Newsletter
Si desea recibir periódicamente la newsletter de AHORA, introduzca aquí su correo electrónico:
Opinión
No por mucho presumir
Más allá del importe de la multa que el Eurogrupo imponga a España por su incumplimiento de los objetivos de déficit, parece claro que la sanción política va a ser alta. A pesar de sus severos recortes en sanidad, educación y dependencia, España va a tener el segundo déficit más alto de la zona euro y, en aras del pacto de estabilidad y crecimiento, nos será impuesta la penalización que evite tolerancia con los malos ejemplos.
Los objetivos de déficit marcados a nuestro país eran muy discutibles para una economía con problemas. Tal vez hubiera sido más inteligente flexibilizarlos desde el principio y evitar así el espectáculo que rodea a la especulación sobre el castigo y sus merecimientos. Pero, sea como fuere, el Gobierno de Rajoy ha incumplido las reiteradas promesas formuladas para presentarse como el adalid de la disciplina, el rigor y el savoir faire.
Más grave aún que el incumplimiento en sí, generador de un comprensible recelo por parte de los demás países de la zona euro a propósito del valor de nuestra palabra, es la injusta manera en que se llevaron a cabo los recortes del gasto. Porque ha contribuido a acrecentar las desigualdades entre los españoles, ha incidido en las clases más necesitadas del amparo del Estado y ha dejado en pie las ineficiencias más endémicas de nuestro sistema. Se ha dado preferencia a los recortes frente a las reformas que hubieran permitido aumentar la agilidad de la economía e incrementar la recaudación fiscal. Han sido recortes que lesionaban y no modernizaban. De modo que, en términos reformistas, la crisis ha sido una oportunidad desaprovechada por el PP.
Está claro que la desafección hacia la UE, de la que es buena prueba el Brexit, trae causa de la costumbre establecida de culpar a Bruselas de todo lo desagradable que han debido hacer los gobiernos de los estados. También es cierto que la arquitectura institucional de la UE ha hecho difícil explicar a la ciudadanía el motivo de sus decisiones y que deserciones como la reciente del expresidente de la Comisión Durao Barroso, al fichar por Goldman Sachs, han contribuido a degradar su reputación y a instalar la duda sobre su limpieza democrática.
Pero, a pesar de sus impurezas, las instituciones de la Unión, sometidas a las reformas que fueren precisas, siguen siendo la mejor garantía para encaminarnos por una senda próspera y libre. La sanción que el Eurogrupo imponga a nuestro país y a otros por el mal manejo de las cuentas en absoluto debería confundirnos sobre el área donde reside la responsabilidad, que es la propia de los gobiernos nacionales. En el caso español, el del PP.
Los objetivos de déficit marcados a nuestro país eran muy discutibles para una economía con problemas. Tal vez hubiera sido más inteligente flexibilizarlos desde el principio y evitar así el espectáculo que rodea a la especulación sobre el castigo y sus merecimientos. Pero, sea como fuere, el Gobierno de Rajoy ha incumplido las reiteradas promesas formuladas para presentarse como el adalid de la disciplina, el rigor y el savoir faire.
Más grave aún que el incumplimiento en sí, generador de un comprensible recelo por parte de los demás países de la zona euro a propósito del valor de nuestra palabra, es la injusta manera en que se llevaron a cabo los recortes del gasto. Porque ha contribuido a acrecentar las desigualdades entre los españoles, ha incidido en las clases más necesitadas del amparo del Estado y ha dejado en pie las ineficiencias más endémicas de nuestro sistema. Se ha dado preferencia a los recortes frente a las reformas que hubieran permitido aumentar la agilidad de la economía e incrementar la recaudación fiscal. Han sido recortes que lesionaban y no modernizaban. De modo que, en términos reformistas, la crisis ha sido una oportunidad desaprovechada por el PP.
Está claro que la desafección hacia la UE, de la que es buena prueba el Brexit, trae causa de la costumbre establecida de culpar a Bruselas de todo lo desagradable que han debido hacer los gobiernos de los estados. También es cierto que la arquitectura institucional de la UE ha hecho difícil explicar a la ciudadanía el motivo de sus decisiones y que deserciones como la reciente del expresidente de la Comisión Durao Barroso, al fichar por Goldman Sachs, han contribuido a degradar su reputación y a instalar la duda sobre su limpieza democrática.
Pero, a pesar de sus impurezas, las instituciones de la Unión, sometidas a las reformas que fueren precisas, siguen siendo la mejor garantía para encaminarnos por una senda próspera y libre. La sanción que el Eurogrupo imponga a nuestro país y a otros por el mal manejo de las cuentas en absoluto debería confundirnos sobre el área donde reside la responsabilidad, que es la propia de los gobiernos nacionales. En el caso español, el del PP.