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Opinión
Parlamento sin mandato
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cometió un grave error al prolongar indolentemente la legislatura. Un error que no solo ha pagado su partido, sino que, además, ha propiciado una fragmentación del Parlamento salido el 20 de diciembre que complicará la posibilidad de formar cualquier gobierno. La parálisis política en la que Rajoy ha mantenido al país durante la mayor parte de la legislatura, pero de forma radicalmente innecesaria desde el pasado verano, ha hecho que los ciudadanos hayan acudido a las urnas sin decidir si lo que correspondía era expresar sus preferencias programáticas o, simplemente, su rabia. Porque nadie en España se ha visto privado de sólidas razones para sentirla, unos por la desigualdad en el reparto de los costes de la crisis económica, otros por la manipulación partidista de las instituciones; todos, en fin, por la corrupción y por la insolencia con la que el Partido Popular ha pretendido desde el gobierno que los ciudadanos se resignen ante la impunidad.
Afirmar que la fragmentación del Parlamento equivale a un mandato inequívoco de los ciudadanos para forzar un consenso político ante los principales problemas, desde el desempleo al desafío de los independentistas catalanes, es un ejercicio bienintencionado que, sin embargo, confunde acerca de la verdadera encrucijada en la que se encuentra el país. Salvo un milagro de entendimiento entre fuerzas diversas, que es preciso reclamar con energía, la única salida a la vista son nuevas elecciones, bien inmediatas, en el caso de que fracasen las negociaciones para tejer mayorías, bien ligeramente pospuestas, en el caso de que, aun alcanzando a tejerlas, carecieran de solidez suficiente para hacer frente a un cambio de la coyuntura económica internacional que obligara a nuevos sacrificios, según reclama ya la Comisión Europea, o para responder a un nuevo órdago territorial. En este último capítulo no puede ignorarse que una fuerza como Podemos tiene en su mano activar la tensión si, considerando desatendidas sus demandas en el Parlamento central, decide sumarse a la coalición independentista en Cataluña.
Es exigible que los líderes políticos muestren generosidad y renuncien a todo personalismo. Una alternativa real ante la que se encuentra el Parlamento y, por lo tanto, el conjunto del país es escoger entre dos males. Repetir las elecciones añadiría nuevas incertidumbres a las que ya existen, y otro tanto supondría formar un gobierno tan frágil parlamentaria o ideológicamente cuyo único horizonte sea posponerlas. No entrever soluciones fáciles no debe llevar al desánimo, pero tampoco a la inane banalidad de conformarse con la idea de que las crisis ofrecen tantos riesgos como oportunidades. España podría haberse ahorrado la crisis política e institucional que se ha manifestado el 20 de diciembre si hubiera existido un gobierno más consciente de sus responsabilidades. Pero a falta de hallar dónde está la salida, basta con saber dónde no está. Y la salida no está en actuar como si los ciudadanos hubieran votado un cambio de sistema. Han votado con incontenible rabia por la manera en que se ha gestionado.
Afirmar que la fragmentación del Parlamento equivale a un mandato inequívoco de los ciudadanos para forzar un consenso político ante los principales problemas, desde el desempleo al desafío de los independentistas catalanes, es un ejercicio bienintencionado que, sin embargo, confunde acerca de la verdadera encrucijada en la que se encuentra el país. Salvo un milagro de entendimiento entre fuerzas diversas, que es preciso reclamar con energía, la única salida a la vista son nuevas elecciones, bien inmediatas, en el caso de que fracasen las negociaciones para tejer mayorías, bien ligeramente pospuestas, en el caso de que, aun alcanzando a tejerlas, carecieran de solidez suficiente para hacer frente a un cambio de la coyuntura económica internacional que obligara a nuevos sacrificios, según reclama ya la Comisión Europea, o para responder a un nuevo órdago territorial. En este último capítulo no puede ignorarse que una fuerza como Podemos tiene en su mano activar la tensión si, considerando desatendidas sus demandas en el Parlamento central, decide sumarse a la coalición independentista en Cataluña.
Es exigible que los líderes políticos muestren generosidad y renuncien a todo personalismo. Una alternativa real ante la que se encuentra el Parlamento y, por lo tanto, el conjunto del país es escoger entre dos males. Repetir las elecciones añadiría nuevas incertidumbres a las que ya existen, y otro tanto supondría formar un gobierno tan frágil parlamentaria o ideológicamente cuyo único horizonte sea posponerlas. No entrever soluciones fáciles no debe llevar al desánimo, pero tampoco a la inane banalidad de conformarse con la idea de que las crisis ofrecen tantos riesgos como oportunidades. España podría haberse ahorrado la crisis política e institucional que se ha manifestado el 20 de diciembre si hubiera existido un gobierno más consciente de sus responsabilidades. Pero a falta de hallar dónde está la salida, basta con saber dónde no está. Y la salida no está en actuar como si los ciudadanos hubieran votado un cambio de sistema. Han votado con incontenible rabia por la manera en que se ha gestionado.