millones de euros a las arcas públicas francesas, a razón de 86 millones de euros en gasto médico, 35 en coste policial y judicial, 58 millones en ayudas sociales y 306 en efectos indirectos (muertes prematuras, atención de menores, etc.). El grueso del coste sigue correspondiendo a evasión fiscal (853 millones), y faltan otros 311 millones estimados por los daños que sufren las alrededor de 37.000 prostitutas que ejercen en Francia (violaciones, agresiones...).
En el país vecino, las reacciones varían entre quienes saludan la norma como la nueva ley Veil (de despenalización del aborto, de 1975) y quienes reivindican el antiguo libertinaje galo. Entre estos últimos, destaca un grupo bautizado como los “343 cerdos” —con figuras como el escritor Frédéric Beigbeder—, que se alinearon bajo el manifiesto “No toques a mi puta”.
Gloria Poyatos —hoy magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias— opina que “penalizar al cliente es hacer a las mujeres cómplices de una actividad reprobable; desterrarlas a la marginación y a la ocultación”. Más beligerantes incluso se muestran los colectivos de prostitutas. “Es una auténtica barbaridad”, asegura la portavoz de Genera, Clarisa Velocci, quien advierte de que “clandestinizar solo conlleva más riesgo”.
Entretanto, en la Junquera se empieza a ver un renovado trajín de clientela. Después de hablar con algunas compañeras, Velocci apunta que es “demasiado pronto” para sacar conclusiones: “Había habido un bajón por el cierre de la frontera después de los atentados de París, y ahora la gente se está animando un poco”. Además, la demanda de sexo es muy elástica: “Las chicas trabajan más cuando pasan los camiones de fruta... Ahora creo que es temporada de tomate, que va por Irún”.
En línea con una resolución no vinculante del Parlamento Europeo de 2014 que anima a castigar al cliente, Francia se ha sumado al grupo de prohibicionistas, liderado históricamente por Suecia. El pasado 6 de abril el Parlamento galo aprobó una ley que penaliza la demanda de servicios sexuales. Las multas oscilan entre los 1.500 euros para los usuarios noveles y 3.750 para los reincidentes. En cuestión de números, los partidarios de la persecución le han dado la vuelta al calcetín: ProstCost estima que la prostitución cuesta cada año 1.600 millones de euros a las arcas públicas francesas, a razón de 86 millones de euros en gasto médico, 35 en coste policial y judicial, 58 millones en ayudas sociales y 306 en efectos indirectos (muertes prematuras, atención de menores, etc.). El grueso del coste sigue correspondiendo a evasión fiscal (853 millones), y faltan otros 311 millones estimados por los daños que sufren las alrededor de 37.000 prostitutas que ejercen en Francia (violaciones, agresiones...).
En el país vecino, las reacciones varían entre quienes saludan la norma como la nueva ley Veil (de despenalización del aborto, de 1975) y quienes reivindican el antiguo libertinaje galo. Entre estos últimos, destaca un grupo bautizado como los “343 cerdos” —con figuras como el escritor Frédéric Beigbeder—, que se alinearon bajo el manifiesto “No toques a mi puta”.
Gloria Poyatos —hoy magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias— opina que “penalizar al cliente es hacer a las mujeres cómplices de una actividad reprobable; desterrarlas a la marginación y a la ocultación”. Más beligerantes incluso se muestran los colectivos de prostitutas. “Es una auténtica barbaridad”, asegura la portavoz de Genera, Clarisa Velocci, quien advierte de que “clandestinizar solo conlleva más riesgo”.
Entretanto, en la Junquera se empieza a ver un renovado trajín de clientela. Después de hablar con algunas compañeras, Velocci apunta que es “demasiado pronto” para sacar conclusiones: “Había habido un bajón por el cierre de la frontera después de los atentados de París, y ahora la gente se está animando un poco”. Además, la demanda de sexo es muy elástica: “Las chicas trabajan más cuando pasan los camiones de fruta... Ahora creo que es temporada de tomate, que va por Irún”.