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Opinión
Paraísos sin ley
Los papeles de Panamá son el enésimo escándalo sobre la vergüenza de los refugios opacos del dinero y las fortunas de superricos. Como en casos anteriores, han sido periodistas y medios de comunicación los que han destapado la evasión delictiva.
Ha llegado el momento de pasar a la acción preventiva y represiva contra una trama organizada por la que atraviesa la mitad de las transacciones financieras del mundo. Hay una especial responsabilidad en ello de la Unión Europea, siempre por detrás de los acontecimientos y entregada a los aspavientos teatrales.
Se calcula que el 12% del capital financiero europeo está oculto en paraísos fiscales. Y eso incluye a territorios como Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Austria, Hungría y otros bajo soberanía británica.
Acabar con los paraísos fiscales requiere un acuerdo UE-EE.UU. Esa alianza debe atacar de frente a todos los componentes de la industria de la evasión fiscal: a los capitalistas fugitivos hay que prohibirles penalmente la constitución de sociedades en paraísos fiscales (ahora es legal), así como exigirles levantar el anonimato de quienes las integran e impedir la utilización de testaferros. Los países refugio deben ser aislados mediante la prohibición de toda transacción financiera con ellos y la imposición de fuertes sanciones comerciales. Eso significa actuar política, económica y jurídicamente contra todo Estado en el que haya una presencia desproporcionada de sociedades o cuentas de no residentes; o que tenga nula o baja tributación; o que permita registrar sociedades con acciones al portador; o que niegue información automática de las cuentas o sociedades de no residentes a sus países de origen; o donde sea desproporcionada la relación entre el número de sociedades registradas y la actividad económica real que desarrollen; o que facilite negociar condiciones tributarias con la jurisdicción de refugio (rulings); o donde falte la suficiente supervisión sobre las entidades financieras (“banca en la sombra”).
Los estados europeos y la Unión deben establecer un férreo control sobre los bancos —en la sombra o no— sin los cuales sería imposibe operar en el complejo entramado de evasión fiscal. Debería prohibirse toda transacción o relación de un banco europeo con un paraíso fiscal. Igual supervisión y sanción debería imponer la autoridad fiscal sobre los despachos de abogados implicados en la trama de paraísos fiscales.
Además, España debería reintegrar a Panamá a la lista de paraísos fiscales.
Ha llegado el momento de pasar a la acción preventiva y represiva contra una trama organizada por la que atraviesa la mitad de las transacciones financieras del mundo. Hay una especial responsabilidad en ello de la Unión Europea, siempre por detrás de los acontecimientos y entregada a los aspavientos teatrales.
Se calcula que el 12% del capital financiero europeo está oculto en paraísos fiscales. Y eso incluye a territorios como Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Austria, Hungría y otros bajo soberanía británica.
Acabar con los paraísos fiscales requiere un acuerdo UE-EE.UU. Esa alianza debe atacar de frente a todos los componentes de la industria de la evasión fiscal: a los capitalistas fugitivos hay que prohibirles penalmente la constitución de sociedades en paraísos fiscales (ahora es legal), así como exigirles levantar el anonimato de quienes las integran e impedir la utilización de testaferros. Los países refugio deben ser aislados mediante la prohibición de toda transacción financiera con ellos y la imposición de fuertes sanciones comerciales. Eso significa actuar política, económica y jurídicamente contra todo Estado en el que haya una presencia desproporcionada de sociedades o cuentas de no residentes; o que tenga nula o baja tributación; o que permita registrar sociedades con acciones al portador; o que niegue información automática de las cuentas o sociedades de no residentes a sus países de origen; o donde sea desproporcionada la relación entre el número de sociedades registradas y la actividad económica real que desarrollen; o que facilite negociar condiciones tributarias con la jurisdicción de refugio (rulings); o donde falte la suficiente supervisión sobre las entidades financieras (“banca en la sombra”).
Los estados europeos y la Unión deben establecer un férreo control sobre los bancos —en la sombra o no— sin los cuales sería imposibe operar en el complejo entramado de evasión fiscal. Debería prohibirse toda transacción o relación de un banco europeo con un paraíso fiscal. Igual supervisión y sanción debería imponer la autoridad fiscal sobre los despachos de abogados implicados en la trama de paraísos fiscales.
Además, España debería reintegrar a Panamá a la lista de paraísos fiscales.