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Opinión
Propaganda presupuestaria
La aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2016 constituye un nuevo caso de instrumentalización partidista de las instituciones del Estado por parte del Gobierno. No solo por el calendario escogido sino también por las previsiones de gastos y de ingresos. Con respecto a los primeros, el Gobierno pretende disimular como decisiones técnicas adoptadas en función de una coyuntura económica más favorable lo que no son, en el fondo, más que regalos destinados a colectivos susceptibles de inclinar la balanza a favor del PP en las próximas elecciones. Por lo que se refiere a los ingresos, las previsiones no parecen responder a otro criterio que el de proporcionar alguna justificación a aquellos gastos y contribuir a la propaganda sobre la política económica del Gobierno.
El Ejecutivo cree apostar en terreno seguro porque, de ser reelegido, volverá a tener en sus manos la gestión del presupuesto, además de una nueva legislatura para intentar que los ciudadanos olviden las eventuales correcciones a la baja a las que se vea forzado. Pero si no es reelegido, esas correcciones contabilizarán en el debe del nuevo gobierno, que será acusado de dilapidar la brillante herencia económica recibida. Solo que la herencia, ni es brillante, ni se debe estrictamente a la política del Gobierno. Descontando los factores internacionales que han beneficiado a la economía española, y descontando el recurso al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, los desequilibrios estructurales que arrastraron a la crisis no han sido sustancialmente corregidos.
Al convertir los presupuestos para 2016 en parte del programa electoral del PP, el Gobierno vuelve a dar muestras de una concepción de la política que, a la vez que exacerba las tensiones entre legítimos intereses sociales, priva a las instituciones y recursos del Estado de la imparcialidad y del prestigio necesarios para resolverlos. La pregunta acerca de una economía como la española nunca fue si saldría o no de la crisis, como insiste el Gobierno, sino en qué condiciones podía y debía hacerlo. El sacrificio realizado por los ciudadanos habrá sido dilapidado si superar la crisis solo significa que la economía española regrese al punto donde se encontraba antes de precipitarse en ella.
El Ejecutivo cree apostar en terreno seguro porque, de ser reelegido, volverá a tener en sus manos la gestión del presupuesto, además de una nueva legislatura para intentar que los ciudadanos olviden las eventuales correcciones a la baja a las que se vea forzado. Pero si no es reelegido, esas correcciones contabilizarán en el debe del nuevo gobierno, que será acusado de dilapidar la brillante herencia económica recibida. Solo que la herencia, ni es brillante, ni se debe estrictamente a la política del Gobierno. Descontando los factores internacionales que han beneficiado a la economía española, y descontando el recurso al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, los desequilibrios estructurales que arrastraron a la crisis no han sido sustancialmente corregidos.
Al convertir los presupuestos para 2016 en parte del programa electoral del PP, el Gobierno vuelve a dar muestras de una concepción de la política que, a la vez que exacerba las tensiones entre legítimos intereses sociales, priva a las instituciones y recursos del Estado de la imparcialidad y del prestigio necesarios para resolverlos. La pregunta acerca de una economía como la española nunca fue si saldría o no de la crisis, como insiste el Gobierno, sino en qué condiciones podía y debía hacerlo. El sacrificio realizado por los ciudadanos habrá sido dilapidado si superar la crisis solo significa que la economía española regrese al punto donde se encontraba antes de precipitarse en ella.