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Opinión
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: una agenda para la equidad global
La nueva agenda para el desarrollo aprobada por la ONU subraya la necesidad de políticas medioambientales y señala como prioritaria la reducción de la desigualdad
Cristina Narbona
- 02/10/2015
- Número 3
Álvaro Valiño
Hace pocos días la Asamblea General de Naciones Unidas, formada por representantes de los gobiernos de más de 190 países, aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una nueva agenda global que fija ambiciosas metas en el horizonte de 2030. Los ODS sustituyen a los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) adoptados en 2000, cuya vigencia culmina este año. Sin duda, se han obtenido resultados positivos en cuanto a la reducción de la pobreza y del hambre, la disponibilidad de agua potable o el acceso a la enseñanza primaria; sin embargo, tales resultados han sido muy distintos entre los países emergentes y los países más desfavorecidos, sobre todo los del continente africano. Asimismo, la crisis económica ha aumentado de forma generalizada las desigualdades y el riesgo de exclusión social, incluso dentro de los países más desarrollados, al tiempo que se agudizaban las consecuencias del deterioro de los equilibrios ecológicos, en particular el cambio climático.
Todo ello ha obligado a una notable reorientación de la agenda global de desarrollo. Hasta ahora se ha destacado mucho el incremento de los objetivos (de 8 ODM a 17 ODS), así como el elevado número de indicadores necesarios para evaluar su cumplimiento, con la consiguiente complejidad en su gobernanza. No obstante, hay cambios cualitativos de mayor calado que conviene destacar.
En segundo lugar, los ODS tienen alcance universal (no se focalizan en los países en desarrollo, como los ODM), difuminando así la frontera entre países ricos y países pobres y poniendo de manifiesto la estrecha interdependencia entre todos los estados y entre todo tipo de políticas. Se ha demostrado que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) —es decir, el flujo de recursos económicos desde los países desarrollados hacia los países desfavorecidos— tiene una incidencia muy limitada respecto a otras políticas de los países OCDE, en particular la política comercial, el funcionamiento del sistema financiero internacional, la explotación masiva de los recursos naturales o la tolerancia hacia la evasión fiscal, que, de hecho, llegan a anular los potenciales efectos beneficiosos de la AOD. Los ODS reconocen como necesario un cambio de paradigma económico para garantizar un modelo más sostenible y equitativo de producción y de distribución de la riqueza a escala internacional. Un modelo que tenga en cuenta la interdependencia propiciada por la globalización y que supere el tradicional reduccionismo que hizo del compromiso de asignar el 0,7% del PIB a la AOD, la panacea para combatir la pobreza.
En tercer lugar, la ya citada interdependencia adquiere una importancia —hasta ahora no adecuadamente valorada— al considerar los efectos sociales y económicos de los desequilibrios ecológicos. Así, los ODS integran las exigencias ambientales como un requisito imprescindible para conseguir sus logros, conforme al conocimiento científico hoy disponible. Uno de los ejemplos más notables es la necesidad de frenar la pérdida de biodiversidad, tanto terrestre como marina, para garantizar la seguridad alimentaria y erradicar el hambre; o la urgencia de apoyar las energías renovables como única opción asequible, limpia y segura para combatir la pobreza energética en todo el mundo. Asimismo, la creciente evidencia de los graves efectos sociales y económicos del cambio climático en los países más pobres —aquellos que apenas han generado emisiones de CO2— ha puesto de manifiesto la dimensión ética del calentamiento global, perfectamente recogida por el papa Francisco en su encíclica “Laudato si’”.
Los ODS, por tanto, integran las tradicionales agendas internacionales de desarrollo y de sostenibilidad ambiental desde una perspectiva de equidad global que obliga, entre otras cuestiones, a una mayor coherencia en la actuación de las diferentes agencias y programas de Naciones Unidas. La fragmentación de sus correspondientes mandatos, así como la frecuente contradicción entre las actividades de tales instituciones, constituyen un serio obstáculo para lograr el éxito de cualquiera de los ODS.
Quisiera dedicarle algunas reflexiones finales a uno de los ODS, la preservación del océano, a cuya definición he contribuido como miembro de la Global Ocean Commission (GOC). Los mares ocupan casi el 70% de la superficie de nuestro planeta y, más allá de las aguas de jurisdicción nacional, carecen de mecanismos internacionales que garanticen su adecuada conservación y gestión. De hecho, el océano constituye la última frontera de la imperfecta gobernanza global, un territorio en gran medida al margen de la ley en el que se pueden cometer todo tipo de desmanes sin casi riesgo de penalización. Y sin embargo, el océano cumple funciones vitales que están adquiriendo una importancia creciente, al tiempo que se conocen mucho mejor los efectos negativos de la actividad humana sobre la estabilidad de dichas funciones. Así, el océano produce la mitad del oxígeno que respiramos y almacena el 25% del CO2 que se emite a la atmósfera, así como la mitad del calor residual provocado por el cambio climático. Actúa, por lo tanto, como un gigantesco sumidero de los gases que provoca el calentamiento global y mitiga los efectos del mismo.
Pero el océano está perdiendo rápidamente esta capacidad a medida que aumenta la temperatura de su superficie —incrementando, a su vez, la frecuencia y la intensidad de huracanes e inundaciones—, lo que acelera la acidificación de sus aguas. Todo ello comporta, además, importantes riesgos para la supervivencia de numerosas especies marinas, ya amenazadas por la sobreexplotación, la pesca ilegal y la contaminación de las aguas. La GOC elaboró en 2014 un informe con propuestas concretas para hacer frente a estos desafíos, entre las que se incluyen desde la ampliación de las áreas marinas protegidas hasta la eliminación de los subsidios que incentivan la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Estas propuestas se han incorporado en la definición del ODS número 14 así como en los indicadores para evaluar su progreso.
Es crucial que la opinión pública conozca el contenido y la trascendencia de los ODS y exija, en cada país, el compromiso concreto de sus respectivos gobiernos así como la adecuada respuesta de las empresas ante estos desafíos.
Todo ello ha obligado a una notable reorientación de la agenda global de desarrollo. Hasta ahora se ha destacado mucho el incremento de los objetivos (de 8 ODM a 17 ODS), así como el elevado número de indicadores necesarios para evaluar su cumplimiento, con la consiguiente complejidad en su gobernanza. No obstante, hay cambios cualitativos de mayor calado que conviene destacar.
En primer lugar, la propia definición de los ODS. En el caso de los ODM, se encargó esta tarea a un grupo restringido de expertos, con escasa presencia de representantes de los países más desfavorecidos. Por el contrario, los ODS son el resultado de un proceso muy participativo en el que se han implicado todos los países de Naciones Unidas, las empresas, las ONG… así como varios paneles de especialistas que contaron con numerosos miembros procedentes de países en desarrollo. Tuve ocasión de formar parte de uno de estos grupos, el Global Sustainability Panel (2010-2012), que tenía un porcentaje mayoritario de representantes de países no OCDE.Se han obtenido resultados positivos en cuanto a la reducción de la pobreza, el acceso al agua o a la enseñanza
En segundo lugar, los ODS tienen alcance universal (no se focalizan en los países en desarrollo, como los ODM), difuminando así la frontera entre países ricos y países pobres y poniendo de manifiesto la estrecha interdependencia entre todos los estados y entre todo tipo de políticas. Se ha demostrado que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) —es decir, el flujo de recursos económicos desde los países desarrollados hacia los países desfavorecidos— tiene una incidencia muy limitada respecto a otras políticas de los países OCDE, en particular la política comercial, el funcionamiento del sistema financiero internacional, la explotación masiva de los recursos naturales o la tolerancia hacia la evasión fiscal, que, de hecho, llegan a anular los potenciales efectos beneficiosos de la AOD. Los ODS reconocen como necesario un cambio de paradigma económico para garantizar un modelo más sostenible y equitativo de producción y de distribución de la riqueza a escala internacional. Un modelo que tenga en cuenta la interdependencia propiciada por la globalización y que supere el tradicional reduccionismo que hizo del compromiso de asignar el 0,7% del PIB a la AOD, la panacea para combatir la pobreza.
En tercer lugar, la ya citada interdependencia adquiere una importancia —hasta ahora no adecuadamente valorada— al considerar los efectos sociales y económicos de los desequilibrios ecológicos. Así, los ODS integran las exigencias ambientales como un requisito imprescindible para conseguir sus logros, conforme al conocimiento científico hoy disponible. Uno de los ejemplos más notables es la necesidad de frenar la pérdida de biodiversidad, tanto terrestre como marina, para garantizar la seguridad alimentaria y erradicar el hambre; o la urgencia de apoyar las energías renovables como única opción asequible, limpia y segura para combatir la pobreza energética en todo el mundo. Asimismo, la creciente evidencia de los graves efectos sociales y económicos del cambio climático en los países más pobres —aquellos que apenas han generado emisiones de CO2— ha puesto de manifiesto la dimensión ética del calentamiento global, perfectamente recogida por el papa Francisco en su encíclica “Laudato si’”.
En cuarto lugar, cuando se diseñaron los ODM, a finales de la década de los 90, prevalecía la idea de que el crecimiento económico, la libertad del comercio internacional y la desregulación de los movimientos de capital comportarían ventajas para todos los países, sin especial inquietud por la evolución de las desigualdades, tanto entre países como internas en cada uno de ellos. Los trabajos de Stiglitz, Amartya Sen, Krugman y Picketty, entre otros, han contribuido a entender la desigualdad como resultado del paradigma económico dominante. Y, a su vez, se ha puesto en evidencia cómo las consecuencias del aumento de las desigualdades no son exclusivamente sociales o éticas: el correspondiente coste económico, así como la pérdida de credibilidad de las instituciones públicas, incapaces de corregir la percepción de creciente inequidad, han obligado a considerar la reducción de las desigualdades como uno de los nuevos objetivos de la agenda global de desarrollo. Ya no se trata solo de combatir la pobreza extrema, sino también de limitar la riqueza extrema, en gran medida asociada al funcionamiento especulativo de los mercados financieros.Es necesario frenar la pérdida de biodiversidad para garantizar la seguridad alimentaria
Los ODS, por tanto, integran las tradicionales agendas internacionales de desarrollo y de sostenibilidad ambiental desde una perspectiva de equidad global que obliga, entre otras cuestiones, a una mayor coherencia en la actuación de las diferentes agencias y programas de Naciones Unidas. La fragmentación de sus correspondientes mandatos, así como la frecuente contradicción entre las actividades de tales instituciones, constituyen un serio obstáculo para lograr el éxito de cualquiera de los ODS.
Quisiera dedicarle algunas reflexiones finales a uno de los ODS, la preservación del océano, a cuya definición he contribuido como miembro de la Global Ocean Commission (GOC). Los mares ocupan casi el 70% de la superficie de nuestro planeta y, más allá de las aguas de jurisdicción nacional, carecen de mecanismos internacionales que garanticen su adecuada conservación y gestión. De hecho, el océano constituye la última frontera de la imperfecta gobernanza global, un territorio en gran medida al margen de la ley en el que se pueden cometer todo tipo de desmanes sin casi riesgo de penalización. Y sin embargo, el océano cumple funciones vitales que están adquiriendo una importancia creciente, al tiempo que se conocen mucho mejor los efectos negativos de la actividad humana sobre la estabilidad de dichas funciones. Así, el océano produce la mitad del oxígeno que respiramos y almacena el 25% del CO2 que se emite a la atmósfera, así como la mitad del calor residual provocado por el cambio climático. Actúa, por lo tanto, como un gigantesco sumidero de los gases que provoca el calentamiento global y mitiga los efectos del mismo.
Pero el océano está perdiendo rápidamente esta capacidad a medida que aumenta la temperatura de su superficie —incrementando, a su vez, la frecuencia y la intensidad de huracanes e inundaciones—, lo que acelera la acidificación de sus aguas. Todo ello comporta, además, importantes riesgos para la supervivencia de numerosas especies marinas, ya amenazadas por la sobreexplotación, la pesca ilegal y la contaminación de las aguas. La GOC elaboró en 2014 un informe con propuestas concretas para hacer frente a estos desafíos, entre las que se incluyen desde la ampliación de las áreas marinas protegidas hasta la eliminación de los subsidios que incentivan la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Estas propuestas se han incorporado en la definición del ODS número 14 así como en los indicadores para evaluar su progreso.
Es crucial que la opinión pública conozca el contenido y la trascendencia de los ODS y exija, en cada país, el compromiso concreto de sus respectivos gobiernos así como la adecuada respuesta de las empresas ante estos desafíos.